¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

17 abril 2011

Los 351 millones de soles para la corrupción

Los 351 millones de soles para la corrupción 

 De cómo Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial, transfirió fondos millonarios al Servicio de Inteligencia Nacional en forma secreta para financiar actividades ilegales. Además la historia del contralor contumaz de Fujimori.

Luego de la “entrega voluntaria” del prófugo Juan Carlos Hurtado Miller y su posterior devolución a su domicilio luego de 10 años de “clandestinidad” para no responder por la recepción de 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, queda aún saber por el destino de otros célebres reos contumaces, que no se sabe si aparecerán en medio de la actual primavera Fujimorista o si seguirán disfrutando en secreto del dinero mal habido. Uno de ellos es el excontralor Víctor Enrique Caso Lay, sin cuya participación no hubieran podido traspasarse fondos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos por un monto de 351 millones de soles en siete años.

A fines de febrero de este año, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, declaró que de ganar las elecciones fortalecería la Contraloría General de la República “para desterrar actos de corrupción en el Estado”. Extrañas palabras para la hija de un presidente que todavía tiene a su excontralor en la condición de reo contumaz, por no haber respondido a la acusación constitucional por violación de sus deberes constitucionales que le formuló su propia institución y por haber estado coludido en diversos delitos orientados a encubrir las dolosas transferencias de dinero que se hacían para que el asesor Vladimiro Montesinos pudiera disponer regularmente de importantes cantidades de dinero a través del llamado “régimen de ejecución especial”.

La propia Contraloría determinó en el año 2001 que entre el 27 de junio de 1993 y el 28 de junio de 2000, correspondiente a la gestión de Caso Lay, “la Contraloría… no ha llevado a cabo acción de control de ningún tipo en el Servicio de Inteligencia Nacional”. En este lapso se emitieron una resolución cada mes para “operaciones de inteligencia”, no fiscalizadas ni controladas, y que incluyen, entre otros, los siguientes gastos:

* Actividades del grupo Colina y otros similares;
* Actividades de infiltración en partidos políticos y sindicatos;
* Financiamiento de campañas electorales (como el pago a Hurtado Miller y los que se hacían a Carlos Raffo);
* Pago de la prensa chicha;
* Pago a dueños de canales de televisión, radio y periódicos;
* Compra de congresistas;
* Compra de jueces, fiscales, miembros del JNE, del Tribunal de Garantías Constitucionales y otros magistrados;
* Gastos personales de Vladimiro (casa de playa, viajes, ropa, amantes, etc.)
* Estudios de los hijos del presidente en el exterior, etc.

El cuadro adjunto muestra la forma como se desembolsaban estos dineros.
Contraloría¿Cuál era la responsabilidad del contralor? Una sola, actuar en nombre del Estado para verificar la aplicación de recursos para operaciones supuestamente reservadas, que si carecen de todo control se prestan para las peores arbitrariedades.

¿Cómo podría la señora Fujimori de Villanella encarnar una garantía de una Contraloría fortalecida que destierre la corrupción, si su padre instituyó una Contraloría encubridora que tapó diversos delitos, algunos de los cuales fueron en su propio beneficio?

En el año 1996, el congresista Javier Alva Orlandini requiere a la Contraloría de Caso Lay para que “remita información relativa a la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia Nacional durante los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, recibiendo como respuesta “que la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de presupuesto público...”, como si ignorara que su función es controlar todos los aspectos de la ejecución presupuestal.

En el proceso que le abre la Contraloría al excontralor, el 2001, se anota: “…demuestra negligencia, pasividad y complacencia, ocasionando la omisión e inacción de que ha facilitado el descontrol existente en el Servicio de Inteligencia Nacional, hechos que configuran indicios razonables de la comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes funcionales previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.

A sabiendasEl mismo informe indica que son agravantes a la inacción señaladas el hecho que existieran numerosas denuncias públicas a través de diversos medios de comunicación referidas a las irregularidades que se venían cometiendo en el SIN, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Justamente en relación a esto, el excontralor Caso Lay hace declaraciones los días 18 y 19 de diciembre de 1999 sosteniendo que: “La Contraloría no está facultada para investigar al ex asesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que percibe provienen del Estado”.

Frente a esta audacia, el congresista Javier Diez Canseco declaró en la misma fecha que “es vergonzoso que el contralor Caso Lay manifieste que no conoce si Vladimiro Montesinos es funcionario público, ya que los propios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, han admitido que Montesinos es funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional” (“Liberación” 18 de diciembre de 1999).

Efectivamente el asesor de Fujimori tenía desde 1992, el cargo de Asesor II, en condición ad honórem y el cargo de confianza de Asesor II, nivel F-5, en la alta dirección del SIN, conforme a Resolución del SIN del 91, y Resolución Suprema firmada por Fujimori, en 1996, respectivamente. Ambos documentos no podían ser desconocidos por quien ocupa el cargo de contralor.

denunciasOtro informe de Contraloría de octubre de 2001, advierte que en los registros de la institución se encuentran los archivos de un estudio de organización realizado por ESAN en el año 1998, para la actualización del Plan Estratégico Institucional, que recoge opiniones de los directivos y funcionarios que señalan que el despacho del contralor “concentra las decisiones”, “determina finalmente lo que se hace y lo que no se hace”, “tiene información privilegiada y orienta las acciones y opiniones dentro del contexto político”, “tiene una alta presión política para tomar decisiones sobre auditorías que queman”.

Es decir que había una dictadura interna en la entidad de control sujeta a alta presión política. ¿De quién? Obviamente del presidente y el asesor principal. Con esto la Contraloría se convirtió en una entidad muerta, pasiva e indolente como se advirtió después del cambio de gobierno. Algo más, ese estilo tramposo de manejo institucional no desapareció con el advenimiento de la democracia de los 2000. A fines de octubre del 2001, el presidente Toledo logró nombrar a Genaro Matute como nuevo contralor y recuperó la indolencia que facilita la arbitrariedad de los gobiernos. 


Detalles

Se utilizaron millones de soles de los fondos públicos para comprar congresistas, jueces, fiscales, portadas en los diarios, pago a los dueños de los canales de televisión y de radios. También para los gastos de Montesinos y los estudios de Keiko y sus hermanos entre otras cosas.

El electo fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales sostuvo que el arresto domiciliario concedido al exministro Juan Carlos Hurtado Miller es raro y benevolente, porque el exfuncionario fujimorista ha rehuido desde el comienzo la acción de la justicia. “Realmente no conozco los pormenores, pero llama la atención que la sala haya optado por una medida de esta naturaleza que a todas luces resulta muy benevolente, dado que ha habido una actitud renuente a presentarse al proceso”, declaró.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/los-351-millones-de-soles-para-la-corrupcion_84059.html

Constitución se debe cambiar por razones políticas y morales

El debate sobre una necesaria reforma de la actual Constitución heredada del régimen Fujimorista será obligatorio en los días que restan para la segunda vuelta electoral. El constitucionalista Francisco Eguiguren aporta con sus opiniones y señala que por razones políticas y morales, la Carta del 93 debe ser cambiada por un nuevo texto.

-¿Es viable y posible un cambio constitucional?, ¿o es un sacrilegio como sostienen algunos?
-No, claro que noes un sacrilego. Plantear una reforma (constitucional) siempre es posible, sea total o parcial, y en el caso de la Carta del 93 yo estoy entre quienes siempre han creído que hay razones políticas y morales para cambiarla. Es una Constitución que estuvo muy ligada al golpe de Estado de Fujimori, además es una Constitución hecha para quedarse. La Constitución del 79, fue hecha cuando el gobierno militar ya se iba, porque en el 80’ se fue. Es una diferencia importante.

-Para entender bien, la Constitución del 79 fue una Constitución de transición hacia la vía democrática
-Fue una Constitución de transición porque era un gobierno militar que ya estaba de salida y de caída, se vio forzado a convocar el proceso. Me voy, pero previamente dejo una Constitución. Pero, en cambio, la Carta del 93 viene inmediatamente después del golpe del 92, es una Constitución para quedarse, porque tiene como una las partes fuertes por ejemplo el tema de la reelección inmediata. Me parece muy mal que 18 años después sigamos viviendo con la misma Constitución. Fue hecha por un Congreso Constituyente donde el Fujimorismo tenía mayoría absoluta. Es decir, sin necesidad de acordar nada con nadie pudo y podía poner en la Constitución lo que quisiera.

-Y lo hizo.
-Lo hizo efectivamente, y reflejaba demasiado una coyuntura política que no es la actual del país y lo que ha venido después. Hay una razón política para adecuar la Constitución a la correlación de fuerzas, la representación, los nuevos cambios que ha vivido el país. Entonces, no se le puede cerrar el camino. Lo que muchos objetan, dicen: es que no se puede llamar a una Asamblea Constituyente, la única forma de reformarla total o parcial es en el Congreso. Bueno, ¿y qué pasa cuando en el Congreso no se consiguen los dos tercios de los votos? Eso qué quiere decir, que si la mayoría del pueblo quiere darse una nueva Constitución , ¿va a estar impedida porque no tiene dos tercios de los votos en el Congreso?, Entonces la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constitituyente del 93 eran técnicamente inconstitucionales y nadie los discute. Lo que creo que no sería admisible que se violente el orden constitucional para realizar una reforma.

-Esa es precisamente lo que se cuestiona a la propuesta de Gana Perú, que implica una ruptura del orden constitucional
-Bueno, hay dos caminos, uno es, sin tocar nada, es decir aplicar el artículo 206 de la Constitución que permite una reforma total o parcial aprobada en el Congreso, en dos legislaturas, por dos tercios de los votos de los congresistas, fórmula que políticamente parece inviable. El camino dos que prevé el propio artículo constitucional: lo aprueba una mayoría calificada y va a un referéndum popular. Fórmula que tal vez podría ser, y que depende simplemente de que haya una mayoría y tener los votos para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esa puerta está cerrada? Es decir una mayoría de fuerzas políticas en el parlamento se opone a ello, ¿todo está perdido?. Yo sostengo que nadie puede negar el derecho de un pueblo a darse una nueva Constitución, porque eso se llama el poder constituyente originario y es la base del derecho constitucional de primer grado, y quien no sabe eso es un animal. Qué pasa por ejemplo si un grupo de ciudadanos, en el número exigido por la ley y la Constitución reúne las firmas…

-Como los fonavistas
-Igual que los fonavistas, y dice: quiero llevar a referéndum popular una propuesta de norma que diga lo siguiente: se aprueba reformar o dejar de lado la Constitución del 93 y redactar una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente. Si se juntan las firmas y se lleva a una consulta popular y mayoritariamente el pueblo, así como dijo devuélvanle a los fonavistas y nadie lo discute, dice: quiero una nueva Constitución, no cabría otra que se apruebe esa ley en referéndum y que se convoque a una asamblea constituyente. Claro que habría otro camino también, reformar el artículo 206 de la Constitución e instituir la Asamblea Constituyente como posibilidad para la reforma total.

-Pero eso también requeriría la mayoría calificada en el Congreso.
-Así es, por eso yo creo que desde el punto de vista doctrinario, conceptual, del derecho constitucional, no se puede cerrar esa posibilidad. Porque además la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Si no, sólo el Congreso podría reformar la Constitución y eso es inaceptable. Yo sé que la fórmula de la Asamblea Constituyente no está escrita en la Constitución, pero tampoco estaba en la del 79’ ni en la anterior. Pero si se hace a través de esta consulta, de un referéndum, que es una iniciativa ciudadana y si la mayoría del pueblo dice que no, allí acabó la historia. Pero si dice que sí, quién le puede negar el derecho al pueblo a darse una nueva Constitución a través de un órgano como una Asamblea Constituyente.

-Algunos ven un riesgo totalitario en la propuesta de Gana Perú para cambiar la Constitución, una reelección al estilo Chávez. ¿Se pueden establecer candados para disminuir este riesgo?
-Ese es el ejemplo que se quiere dar, pero hay que distinguir varias cosas. Un camino constitucional y un camino no constitucional. Es decir, de Fujimori nadie lo pensaba y terminó siendo un golpista. Más sospechas de autoritarismo y golpismo provienen del Fujimorismo y varios congresistas y postulantes al nuevo Congreso participaron del régimen de facto y allí están vivitos y coleando. Ahora, en el caso de Venezuela y Ecuador, no así en Bolivia que tiene un largo proceso de reforma constitucional, las situaciones eran, políticamente, totalmente diferentes. Hugo Chávez ganó limpiamente las primeras elecciones porque el sistema político y los partidos estaban en la ruina, tenía un amplio respaldo político y por eso pudo hacer lo que quiso. Como Fujimori, que dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, acabó con la Constitución y la mayoría de los peruanos lo respaldaba y por eso hizo todo lo que quiso, durante algunos años. No miremos a otros países. Si Ollanta Humala quiere repetir un esquema Fujimorista, golpista, de convocar a una constituyente con un procedimiento que viola la Constitución tendría que ser condenado. Pero la composición política peruana hoy del Congreso, las fuerzas políticas, el Tribunal Constitucional, no le va a permitir eso.

-¿Qué riesgos conlleva para el país mantener por más tiempo esta Constitución?
-De nuevo, también en la política y en lo jurídico hay que tener una lógica de lo posible; en la política de lo políticamente posible y en lo jurídico de lo que se puede hacer dentro del marco constitucional. No es lo que uno quisiera hacer abstractamente. Es evidente que en la actual situación no es factible, de acuerdo a las características del desarrollo mundial y la globalización, pensar en esquemas cerrados al exterior, totalmente estatistas. Eso no lleva a ningún sitio y por eso nadie lo plantea.

-¿Eso implica volver a la Constitución del 79’?
-No. La Constitución del 79 tenía un modelo pluralista que permitía que dentro de ella quepan un margen importante de opciones políticas que podían pisar más el acelerador o el freno sobre alguna intervención mayor o menor del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 93 que en lo económico es fundamentalistamente neoliberal, cierra toda posibilidad, porque le asigna al Estado un rol absolutamente subsidiario, le condiciona la posibilidad de que intervenga en la actividad económica, lo cual es un tema de dogmas. Frente al dogma de los estatistas, que no tiene sentido compartir hoy en día, hay que recusar también el dogma de los neoliberales fundamentalistas que también tienen el dogma del mercado que nunca satisface a los pobres, no acaba con la pobreza y sólo privilegia a los más fuertes.

-Alguien ha llegado a decir inclusive que la bonanza económica actual es producto de esta Constitución del 93.
-Bueno, en Chile siguen discutiendo, a pesar de los años que han pasado del régimen de Pinochet, si toda la prosperidad económica de Chile se la deben a Pinochet y a su Constitución. La Constitución de Chile ha tenido un conjunto de modificaciones y la Concertación y otros gobiernos han gobernado más de dos décadas y allí ha venido el crecimiento económico. El mayor crecimiento se viene dando en democracia.

-¿Esta búsqueda de consensos que está desarrollando Gana Perú lo están llevando a aceptar que hará sólo retoques a la Constitución Fujimorista?
-Yo creo que hay sectores que no quieren que se toque nada. Porque tienen miedo de que, abriendo la puerta, se revise lo que más les preocupa que es el régimen económico. A veces hay cierta miopía política y se paga. Porque es una miopía política no darse cuenta que se necesita por razones políticas y morales una nueva Constitución para tener 20 o 30 años tranquilos de democracia y, en el plano económico, revisar sus inequidades, sus deficiencias, sus carencias para vivir en un país más tranquilo. Dicen que si se reforma la Constitución vamos a espantar la inversión.

-Lo acaba de decir el presidente de la Confiep: peligran las inversiones.
-Eso es un cuento. Porque aún con cambios todavía sigue siendo ganancia permanecer en el país. Pero yo le digo, ¿qué pone más en riesgo la inversión?, ¿mantener unas normas formales que supuestamente les ofrecen el cielo y la tierra y que nada va a cambiar, con un mensaje del siglo XIX que es insostenible políticamente hoy? ¿Y al otro lado tenemos conflictos sociales a cada rato que paralizan la posibilidad de desarrollar un proyecto minero o energético y que al final hacen fracasar esa inversión? ¿Qué espanta más a la inversión? ¿La irresponsabilidad política de quienes quieren subastar el país a precio vil y a veces con corrupción o la mejor estabilidad y seguridad que se puede ofrecer a la inversión con reglas claras pero que además generan paz social?.

Difícil restaurar la de 1979

-¿ Si se cambia la Constitución actual se debe volver a la del 79 necesariamente?
-No. Esa postura se sostuvo e incluso era parte de la propuesta del Apra. Decían que porque era una Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, una Constitución más progresista, más plural. Fue una de las tantas cosas que García cambió de la campaña, cuando llegó al gobierno. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que quienes han planteado en su momento volver a la Constitución del 79 lo hicieron como un gesto simbólico, pero momentáneo. Era volver a la del 79, pero actualizarla, porque la realidad del país y del mundo ha seguido cambiando. Treinta años después hay nuevos derechos, nuevas realidades económicas, internacionales. La Carta del 79 es un muy buen documento de base para actualizarlo y perfeccionarlo. Pero de lo que se trata es de tener una nueva Constitución que se nutra de lo mejor de la Carta del 79, de lo bueno que pueda haber en la del 93, pero que se haga una Constitución mejor para ahora y para 20 o 30 años más, y que sea producto de un acuerdo y consenso que no tuvo la del 93.

Esvieta Topovich
Redacción
 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/constitucion-se-debe-cambiar-por-razones-politicas-y-morales_84106.html

DATA WEB DE EDUMEDIA TECNOLOGIA EDUCATIVA