¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

24 septiembre 2010

EL ESTADO PERUANO Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS DE LA IMPUNIDAD Y LA VIOLENCIA

El Estado peruano y los Decretos Legislativos de la impunidad y la violencia

La impunidad a lo largo de la historia, continúa siendo una herramienta eficaz para perpetuar todo sistema de represión y de dominación. Una práctica dirigida de forma natural, por quienes asumen el poder del Estado, así como el encubrimiento de los crímenes perpetrados a todo reclamo del pueblo, garantizando el ejercicio indiscriminado de la violencia, y por lo tanto, de quienes, al igual de sus cómplices, lo ejecutan.

Esa misma amenaza que nos flagela la memoria y la vida, es reflejada una vez más a través de los decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, este último derogado debido a la presión nacional e internacional, promulgados por el Ejecutivo, (el 1 de setiembre) de aplicación para las normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, aprobados sin votos ni consultas de los ciudadanos ni los afectados por esos crímenes, con la delegación de facultades legislativas por parte de la Ley Nº 29548.

En dichos decretos se pretende adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) que por maniobra del Ejecutivo se incluye una serie de previsiones propias que no existen en dicho código y un reemplazo de medidas preventivas o preliminares que favorecen al procesado militar o policial frente a los civiles. Así como lo determina el antiguo Código Procesal Penal que establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.

Muestra del avasallamiento por parte del estado, atreves de los decretos, es que ahora sólo se pretende considerar (de todos los) crímenes a los Derechos Humanos, a aquellos delitos que se cometieron después del año 2003. Y que estos tengan plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal. Buscando el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de lesa humanidad.

La idiosincrasia del gobierno Aprista que ha concebido la legislación exclusiva para los procesos y condenas contra la cantidad de agentes del Estado, entre militares y policiales implicados por perpetrar violaciones a los derechos humanos. Otorga también la oportunidad a las FF.AA. y agentes de seguridad del Estado de encubrir a sus miembros en retiro o activos, impidiendo la investigación de los casos y favoreciéndolos, así, con el sobreseimiento (archivamiento) parcial, lo que básicamente asegura la impunidad. Este paquete de Decretos Legislativos que se empiezan a establecer, van contra las normas internacionales, ya establecidas y también contra la jurisprudencia del tribunal constitucional ya sentada en nuestro país.

El conjunto de decretos legislativos nace por iniciativa de aquel sector de la derecha reaccionaria que necesita la impunidad para sobrevivir, demostrando una vez más la alianza APRA-Fujimorista, los cuales se han valido del poder del Estado no sólo para continuar la repartija de nuestros recursos naturales para saciar la voracidad de ellos y de sus amos, sin importar el costo humano; sino también, buscan decretar una nueva ley de amnistía en casos de violación de los derechos humanos, que estarían dirigidos a beneficiar directamente a genocidas como Alan García y su vicepresidente Luis Giampietri, responsables de masacrar presos políticos en los penales del país, durante tu primer gobierno (85-90), así como la creación del grupo paramilitar Rodrigo Franco, autores de aniquilamientos selectivos a cuanto opositor se presentaba a sus normas de gobierno y Alberto Fujimori e incluso al el ex agente de la CIA, Vladimiro Montesinos e integrantes del criminal Grupo Colina, investigados y responsables de los asesinatos más conocidos como los de la Cantuta, Barrios Altos y otros asesinatos a sindicalistas, estudiantes y campesinos (1990-2001).

El significado de estos decretos y en particular el DL.1097 redactados por el Ministerio de Defensa, en la persona de su entonces titular, Rafael Rey, asesorado y coludido por los abogados fujimoristas César Nakazaki, Sergio Tapia (abogado de Giampietri y los procesados por la matanza de El Frontón) y Rolando Sousa, legislador fujimorista (presidente de la Comisión de Justicia del Congreso) y por último aceptado y firmado por Alan García, plantea que a todos los acusados por las graves violaciones de derechos humanos durante 1980 y 2003, serán considerados como delitos comunes y, por lo tanto, están sujetos a plazos de prescripción, permitiendo que se archiven sus procesos penales si las investigación se excedan por más de 3 años.

Bajo el argumento de que los imputados han pasado demasiados años bajo proceso penal sin tener condena, dispone que los mandatos de detención contra agentes militares y policías procesados podrán ser prescritos, permitiéndoles seguir sus juicios en libertad y conseguir eximirse de toda responsabilidad con el pasar del tiempo.

Eso sin eludir que la demora existente en varios casos de los verdugos del pueblo, no sería únicamente solucionada por el DL 1097, debido a que los problemas también están en otro lado: Dilaciones en la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial corrupto, recursos de defensa tácticamente alargados por parte de los abogados de criminales, documentos del Ministerio de Defensa que nunca son entregados por conveniencia y la falta de dedicación mínima de los jueces supuestamente especializados a estos casos.

Acometiendo burdamente borrar gran parte de los atroces crímenes por el genocidio de Estado, que bajo la excusa de pacificar al Perú y su lucha contra la subversión les sirvió para implantar regímenes en los cuales se cometieron matanzas, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, destierros y violaciones sexuales en localidades poco desconocidas antes de la década de los 80’, como en Putis, Accomarca, Chuschi, Uchuraccay, Pucayacu, Toto y Vinchos, por mencionar algunos lugares dónde los propios comuneros hacían sus denuncias a consecuencia de la barbarie y los atentados contra ellos mismos que se producían por parte de agentes del Estado, militares y policiales que atropellaron a mansalva “a todo sospechoso de ser terruco” en defensa del orden público burgués.

Sin embargo pese a que el DL 1097 ha sido derogado, esto no significa que el gobierno haya dado marcha atrás en su pretensión de generar las condiciones para una amnistía a los genocidas. Los Decretos Legislativos vistos en conjunto, brindan una propuesta bien estructurada para promover mecanismos de impunidad tanto para conductas del pasado, como del futuro. Para el pasado proponen la prescripción y el exceso en el plazo de investigación. Por uno u otro medio, los acusados buscarán el cierre de sus procesos. Para el presente y el futuro, se buscarían proyecto de reforma constitucional y legal con tendencia a la represión y la impunidad, procesamientos judiciales, hasta amparos y complicidad activa en cuanto al accionar de grupos paramilitares por parte del estado y las fuerzas armadas.

Esa misma amenaza estatal se muestra en el DL 1095, que respalda la inmediata intervención de la PNP o las FFAA, con la brutalidad de siempre, pero ahora con consentimiento libre del uso de armas de fuego por el control de las protestas sociales, cometiendo más asesinatos. Agudizándose sistemáticamente contra los que luchan por mejorar sus condiciones de vida, y salen a las calles a tomar lo que por derecho les pertenece, especialmente si están organizados, considerándolos como “grupo hostil” al cual hay que desbaratar.

A la intensificación de la criminalización de la protesta popular y lo vulnerado que resulte cualquier idea que resguarde el respeto a los derechos humanos, hay que sumarles que ahora los homicidios a civiles, que se cometan en nombre de la orden pública y protección a la propiedad privada, se sancionarán como simple delito de “abuso de autoridad”; y en el caso de que se sancionen, ya no serán juzgados por tribunales civiles, ahora se juzgarán en toda su amplitud del fuero de privilegio y refugio de la justicia militar. Es decir se juzgarán así mismo, el ejército puede proteger a sus encausados, tal como lo determina el DL 1094.

A esto se le complementa el DL1096 que modifica artículos de la Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. Formando parte del respaldo legal para la reestructuración de dicho fuero para permitir que militares en actividad juzguen a sus propios compañeros por los asesinatos que estos mismos cometan. La aplicación de dicho decreto es a todas luces improcedente, ya que distingue en la jurisdicción civil a la de militares y policías, contraviniendo con el Corte Internacional de Derechos Humanos.

Es necesario recordar que no es el primer intento y no será el último, de generar normas de amnistía para los enemigos del pueblo. Ejemplo de ello es la indulgencia autoproclamada por el fujimorismo en 1995. Aquella que fue rechazada por un gran sector de la sociedad y eventualmente declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, permitiendo sólo un corto avance en los procesos judiciales, pero que no alcanzo a todos los culpables, por las graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Ahora no es causa de asombro que luego de esta embestida pro impunidad, el ex Ministro de Defensa, principal impulsor de estas medidas, se retire del gabinete con la misión cumplida y se hagan cambios ministeriales conformando uno nuevo. Pues eso es previsible en el execrable gobierno Aprista, marcado por la corrupción y el escándalo, después de mostrar su verdadero rostro autoritario, anti popular y criminal. Así Como ocurrió con Jorge del Castillo con el caso Petroaudios y Yehude Simon, con la masacre en Bagua.

El intento por dejar esta ley infame y tan violatoria, que vulnera todo respeto hacia la vida y que solo ocasiona avivar el sufrimiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la violencia militar y paramilitar. Mermando la posibilidad de verdadera justicia en sus casos, un derecho negado sistemáticamente hace años por estructuras de la arbitrariedad construido, también con alevosía, desde las más altas esferas del poder.

El problema no es si se llega a derogar o no los decretos, sino a quienes les sirve y contra quienes atenta. Lo que viene transcurriendo nos muestra que en democracia representativa, la burguesía siempre moverá los hilos de la política para favorecer a su clase. Es así que siempre serán los que proponer la amnistía y su justicia contra el derecho de los demás, y allí está el asunto de fondo. Existirán intereses poderosos por mantener la violencia y la impunidad a toda costa contra los de abajo y que en este sistema donde reina la dominación, corrupción, la impunidad y donde se impone la iniquidad de los poderosos, siervos pérfidos del capitalismo por mantener la comodidad de los privilegios que el poder les otorga, no hay lugar para los indigentes del mundo ya que somos los contendores históricos de esa clase que se beneficia y mantiene del trabajo de otros.

Sabemos que desde el gobierno siempre se permitirá que se derrame sangre para imponer y preservar los modelos económicos y sociales que se basan en la exclusión y sometimiento de las grandes mayorías empobrecidas y que el sacrificio vendrá por quienes reclamen y luchen por un nuevo ordenamiento social justo e igualitario. Y que por más que los de arriba siempre intentan criminalizar la protesta y resistencia, nosotros propondremos la horizontalidad en todo organización y lucha para conseguir las respuestas en defensa de la humanidad y contra el capitalismo sin intermediarios, con solidaridad activa y de clase con los pueblos que luchan por su bienestar y libertad.

Aquella libertad y justicia que no existirán si continúa la sociedad basada en explotación y opresión. La libertad y la justicia no existen si hay miles de personas que mueren de hambre y de miseria. La justicia no existe si los pueblos son despojados de sus territorios por la extensión del capital. La libertad y verdadera justicia social no existe, sino hay una reconquista de los sueños y búsqueda comprometida por hacerlos realidad, y que el socialismo es con libertad o no es.

Fabián Arévalos - USL Lima

22 septiembre 2010

CORRUPCION ELECTORAL

  Al escuchar claramente a Xavier Barrón en diálogo con Lourdes Flores, sobre como ''acomodar'' una encuesta, creo que a la inmensa mayoría de peruanos se les ha confirmado lo que siempre se ha sostenido: que las encuestas salen al gusto de quien las paga. Y si hay una buena aceitada de por medio, mejor te acomodan en las encuestas.


En la última encuesta de CPI, para intención de voto urbano (Ojo sólo en Lima Metropolitana) para los comicios presidenciales de 2011 y cuyos resultados cuesta creer, aparece "Conunicore" Castañeda en primer lugar con 23,1 % y en segundo lugar Keiko Fujimori, hija de ladrón y genocida Fujirata, con 19,6 %. Es decir casi el 42,7 % votan por la corrupción. ¡Increíble!

No Keiko fujimori, la grandísima apañadora del gobierno corrupto y violador de los derechos humanos, se dio la gran vida en los Estados Unidos, con el billete de todos los peruanos, al igual que Manuel Prado Ugarteche, fue educada con los frutos del saqueo al Perú. Entre los años 1990 y 2000, un informe de la Contraloría reveló que el monto total de la educación de los vástagos de Fujimori ascendió a 1.200.000 dólares, cifra que podría quedar corta dada las comodidades que los cuatro integrantes del clan Fujimori disfrutaron el extranjero.
Y encima se hizo de la "Vista gorda" del gobierno corrupto y criminal que dirigieron los siameses Alberto "Kenya" fujimori y de su "Tío Vladi", como cariñosamente le llamaban los hermanitos Fujimori Higuchi.

Los limeños pareciera que gustan de personajes cuestionables que integran bandas que asaltan el presupuesto nacional, pues para elegir a nuestras autoridades, siempre, escogemos a los más sinverguenzas. El actual Alcalde de Lima, Luis "Comunicore" Castañeda, tiene muchos entuertos por haber manejado empresas del estado como el caso de la Caja del Pescador, en Essalud ex IPSS y ahora en el municipio de Lima.

A continuación le mostramos la corrupción del "Mudo" Castañeda:
  • Semaforización Av.Canadá: Inicio 1´000,000 termino 1´500,000.
  • 200 losas deportivas: Inicio 16´800,000 termino 24´565,000.
  • 500 escaleras solidarias: Inicio 24´816,000 Termino: 46´121,000.
  • Viaducto del Paseo de la República-Manco Cápac: Inicio 11´000 000 Termino 17´650 000, demoró más de 2 años en terminarlo y claro pues, hizo adrede el alargamiento de tiempo con pocos obreros y días laborales sin trabajar.
  • Via Expresa Grau: Inicio 59 528 000 termino 125 000 000. Un escándalo más de 2 años en terminarlo y alargamiento de tiempo con pocopersonal y días laborales sin trabajar.
  • Intercambio Vial Puente Piedra 15´073 000 Termino 20´948,000.
  • Intercambio Villa El Salvador 13´465,000 Termino 20´868,000.
  • Intercambio Venezuela 45´000,000 termino 57´000,000.
  • Estación Central 35´000,000 Termino 62´000,000. Cstañeda en el colmo de la conchudez salió a los medios de comunicación diciendo “no nos han entregado el informe de los planos de la red de instalaciones de agua desagüe y circuitos eléctricos”. Sin embargo SEDAPAL Y EDELNOR si cumplieron puntualmente en entregar estos planos e informes técnicos antes del inicio de las obras.
  • Vía Expresa Carril Central 6´000,000 Termino 30´000,000 Los Bunkers paraderos tipo trenes todos innecesarios aun así el costo es muy alto.
  • 13 piletas ornamentales Parque de la Reserva: Inicio 15´000,00 termino 62´000,000. Que sinverguenzas.
  • Intercambio Vial Habich Inicio: 8´520,00 termino: 67´000,000. En principio se trataba de ampliar las rotondas, pero prefirieron hacer by-pass. Todo muy inflado.
  • METROPOLITANO: INICIO 420´000,000 TERMINO (¿?) 1000´000,000 (MIL MILLONES DE SOLES) y más de 4 años en ejecutar y terminar, con caos vehicular.
  • No incluye COMUNICORE-RELIMA, las revisiones técnicas y otros.
¿Y aún así quieren votar por "Comunicore" Castañeda y por la corrupta Keiko?

20 septiembre 2010

Declaración Pública de Solidaridad con Huelga de Hambre Presos Políticos Mapuches

Declaración Pública de Solidaridad con
Huelga de Hambre Presos Políticos Mapuches

Huelga de Hambre por una solución de fondo al complejo conflicto
entre el Pueblo Nación Mapuche y el Estado chileno



La situación insostenible que desde hace siglos vienen enfrentando las distintas comunidades del Pueblo Mapuche, ha hecho nuevamente crisis.

Los presos políticos mapuche cansados y hastiados de violaciones a sus derechos, de torturas y persecuciones -incluso a menores de edad- y de interminables, desmedidas y arbitrarias gestiones por parte del Estado y la Justicia Chilena, tomaron la grave decisión de declarase en huelga de hambre liquida desde el día SABADO 10 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.

Todos estos presos, se encuentran imputados por intento de recuperación de tierras o daños a la propiedad de las compañías forestales, empresas estratégicas del modelo primario exportador chileno y que están ocupando los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche.

Hoy la unidad de los 32 presos políticos atomizados por las distintas cárceles de alta seguridad del sur de Chile (peñis de Concepción, Temuco, Valdivia, Algol y Lebu), nuevamente se ha levantado como un solo cuerpo y ha encarado la difícil decisión de privarse de alimento y agua, para exigir una solución de fondo a este conflicto político.

Ante esto, las organizaciones libertarias de distintas regiones del mundo abajo firmantes, manifestamos nuestra plena solidaridad y denunciamos al Estado y la justicia Chilena por:

1. Ser el único país con la mayor cantidad de presos políticos miembros de una comunidad originaria, lo que da cuenta de un racismo, una discriminación, una opresión y una ideología que son típicas de los Estados que se manejan con políticas de ocupación colonial y de acercamiento a un particular fascismo.

2. El Estado de Chile posee un andamiaje jurídico que no responde a un debido y transparente proceso, es decir, lo que se conoce como “Estado de derecho”, no existe para el pueblo Mapuche, ya que no existe igualdad de condiciones, sino que privilegia a los intereses económicos estratégicos del actual patrón de acumulación neoliberal chileno, es decir, empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, el rancio latifundio, etc.

3. Una política sistemática de aniquilamiento del pueblo Mapuche -que no sólo es impulsada desde el Estado y la Justicia, sino que también por la derecha económico- política y su Gobierno- que se materializa a través de:

a) aplicación de la Ley Antiterrorista, creada en años del Régimen Autoritario del dictador genocida Augusto Pinochet. Legislación que apunta contra los delitos que atentan contra la vida, aunque hasta el momento ningún Mapuche ha cometido un homicidio. Sin embargo, sobre algunos presos penden penas de cárcel de 50 y más de 100 años.

b) aplicación de un doble procesamiento, es decir, los Mapuche son juzgados e imputados 2 veces por el mismo delito, tanto por la Justicia Civil, como por la rancia Justicia Militar, que sólo se aplica en este país y en los más conservadores del mundo.

c) militarización del territorio en que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales. Se trata de efectivos combinados que aplican arsenal militar y policial, tales como helicópteros y gases lacrimógenos, que acosan a mujeres y niños que no tienen la protección de un hombre mayor, ya que en su mayoría están presos.

d) corporaciones mediáticas, que han creado una invisibilidad ignorando el recurso de la huelga de hambre y, por otro lado, constantemente han criminalizado la histórica protesta social y la justa y legítima lucha, buscando condenas anticipadas y de mayor envergadura en la opinión pública.

e) testimonios falsos y de testigos con rostro cubierto, pagados tanto por la fiscalía como por particulares. Ejemplar es la supuesta vinculación que intenta crear el fiscal Francisco Ljubetic, entre las organizaciones del Pueblo Mapuche y las FARC de Colombia, de esta forma intentando crear un falso y desproporcionado paralelo entre los conflictos internos de cada país.

f) secreto de la investigación durante casi todo el proceso, acción que impide el derecho a la defensa.

g) prisión preventiva durante todo el proceso de investigación para la mayoría de los imputados (más de un año), cuestión que no respeta la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial chileno.

h) persecución y encarcelamiento a través de montajes mediáticos llevados a cabo por el Ministerio Público.

i) y finalmente, el gobierno se posiciona no atendiendo las demandas de los huelguistas, jugando al desgaste del movimiento y con la salud de los comuneros en huelga.

Ante esto demandamos:


  • JUSTICIA Y LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y QUIENES COLABORAN CON SU LUCHA Y NO PERTENECEN A LA ETNIA. 

  • FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y A LA JUSTICIA MILITAR. 

  • DESMILITARIZACIÓN DE LA ZONA. 

  • TIERRA Y AUTONOMIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.  
Para mantenerte informado sobre la huelga y conflicto ingresa a: http://www.mapuexpress.net/ - http://www.azkintuwe.org/

Organizaciones que adhieren a la declaración:

Convergencia Juvenil Clasista "Hijos del Pueblo" (Ecuador)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
Revista Hombre y Sociedad (Chile)
Organización Revolucionaria Anarquista - Voz Negra (Chile)
Estrategia Libertaria (Chile)
Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)
Grupo Antorcha Libertaria (Colombia)
Workers Solidarity Movement (Irlanda)
Unión Socialista Libertaria (Perú)
Organisation Socialiste Libertaire (Suiza)
Anarchist Black Cross Wellington (Nueva Zelanda)
Workers Solidarity Alliance (EEUU)
Red Libertaria de Buenos Aires (Argentina)
Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
Aotearoa Workers Solidarity Movement (Aotearoa/Nueva Zelanda)
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17 septiembre 2010

El faenón de Lourdes

El faenón de Lourdes 

 

 Es preciso que la candidata pepecista explique o recuerde las cosas que trató con los representantes de las transnacionales de Camargo Correa (Brasil) y ACS (España), con denuncias de corrupción.

REMIGIO: Dile que está llegando para este viernes una persona de Brasil y para el miércoles llegan dos personas de España. Es muy importante su confirmación.

MARUJA: ¿De España?

REMIGIO: Es bien importante la recontraconfirmación.

O sea, de acuerdo a lo que oímos, funcionarios de dos grandes empresas constructoras, viajaron al Perú a comienzos de septiembre, para sostener sendas reuniones con la candidata que en esos momentos lideraba las encuestas: Lourdes Flores. Con ella y con nadie más. Y nunca hubiéramos sabido de este encuentro si no hubiera habido un mafioso pero oportuno chuponeo de la llamada que se produce entre el lobbista Remigio Morales Bermúdez y la secretaria personal de Flores.

Obviamente a los representantes de Camargo Correa (Brasil) y ACS (España) les importa mucho más que un comino el trato con la municipalidad y por eso decidieron tomarse el trabajo de venir al Perú para adelantar acuerdos con la probable alcaldesa de Lima. Pero como ésta era una operación muy importante, pusieron en marcha a Remigio para que recontraconfirme las reuniones. Claro, después que ha quedado al descubierto la movida, Lourdes nos ha dicho que “se olvidó” lo que conversó con las empresas, y ha ensayado una explicación a lo Alan: deben ser cientos o miles de citas como éstas las que he debido atender como candidata.

Camargo CorreaEs una de las principales constructoras del Brasil con un movimiento económico anual de 7 mil 100 millones de dólares e inversiones en 20 países. ACS tiene un volumen de negocios que asciende a 15 mil 600 millones de euros y presencia en 46 países. Difícil de creer que uno se olvide de lo que se conversa con estos monstruos o que se pretenda hacer creer que también a la candidata, como antes a Alan García, la visitan un tropel de platudos del mundo. Después de todo ninguna de las dos representadas de Morales Bermúdez es nueva en el Perú: Camargo Correa está metido entre otras inversiones en la Interoceánica del Sur, en el consorcio de Línea Amarilla (con contrato con la Municipalidad de Lima) y en el discutido proyecto de agua en el distrito de San Bartolo, en el que figura el ex futbolista Julinho.

TaboadaACS es el contratista para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas de Taboada, cuyo contrato estuvo a punto de volar por los aires por falta de informe técnico de la Contraloría, a los que se sumó el pequeño escándalo que hizo Francis Allison cuando denunció a la empresa española de haberlo querido sobornar por un millón de dólares. Finalmente ante la posibilidad de una denuncia ante tribunales internacionales, el gobierno confirmó la buena pro, a pesar que quedaron muchas críticas sin resolverse. En su trayectoria internacional, además, las dos empresas están bien distantes de calificar por su honestidad y buenas prácticas.

Detenidos Cuatro ejecutivos de Camargo Correa fueron detenidos en el año 2008 en Brasil en relación a un megaescándalo político sobre financiamiento ilegal a partidos, fuga de capitales al exterior y corrupción, que incluye una investigación especial de la policía federal sobre negocios ilegales en el Perú, como consta en diversos despachos noticiosos. ACS ha estado involucrada en el desastre inmobiliario español, como uno de los grandes especuladores que empujó a la crisis en ese país, y tiene denuncias de corrupción en Australia y Estados Unidos.

En todo caso debe haber una ética muy flexible en estas empresas para requerir los servicios de otro ex ministro aprista lobbista con un pasado de corrupción, teniendo el antecedente tan reciente de Rómulo León. Pero si entre la gente de dinero sorprende la reiteración de estos métodos, casi no hay palabras para calificar la actitud de Lourdes Flores de prestarse a esta intermediación tan opuesta a la trasparencia política. Por eso cuando la candidata se describe como un víctima del chuponeo, provoca decir que es una víctima sí, pero del tipo del “tío George”.

Raúl WienerUnidad de Investigación

diario la primera / viernes 17/09

16 septiembre 2010

LA LUCHA LEGAL ESTA DANDO SUS FRUTOS - DESCONGELAMIENTO DE LA LEY DEL PROFESORADO 24029

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR - MEDIANTE LA 1RA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL
http://www.servir.gob.pe/index.php/tribunal-del-servicio-civil/resoluciones-primera-sala.html
  
LA ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, EN SUS RESOLUCIONES DECLARA FUNDADA LAS DEMANDAS DE BONIFICACION POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION AL PERSONAL DOCENTE Y EL PAGO INTEGRO DE 3 Y 2 REMUNERACIONES COMPLETAS POR LUTO Y SEPELIO
UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 EN LIMA.

*-*-*-*-*-*-*
  .
RELACION DE  EXPEDIENTES  POR LUTO Y SEPELIO





RELACION DE EXP.  POR BONIFICACION DE PREPARACION DE CLASE Y EVALUACION, DECLARADAS FUNDADAS EN LIMA METROPOLITANA : UGEL 01,02,03,04,05,06 y 7





REINICIEMOS LA CAMPAÑA POR LA OBTENCION EN VIA ADMINISTRATIVA DE LA BONIFICACION ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION PREVISTA EN LA LEY 24029.

POR EL DESCONGELAMIENTO DE LA LEY 24029.
POR LA VIGENCIA IRRESTRICTA DE LALEY DEL PROFESORADO

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es una entidad pública* adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Se podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la administración pública.
SERVIR nació en junio de 2008 para modernizar la función pública. Busca un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Para ello debe implementar la Reforma del Servicio Civil.


VER AQUI LAS RESOLUCIONES INTEGRAS:





































impuesto a las ganancias extraordinarias

Es necesario un impuesto a las ganancias extraordinarias


Justicia. Catedrático de la universidad de Harvard destaca su importancia. Daniel Schidlowsky advierte que el Perú no logrará un crecimiento sostenible en el tiempo, si no hay un rediseño del esquema tributario en el sector minero. Omar Mariluz.
El Perú es el país de las desigualdades y por ahora no pretende dejar de serlo. La fabulosa rentabilidad que tienen las empresas mineras en los últimos años no se ha reflejado en una mayor recaudación para el Perú y cada vez son más fuertes las voces que plantean aplicar un impuesto extraordinario.
Una de ellas es la del catedrático de la Universidad Harvard, el peruano Daniel Schidlowsky, quien advierte que el Perú no logrará un crecimiento sostenible en el tiempo, mientras no haya una redistribución eficiente y justa de las sobreganancias del sector minero.
Solo crecen las empresas
A todas luces, el crecimiento de las empresas no repercutió en una mejora de las condiciones de vida de la población. El analista explicó que si la distribución de los ingresos es ineficiente, generará malestar en la ciudadanía y, por consecuencia, no habrá paz social ni tranquilidad empresarial. 
La cifras hablan por sí solas.  Pese a que el 2009 fue un año en el que golpeó por la crisis externa, la rentabilidad de las compañías mineras peruanas se mantuvo por encima del 30%, mientras que la rentabilidad en el resto de empresas solo llegó a 15.8%, según un estudio de la Escuela de Gestión y Economía (Gerens).
Sobre este punto, Schidlowsky asegura que a mayor rentabilidad de las mineras debería haber mayor participación del Estado, en la medida que las ganancias extraordinarias son producto de factores externos ( incremento del precios de los metales) y no de una mejora en la producción.
“El precio de los minerales fluctúa no por razón de la producción, sino por la demanda y se generan niveles de utilidad que no eran previstos en los planes de  inversión, entonces la fórmula que se está poniendo de moda es que cuando los precios están altos hay un tributo adicional a fin de que los países participen de esa bonanza”, comentó el también ex director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
Varios ejemplos a seguir
El economista de Harvard se encuentra lejos de un pensamiento radical y antiempresarial y más bien recuerda que en países liberales como Australia, Canadá y Chile ya se introdujo un mecanismo para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas extractivas.
En el Perú ya existe un proyecto de ley en el Congreso de la República para gravar las sobreganancias mineras con una tasa de Impuesto a la Renta de 50% cuando los precios de los minerales superen el promedio obtenido en los últimos diez años.
Si se analiza las utilidades de las compañías mineras y la evolución de los precios de los metales entre el 2005 y el 2009, el proyecto señala que el Estado hubiera recaudado US$ 4,900 millones solo en impuestos extraordinarios, de haberse aplicado la mencionada ley.
Ya han pasado cinco años, y a pesar de las críticas, el actual gobierno prefiere mantener esta incongruencia tributaria.

PNUD a favor de gravar ganancias

1] El PNUD también recomienda aplicar un impuesto a las sobreganancias. Un reciente informe refiere que la recaudación en países de la región representa el 17% del PBI de un país, mientras que en los países desarrollados es 36%.
2] Schidlowsky dio ayer una conferencia magistral sobre el tema: “Sostenibilidad del crecimiento de la economía peruana”. También participaron los economistas Óscar Dancourt, Gonzalo García N., entre otros. Lo organizó la Facultad de Economía de la UNMSM y se realizó en la Casona.
Cifras
2,482 millones de US$ fueron las utilidades netas de las mineras el primer semestre 2010.
1,547 millones de US$ fueron sus utilidades netas en el primer semestre del 2009.

fuente:  http://www.larepublica.pe/economia/16/09/2010/es-necesario-un-impuesto-las-ganancias-extraordinarias-0

10 septiembre 2010

CARLICATURAS
















































Mié, 28/07/2010 - 23:50





























07 septiembre 2010

DECRETOS LEGISLATIVOS BUSCAN IMPUNIDAD EN DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZAN MÁS LA PROTESTA SOCIAL





En conferencia de prensa realizada en el local de la CNDDHH, los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a los decretos legislativos recientemente aprobados por el Ejecutivo que criminalizan aún más la protesta social y buscan impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

Representantes de los organismos alertaron sobre las implicancias que ya están teniendo estos decretos legislativos. Precisamente hoy, el abogado del general Noriega, implicado en el caso de Mariela Barreto, pidió el archivamiento del caso basándose en los respectivos decretos. Además, señalaron que estos decretos podrían, en el escenario más próximo, absolver y poner en libertad a Santiago Martin Rivas, al igual que podrían servir como andamiaje para poner en libertad al ex presidente Alberto Fujimori.

VER:


Los organismos de derechos humanos expresaron públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo por las razones siguientes:


Sobre el decreto legislativo Nº 1097

1. Respecto al decreto legislativo Nº 1097, referido a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos, resulta inaceptable que la Primera Disposición Complementaria y Final señale que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, contradiciendo así sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en el caso Villegas Namuche, entre otros.Sin duda constituye un serio retroceso que va en contra de la Convención americana y que pretende la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú. Inclusive, esta norma podría terminar beneficiando a los terroristas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.

2. Por otro lado, el decreto legislativo Nº 1097, adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, con un afán supuestamente garantista, pero que en el fondo lo que pretende es beneficiar indebidamente a personal militar y policial acusado de crímenes contra los derechos humanos, afectando seriamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2.2º de la Constitución, pues son beneficios concedidos con nombre propio a un grupo determinado a pesar de la gravedad de los crímenes perpetrados.

Por ejemplo, en virtud de esta nueva norma, los militares o policías acusados de violaciones de derechos humanos podrán cumplir arresto domiciliario en “instalaciones militares o policiales”, esto es, no sólo cuarteles sino hasta centros recreacionales de las fuerzas armadas o la policía nacional. Asimismo, se aplica el plazo máximo de 36 meses de detención previsto en el antiguo Código procesal penal, sin tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional que consideró válido extender dicho plazo más allá de los 36 meses en el caso de delitos complejos como lo son, evidentemente, los crímenes de derechos humanos.


Sobre el decreto legislativo Nº 1095

3. En relación al decreto legislativo Nº 1095, referido a reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, preocupa la definición contenida en el artículo 3.f) sobre “grupo hostil”, pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas.

4. A su vez, resulta inaceptable la modificación del artículo 27º de este decreto legislativo Nº 1095, en comparación con el artículo 13º de la derogada ley Nº 29166 y con los proyectos de ley sobre la materia consensuados en el seno de la Comisión Nacional de derecho internacional humanitario (Conadih), que hacían referencia exclusivamente a los “delitos de función” cometidos por personal militar. En cambio ahora, el referido artículo 27º se refiere genéricamente a “conductas ilícitas atribuibles al personal militar”, en una clara intención de abarcar los delitos comunes que pudiera cometer el personal militar en el marco de esta norma.

Cabe señalar, que este cuestionable artículo 27º remite al personal militar al fuero militar policial, con lo cual, la intención sería extender la competencia de este fuero al juzgamiento de delitos comunes, lo que constituiría una grave afectación a la Constitución y la Convención americana.


Sobre el decreto legislativo Nº 1094

5. En el caso del decreto legislativo Nº 1094, que aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, es muy grave que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y expulsados del ordenamiento jurídico.

En efecto, el nuevo Código penal militar policial tipifica los delitos contra operaciones humanitarias (artículo 95º), de utilización indebida de signos protectores (artículo 96º), daños extensos y graves al medio ambiente natural (artículo 97º) y delito contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario (artículo 88º y ss.), que fueron declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamientos por la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2006 recaída en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC.

De esta manera, queda en evidencia que fue tan sólo un pretexto la justificación para la delegación de funciones legislativas aprobada por la Ley Nº 29548, que mencionaba la necesidad de adecuar este código a lo dispuesto por la jurisprudencia del TC; justificación que inclusive fue esgrimida públicamente por el presidente del tribunal supremo de justicia militar.


Sobre el decreto legislativo Nº 1096

6. En el caso del decreto legislativo Nº 1096, que modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, e Gobierno reitera un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo desarrollado por la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas sobre la materia.

Inclusive, este decreto legislativo es muestra de la grave inconsistencia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00001-2009-PI/TC que a fines de diciembre del año 2009, sostuvo que los jueces y fiscales militares podían ser —a la vez— oficiales en situación de actividad, sin restricción alguna.

En cambio ahora, la norma en referencia establece que tanto el tribunal supremo de justicia militar policial como el consejo ejecutivo del fuero militar policial, tendrán una composición mixta de oficiales en retiro y en actividad.

Fuente: arte-nuevo.blogspot

RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.

MAFIA APRISTA NEGOCIA POR INTERNET VENTA DE PRUEBA PARA EL NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.


La reforma educativa neoliberal que viene profundizando el gobierno aprista centra en la meritocracia como uno de los aspectos principales de su mal llamada "revolución de la educación"; sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario, pues ante los fraudes escandalosos perpetrado por el MED (en todos los procesos de evaluación anteriores), encabezado por el Ministro Chang, la tan cacareada Ley de la Carrera Pública Magisterial resulta una estafa.

En tal sentido, en el último mensaje presidencial, de julio del presente año, Alan García manifestó que el ingreso a la Carrera Publica Magisterial era por mérito y esfuerzo, nada más falso; sin embargo, todo queda en la retórica, pues en la realidad la meritocracia se sigue vendiendo y comprando, alentado y fomentado por las propias autoridades del gobierno.

El proceso de nombramiento 2010 no escapa a la asquerosa corruptela del partido de los "faenones", pues el proceso esta lleno de actos de corrupción; sin embargo, pareciera que la maquinaria mafiosa, dirigida desde las altas esferas del poder, viene cambiando el modo de operar para obtener jugosos "honorarios de éxito" y, de paso, favorecer a los "comechados apristas".

La forma como traman y calculan todos los actos de corrupción no es ajena a la práctica del partido aprista, pues en el primer periodo de gobierno de Alan García, siendo ministra de educación Mercedes Cabanillas, se utilizó el ministerio como una agencia de empleos haciendo ingresar al magisterio más de 100 mil comechados apristas.

El modus operandis del partido de la corrupción ha hecho que los mafiosos apristas, traficantes de plazas, cambien sus estrategias de "venta", pues debido a los escandolos anteriores y las denuncias probadas, ahora utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación, pues la venta se hace directamente por internet con sus contactos (vinculados a la mafia aprista) que pagan entre 1000 y 1500 dólares, los cuales se encargan de vender la prueba al menudeo, entre 400 y 500 dólares, dizque para recuperar su inversión y "ganarse alguito". ¡Tremendas ratas!

Los maestros vienen denunciando que la prueba de aplicación que se tomará para la etapa eliminatoria, el domingo 22 de agosto, se viene vendiendo por adelantado; pues, en esta ocasión, se viene "cobrando" la mitad de la coima convenida y la otra mitad el día (madrugada del domingo) de la entrega de las claves de las respuestas de la prueba.

En tal sentido, queda corroborado, hasta la saciedad, la entraña gansteril de las autoridades apristas, pues los dignos maestros verán burlados, una vez más, sus expectativas. Pero lo indignante, es que el propio gobierno y el ministerio de educación, en lugar de garantizar la imparcialidad y transparencia de las evaluaciones a los docentes, sean los autores intelectuales del monumental fraude; en efecto queda demostrado que la "meritocracia" es otro cuentazo del Apra, pues los propósitos que persiguen es favorecer el copamiento de profesores mediocres del ANTAE para apristizar el sector educación y facilitar la imposición de sus nefastas políticas educativas y el otro es llenarse los bolsillos a costa de las necesidades de trabajo que tienen miles de docentes.

Fuente: Herald/ Sute Sector 17.

COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE SURCO SIN AGUA NI LUZ


COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE SURCO SIN AGUA NI LUZ




En Surco. Déficit presupuestal asciende a s/. 1, 277, 287.
Viceministro de Educación asegura que se efectuará
transferencia de más de S/.58 millones para los planteles
con este régimen (Milagros Laura S.)

Los mil 658 alumnos del colegio Los Precursores Nº 7086 acaban de iniciar sus clases de medio año y siguen sin contar con servicios de agua y luz. Mientras que las oficinas administrativas del colegio ‘Abraham Roldán Poma’ se encuentran paralizadas por la falta de electricidad. En tanto, en el colegio ‘José María Arguedas’ los más perjudicados por el corte de luz son los alumnos del turno noche que han visto sus clases suspendidas hasta que se renueve el servicio. Un triste panorama que se repite en los 17 colegios “municipalizados” que tiene el distrito de Surco.

Déficit presupuestal

¿El problema? Un déficit presupuestal en el plan de la municipalización de educación, y que en Surco asciende a un millón 277 mil 287 soles, una carencia que no ha permitido cumplir con los pagos de luz y agua y el pago de planillas de los docentes en los colegios.

Así como tampoco con la compra de los bienes básicos (artículos de limpieza, útiles de oficina, concepto de guardianía, entre otros).

Por eso, ayer el alcalde de Surco, Juan Manuel del Mar, se reunió con los directores de las escuelas y sostuvo que “desde hace 6 meses vengo solicitando una reunión con el ministro. En este proceso de la municipalización educativa, los municipios solamente hemos quedado como intermediarios en el pago de planillas y servicios, y ellos no cumplen con la transferencia del currículo y bienes. No existe justificación para que los colegios estén pasando por esta situación”.

Entregarán presupuesto

Por su parte el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Víctor Raúl Díaz Chávez, aseguró que se subsanará la falta de presupuesto para los colegios municipalizados. Los ministros de Educación y de Economía ya han dispuesto la transferencia de 58 millones 905 mil soles, que corresponden al presupuesto de todo este año para los colegios.

Cifras

10,969 escolares de todos los niveles son los perjudicados.
457 docentes de los 17 colegios de Surco están impagos.

Participe Comente, analice, critique de manera seria. Mensajes con contenido vulgar, difamatorio o que no tenga que ver con el tema, serán eliminados.

Lea las Normas de Uso.
Mié, 11/08/2010 - 18:55 — luis Angel

Y LA MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL EL CEM CUANDO NOS VAN APAGAR EL MES DE MARZO A CASO LIMA NO MAS TIENE NECESIDAD, AQUI ESTAMOS SIN LUZ, YA QUE LA MUNICIPALID DEBE 2 MESES. CUANDO NO, EL GOBIERNO APOYANDO A LOS PITUCOS DE LIMA Y LOS DE PROVINCIAS NADA. ESPERO QUE TAMBIEN NOS PAGUEN.

Fuente: La República

04 septiembre 2010

Alan quiere liberar a su aliado Fujimori




Presentarán acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori.


La bancada nacionalista presentará este lunes una acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dirigir una guerra sucia en la que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos.

“Los decretos pretenden que todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1980 y 2000 tengan un plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal”, indicó el legislador Daniel Abugattás, vocero del Partido Nacionalista en el Congreso.

A su vez, Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal, dijo a LA PRIMERA que dichas normas deben derogarse y reiteró que son “una perfecta prueba de amor del presidente Alan García hacia Alberto Fujimori”.

“Creo que hay una estrategia política en marcha por el apuro de dictar estos decretos, por modificar de manera grotesca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer que cuando llegue el caso de Fujimori a esa instancia este organismo tenga una sentencia amigable y beneficiosa”, estimó el letrado.

Barrios Altos y La Cantuta
De igual manera, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), apuntó que estos decretos legislativos buscan el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado Fujimori, y que además involucra a los integrantes del Grupo Colina.

El director de Fedepaz criticó asimismo que el decreto legislativo Nº 1097, que adelanta la aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, indique que cualquier proceso cuya etapa de instrucción o de investigación preparatoria haya sobrepasado los plazos de ley pueda ser sobreseído. Es decir, un proceso judicial podrá ser concluido arbitrariamente al no haberse cumplido el plazo establecido.

Al respecto, Velazco explicó que el antiguo Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.

Sin embargo, el presidente del Congreso, César Zumaeta, indicó ayer que el Parlamento no permitirá que ocurran excesos con este nuevo paquete de decretos y negó, además, la existencia de un pacto para beneficiar a Alberto Fujimori. A su vez, el ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que el referido decreto legislativo Nº 1097 no beneficiará a Fujimori. “Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares”, señaló. Agregó que tampoco se puede aplicar al Grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.

denuncia contra denuncia
En tanto, el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, refirió que denunciará al congresista Fujimorista Rolando Sousa ante la Comisión de Ética porque en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia impulsó la entrega de facultades legislativas en materia de normas procesales y penitenciarias al Ejecutivo, cuando sólo habían solicitado legislar en materia militar-policial y el uso de la fuerza.

Abugattás añadió que con eso Sousa buscó beneficios para los clientes de su estudio jurídico que comparte con el abogado César Nakazaki, quien a su vez defiende a decenas de militares procesados por violar derechos humanos y también al ex dictador Fujimori.

denunciaremos a Sousa por hacer una ley con nombre propio, una norma para sus clientes, porque defiende a Fujimori y gran cantidad de militares. Que no venga a decirnos que está alejado de su estudio, eso es falso”, enfatizó Abugattás.

En respuesta, Sousa dijo que también denunciará a su colega nacionalista por decir que tiene un pacto con el gobierno para favorecer a Fujimori y que juega a favor de sus clientes. “¿Qué pacto puede haber? es falso eso, me siento orgulloso de haber dado esas facultades al Ejecutivo, es más, yo quisiera ser padre de esa criatura (paquete de decretos), pero no lo soy. El lunes voy a denunciar a Abugattás por ser un deslenguado, para que me pruebe que esa ley me beneficie si yo no tengo clientes”, sostuvo el Fujimorista.

Sí ganan
Lo cierto es que, como lo advirtió a LA PRIMERA la abogada Karim Ninaquispe, el estudio jurídico Sousa & Nakazaki tiene un contrato con el ministerio de Defensa para patrocinar a los militares enjuiciados por violar derechos humanos.

Ninaquispe, abogada de los deudos de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), dijo que los casos Accomarca, Pucayacu II y Los Cabitos 1983 son llevados por el estudio del cual es socio el congresista Sousa, el cual cobra S/. 2 mil mensual por cada caso al Estado.

Marcelo Puelles
Redacción

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=69465

Efectos de la inmersión audiovisual

Efectos de la inmersión audiovisual

LIMA | La educación informal adquirida por televisión, videojuegos e internet, en relación a la década anterior, está produciendo estudiantes con mayores fortalezas en la inteligencia visoespacial, pero también mayores debilidades en los procesos cognitivos de alto nivel. Por ejemplo, aparecen disminuidos: vocabulario abstracto, concentración, reflexión, resolución inductiva de problemas, pensamiento crítico e imaginación. El artículo...

"Technology and Informal Education: What is taught, what is learned" (Patricia. M. Greenfield, revista Science, Vol. 323, 2/1/2009) reseña los hallazgos más recientes de la investigación:

1) El puntaje del CI verbal ha ido creciendo en el tiempo con la expansión de la televisión (por mayor divulgación del lenguaje básico); en cambio, el área verbal del SAT ha ido disminuyendo (por disminución del vocabulario abstracto propio de la lectura).

2) Jugar continuamente videojuegos violentos produce comportamientos y afectos agresivos, cognición agresiva, activación fisiológica, insensibilización con respecto a la violencia de la vida real y reducción de las conductas prosociales.

3) La realización de tareas múltiples simultáneas al atender clases usando laptops conectadas a internet, navegando por los temas expuestos y librerías de datos, lleva a que los alumnos recuerden menos material después de la clase en relación a aquellos que sólo prestaron atención al profesor.
4) Los juegos de video penalizan a quien se detiene a pensar y reflexionar.

5) Hay una asociación positiva entre lectura y capacidad de reflexión ya desde el 1er grado de primaria. Además, los lectores habituales desarrollan mayores competencias para resolver problemas de modo inductivo.

6) Dado que el pensamiento científico requiere habilidades de reflexión, análisis inductivo, pensamiento crítico, pensamiento focalizado e imaginación, éste se ve negativamente afectado por el uso intensivo de videojuegos y televisión, uso que inhibe las respuestas imaginativas.

En suma, en estos tiempos se requiere una dieta balanceada de utilización de diversos medios audiovisuales, tanto virtuales como reales, audiovisuales y auditivos e impresos, para lograr los mejores resultados en el aprendizaje formal.

Es importante que los colegios, institutos y universidades tomen nota de estos hallazgos y propongan actividades (como usar radio) que compensen las debilidades que acumulan los estudiantes por su inmersión en las tecnologías audiovisuales.

Por: Leon Trahtemberg

DATA WEB DE EDUMEDIA TECNOLOGIA EDUCATIVA