¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

28 julio 2010

Las promesas incumplidas de Alan García

Las promesas incumplidas de Alan García

La mayor cantidad de incumplimientos está en la reforma del Estado. En educación, la deuda será no haberle dado al sector el 6% del PBI.

Las palabras se las lleva el viento. Cada discurso de García vino con un listado de anuncios. (Perú.21)

Ahora que el presidente Alan García anda pensando en las metas que el país debe alcanzar en 2021, cuando se cumplan 200 años de nuestra independencia, es bueno que recuerde en su mensaje de hoy que todavía tiene una serie de objetivos por cumplir, que él mismo se encargó de ofrecer a la población.

La lista que presentamos es una muestra de las promesas que formuló en sus últimos cuatro mensajes a la nación, y en otras intervenciones públicas. Esta indagación nos ha permitido determinar dos momentos en el estilo de sus promesas.

El 2006 fue el año de las promesas ambiciosas, pero sin plazo de cumplimiento. Ese año se cuidó de dar la imagen de gobernante austero. Ofreció reducirse el sueldo y así lo hizo. Lo que no pudo evitar es que el gasto en publicidad estatal creciera, pese a que prometió todo lo contrario.

Un año después, puso fecha a sus ofrecimientos. En una parte de su discurso, se preguntó “¿Cómo sería el Perú de 2011?”. Se respondió a sí mismo que el empleo informal se reduciría de 53% a 35%, pero la situación sigue igual.

EDUCACIÓN
Mensaje presidencial 2006
Ofrece que los diez mejores estudiantes de cada una de las universidades del país serán convocados a partir del año 2007 para trabajar en organismos públicos.

LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Mensaje presidencial 2006
Afirma que la figura del Zar Anticorrupción recaerá en alguien ajeno al gobierno. Hoy el cargo ya no existe.

Promete reducir a la quinta parte los gastos en publicidad estatal. En 2009, el gasto en este rubro fue de S/.132 millones, y este año ya se han destinado S/.216 millones.

REFORMA DEL ESTADO
En su Plan de Gobierno propone reformar el régimen presidencial con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro que sea jefe de Gobierno, que haga de coordinador de los poderes del Estado. A la fecha, los tres jefes de gabinete de García estuvieron supeditados a su mandato político.

“Yo solo soy un coordinador de la política general del Gobierno”, dijo Velásquez Quesquén, el 13 de julio 2009.

Mensaje presidencial 2006
Proclama “la más grande austeridad y modestia en el servicio público”. Asegura que en el Estado no se contratará “ni una persona más”. Informa que encontró 937 mil empleados estatales, pero a la fecha hay más de un millón.

El escándalo en Cofopri y en Sedapal son pruebas del copamiento aprista en las altas direcciones.

Meritocracia. Declara ante el país entero que iba a preferir profesionales y técnicos sin importar el color político, siempre y cuando tengan una calidad académica, pragmática y ética comprobada, para contribuir en bien del desarrollo del Perú.

Dispone que se inicie la simplificación administrativa, eliminando barreras burocráticas, con el fin de servir mejor al ciudadano. Se aprobó la Ley de Silencio Administrativo, pero muchas instituciones públicas, sobre todo gobiernos locales, se resisten a mejorar sus procesos.

Mensaje presidencial 2009
Establece la renovación del 50% de los congresistas cuando el Gobierno esté en la mitad de su período. Anuncia que él encabezaría una campaña para realizar una consulta popular para instaurar el voto voluntario y la renovación por mitades del Congreso. A la fecha no hay resultados y en el Parlamento ya se frustró la iniciativa.

Octubre 2007
Plantea utilizar de una manera eficiente los recursos en favor del ciudadano, a través de Perucompras. Si bien fue lanzado con bombos y platillos en 2008 aún no se cuenta con los recursos para su implementación.

JUSTICIA
Mensaje presidencial 2008
Anuncia la reapertura de la colonia penal del SEPA para casos de corrupción.

Agosto de 2006
Plantea la pena de muerte para violadores de niños.

DEFENSA
Mensaje presidencial 2009
Promete poner en operatividad todos los aviones de la FAP. A la fecha, algunas naves están funcionando.

Ofrece repotenciar todos los helicópteros MI-17.

ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD
Febrero de 2010
Anuncia que aumentará el sueldo de los miembros de la Policía, de acuerdo con un estricto orden de méritos. Se conformó una comisión técnica para que evalúe el tema, pero hasta ahora no hay ninguna propuesta definitiva.

INFRAESTRUCTURA
Mensaje presidencial 2009
Afirma que se impulsará la construcción del tren para minerales desde Cajamarca hasta Bayóvar. El proyecto ha salido de la lista de prioridades de Proinversión.

Se compromete a completar la autopista desde Tacna hasta Tumbes. Está pendiente la concesión del tramo Ica-Tacna (2011).

LABORAL
Mensaje presidencial 2007
Asegura que el empleo informal se reducirá de 53% a 35% y que se crearán 1.5 millones de puestos de trabajo. Aunque los empleos han aumentado, los niveles de empleo informal se mantienen.

Propone la creación de un Pacto Social entre los grandes, medianos y pequeños empresarios con los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados o informales. La propuesta no prosperó y la plataforma de diálogo entre empresarios y trabajadores se mantuvo en el Consejo Nacional de Trabajo.

SALUD
Mensaje presidencial 2007
Promete construir tres hospitales de emergencia en la periferia de Lima con lo que se obtenga por la venta del avión presidencial. La nave sigue en poder del Estado.

Agosto de 2007
Después del terremoto en Pisco, ofreció que los escombros se levantarían en diez días. No cumplió y la reconstrucción todavía no culmina tres años más tarde.

ECONOMÍA
Ofrece el TLC hacia dentro. El término lo acuñó Hernando de Soto a quien le pidió implementarlo como un enfoque de inclusión de las mayorías a los beneficios de la apertura de los mercados y de mejora de la competitividad. Con la posterior renuncia de De Soto al encargo, el tema quedó archivado.

Mensaje presidencial 2006
Asegura que Perú superará en términos económicos a Chile. El PBI per cápita chileno es superior a US$14,000, mientras que el del Perú se ubica en US$8,600.

Mensaje presidencial 2007
Promete que la distancia entre el 20% más rico del Perú y el 50% más humilde se habrá reducido a la mitad. En 2009, el coeficiente Gini, que mide los niveles de desigualdad, subió de 0.479 a 0.496.

AGRICULTURA
Mensaje presidencial 2006
Ofrece impulsar el programa Sierra Exportadora. Hasta la fecha, los logros no son muy claros.


fuente:

http://peru21.pe/noticia/615006/promesas-incumplidas-alan-garcia

¿A quiénes les suben los impuestos?

¿A quiénes les suben los impuestos?



Todo el mundo se sabe el viejo refrán que dice que no hay nada inevitable excepto la muerte y los impuestos. Pero casi todos nosotros invertimos mucha energía en intentar posponerlos. Los impuestos son una idea muy impopular, en cualquier parte. Poca gente se queja de que no le cobren los suficientes impuestos. El problema es que casi todo el mundo quiere que muchas cosas se paguen con ellos.

Apenas hace poco hubo unos resultados sorprendentes en una encuesta en Francia. Este país tiene una de las más altas tasas de impuestos del mundo y, no obstante, la mayoría de la población considera inevitable que haya más aumentos fiscales. Lo más sorprendente, pese al hecho de que Francia cuenta ahora con un gobierno de derecha, es que son más votantes de la derecha los que esperan que haya un aumento de impuestos que votantes de la izquierda; más los votantes prósperos que los votantes más pobres.

El hecho simple es que casi no hay gobierno alguno en el mundo, a escala nacional o local, que tenga los suficientes ingresos como para cubrir el nivel de gastos mandatado por la ley, más lo deseado por la mayoría de su electorado. Así, estos gobiernos piden prestado dinero y se meten en deudas (aun más), lo cual es impopular, y/o reducen los gastos a costa de alguien. Sin embargo, la realidad es que ni pedir prestado o ni cortar gastos parece ser suficiente.

El resultado neto es que todos los gobiernos, en todas partes, están incrementando los impuestos, y continuarán haciéndolo durante los próximos años. Pero la mayoría de ellos niega que lo están haciendo. ¿Cómo puede alguien ocultar que aumentan los impuestos? Hay múltiples maneras de hacerlo.

El modo número uno es incrementar el costo de los servicios gubernamentales. Si un gobierno aumenta la cuota de una solicitud para un documento o una licencia, eso le aumenta impuestos al solicitante. Si un gobierno pospone la edad en que se es elegible para recibir una pensión, eso le aumenta impuestos al pensionado potencial.

El modo número dos es que un gobierno elimine un subsidio al que antes estaba comprometido. Si éste era el subsidio a una empresa, eso es un aumento fiscal a la empresa, que con frecuencia (pero no siempre) puede pasarse a los consumidores. Si el subsidio estaba dirigido a un individuo –por ejemplo el seguro de desempleo–, eliminarlo o reducirlo le incrementa los impuestos al individuo.

Pero la más importante reducción de un subsidio, porque es la menos obvia, ocurre cuando un gobierno nacional reduce una de las penetrantes transferencias monetarias a un gobierno de una localidad. Lo que esto hace es simplemente alterar el locus de un incremento fiscal, del nivel nacional, al nivel local. El gobierno local tiene entonces dos opciones. Puede subir los impuestos para cubrir la deficiencia, digamos incrementando los impuestos a la propiedad. O puede reducir sus gastos, digamos reduciendo lo que a escala local invierte en educación.

Si el gobierno local gasta menos en educación pública, es razonable suponer que la calidad de la educación ofrecida también se verá disminuida. Esto puede conducir a una respuesta de los residentes más pudientes, aquellos que pueden permitirse a nivel privado costear la educación de sus hijos. La gente más pobre obtendrá educación más pobre o no obtendrá educación alguna. A los pudientes les sube el costo, lo que en efecto es un aumento en impuestos, pero es uno que no beneficia al grueso de la población.

Los impuestos son inevitables, de hecho, y no hay momento peor para eso que cuando la economía-mundo está en pobres condiciones, como lo está en este momento. Lo que no es inevitable es el grupo o grupos para quienes la carga es mayor. Todo es cuestión de saber de quién es el buey sacrificado. Alguna gente, tajante, le llama a esto lucha de clases. Es impulsada con ferocidad en los días que corren.

El único lema al que uno no debería concederle alguna credibilidad es al de menores impuestos, bajaremos impuestos. No hay manera alguna de hacer algo así. Hay sin embargo formas más justas o menos justas de la imposición fiscal. La cuestión que todos enfrentamos es a quiénes le suben los impuestos, y por cuál vía. Ésta es una de las batallas políticas de nuestro tiempo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/24/index.php?section=opinion&article=022a1mun

Traducción: Ramón Vera Herrera

¡Alerta! Ha retornado el latifundio

Proyecto de Ley aprista busca fortalecer la gran propiedad
¡Alerta! Ha retornado el latifundio


“La Ley de Límites de las tierras eliminará la concentración en el agro”, ha manifestando el congresista aprista Jorge del Castillo, acerca de su proyecto de ley para –supuestamente- impedir la creación de monopolios que “ahuyenten” la inversión extranjera. Pese a que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se opongan –en su dogmatismo neoliberal- a cualquier tipo de límites a la concentración de tierras agrícolas, esta norma afianzará no sólo la gran propiedad, sino que también reafirmará un neo gamonalismo mucho más fuerte y depredador que aquel que fue expropiado por el Estado durante el régimen populista del general Juan Velasco Alvarado, en 1969.

Como se sabe, el proyecto de Del Castillo propone limitar a 40 mil hectáreas el tamaño máximo en manos de un propietario. Sin embargo, estas dimensiones constituyen áreas mucho mas grandes de las que ocuparon las haciendas costeñas existentes antes de la Reforma Agraria del año 1969, promovida por el velasquismo. Cabe recordar que el latifundio más grande de entonces en la costa era la Hacienda Casa Grande, que ocupaba unas 29 mil hectáreas.

La reforma agraria de aquel entonces, expropió los latifundios que ocupaban un área superior a 150 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego. A despecho de su slogan mas publicitado: "La tierra para quien la trabaja", la reforma no subdividió las tierras, sino que incluso en varios casos juntó haciendas para integrarlas en una denominada Cooperativa Agraria de Producción (CAP) o la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS).

El experimento de las CAP y las SAIS no duró mucho, terminando estas, en su mayoría, quebrando y siendo repartidas en parcelas entre los "beneficiarios". Al final del proceso de reforma agraria, tenemos que estos pequeños productores han pasado a formar esa masa de campesinos que constituyen actualmente la mayoría en el sector agrícola.

Retorno del gamonalismo

Hoy hacia mediados del 2010, podemos afirmar categóricamente que el latifundio y el gamonalismo han retornado con fuerza. Algunos ejemplos servirán para tener un cuadro aproximado de este proceso de acumulación de tierras.

Actualmente, en Piura, la acumulación de tierras en lo que se podría denominar un “neolatifundismo”, llega a 31,795 hectáreas, en manos de 7 propietarios. En Lambayeque se llega a 28,300 hectáreas, en manos de 2 propietarios; en Ancash la concentración llega a 16 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en San Martín unas 20 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en Lima, a 17,200 hectáreas entre dos propietarios. En Ica, la concentración terrateniente llega a 13,015 hectáreas divididas entre 34 propietarios; en Arequipa existen 1,200 hectáreas concentradas en un sólo propietario; y finalmente en La Libertad existe una concentración de tierra en grandes propiedades, por un área de 97,967 hectáreas divididas entre 13 propietarios. Es decir, la normas sobre limitación a la acumulación de la gran propiedad agraria no va afectar a nadie, y encima no cuestiona los mecanismos que han permitido esta concentración de tierras muchas veces, a costa de las de los pequeños productores y comunidades campesinas.

La "democracia" y la Gran Propiedad

Apenas culminado el régimen de las Fuerzas Armadas, y con el retorno a la "democracia burguesa", fue el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a 1985), que emitió en diciembre de 1980 el Decreto Legislativo 002 (25/11/80), que culmina el proceso iniciado por Velasco Alvarado, legalizando las parcelaciones. Este gobierno y el siguiente, encabezado por Alan García Pérez (1985 a 1990), emitieron normas para regular el uso de las tierras eriazas mediante la irrigación. Con el Decreto Supremo 029-88-AG, de 1988, se elevó el límite a la gran propiedad en irrigaciones de la costa a 450 hectáreas, es decir, tres veces más del límite establecido por la Reforma Agraria, y en la práctica se creaba el marco legal para el retorno de la gran propiedad.

Neoliberalismo y expropiación a las comunidades

Con las políticas neoliberales impuestas por el régimen de Alberto Fujimori (1990 a 2000) se profundizó este proceso que evolucionaba una nueva concentración de tierras. El Decreto Supremo 011-91-AG, del año 1991, dio luz verde a la introducción de las "sociedades anónimas" en el “dominio, conducción, arrendamiento e hipoteca” de la propiedad agraria.
Además, elevó a 1,000 hectáreas el tamaño admitido de las tierras que se incorporasen al cultivo mediante irrigaciones que partieran de la "iniciativa privada". Es decir ya estaba configurado el panorama para que se fuera incrementando el proceso de concentración, en desmedro de las tierras comunales.

Esto se produjo a raíz de que el año 1991, mediante el Decreto Legislativo 653 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario) estableció que las tierras eriazas (no cultivadas o en abandono) pasaban a ser propiedad del Estado, incluyendo en esa categoría a las tierras de las comunidades que no tuvieran su respectivo "título de propiedad". Además el dispositivo legal aprobó los arrendamientos de tierras comunales.

Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, y con la dación de la nueva Constitución de 1993, se permitió la venta de las tierras comunales, incorporando un nuevo factor de desprotección para ellas. En dicha "Carta Magna", se estableció (Artículo 88) que "la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona".

Surge la servidumbre minera

Mediante Ley 26505, Ley de Tierras, del año 1995, se eliminó todo límite en la superficie de las tierras, lo que permitió una mayor acumulación de la gran propiedad, así como las transferencias de las mismas. Poco después, mediante una norma modificatoria, se determinó otorgar servidumbre a las empresas mineras previo acuerdo con el propietario de tierras, entre ellos las comunidades campesinas. Si no se llegaba a un acuerdo, se establecía la servidumbre minera. En junio del 2008, un decreto legislativo dado por el gobierno de Alan García estableció que las servidumbres se otorgarían de oficio, sin ninguna consulta previa.

Con la Ley de Titulación de las comunidades campesinas de la costa, del año 1997, se introdujo la figura de «abandono de tierras» en el caso de las tierras comunales que dejaban de ser cultivadas. De esta forma, el Estado continuaba con las apropiaciones.

En el primer semestre del 2008, ya el segundo gobierno de Alan García solicitó facultades legislativas y promulgó varios decretos legislativos que han resquebrajado aun mas los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre la tierra, lo cual provocó las últimas olas de protestas, determinando su modificatoria en el Congreso o la presentación de proyectos con el mismo fin de modificar tales normas lesivas.

Mecanismos que han permitido la acomulación de la Gran Propiedad:
Ampliar la frontera agrícola



El Estado, al emprender grandes obras de irrigación ha tenido una misión clara: Ampliar la frontera agrícola y ponerla a disposición de los intereses de los grupos de poder económico en el agro. Antes del Fujimorato, las tierras ganadas al desierto, en la costa, mediante obras de irrigación emprendidas con inversión pública, eran transferidas aun a la mediana y pequeña propiedad, es decir pequeños y medianos agricultores. Allí están los ejemplos de la irrigación de Majes en Arequipa, la colonización de San Lorenzo (Piura), etc. Sin embargo, eso acabó con las nuevas normas dadas por Alberto Fujimori, que dio mayor y hasta exclusiva preferencia en el acceso de esas nuevas tierras a los grandes inversionistas.

Esa era la tendencia del neoliberalismo en el agro. Y esa misma línea ha seguido el actual régimen alanista, que ha contribuido al crecimiento de la gran propiedad vendiendo las tierras logradas con las irrigaciones, a los grandes inversionistas que producen exclusivamente para la exportación. Por ejemplo, el proyecto de irrigación Chavimochic, en el norte del país, ha sido responsable de la ampliación de las tres cuartas partes de la frontera agrícola del Valle del Río Santa. Estas han sido adquiridas por sólo 11 inversionistas. Este proyecto se ha desarrollado con inversión privada, y tiene previsto ampliar la frontera agrícola en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, siendo el mayor inversionista Camposol quien tiene ya una importante presencia en Piura y Barranca, sumando en total 15,500 hectáreas de latifundio.

Y ese parece ser el modelo a seguir. Está en los planes de Alan García unir la irrigación del Chira-Piura, Tinajones, San Lorenzo, Jequetepeque - Zaña, Chavimochic y Chinecas en un gran proyecto de agroexportación, es decir destinado a los inversionistas y productores en esa orientación. Por ello puede afirmarse que la adquisición de tierras eriazas es la principal vía por la cual se fortalecen y crecen los nuevos latifundios. Comprar acciones de empresas azucareras y adquirir grandes parcelas en las subastas públicas de proyectos de irrigación.

Privatización de las cooperativas azucareras

Para entender esto hay que retroceder a la reforma agraria velasquistas. Para proceder a este trascendental cambio, el gobierno militar determinó que los grandes complejos agroindustriales de la costa sean expropiados y adjudicados a doce cooperativas que se formaron para tal efecto. De esta operación se contó con un total de 128 mil hectáreas de dichas empresas y con 27,783 “beneficiarios”, entre técnicos, empleados y trabajadores de campo. La pésima administración de las nuevas entidades productivas y una aparente crisis económica en el agro, desde 1975 a entrada la década de los 90’s, terminaron por hacerlas quebrar, acumulando onerosas deudas en los hombros del Estado.

La solución del régimen fujimorista fue capitalizar las deudas, y vender las acciones a inversionistas privados, asumiendo el Estado un papel pasivo de “copropietario”. Finalmente, las cooperativas ya en manos privadas la mayoría de sus acciones, se convirtieron en sociedades mercantiles.

Concesiones a actividades extractivas
Entre las actividades extractivas que han permitido al gran capital el adjudicarse tierras en gran escala mediante Concesiones, están la minería, hidrocarburos y forestal. En el caso de la minería, durante casi la última década los derechos mineros se han duplicado. Para el año 2008 ya ocupaba una superficie de 16.3 millones de hectáreas, equivalentes al 12.8% de la extensión total del Perú., entre áreas de explotación y exploración.

Esto les da no sólo un poder económico, sino político, a través de la influencia de sus lobbys en las máximas instancias del Estado y el gobierno. Es casi seguro que por cada concesión se haya cometido un “faenón”. Todo ello a costa de la vulneración de los derechos de las comunidades campesinas y nativas a los recursos y la tierra, que venían ocupando, y gracias a diversas normas que así lo han permitido y lo seguirán haciendo. Pero el impacto social y ambiental sobrepasa los límites territoriales de las propias concesiones adquiridas.

Así mismo, los contratos para la explotación de hidrocarburos en la Amazonía cubren extensas áreas, de hasta 44 millones de hectáreas a diciembre de 2007. Los territorios con más áreas bajo concesión son las cuencas del Ucayali (23% del total) y del Marañón (56% del total), respectivamente.

Por ejemplo, Maple que es una de las empresas que más ha invertido en diversas regiones, planea en esa área producir etanol, y eso a partir de la caña de azúcar en las plantaciones que posee en el Valle del Río Chira. Es toda una cadena productiva.

Pero a quienes se han dado las mayores concesiones territoriales, -principalmente en la Selva-, ha sido para la actividad forestal. Las áreas concesionadas para explotaciones forestales están por encima de los 7.6 millones de hectáreas, que constituyen casi el 70 % de la superficie total de la Amazonía peruana.

Producción de agrocombustibles

Desde que se descubrió que los agro-combustibles podían sustituir progresivamente a los combustibles fósiles -petróleo y sus derivados hidrocarburos, los ojos de las transnacionales viraron hacia los países productores nuevamente.

La transnacional norteamericana Maple, compró al Gobierno Regional de Piura más de 10,000 hectáreas de tierras eriazas, con derecho a agua. Como ya mencionamos, su finalidad era tener mayor espacio para sembrar caña de azúcar, necesaria como insumo para la producción de etanol en las áreas concesionadas que tiene en la selva. En Piura, Maple ha llegado a ocupar una extensión total de 11,975 hectáreas, gracias a la adquisición de más tierras a los productores agrarios.

Por su parte, el Grupo Romero, también en Piura, adquirió más de 3 mil hectáreas en el valle del Chira, con la misma intención que la otra empresa. Tras constituir la empresa “Caña Brava”, adquirió más de 8 mil hectáreas, y ahora busca ampliar su “latifundio” a 10,000 hectáreas.

El grupo Romero posee grandes extensiones de cultivos de palma aceitera en la selva alta, destinados tanto al consumo humano, como a la producción de biodiesel, otro “agrocombustible”.

Para tener una idea de la importancia que tiene la palma aceitera, en las empresas que vienen adjudicándose grandes áreas, cabe señalar por ejemplo, que proyecto Shanusi, entre Loreto y San Martín, tenía sembradas 8,000 hectáreas hacia mediados del 2008. Al mismo tiempo, Palma del Espino, en Tocache (San Martín) contaba con 12,000 hectáreas de palmas cultivadas, y con una proyección de 15,000 hectáreas para el año 2012. Así que los intereses en la adquisición de territorios tienen los ojos puestos en esas regiones.

Expropiación y compras de tierras

La legislación que permitió la apertura del mercado de tierras fue dándose pausadamente durante la década de 1980, para alcanzar un punto culminante con la llamada Ley de Tierras, de 1995. Pero a pesar de tener una vigencia de más de catorce años, no parece que el mercado de tierras sea el principal mecanismo del actual proceso de concentración de la propiedad.

La abundancia de pequeñas propiedades y la falta de saneamiento legal de los derechos de propiedad, puede desestimular a los inversionistas, quienes tienen de todos modos la posibilidad de acceder a tierras no ocupadas previamente, como se ha mostrado líneas arriba.

En Ica el proceso de compraventa de tierras fue atractivo pero la escasez de agua -aparentemente agudizado por las nuevas empresas agroexportadoras—, impidió que sea mayor.

Se sabe también que en el valle de Piura se ha generado un mercado de tierras relativamente activo, Y son los pequeños agricultores los que constituyen el grueso de los vendedores. Algunas compras conocidas son las efectuadas por el Grupo Romero, de tierras de la antigua cooperativa.

Huando, en Huaral (alrededor de 500 hectáreas); por Camposol en Piura y Barranca; y por Complejo Agrícola Beta en Chiclayo (1,200 hectáreas) y Piura (200 hectáreas). Recientemente, El Grupo Romero ha adquirido del gobierno central y la Región San Martín 8,000 hectáreas de tierras.

Al amparo de algunos decretos legislativos dados en junio de 2008, las tierras eriazas de algunas comunidades campesinas que no tenían títulos de propiedad han sido virtualmente confiscadas por el Estado y puestas en subasta para su compra por inversionistas. Ese es el caso de las comunidades campesinas de Santa Lucía de Ferreñafe y Olmos, ambas en Lambayeque.

Epílogo
Todo este panorama nos permite tener una mejor visión de los conflictos sociales de los últimos años, y una perspectiva de lo que pueden esperar los sectores campesinos y nativos respecto a la actitud del Estado y la mayor penetración del capital privado, nacional o trasnacional, en las actividades productivas e industriales, a costa de la apropiación de los territorios de pueblos originarios e incluso de los medianos y pequeños propietarios agrarios. Nuevas luchas se avecinan y también ello exige estrategias diferentes a las hasta hoy empleadas para impedir la acumulación de la gran propiedad o darle batalla a los expropiadores. Y ello será parte de la evaluación que haremos en el próximo número. A continuación, algunas conclusiones preliminares.

-A cuarenta años del inicio del proceso de la reforma agraria promovida por el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, vivimos un proceso a la inversa, de retorno del latifundio.

-Pese a que últimamente voceros del alanismo han propuesto un proyecto de Ley que aparentemente “limita” el tamaño de las grandes propiedades, esto tendrá efectos adversos hacia la pequeña propiedad, legalizando desde ya algunas concentraciones de tierras que se han venido gestando en las últimas décadas.

-La concentración de la gran propiedad se está dando en condiciones de crecimiento de la agroexportación, y principalmente en la costa, se ha visto el resurgir de los “latifundios”.

Modelo económico que centra en el derecho a la propiedad pero paradójicamente excluye a la mayoría de pequeños propietarios del acceso a la propiedad y a los recursos naturales en manos de pocos.

-Según ya refieren especialistas en el tema, que han aportado los principales datos para este informe, estos hechos referidos, “están generando situaciones de abismal inequidad, similares a las que se vivían en el Perú antes de la reforma agraria de 1969. Esta creciente desigualdad es terreno fértil para conflictos sociales y políticos”. (La Revista Agraria (CEPES), Año 11 Nº 119 - Junio 2010, y Año 10 Nº 107 - Mayo del 2009).

fuente:
http://www.uslperu.blogspot.com/

La promesa incumplida

Hoy, día de la patria, cabe esperar un mensaje presidencial nutrido de promesas que no se van a cumplir, de mentiras estadísticas y de silencios de peso: sobre la matanza de Bagua, sobre la realidad de la salud y la Educación (incluida la crisis universitaria), sobre el Desempleo, los salarios de hambre, el desamparo de los niños de Puno y de todo el sur frente a las heladas, la corrupción, el despojo en la selva, la venta del gas de Camisea a Chile.

Jorge Basadre es uno de los hombres que mejor estudió al Perú y que, como José Carlos Mariátegui, propuso soluciones de fondo para nuestros males.

Basadre ubicó los grandes males del Perú: el Estado empírico y el abismo social.

Aludió también a las tres dimensiones históricas de nuestro país: la etapa prehispánica, la colonial y la del futuro. Las más breves, dijo, son las dos primeras. La más prolongada es la del futuro. El filósofo alemán Martin Heidegger, de inclinación nazi por desgracia, escribió que el hombre es “un ser de lejanías”. Tiene un pasado extenso e inspirador, un breve presente y un futuro abierto. Basadre nos convoca a trabajar en esta dimensión esperanzada, para construir un país con justicia e igualdad.

En el número 7 de su revista Historia, en 1944, escribió Basadre: “Hemos gritado ‘¡Perú!’ como muchos otros, si bien aquí ese grito no es como el de aquellos capitalistas que cuando dicen ‘Dios’ están pensando ‘algodón’. Cuando gritamos ‘¡Perú! ¡Perú!’ no queremos decir ‘nuestros privilegios injustos’, así como tampoco ‘nuestros apetitos’ o ‘nuestros resentimientos’. Entendemos al Perú como raíz y como floración, como convivencia pero también como ‘promesa’. Insistimos en que no se le ve, si no se le ve como problema y posibilidad”.

El gran historiador, que fue uno de los más infatigables y severos trabajadores intelectuales que haya tenido el Perú, habló de “la promesa incumplida de la vida peruana”.

¿Cuál era esa promesa?

Para él, la promesa fundacional hablaba de desarrollo económico y creación de un mínimo de bienestar para cada ciudadano y de oportunidades para todos. Hubo lágrimas de gozo, rememora, el 28 de Julio de 1821, en la Plaza de Armas de Lima, cuando se juró la independencia.

Pero pronto se escucharon quejas y protestas, “voces de ira y desengaños, recitaciones vacías, loas serviles, alardes mentidos; y se ven, al mismo tiempo, encumbramientos injustos, pecados impunes, arbitrariedades cínicas y oportunidades malgastadas”.

Esta frase última puede parecer escrita para hoy, para fustigar al régimen de Alan García. Nada de eso. Figura en el libro de Basadre Meditaciones sobre el destino histórico del Perú, publicado en 1947, hace 63 años. Lo cual demuestra la penetrante visión del maestro.

Sigue incumplida la promesa de la vida peruana.

Columna del Director

César Lévano
Razón Social
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
Publicado: Hoy 28 de julio del 2010

El baguazo y cuatro años de discriminación a los nativos

Una visión fallida del gobierno hacia nuestros hermanos de la selva y el Ande. Quisieron acabar la protesta a balazos y abrieron heridas profundas entre los peruanos.



Los cuatro años del segundo gobierno de Alan García se han caracterizado también por la visión discriminatoria del Ejecutivo hacia las comunidades indígenas y por el aumento de la persecución de dirigentes y los conflictos sociales; y ninguna medida concreta ha sido emitida para solucionar esta situación.

El gobierno realizó, entre los años 2006 y 2007, modificaciones al Código Penal bajo el argumento de “mantener la paz, la seguridad pública y el orden constitucional”. Las protestas pasaron a ser castigadas como delito de extorsión. Las condenas fueron aumentadas para quienes cometan disturbios y fue endurecida la pena para el delito de apología a la violencia.

Perro del Hortelano
El Decreto Legislativo 982 coronó las medidas adoptadas para frenar y acallar las protestas sociales. Esa norma determina que ningún miembro de la Policía y las Fuerzas Armadas puede ser enjuiciado por causar lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber. El gobierno acusó, además, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a algunos integrantes de la Iglesia Católica de azuzar los conflictos sociales.

García presentó su teoría de “El Perro del Hortelano”, mediante la cual pretendió justificar la entrega de gran parte de la selva y la sierra del país a capitalistas principalmente extranjeros, bajo el argumento que las comunidades indígenas son dueñas del suelo donde viven, mas no del subsuelo, donde existen recursos naturales como gas y minerales preciosos.

Emitió un paquete de normas legales y promovió la concesión de extensas áreas, sin haber consultado a las poblaciones, vulnerando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esas normas produjeron protestas, más conflictos y violentas represiones.

El Baguazo
De todos los conflictos y enfrentamientos, el que dejó peor saldo fue el Baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009. Las comunidades nativas protestaron en toda la Amazonía contra las pretensiones del gobierno de entregar las tierras donde ellos viven, a transnacionales petroleras y mineras. En Bagua, los nativos bloquearon la carretera Fernando Belaunde, a la altura de la “Curva del Diablo”. Luego de casi 50 días de protestas, el gobierno decidió desbloquear la vía utilizando la fuerza desmedida en una operación improvisada y mal planificada.

La madrugada de aquel 5 de junio policías al mando de los generales Luis Muguruza y Javier Uribe iniciaron la represión, pese a que existía el compromiso de los nativos para desalojar la vía cuando amanezca. El saldo fue 33 muertos, entre policías y nativos. El mayor Felipe Bazán Caballero desapareció durante el Baguazo, y no aparece hasta el momento.

Persecución judicial
Las investigaciones y los juicios tras el Baguazo y otras manifestaciones han recaído sobre las cabezas visibles, apus, dirigentes de organizaciones sociales, periodistas e incluso religiosos, quienes son víctimas de hostigamiento y persecución judicial. Actualmente existen casi 2 mil dirigentes sociales enjuiciados por manifestarse en defensa de la naturaleza, la tierra y los derechos humanos.

El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, salió del país. Permaneció asilado un año en Nicaragua. Regresó hace un mes y fue detenido, pero luego liberado y ahora afronta sus procesos en libertad condicional.

Ley de Consulta
Un año después del Baguazo, el Congreso aprobó la Ley de Consulta Previa para las comunidades indígenas, para obligar al Estado a implementar la consulta a las comunidades antes de permitir el inicio de las actividades de exploración o explotación y, en general, tomar cualquier medida política, económica y administrativa que las afecte. El Ejecutivo debía velar para que se llegue a un acuerdo, un consentimiento.

Sin embargo, el presidente Alan García observó la norma y la devolvió al Parlamento. Las comisiones de Pueblos Andinos y Amazónicos y de Medio Ambiente del Congreso insistieron en la ley, pero la Comisión de Constitución se allanó a las observaciones.

Está pendiente un nuevo debate de los informes de esas comisiones en el pleno del Congreso. Las comunidades nativas no pierden la esperanza de que la ley se apruebe, pero tampoco descartan realizar nuevas protestas para hacer respetar sus derechos.


fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=67112

19 julio 2010

El Estado contra los pueblos indios

Bolivia-Ecuador
El Estado contra los pueblos indios

mariategui.blogspot.com

“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”[2].


Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

Fuente: http://mariategui.blogspot.com/2010/07/bolivia-ecuador-el-estado-contra-los.html

13 julio 2010

FUJIMORI EN EL PARAÍSO

FUJIMORI EN EL PARAÍSO


Justificar a ambos lados

Habla de coraje el hombre al que le temblaba la voz cuando se dirigió a buscar refugio en la embajada del Japón la noche del fallido golpe del general Salinas Sedó.

Habla de honor el hombre que emputeció a la Fuerza Armada, hizo del Congreso un chiquero, suprimió el orden constitucional, desconoció su firma y hasta su huella digital con tal de no pagarle una deuda a la madre de sus hijos.

Habla de orgullo de sí mismo el sujeto que quiso ser senador japonés para obtener la inmunidad que lo librara del alcance de la ley.

Habla de responsabilidad el hombre que llenó 45 maletas de vídeos, dinero y botines diversos, tomó el avión presidencial y pasó de Brunei a Tokio (Nadie le creyó en su momento a Barba) donde pidió asilo y desde donde renunció por fax a la presidencia de la República, es mas la cínica de la Cuculiza insulto a Barba alegando que su héroe jamás haría tal cosa.

Habla de amor por la patria el jefe de una banda que saqueó las cuentas del tesoro público por un valor que los más conservadores estiman en dos mil millones de dólares.

Habla del veredicto de la historia el sujeto que estaba pescando en Iquitos cuando la policía de La DINCOTE, sin ninguna ayuda de Montesinos, capturó a Abimael Guzmán, el hombre que huyó del país tras descubrirse cómo es que Montesinos compraba esos congresistas que hoy deben estar frotándose las manos.

Qué patético pobre diablo es Fujimori. Se atribuye todos los poderes para las cosas que salieron bien, y se pinta como un presidente disminuido, desinformado e irresponsable cuando le mencionan los asesinatos que cometían los criminales a los que él felicitaba, ascendía y amnistiaba.

“Yo era comandante de Las Fuerzas Armadas en el sentido en que un entrenador de fútbol comanda al equipo”, dijo ayer destilando la esencia de su legendaria cobardía, la que sin embargo no aparentaba cuando estando en el poder se atribuía todo el éxito y manifestaba que el disponía todo como Jefe Supremo de las FFAA.

O sea que debemos alabarlo por haber “comandado” las fuerzas armadas que derrotaron al senderismo, pero debemos exonerarlo de toda responsabilidad cuando esas mismas fuerzas armadas mataban ancianos, niños y mujeres en las alturas de Ayacucho cuando ello salió a la luz.

Debemos agradecerle el haber sacado al país de la crisis económica en la que nos hundió Alan García –quien hizo tanto para que Fujimori lo sucediera-, pero tenemos que olvidar que con él todos los derechos del trabajador fueron abolidos, todo asomo de equidad fue perseguido, toda corrupción en el proceso de las privatizaciones fue posible, es decir vendió toda la riqueza de la abuelita y su cofre quedó vacío...porque quedó en manos de los corruptos.

Tenemos que decirle gracias por la paz con Ecuador –Tiwinza incluida, derechos de navegación ecuatorianos en ríos peruanos incluidos- pero no podemos recordarle su repugnante papel en la derrota peruana del Cenepa, cuando nuestros soldados carecían de logística, comunicaciones y, en muchos casos, de rancho y de zapatos y lo que es peor ocultar la entrega de 42 Km2 en la zona del Cucumaza Bumbuisa y el Yaupi Santiago.

Debemos ser gratos con su régimen porque “refundó el país” (Fujimori dixit), pero tenemos que olvidarnos de que quince de sus ministros o están presos o están con orden de captura por ladrones.

Debemos ser fujimoristas por las escuelas que sembró el Fonades, pero no debemos evocar la prensa inmunda que él creó para ensuciar a sus adversarios y, seguramente, “elevar el nivel cultural”.

Este demócrata que cerró el Congreso, este honrado que permitió la rapiña más grande de la que se tenga noticia, este ciudadano ejemplar que convirtió a un edecán en fiscal para entrar a robar maletas en la casa de Trinidad Becerra, este hombre decente que tuvo como socio a Montesinos, este estadista al que defienden sujetos como Saravá, este ángel que vivió entre alimañas, este hombre ejemplar que dio un golpe de Estado cuando su esposa, en un rapto de bendita locura, denunció los asaltos de la hermana Rosa y del cuñado Aritomi a la caja de Apenkai, este probo encubridor de Miyagusuku, esta vergüenza que grita lo que lee y juega con la voluntad de olvidar de los peruanos, este señor Fujimori, en suma, sigue siendo exactamente el mismo miserable que la miseria moral adora y hace suyo.

El secreto de Fujimori es que ha convertido en socialmente exitosos los peores vicios de la “peruanidad”: la crueldad en el tumulto, el cinismo como método y, sobre todo, la cobardía elevada a la categoría de función vital.

El triunfo de Keiko Fujimori, de darse, será el resumen vistoso de la tragicomedia nacional y una prueba de que hay países económicamente pujantes y moralmente inviables.

Es decir la misma sangre infectada corre ahora por las venas de Keiko Sofía, en su desesperado afán por intentar aspirar a La Presidencia, utiliza la millonaria reserva cínicamente robada a las arcas del estado peruano, con fines electoreros, y realmente da pena ver que existen aún muchísimos que siguen subyugados al fujimorismo y gritan sin muchas veces terminar de entender lo que vociferan y todo por haber recibido una miserable dádiva.

El poder judicial en alguna forma le ha devuelto al país algo de dignidad, y hubiera sido bueno que también investiguen y repatrien toda la millonaria caja fuerte que el inestable Alberto Kenyo Fujimori, debe tener en Japón, y que finalmente lo disfrutará su oportunista esposa nipona.....y allí se cumple "NADIE SABE PARA QUIEN ROBA...perdón PARA QUIEN TRABAJA....

Seria realmente una vergüenza nacional que se permita que Keiko Sofia Fujimori se postule por lo menos como candidata presidencial. ... una señora sin ninguna experiencia laboral consecuentemente sin bases de respeto al trabajador ni al conocimiento de un solo sol logrado con el sudor de su frente, ni que decir de su supina ignorancia en geopolítica en una coyuntura del diferendo marítimo y el contencioso de la Haya, ni la percepción del manejo democrático del Estado, sin ningún programa y con una sola intención de amnistiar a su padre.

Fuente: César Hildebrandt.

11 julio 2010

AGUINALDO DEL MAESTRO


El aguinaldo para el Magisterio Nacional, se calculará de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 24029, correspondiendo a los docentes con jornada laboral completa, un monto no menor a 300 soles. Asimismo, para el caso de los servidores públicos comprendidos en regímenes de carrera propia que laboran a tiempo parcial o jornada laboral incompleta, el Aguinaldo por Fiestas Patrias será de aplicación proporcional a su similar que labora a tiempo completo, bajo responsabilidad de la Oficina General de Administración de la entidad respectiva.

10 julio 2010

Neoliberalismo y criminalización de las ideas

Neoliberalismo y criminalización de las ideas



La ideología neoliberal, dominante en las últimas décadas, no se contenta con disponer de los mayores medios para la difusión de las ideas (medios de comunicación, thikn tanks, universidades…). Persigue un dominio aplastante con unas reglas de juego trucadas. Cada vez más, el pensamiento que se opone al neoliberalismo es sometido a la presión de ser considerado “antisistema”, entendiendo por esta palabra “extremista”, y, siguiendo ese resbaladizo camino, compañero de viaje del terrorismo.

Lo peor no son las barbaridades que eructa de vez en cuando la derechona neoliberal. Hace unas semanas el ex presidente Aznar declaraba en un programa de radio que cualquier posición política que intente superar lo establecido (?) debe ser no sólo marginada políticamente, sino perseguida policialmente. ¿Qué puede entender Aznar por “lo establecido”? Desde luego, suena inquietante. Otra perla salía de la boca de la señora Cospedal recientemente, vinculando fascismo y marxismo. Y como soltar barbaridades para confundir a los ciudadanos es gratis, el PP las suelta todos los días. Si la cosa quedara ahí, podría ser llevadera: ya estamos acostumbrados a la sucia lucha de este partido por conseguir el poder y por descalificar a la izquierda con todo tipo de insultos y falsedades. Pero el asunto tiene bastante más calado y cada vez más amenaza los cimientos de la democracia llevando esa lógica paranoica a las instituciones políticas y a la propia Justicia. Casos como el macroproceso 18/98, en el que se criminalizaba a personas que habían defendido el diálogo con ETA, que, por muy cuestionable que pueda ser, no puede ser confundido con una figura delictiva como colaboración con banda armada; o como el de la joven anarquista recientemente absuelta por el Tribunal Supremo y que había sido condenada por la Audiencia Nacional también por colaboración con banda armada; o como el cierre del periódico Egunkaria seguido del encarcelamiento de sus directivos (cómo no… por colaboración con banda armada), absueltos posteriormente por el Tribunal Supremo, auguran un futuro gris oscuro para el ejercicio de las libertades políticas (pensamiento, opinión, expresión, reunión, asociación…).

Raro es el movimiento antisistema que no haya sido criminalizado intentando vincularlo al terrorismo. Desde el movimiento okupa hasta la desobediencia civil, cualquier forma de protesta que cuestione el sistema neoliberal está siendo mediáticamente presentada como vinculada a la violencia y al terrorismo.

Pero, como decía anteriormente, lo peor, si no reaccionamos, está por llegar. Una nueva vuelta de tuerca nos la proporciona el documento 8570/2010, aprobado el pasado 26 de abril por el Consejo Europeo en Luxemburgo. Se trata de una iniciativa para combatir la “radicalización” en la Unión Europea. En principio, se trataba de combatir el terrorismo islámico, pero dada la tendencia expansiva del concepto de terrorismo, ahora ya se trata de someter a vigilancia a cualquiera que tenga puntos de vista “radicales”, a quien se categorizará como “propagador” de mensajes radicales. ¿Y qué son mensajes radicales? ¿Es la policía, quizás, la que define el concepto de “radical”? El documento invita a los gobiernos a vigilar los mensajes “de radicalización”, lo que amenaza flagrantemente la libertad de expresión. ¿Declararse anticapitalista va a ser peligroso a partir de ahora? ¿Qué es ser radical? Parece que, en vez de entender que radical es quien aborda los problemas de raíz, ahora se entiende que radical es extremista, y, allanando el camino, extremista es sinónimo de violento, y, por supuesto, violento es sinónimo de terrorista. Así que ya está el círculo cerrado para que nuestras orwellianas autoridades vigilen a todo aquel cuyo perfil no encaje perfectamente con el estándar de aficionado al fútbol o a comprar en El Corte Inglés.

Prácticamente todos los que somos activistas sociales somos radicales en la crítica al capitalismo depredador que estamos viviendo, es decir, criticamos la raíz de un sistema que consideramos podrido. Pero ahora no basta con tachar de utópicos (en el sentido de “lunáticos”) a los que abogamos por el lema “otro mundo es posible”, no basta con disponer de inmensas cantidades de dinero para propagar la biblia neoliberal. A pesar de su ventaja aplastante para difundir sus “valores” y su ideología -disfrazándolos, además, de neutrales-, el neoliberalismo percibe la diferencia entre vencer y convencer. Aun teniendo controlados los resortes económicos, sabe que la batalla de la legitimidad está muy lejos de ser ganada, a pesar de su inmensa capacidad para propagar mensajes que falsean la realidad. Por tanto, ahora el neoliberalismo pretende un paso más, entre los muchos que lleva dados para socavar la democracia. Ahora se trata de eliminar al adversario, si no físicamente, política y civilmente. El cerco se va estrechando de tal manera que o eres neoliberal o eres un sujeto sospechoso, lo que te coloca en una evidente situación de riesgo. Pero se trata de amedrentar. ¿A qué, si no, viene la advertencia, hecha el pasado 3 de julio a sindicatos y movimientos sociales, del Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, de que si no se aceptan las medidas neoliberales ante la crisis podría desaparecer la democracia tal y como la conocemos actualmente? Es escandaloso que un gobernante haga esas declaraciones, que son una amenaza en toda regla.

Como vemos, se trata de la estrategia del miedo, de la amenaza, del chantaje emocional. En ningún momento el neoliberalismo se presta al debate abierto, honesto, con datos y argumentos rigurosos. Todo es descalificación chapucera del adversario, amedrantamiento, chantaje y amenaza. No en vano Llamazares hablaba en un reciente artículo de la “estrategia Tarantino”.

Pedro López López es profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

06 julio 2010

Las Profesiones del Futuro

Las Profesiones del Futuro


Algunas universidades europeas, tales como la de Oxford o Barcelona, se han dado a la tarea de investigar acerca de las profesiones que el mundo requerirá en la próxima década.

¿De qué trabajaremos en el 2020?

Profesiones de negocios y recursos humanos
- Broker de Talento: Entre sus funciones serán las de comercializar el talento humano en organizaciones a escala global.
- Collective Intelligence Office: Gestionará el conocimiento de la organización y maximizará el capital humano y sus competencias.
- Gerente de Bienestar: Proveerá e implementará planes para mejorar la salud laboral y el equilibrio trabajo/vida de los miembros de la empresa.
- Agility Consultant: Ayudará a las organizaciones a simplificar los procesos, la tecnología, las estrategias y herramientas y por ende el negocio en su totalidad.

liderazgo

Profesiones de ecología y responsabilidad social.
- Gerente de Sustentabilidad: Encargado de velar por las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y los vínculos con gobiernos y sociedad en general.
- Recicladores ambientales: Se encargarán de reciclar los residuos tóxico en materia prima para nuevos productos o en energía alternativa.
- Data Ecologist: Proveerá de datos y evolución de indicadores ecológicos y ambientales a organizaciones públicas y privadas.

Profesiones médicas y científicas.
- Bioinformática: Especialista en biotecnología e informática que trabajará en el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.
- Geomicrobiólogo: Trabajará en la creación de microorganismos que ayuden en las técnicas médicas y en la eliminación de la contaminación.
- Nanomédico: Médico con formación en nanotecnología que desarrollará y operará dispositivos para el cuidado de la salud.

En cuanto al área de los agronegocios sobresalen los productores de alimentos orgánicos; los tecnoagricultores, que emplearán la tecnología de robots en el sembrado, tratamiento químico y recolección de cultivos, así como el uso de riego inteligente y acuicultores.

Y por supuesto, las profesiones de tecnología y entretenimiento estarán vigentes, destacan los diseñadores de videojuegos, los especialistas en fibras ópticas, los telecomunicólogos y los creadores en animaciones y espectáculos a través de la holografía.

Como puede apreciar, algunas profesiones aún no tienen un nombre en español ¿se le ocurre alguna traducción? Y lo más importante, ¿las universidades de su país ya ofrecen estas carreras? Déjenos sus comentarios.

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