¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

17 diciembre 2013

Analizar las pruebas SIMCE de Chile para saber qué es lo que está perpetrando en el Perú con las pruebas ECE...

El problema y los efectos colaterales del SIMCE

Hace algunos años, en el momento del café de un encuentro de investigación educacional, charlando con Eduardo Cabezón y Sergio Martinic, surgió mi pregunta: ¿Por qué el SIMCE debe ser censal? ¿Por qué no se aplica de forma muestral? Me llamó la atención que ambos, destacados investigadores en el ámbito de la educación, compartieran las mismas inquietudes… Entonces me dije: ¿Y por qué esto sigue ocurriendo en nuestro país? Pensé en hacer una entrevista en profundidad a Erika Himmel y aunque no fue posible, me dediqué a leer y estudiar la historia del SIMCE con detenimiento. Después de un tiempo lo único que logré fue plantearme todavía más preguntas, pues curiosamente esta prueba que se inició en la dictadura con el nombre de PER originalmente era muestral, pero luego se siguió aplicando en los gobiernos de la Concertación, pasando a ser censal. Hoy el SIMCE es una poderosa estrategia pseudo-pedagógica que extiende e instala en la sociedad y en el sentir ciudadano, que la educación pública es de mala calidad. Esta razón que justifica su carácter censal, estableciendo escalas y jerarquías en las que la escuela púbica cae al último eslabón.

A continuación quisiera hacer transitar esta reflexión en torno a dos ejes: la evaluación en sí como proceso pedagógico y el impacto político-social-económico que puede tener su manipulación; y sus los efectos colaterales.

La superficie del problema

Se suele confundir, y el SIMCE lo hace con fruición, la medición con la evaluación. A este respecto debiéramos reflexionar: ¿Por qué confundimos evaluar con medir? La medición redunda en un orden, una escala, que supone jerarquías, por tanto siempre será una parte minimizada de la realidad humana y social, parte a la que se otorga una puntuación, un número en una escala. ¿Qué relación tendría la medición con el proceso de aprendizaje profundo, meta-cognitivo que implica la evaluación?

Parece ser natural necesitar hacer juicios, otorgar “valores”, sin embargo estos juicios emergen de sus contextos espacio-temporales, históricos y culturales y, especialmente, de un proceso de razonamiento que es todo menos individual. Además, la valoración emerge de y con un lenguaje situado, nunca neutro.
“Valorar” forma parte de la vida, y quizá debiera ser un proceso sencillo, sin embargo es complejo en su dimensión simbólica, pudiendo llegar a ser muy contradictorio dependiendo de la cultura con la cual se otorga “significado” a la estimación realizada. Implica una cosmovisión de mundo y sociedad, sentido de vida, bien-estar, calidad; todos ellos conceptos profundamente complejos, arropados de polisemia epistemológica, ética y política.  Como ya señalé en otro lugar, si cambiamos de contexto, el juicio de valor cambia, porque es la relación entre el valor y el contexto lo que produce el juicio, un juicio situado en espacios y tiempos que son fragmentos de culturas, intereses, valores, creencias y circunstancias no neutras (Redón, 2010).

Tal como señala Álvarez Méndez, la evaluación crea y posee un lenguaje propio que la identifica: Evaluación formativa, sumativa; normativa, criterial; interna, externa; global, continua, integradora; diagnóstica, iluminativa. Habla de modelos, de producto, de proceso; de toma de decisiones, de valoración del mérito o del valor de algo, de apreciación, de juicio.

Son múltiples los autores que han generado teorías y corrientes de pensamiento con relación al campo de la evaluación, entre otros, Lee J. Cronbach, Elliot Eisner, Rob Stake, Barry MacDonald, Erni House, Helen Simon, Gordon Stobart, Roy Sadler, junto con importantes teóricos del mundo latino como Juan Manuel Álvarez Méndez, Félix Angulo, Miguel A. Santos Guerra y José Gimeno, entre otros, que han discutido y profundizado la reflexión de las diferentes corrientes pedagógicas; sin embargo, pruebas como el SIMCE se basan en entramados psicométricos, nunca en concepciones pedagógicas, ni en procesos de debate y reflexión pública, que vayan más allá de su propia métrica. Parece como si voluntariamente quisieran olvidar una fértil tradición académica sobre la evaluación, asumiendo, por el contrario, un lamentable pasado, tal como ha evidenciado Stephen Gould en ese libro que debería ser de lectura obligatoria: “La falsa medida del Hombre”.

Pero, como decimos en Chile y en el SIMCE, a la hora de confrontar ideas, desaparecen las fuentes, la academia pareciera no existir, la argumentación razonada se omite o es conculcada. Los modelos educativos como Finlandia (no tiene nada parecido al SIMCE, ni ninguna prueba psicomética y estandarizada, pero ponderan bien en el PISA) curiosamente son in-visibilizados y sólo se escucha la voz de la imposición de políticas a través de los llamados “expertos” ajenos al pensamiento y la práctica pedagógica.

Efectos colaterales

El daño que la estandarización le ha hecho al currículo en nuestro país es enorme y profundo. Recuerdo una anécdota: invitada a exponer en un congreso de ciencias a nivel nacional y latinoamericano por el MINEDUC, una profesora peruana explicaba que la didáctica de las matemáticas, la enseñaba desde la vida de sus estudiantes. Por ejemplo, les hacía calcular los intereses y comparaciones entre bancos y casas comerciales con las tarjetas de crédito, tomando ejemplos concretos de las finanzas de sus padres. Pensé que era una metodología fantástica, pero, de pronto, una profesora pide la palabra y dijo: “Nosotros no podemos hacer eso en Chile, porque esa temática NO la pregunta el SIMCE, y debemos preparar para las preguntas del SIMCE”. En ese momento pensé: ¿qué estamos haciendo con la educación y el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas?

Si entendemos al currículo como una selección cultural valiosa para ser recreada y transmitida, el SIMCE no sólo ha reducido el marco cultural y por ende de aprendizaje de las escuelas, sino que está propiciando prácticas absurdas y sin relevancia pedagógica como las siguientes: asignaturas denominadas SIMCE, cursos para docentes para mejorar las puntuaciones de sus estudiantes en el SIMCE, despidos de docentes por no lograr mejores ponderaciones, no permitir que los niños y niñas con dificultad en sus aprendizajes, ritmos más lentos y bajas curvas asistan al colegio el día que se rinde la prueba y hasta permitir que los niños y niñas “copien” respuestas de sus compañeros más aventajados, aprendiendo la deshonestidad y la dependencia de los otros muy pronto. En algunos colegios se han permutado las asignaturas de arte por “preparación al SIMCE” o rebajado horas a expresión corporal, historia o talleres en virtud del mismo objetivo. El daño a la cultura no tiene parangón, si recordamos que toda cultura requiere asentarse en la reflexión de sus pilares básicos, vinculados a la discusión de lo cierto (epistemología); lo bueno y lo justo (dimensión ética y política) y lo bello (el arte y la estética) en realidades simbólicas situadas por su historia y su contexto. Pareciera que la vida-buena por la que debiera trabajar nuestra especie humana, no tienen lugar en nuestros curricula. La mono-cultura reducida que impone el SIMCE, está muy lejos, de las posibilidades creativas y de la vida pensante y dialogante, que pueden gestarse en los centros escolares para construir una sociedad mejor y más justa.

Pero el SIMCE  esconde un objetivo más turbio: reproducir las diferencias sociales y económicas, al fin y al cabo, de clase; justificándolas precisamente a través de diferencias en los resultados de la prueba. En este sentido deberíamos preguntarnos ¿cómo mido a una sociedad que posee las más grandes brechas en segmentación social y desigualdad de posiciones? (Dubet 2011) ¿Hemos realizado estudios micro-sociológicos de los itinerarios de vida de un sujeto perteneciente a un lugar en el que no puede salir de su casa, a su patio, por temor a recibir un balazo del narcotráfico, y donde su familia a veces debe subsistir con $ 15 mil a la semana?

Hace poco escuchaba una conferencia del sociólogo francés Christian Baudelot. En ella, reflexionaba que la desigualdad en educación es una realidad conocida, fuerte y constante; en el sentido de que reiteradamente es confirmada y evidenciada por los estudios científicos disponibles. Así pues, se preguntaba dicho sociólogo, ¿por qué sigue la desigualdad en educación reproduciéndose, incluso más poderosa ahora que nunca antes? No me cabe otra que pensar, que una vez más, anulamos nuestra posibilidades como especie dejando la cultura a merced de organismos corporativos de los mercados financieros planetarios, sin control y con todo el poder que le permite el neoliberalismo económico, que no hacen otra cosa que arrasar la institución educativa, convirtiéndola en un objeto más de lucro.

* Colaboración para la campaña #altoalsimce de Silvia Redón, investigadora y académica de la PUCV. Es una de las investigadoras que suscribió la Carta Abierta por un Nuevo Sistema de Evaluación Educacional.

Tomado de:

El Quinto Poder

El podrido sistema de universidades privadas



Diario 16

Desde hace alrededor de dos décadas, el sector boyante de universidades privadas se ha convertido en un nicho milagroso multiplicador de dinero, y que goza de la presencia de políticos y empresarios (estos últimos, cercanos a políticos y jueces) entre sus directorios.
En cuanto me asomé ligeramente al tema, fui hallando tantos casos macabramente “irregulares” que tuve la sensación de estar presenciando un sector universitario que algún día fue entendido como una apetitosa torta a rebanar, y que hoy está invadido por abultadas garrapatas, engordadas por sus ansias de hacer de la educación un negocio; glotonerías permitidas por la desregulación estatal –en nombre de una malentendida autonomía– y la connivencia y ceguera intencionada de las supuestas autoridades autónomas que evalúan las casas superiores de estudio.
Desde hace dos décadas, las universidades privadas empezaron a multiplicarse como hongos tras semanas de lluvia. Tal vez exagere, pero mi sensación es que el único requisito para crear una universidad privada era ser político o ser amigo de uno. Algo así como que casi el único requisito para montar un carrito sanguchero, a finales de los 90, era aparecer en el programa de Laura Bozzo.
Mis cálculos –basados en documentos de la Asamblea Nacional de Rectores (principal ente regulador del sector universitario)– revelan que el crecimiento en número de universidades privadas desde inicios de los 90 hasta la fecha ha sido de un 330%. Tan solo en los últimos diez años, estas han pasado de ser alrededor de 40, para ascender a las 86 que hoy existen. Pero las intenciones de creación de universidades privadas poco habrían tenido que ver con los deseos de ampliar el acceso a la educación superior de los peruanos, y mucho más que ver con las ganancias que estas reportan.
Tan apetitoso parece ser el negocio que incluso el grupo Interbank decidió, en 2012, comprar la mayoría de acciones de una de estas casas de estudio, la Universidad Tecnológica del Perú, fundada por el excongresista fujimorista Roger Amuruz. Días atrás, el portal Corresponsales. pe denunció que Jonathan Golergant, director general de esta universidad, es a su vez miembro del directorio del CONEAU, si bien ostentar ambos cargos trasgrede la ley peruana (el CONEAU pertenece al SINEACE, ente autónomo evaluador de la calidad de la educación universitaria).
Pero casos como estos, que rezuman ilegalidad –donde todo queda en familia, y los controladores son los controlados–, parecen ser la regla y no la excepción. En octubre, el Ministerio de Educación –atado de pies y manos por carecer de competencias– solicitó al CONEAU la remoción de Jaime Zárate, cargo directivo en la Universidad Privada del Norte y, a la vez, presidente del directorio del CONEAU. En otra misiva dirigida al CONEACES, pidió la destitución de Luis Saldaña, cargo directivo en la Universidad San Martín de Porres y presidente del CONEACES (otro organismo regulador de la educación superior, dependiente del SINEACE). Al día de hoy, de acuerdo con lo que aparece en las páginas webs de las instituciones mencionadas, ninguno de estos dos personajes ha sido removido de sus puestos dobles.
Y aunque esto le suene escandaloso, le aseguro que es solo una minúscula parte de toda la podredumbre que se cuece detrás del sistema privado de educación universitaria.
Desde 1996 (cuando se aprueba la existencia de universidades privadas con fines de lucro), el número de estudiantes en universidades privadas ha pasado de ser 162 mil a 543 mil en 2012, según el INEI.
Cualquiera diría que en Perú se vive una verdadera revolución del conocimiento, si no fuese porque existen escalofriantes indicios de la baja calidad académica en la gran mayoría de estas “casas del conocimiento”, deficiencia que responde al nulo control de la proliferación y funcionamiento de los centros.
Esta semana, cinco estudiantes de la Universidad Telesup contactaron conmigo. Me aseguraron que su universidad carece de materiales básicos de enseñanza. Me comentaron la ausencia de sílabos e incluso la inexistencia de decanos en algunas de sus facultades. Además, me aseveraron que la Telesup continúa trasgrediendo la Ley Nº29917. Esta normativa –satanizada por la CONFIEP (confederación de empresas privadas peruanas, que parecen tener importantes “intereses” en la educación)– fue aprobada en 2012 y prohíbe a los centros de educación superior suspender a los alumnos que estén atrasados en sus mensualidades de dar exámenes.
Meses atrás, diario16 publicó una investigación demostrando que esta misma universidad incumplía el artículo 21º de la actual Ley Universitaria, que señala que la única modalidad de ingreso a universidades peruanas es “por concurso”. La Universidad Telesup aplicaba la modalidad regular de ingreso “por concurso”, y además tenía una modalidad de “ingreso directo” (previo desembolso sustancioso de dinero, claro está).
Pero ninguno de estos pisotones a la normativa le dio tanta fama a la Telesup como la oferta de trabajo discriminatoria que publicó en marzo de este año, en la que requerían recepcionistas de una altura mínima de 1.60 m y de “tez clara”. ¿Lo recuerdan? En aquel momento, incluso la ministra de la Mujer y el Ministerio de Cultura se pronunciaron exigiendo fuertes sanciones contra esta “casa del conocimiento”.
La Universidad Telesup, propiedad del congresista de Solidaridad Nacional José Luna –conocido por cobrar voluntariamente y literalmente un sol por su labor en el Poder Legislativo, además de recordado por haber sido acusado en 2002 de recibir 10 mil soles de manos de Montesinos–, fue fundada en 2009 y no aparece en ningún ranking de calidad de educación superior. Tal vez el único trabajo de investigación realizado por esta universidad fue la encuesta que publicó en 2010 dando el segundo puesto en las elecciones presidenciales a Luis Castañeda Lossio (candidato por Solidaridad Nacional).
El congresista Luna es también dueño de diversos institutos y es uno de los numerosos políticos peruanos que han hecho fortuna en el suculento y descontrolado “negocio” de la educación.
En ausencia de un órgano estatal efectivo que fiscalice estos y otros atropellos, el portal web Corresponsales.pe viene publicando desde hace más de dos años información reveladora sobre lo que sucede en el sistema universitario peruano.
Hace pocas semanas, Corresponsales.pe, acogiéndose a la Ley de Transparencia, inició la publicación de los estados financieros de algunas universidades privadas, hecho que no le gustó a la bancada fujimorista. El pasado 2 de diciembre, un grupo de congresistas de este partido exigió la conformación de una comisión en el Congreso para investigar a este medio digital por una supuesta violación de la reserva tributaria de las empresas (es decir, de las universidades privadas en cuestión). Lo que los congresistas parecían desconocer es que el portal web no violó ninguna ley, pues la información que dio a conocer es pública.
¿Será que hay congresistas fujimoristas que forman parte del boyante “negocio” de las universidades privadas?
Fuente: http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/3023/el-podrido-sistema-universidades-privadas-peru-1-parte

http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/3038/el-sistema-universidades-privadas-peru-2-parte

La criminalización de la protesta, un ejercicio de clase


En septiembre del año 2011, tras el protocolar saludo “Dios guarde a V. E.”, Sebastián Piñera, el ultraderechista presidente de Chile, estampa su firma en una pieza enviada a Patricio Melero (miembro del conservador partido Unión Democrática Independiente), un proyecto de ley dirigido a aplicar con mayor rigor la Ley Antiterrorista promulgada en 1984 por el dictador Augusto Pinochet, y a legalizar el endurecimiento de la represión a la protesta. En noviembre pasado, Piñera instó al Congreso a aprobar la propuesta, rechazada por el Senado y modificada en la Cámara de Diputados. ¡La ultraderecha trata de legalizar los atropellos que, actuando contra derecho, ha cometido siempre contra los pobres!
Es preciso hablar de la ultraderecha como sector, no solo porque en el proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público firmado por Piñera se manifiesta la concepción de orden público que sustentan los sectores más retrógrados, sino también porque, en otros países (en particular en México y en España), los grupos gobernantes actúan en la misma dirección.
En España, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, es llamado por sus opositores “ley de represión ciudadana”. El texto fue adoptado el 29 de noviembre por el gobierno que encabeza el ultraconservador Mariano Rajoy, y prevé multas de hasta 30,000 euros por participar en manifestaciones no autorizadas ante edificios oficiales como el Congreso de los Diputados, el Senado o las Asambleas regionales.
Igual que en Chile, en España, la propuesta de endurecer la represión contra los manifestantes, es una reacción de los gobiernos ante el incremento de las protestas. Medidas neoliberales como los recortes en los programas de salud y educación y la privatización de estos y otros servicios, y situaciones como el cobro compulsivo realizado por los bancos hipotecarios, han aumentado la inconformidad y han causado protestas de enorme impacto social y político.
Una realidad similar se vive en México. El analista y profesor Miguel Concha, en un artículo publicado ayer en el diario La Jornada (Plan Legislativo para Reprimir), expresa que, en ese país, el Congreso ha realizado una serie de reformas, muchas de ellas propuestas desde o a favor de la Presidencia de la República, que atentan contra el derecho legítimo a la protesta. “Tal es el caso de la reciente iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados…”.
Entre las medidas dirigidas a alimentar el autoritarismo, Concha cita la modificación del artículo 29 de la Constitución, con el propósito de dejarle al Presidente de la República amplio espacio para la suspensión o restricción de garantías y la ampliación del alcance del delito de terrorismo a través de la modificación de cinco leyes sobre la materia. Señala que también se han aprobado leyes que permiten someter a investigación a una persona sin previa autorización de un juez.
“El gobierno construye un entramado legal para legitimar la criminalización de la protesta social y, más aún, para acallar las voces que denuncien el autoritarismo que nos imponen de manera evidente. Asimismo, en el Distrito Federal, que por mucho tiempo ha sido el lugar de debates públicos sobre temas de interés nacional, se pretende también hacer reformas al Código Penal local. Se presiona en efecto para modificar artículos de este ordenamiento, con lo que nuevamente se propiciaría penalizar de manera desproporcionada a manifestantes, y se daría libre curso al uso excesivo de la fuerza, abriendo la posibilidad para que de manera arbitraria los cuerpos de seguridad incriminen a los manifestantes”, dice Concha.
JUNTO AL DESPOJO Y LA ILEGITIMIDAD
Varios meses después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en Honduras fue aprobada una ley que autoriza al gobierno a revisar las cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales. Las autoridades dicen que va dirigida a impedir el financiamiento del terrorismo, mientras las organizaciones de derechos humanos afirman, con razón, que se trata de controlar la agenda política de los grupos opositores. Los legisladores actuaron a espaldas del pueblo, aprobando a puerta cerrada la propuesta gubernamental.
Así se actúa en Honduras, un país que durante muchos años fue centro de operaciones de John Negroponte, diplomático y agente de inteligencia estadounidense que conspiró contra todo proceso de avance político en Centroamérica; pero el sello institucional en otros países tampoco alcanza para disfrazar la intención y ocultar el sello de la ultraderecha en la acción de clase.
En la medida en que el ingreso y la riqueza se concentran (un reporte de Wall Street Journal citado con agudeza por Juan Gelman dice que ya no es el 1 sino el 0,7 por ciento de los acaudalados quienes controlan el 41 por ciento de la riqueza mundial), la ilegitimidad de los gobiernos al servicio de la clase dominante es más acentuada y se torna, por tanto, más evidente.
La criminalización de la protesta se convierte en un proyecto global, porque los sectores dominantes intentan prolongar la convivencia de la estabilidad política y social con formas de despojo que incluyen la negación de viejas conquistas y la conversión de una parte importante del patrimonio público en consorcios privados (el caso del petróleo mexicano y del bosque y el subsuelo chilenos).
Si hasta en el estilo y en los términos se parecen los proyectos de criminalización de la protesta que se discuten en diversos países, es porque la imposición abarca también a las ideas. Se trata de dejar claro que es intocable el patrimonio de los poderosos, quienes integran grandes corporaciones que sí pueden disponer de todo lo que existe.
Con un estilo burdo o con un sello institucional, es la práctica de la acumulación capitalista, que nunca fue idílica, y, en este momento, deja caer todo eufemismo y se revela como lo que es: explotación, despojo y saqueo que, para consumarse, irrespeta todo principio, incluso el derecho a la vida.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Cuba, único en la región en eliminar el flagelo del hambre




Theodor Friedrich, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba, reconoció que la Isla es el único país en la región en erradicar completamente el hambre, Frederich respondió así a la pregunta de cuál ha sido el adelanto o el retroceso de los programas alimentarios en América Latina y qué países de la región cumplirán con las metas del Milenio relacionada con la disminución del hambre.
"Afortunadamente -dijo- en América Latina los programas alimentarios implementados en los últimos años, contrario a algunas otras regiones del mundo, han demostrado su efectos y se ve un impacto positivo hacia el cumplimiento, sobre todo, del Objetivo de Desarrollo del Milenio de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Adelantos se han registrado por ejemplo en Brasil con el programa de Fome Zero, y en otros países enfocados a grupos vulnerables y el establecimiento de redes de protección social, y de tal forma un número de naciones de la región han demostrado una cierta resistencia ante la crisis económica.
"Según datos de la reciente publicación del Estado de inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI 2013) y de otras fuentes de Naciones Unidas y CEPAL, la misma crisis ha causado también retrocesos con una afectación de la economía nacional. Dentro de la región sobre todo el avance en la subregión del Caribe es demasiado lento como para alcanzar esa meta. En la última década la tasa de desnutrición en América Latina se redujo casi 50 %, mientras en el Caribe bajó solo 30 %.
“América Latina sigue siendo la región con más desigualdad, factor que impide el derecho a la alimentación, y excluye a algunos grupos vulnerables de la participación económica y/o política.
"Aunque se destaca por sus altas exportaciones de materias primas, incluyendo alimentos, todavía hay gran parte de la población que no dispone de un acceso asegurado a alimentos. Esto es reflejo, sobre todo de una falta de voluntad política en algunos países. Otro punto que está causando retroceso es la alta tasa de crimen e inseguridad. América Latina se destaca en el mundo por su elevada incidencia de violencia, incluyendo el crimen organizado. Otros puntos a añadir son la explotación indiscriminada de los recursos naturales con consecuencias en el medio ambiente, las grandes disparidades entre zonas urbanas y rurales, la afectación de la región por el cambio climático y la inestabilidad política y, por tanto, institucional en algunos países.
"En el área todavía existen millones de personas sufriendo hambre, pero se espera que se reduzca a la mitad tanto la tasa de pobreza extrema como de hambre. Algunas naciones ya cumplieron esta meta, entre estos Cuba, Brasil, Chile, República Dominicana, Honduras, Panamá, Uruguay, Guayana, Nicaragua, Perú y Venezuela.
"En la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 se puso otra meta: la de reducir a la mitad el número absoluto de hambrientos. Aunque una meta mucho más rígida, ya ha sido alcanzada por Cuba, Guyana, Nicaragua, Perú y Venezuela. Durante este evento Mundial el líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz se opuso claramente a esta meta, pues insistió que lo fundamental era la erradicación completa del hambre, que por lo menos en Cuba ya también se alcanzó. Se espera que Argentina y México la reduzcan al 50 % en 2015, mientras Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Surinam tendrán dificultades de alcanzar ese compromiso si no hay un cambio significativo. Algunos países de la región incluso registran un empeoramiento de la situación, como Guatemala y Paraguay".
-¿Cómo considera usted las relaciones entre la FAO y Cuba?
- En general se mantienen muy buenas relaciones en un clima de mutuo respeto y confianza entre Cuba y la FAO, reflejados también en la colaboración durante la presidencia pro tempore de la Isla en la Comunidad de Estados Latinoame-ricanos y Caribeños (CELAC) y las actividades relacionadas con la erradicación del hambre en la región.
"Además hay una participación muy activa de este país en programas de cooperación Sur-Sur y en comisiones y convenciones regionales e internacionales auspiciadas por esta organización. Sin embargo, tal como la Mayor de las Antillas, también la FAO atraviesa una crisis presupuestaria que puede afectar sus operaciones. Por lo tanto hay que repensar el modus operandi de la FAO en Cuba, pues este organismo no es un donante, sino una agencia especializada en alimentación y agricultura al servicio de los países miembros. Esta función en el futuro podría ser mejor aprovechada por el país".
-¿Cómo podría Cuba beneficiarse aún más de esa colaboración?
“- La FAO de por sí es una agencia especializada de las Naciones Unidas con funciones técnicas. Está poniendo al alcance de sus países miembros conceptos, tecnologías, estratégicas que incluyen políticas sectoriales, y complementa los conocimientos de estos miembros con ideas diferentes o nuevas que provienen de otras naciones miembros o de las redes de instituciones de investigación científica internacional. De tal forma la FAO solo dispone de fondos propios muy limitados para asistencias y consultorías pequeñas y puntuales los que han sido reducidos en los últimos años. En el pasado, las intervenciones de ayuda de FAO a Cuba han sido limitadas a proyectos de este tipo, financiados por fondos que los países miembros han asignado al organismo para proyectos de cooperación técnica limitada. En muy pocas ocasiones la FAO ha sido involucrada en programas y proyectos de mayor envergadura en el sector de desarrollo agrícola y rural y en el del desarrollo de las cadenas alimentarias. Incluso, en los pocos casos que la FAO participó en tales programas, el servicio solicitado fue más que todo de provisión y compra de insumos y no en asistencia técnica en nuevos conceptos agrícolas.
"Esta situación contrasta mucho con otros países miembros de la FAO, que aprovechan los servicios de asistencia técnica hasta en asesorías en sectores de estrategias y políticas sectoriales o para el manejo de programas sustanciales de desarrollo agrícola de forma sostenible y en respuesta a los retos del cambio climático. En estos casos los países miembros se preocupan de usar tales servicios bajo proyectos financiados por donantes, o incluso de fondos propios de las naciones o de créditos para el desarrollo rural que el país ha recibido de otros donantes o de bancos de desarrollo, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
"En una gran parte de proyectos que el FIDA, por ejemplo, tiene en África promoviendo la Agricultura de Conservación, la FAO es la contraparte natural para la implementación de estos programas. En muchos otros países, incluso de la región, la FAO está ejecutando proyectos de fondos fiduciarios unilaterales -por sus siglas en inglés llamados UTF- es decir con fondos del propio país miembro, que emplea los servicios de la FAO como una organización consultora. En este país, según mi conocimiento, tal modalidad de proyecto nunca se ha usado con nuestro organismo, que dispone de muchos conceptos de interés para Cuba en vista de los nuevos lineamientos y de la prioridad declarada del gobierno de recuperar la producción de alimentos para sustituir importaciones, como el concepto de la intensificación sostenible basada en la Agricultura de Conservación, pero también en el desarrollo sectorial de la infraestructura y organización de las cadenas de valor, incluyendo sistemas de mercadeo, formas organizativas como el cooperativismo y la agricultura familiar, asuntos de políticas sectoriales, la determinación de sistemas de precios o estrategias para una mecanización agrícola, por solo men cionar algunas. En estos sentidos veo todavía amplias reservas de eficiencia en el aprovechamiento de la FAO en Cuba".
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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