“Su justicia es falsa”:
Esa
fue la voz más alta de la Conferencia de Prensa realizada el 15 de
marzo con líderes de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko,
K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y
Mestizo. La justicia es falsa, dijeron, porque en lugar de usar la
Constitución para proteger los derechos de los pueblos indígenas, la
usan para tutelar negocios privados. Los líderes indígenas presentaron
como pruebas de su indignación varias resoluciones judiciales que
coinciden en mostrar una práctica común e impune: racismo y desprecio a
la vida de los pueblos indígenas. Una denuncia de gran importancia,
incluso para debatir a fondo el estado de la doctrina constitucional
guatemalteca, es que la Corte de Constitucionalidad negó el recurso de
inconstitucionalidad total de la ley de minería considerando que NO
viola los derechos de los pueblos indígenas. Esta vez no aceptó que, al
ser aprobada en 1997 estando en plena vigencia el Convenio 169 de la
OIT, la ley minera debió adecuar su normativa al cumplimiento de los
derechos de los pueblos indígenas. Pero la CC dijo que no, que esa ley
está bien tal como está, casi perfecta.
Otra denuncia de
falsedad de justicia son los fallos de la Corte Suprema y de la Corte de
Constitucionalidad a favor de empresas extranjeras que están penetrando
en el territorio Maya Ixil. La empresa Enel de Italia fue protegida sin
escuchar la inconformidad del Pueblo Ixil, ni las protestas por
coacción, amenazas y persecución para aceptar el contrato con la
trasnacional italiana. También se denunció que e n Lanquín, Alta
Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo
Q’eq’chi’, pero que no anuló la licencia de la construcción de la
hidroeléctrica Xacbal, por lo que la empresa Entre Ríos S.A. sigue
haciendo lo mismo. Otra prueba de falsedad fue puesta por las
Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes dijeron que es
otra burla de la justicia y un acto de impunidad el que los tribunales
decidan no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de
octubre del 2012. Y se dijo, además, que la protección de la Corte de
Constitucionalidad a la reforma del magisterio niega y destruye los
idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.
En la
Conferencia de Prensa, estando allí como testigo de honor de 28
comunidades del Pueblo Ixil, monseñor Álvaro Ramazzini afirmó con razón
que están a la vista abusos que no pueden dejar de abordarse y tener un
impacto en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La CC no sólo
le dio la espalda a la demanda del Pueblo Ixil, sino el mismo
presidente de la República, Otto Pérez Molina, desairó la confianza que
pusieron en el diálogo las autoridades ancestrales de San Juan Cotzal,
Nebaj y Chajul, mientras decidió respaldar la suspensión unilateral de
las negociaciones, avalando un papel firmado sólo por el Alcalde de San
Juan Cotzal, sin consentimiento expreso y previo de las comunidades,
para imponer que Enel controle el río Cotzal por 20 años, se apropie del
100% de la venta de electricidad y entregue tan sólo 2 millones de
quetzales al año a la Municipalidad en calidad de beneficios. Al
presidente de la República la llegada de Enel le parece un acto
histórico de consenso y democracia y lo dice para la región Ixil, donde
se cometieron 114 masacres, y donde también asegura que nunca hubo
genocidio.
Esta demasiado claro que todo el régimen político
(el ejecutivo, el legislativo y el judicial), se niega a hacer un
análisis profundo del estado de los derechos de los pueblos indígenas en
Guatemala. ¿Cuándo se aceptará que existe violación específica a los
derechos indígenas? Todas las redes del sistema político guatemalteco
confabulan cada día para no ver a los “indios”. Los medios de
comunicación y los voceros del racismo hacen parecer como algo normal
que el derecho indígena se interprete como si fuera una rama jurídica
alejada de las demás, sin vínculos con la articulación política de la
nación en su conjunto. Ni siquiera se reconoce la costumbre como fuente
de derecho. A la CC le importa un comino la costumbre indígena de llamar
a la puesta en común.
Ayer lo hicieron para robar sus tierras y
obligarlos a punta de fusil para trabajar gratis en sus fincas. Hoy se
modernizan alardeando que se respetan los derechos indígenas con
programitas de salud y nutrición y repartiendo bolsas de alimentos. Hoy
planifican su plusvalía con desalojos y tribunales de arbitraje. El
derecho internacional no les importa.
Es al sistema político al
que hay que cambiar. Existen muchas razones para no seguir tolerando su
arrogancia. Mencionemos cinco. Primera, porque es un sistema corrupto,
funcional para compadres y mafias de todo tipo. Allí están la ministra
de Ambiente y el ministro de Energía y Minas ocultando que son asesores
de trasnacionales, parientes de gerentes mineros, socios de militares
petroleros y líderes de redes de proveedores para la producción de gas,
petróleo y minerales. Todo un circo de diputados negocia con empresarios
narcos, gringos o europeos para tener padrinos en las próximas
elecciones.
Segunda, porque es un sistema que no admite la
participación y representación comunitaria. Sólo le interesa controlar
los derechos de ciudadanía. Por eso la CC no ha aceptado ninguna
consulta, ni la realizada por las comunidades mestizas, basadas en los
artículos 64, 65 y 66 del Código Municipal, que es una ley
constitucional. La CC en diciembre de 2012 ordenó de manera prepotente
desaparecer del orden jurídico toda normativa que indique que las
consultas sean vinculantes.
Tercera, porque es racista.
Acostumbrado a las prácticas asimilacionistas no tolera los derechos
indígenas. La identidad indígena sólo la acepta para el folclor y el
turismo. Reforma la ley electoral pero no admite el derecho al
autogobierno de los pueblos indígenas. Para este régimen político, los
pueblos indígenas en Guatemala son los mismos “indios” de hace 60 años a
quienes se les acerca y habla sólo a la hora del voto. Nada ha
cambiado: sus idiomas siguen sin ser oficiales, sus títulos de propiedad
siguen siendo burlados, sus autoridades siguen siendo negadas, sus
sistemas de convivencia siguen siendo destruidos, sus mujeres siguen
siendo violadas por soldados, su educación y su salud sigue siendo
despreciadas y su justicia desestimada. Los monopolios de noticias son
decisivos para levantar creencias racistas que no aceptan la existencia
de derechos específicos de los pueblos indígenas.
La cuarta
razón es que este sistema político sólo administra la pobreza, ni
siquiera se propone erradicarla. No tardan en aparecer nuevos candidatos
defendiendo el empleo y la pequeña y mediana empresa y prometiendo lo
que ya no podrá hacer Pérez Molina porque, como siempre, el gobierno de
turno caerá en desgracia y la oligarquía habrá cambiado de bando muy
feliz, ya que tiene pactos fuertes con cúpulas militares y poderes
extranjeros para empujar su economía con desalojos, despojos y muertes. Y
se trata de una economía que hunde a la mayoría, con dedicatoria
especial contra la población indígena.
Y la quinta es porque
este sistema sólo habla a balazos. La censura y el miedo son sus cartas
de negociación. Su política es la persecución ilegal contra quienes
defienden sus derechos. Los asesinatos políticos contra los dirigentes
indígenas y campesinos Gerónimo Sol Ajcot, de Sololá; Carlos Hernández,
de Chiquimula; Exaltación Marcos Ucelo y Rigoberto Aguilar, de Santa
María Xalapán, son otras pruebas de su vocación criminal. La reciente
captura de Rubén Herrera, dirigente social de Barillas, Huehuetenango, y
miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente, es otra
evidencia de que la justicia prefiere cuidar los contratos mercantiles
que proteger los derechos humanos.
En esta Conferencia de
Prensa los pueblos indígenas dijeron: “n os están obligando a no creer
ni respetar sus leyes y sus instituciones”. Esas fueron palabras llenas
de honor, dignidad y de valor porque es muy cierto que Guatemala no
puede seguir igual.
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