¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

25 octubre 2013

Una educación abocada al subdesarrollo


Público.es

La reforma del ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad educativa alrededor de un objetivo común: detener el desmantelamiento de nuestra educación pública y denunciar la naturaleza profundamente injusta de una reforma que se opone frontalmente a los criterios científicos y de justicia social vigentes en el campo de la educación. Tal y como sucedió con la reforma laboral aprobada en febrero 2012, la denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses de la mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas, junto con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy diferentes ámbitos (Código Penal, pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.
En el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y moldea sus características fundamentales.
Veamos. El aspecto más notable de la zona euro ha sido la aparición de una nueva división del trabajo favorable a los países centrales, que han aprovechado la brecha de competitividad con la periferia para controlar porciones cada vez más grandes de los flujos comerciales en el interior de la Unión Europea. Mientras Alemania, Holanda o Finlandia orientaban sus economías hacia la fabricación de bienes de alto valor añadido, los países de la periferia se especializaban en la producción de bienes de bajo valor añadido, animando a base de crédito el consumo de productos fabricados en el Norte rico. España, por ejemplo, se entregó a una vorágine urbanizadora que, en apenas una década, transformó profundamente el territorio de nuestro país. El virus de la especulación, que se extendió rápidamente por todo el cuerpo social, provocó un aquelarre inmobiliario que ha estimulado a la economía española durante algo más de un decenio, convirtiendo el sector de la construcción en la verdadera industria nacional y otorgándole una importancia económica muy superior a la de otros países europeos.
Partiendo de esta base, no parece exagerado afirmar que el proceso de construcción europea ha provocado una situación de naturaleza colonial, caracterizada por la hegemonía alemana y la subordinación de las economías periféricas a partir de una específica división del trabajo que convierte a los países pobres en una reserva de mano de obra barata. Ciertamente, esta situación no se deriva de una guerra de agresión, sino de una estrategia competitiva encabezada por Alemania y plenamente aceptada por las clases dirigentes de los países periféricos, que de este modo asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus respectivos países. Sin embargo, el resultado no ofrece lugar a dudas: una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores.
En este contexto, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular constituye un paso decisivo en la acelerada transición hacia el subdesarrollo que ha comenzado en nuestro país. Este proceso, que supone un importante retroceso en la protección legal de los trabajadores, se desarrolla al margen del turnismo político mediante diversas fórmulas legislativas: el abaratamiento del despido, la contratación temporal no causal o la desarticulación de la negociación colectiva… Su objetivo es elevar la tasa de beneficio incrementando la tasa de explotación de los trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de trabajo flexibilizando el empleo y eliminando controles administrativos y sindicales. Se trata, en definitiva, de una violenta devaluación salarial que se encuentra reflejada en los diferentes datos estadísticos y que supone la consolidación del mercado de trabajo típico de los países subdesarrollados.
Pues bien, la LOMCE se explica y cobra sentido en este contexto económico y laboral. Recordemos que, entre otros aspectos, la Ley reduce el número de asignaturas y limita la carga lectiva a unos contenidos mínimos, orientando el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata, futuros trabajadores precarios provistos de los conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. Ignorando las verdaderas necesidades del alumnado, la reforma alumbra un sistema educativo que se basa en la realización de exámenes continuos, convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos en la que las condiciones económicas y familiares serán determinantes para el éxito o el fracaso escolar. En una economía periférica, el mercado laboral reclama mano de obra masiva y no cualificada, como corresponde a una sociedad clasista que descarta la igualdad de oportunidades. No es aventurado suponer que, tras la aprobación de la LOMCE, los hijos de una familia trabajadora verán disminuidas sus posibilidades de progresar socialmente y sufrirán las consecuencias de la nueva división europea del trabajo.
En coherencia con ello, la reforma apuesta decididamente por la segregación clasista del alumnado, delineando un abanico de itinerarios formativos que se inician a edad muy temprana y que pretenden eliminar de manera progresiva la educación común durante la etapa obligatoria. Como ha denunciado la comunidad científica, esta opción legislativa ignora y vulnera las necesidades y motivaciones del alumnado, convirtiendo el sistema educativo en una gigantesca agencia de formación y selección de personal para satisfacer las necesidades de las empresas. Por si hubiera alguna duda sobre la intención del legislador, el segundo borrador de la Ley establecía que los alumnos que presenten una “situación socioeconómica desfavorable” serían desviados a diversos programas de formación profesional, evidenciando el futuro que el Ministro tiene reservado a aquellos estudiantes que proceden de familias con menos recursos.
Hace meses que la comunidad educativa viene alzando la voz para desenmascarar las verdaderas intenciones de esta bárbara reforma. Las masivas movilizaciones y protestas de la marea verde ponen de relieve que este colectivo está unido en la defensa de la educación pública. Pero más allá de la comunidad educativa, es la sociedad en su conjunto la que debe rechazar esta reforma de manera contundente y reclamar con toda firmeza la construcción de una alternativa, con protestas por las vías tradicionales, con la reinvención de la movilización y la acción social, desde estructuras ya establecidas y con la creación de otras nuevas. No nos queda otra opción que reconquistar nuestra independencia para detener el empobrecimiento de la población. De lo contrario, la transición hacia el subdesarrollo se consolidará e institucionalizará, convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano de obra barata condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria.
La clave es una movilización de carácter general y sostenida en el tiempo contra una nueva colonización dirigida por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y consentida por régimen bipartidista. Todas las resistencias deben confluir en un objetivo común, de mayor alcance, construyendo una amplia alianza político-social alrededor de la propuesta de impago de la deuda, la recuperación de la soberanía y el rechazo a las reformas alevosamente impuestas a nuestro país. Las recientes movilizaciones, protestas y malestar compartido demuestran que no se trata de un brindis al sol: esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y acabar de conformarla está en manos de las personas que salimos a la calle en defensa de nuestra educación pública, las que hemos salido y saldremos en defensa de nuestros derechos. Pero ya no basta con repetir el ritual de protesta, hace falta avanzar en los distintos caminos de organización y confluencia. La transición está en marcha y el tiempo no corre a nuestro favor.
Héctor Illueca, Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Adoración Guamán, Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

La insurrección magisterial, la crisis del SNTE y la lucha por un sindicalismo democrático



La actual lucha magisterial es el levantamiento docente más importante suscitado desde 1989 y una expresión concreta de la crisis de hegemonía que experimenta el Estado mexicano: las clases dominantes y su régimen ya no pueden seguir ejerciendo un control efectivo sobre los trabajadores con las mismas estructuras políticas del pasado. La movilización inesperada de las bases del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no sólo resulta interesante por lo que representa para la organización gremial más numerosa del país, sino sobre todo por la clase de conclusiones que pueden extraerse al observar el agrietamiento de lo que ha sido una de las principales piezas del control corporativo en México.
En efecto, la inconformidad generada por la Reforma Educativa de Peña Nieto se extiende mucho más allá de las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues abarca actualmente a estados de la República y secciones del SNTE que tradicionalmente habían permanecido apáticas y bajo el control incuestionable de la burocracia. “El letargo se convirtió en llamarada”, resaltaba apenas hace unos días un reportaje de la revista Contralínea, donde se enfatiza que se han producido movilizaciones masivas de docentes no sólo en el Sur del país, sino también en el Norte, Noreste, Occidente y la costa del Golfo, llegando a contabilizar así 26 estados con un “movimiento contundente” [1]. Destaca a este respecto la situación gestada en estados como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas donde la lucha ha trastocado por completo el ambiente político de los estados, derivando en la toma de carreteras, presidencias municipales, centros turísticos y comerciales, así como en la ocupación de televisoras y radiodifusoras locales.
Por el ambiente de relativa calma que se respiraba en ésta y otras latitudes hasta antes de la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los observadores superficiales podrían haber afirmado que ningún acontecimiento de trascendencia iba a producirse. Sin embargo, de manera súbita la rabia acumulada por años de embustes brotó a la superficie y las bases de las secciones 25, 32 y 56 del SNTE desconocieron inmediatamente a sus secretarios generales, quienes habían ocultado la información sobre la la reforma y habían llamado a las bases a la calma. Existen por otra parte casos en extremo llamativos como los de Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México, regiones tradicionalmente conservadoras donde la inmovilidad de las bases siempre había dado margen de maniobra para que las cúpulas sindicales utilizaran la fuerza del gremio en interés del PRI, el PAN, el PANAL y los sectores empresariales. Basta recordar el cinismo con el que Elba Esther Gordillo pudo traficar con millones de votos durante la elección presidencial de 2006, movilizando para ello los recursos económicos y humanos del SNTE.
La situación general vivida en el magisterio resulta entonces extraordinaria. Más allá de las siempre combativas secciones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se ha producido un despertar generalizado que empieza a cuestionar la democracia interna del sindicato y los tradicionales cacicazgos. Es por tanto previsible que la lucha del magisterio contra una reforma de rango constitucional tenga un impacto significativo en en la estructura de dominación corporativa y en el futuro político de estados tradicionalmente conservadores.
A este respecto, bien vale la pena hacer embonar hechos que a primera vista parecieron inconexos, pero que vistos en su continuidad histórica nos muestran la forma en la que los reacomodos entre las clases sociales del país se han ido produciendo. El verdadero motivo por el que Peña Nieto decidió enviar a Elba Esther Gordillo a prisión en febrero pasado no fue el desvío de cuantiosos fondos del sindicato en interés personal y de sus allegados (situación que era perfectamente conocida y consentida desde muchos sexenios atrás), sino el haber declarado su oposición abierta al punto nodal de la Reforma Educativa, que facilita el despido injustificado y acaba con la estabilidad laboral de cientos de miles de profesores. Aunque con anterioridad Gordillo había apoyado el avance de la reforma neoliberal en otros ámbitos, como en la enmienda a las escuelas del nivel medio superior (RIEMS) y en la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de corte empresarial, no podía aceptar la introducción de una reforma que iba a agitar y movilizar a secciones sindicales controladas y tradicionalmente estáticas.
El enfrentamiento vivido a inicios de este año entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo no puede explicarse por lo tanto dentro de los estrechos márgenes de la disputa entre personalidades políticas (por muy poderosas que éstas lleguen a ser), ni entre la pugna existente entre los intereses de distintos sectores del establishment. De la misma forma que en su momento Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero José Hernandez Galicia “La Quina”, el conflicto entre Peña Nieto y el SNTE, refleja la crisis de una forma de dominación sindical. Por este motivo, pese a que Juan Díaz de la Torre tomó el control del sindicato una vez que Gordillo fue encarcelada, restableció la concordia con el gobierno federal, y aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por Peña Nieto, fue inevitable que la estructura del SNTE se cimbrara desde las bases, pues la disputa esencial de intereses no eran entre el presidente y la burocracia sindical, sino entre el régimen y las bases magisteriales.
El sindicalismo corporativo y gansteril fue durante muchas décadas uno de los principales soportes del Estado mexicano y una de las estructuras políticas que hizo posible la existencia de un sindicalismo fusionado al aparato estatal a través del PRI. Por estas razones, resulta hipócrita la cantaleta repetida una y otra vez en radio y televisión de que los maestros son los responsables de las fallas del sistema educativo, así como del despilfarro y corrupción de sus dirigentes, pues es bien sabido que éstos últimos vivieron durante muchos sexenios amparados por el poder mientras que la disidencia era ferozmente reprimida, tal y como denota el caso del profesor Misael Núñez Acosta, asesinado en 1981 por motivos políticos.
Por encima de todo, el régimen siempre tuvo especial cuidado en preservar el control de sectores que por su importancia estratégica podían paralizar el país si mantenían una posición independiente y democrática: este fue el caso de los trabajadores petroleros, de los mineros, de los electricistas, de los trabajadores de la salud y del magisterio, entre otros. No por casualidad fueron estos mismos sindicatos los que gozaron de las mejores prestaciones y contratos colectivos dentro de toda la clase trabajadora, en muchos casos, con un sistema propio de servicios médicos y seguridad social. Ahora bien, debemos distinguir aquí dos fenómenos distintos que la burguesía y sus intelectuales suelen revolver hipócritamente para sembrar divisiones y enfrentar a los trabajadores entre sí.
Los contratos colectivos y las prestaciones laborales no fueron concesiones bondadosas del régimen ni de las clases dominantes. Si por ellos hubiera sido, las condiciones de trabajo prevalecientes durante el porfiriato habrían quedado intactas. Los sindicatos, los contratos colectivos y las prestaciones son derechos que en México se consiguieron a través de muchas luchas obreras y de una revolución que dejó un saldo de un millón de muertos. Cosa distinta son los dirigentes charros, que como hemos explicado, sirvieron durante mucho tiempo al régimen para controlar a los sindicatos. Enrique Peña Nieto y las cúpulas empresariales iniciaron, como otras tantas veces en el pasado, una ofensiva contra las conquistas históricas de los trabajadores metiendo en el mismo saco a los corruptos líderes sindicales y las bases trabajadoras. Este discurso, utilizado con la misma efectividad durante la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, y durante la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, sólo pudo tener eco en un país que durante las últimas décadas ha avanzado como ningún otro en una cultura antisindical y patronal, y que ha promovido la idea de que el desarrollo del país será posible acabando con los derechos laborales de los pocos trabajadores que aún los preservan.
Recientemente el secretario de educación Emilio Chuayffet, amenazó con despedir a todos los docentes que vayan a paro y sustituirlos por nuevos mentores. En una entrevista radiofónica exigió de forma histérica la cancelación de salarios a los maestros que decidan suspender clases, advirtiendo que aquellos funcionarios que no acaten las disposiciones serán acreedores a sanciones. Y en efecto, el gobierno federal está decidido a utilizar la represión para detener las movilizaciones y atemorizar a los profesores. La pregunta aquí es si lo logrará y a qué costo. Peña Nieto y sus asesores saben que recurrir a la represión no es tan sencillo en un movimiento de alcance nacional que aún se encuentra en ascenso y que se presenta por primera vez en secciones que antes habían estado inmóviles. Tratándose de un asunto de esta naturaleza, el gobierno es consciente de que un uso desmedido de la fuerza en un momento inadecuado, lejos de aplacar los ánimos podría desencadenar el efecto contrario y arrastrar a la lucha a sectores que aún permanecen indecisos. Es por eso que la táctica gubernamental se está enfocando en estos momentos al acoso de la CNTE en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, centros de vanguardia de la lucha magisterial, donde la Procuraduría General de la República acaba de girar órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
La represión y la táctica de guerra sucia contra el movimiento magisterial, como la reciente agresión que sufrieron los profesores de la CNTE en el barrio de Tepito, por supuesto podría paralizar momentáneamente los ánimos de lucha, pero en ningún modo restituirá el consenso y la confianza de los maestros en el régimen. Todo lo contrario, profundizará las grietas de la oxidada estructura sindical corporativa y generará mayor descontento social. El intento del gobierno federal de reprimir a los sectores más combativos del magisterio puede evitarse sin embargo, si lejos de aislarse, los profesores de la CNTE hacen un llamado unitario a todas las secciones del SNTE a movilizarse contra la Reforma Educativa en una jornada de lucha unitaria. Esta táctica rendiría enormes frutos pues probaría a los secretarios generales de las distintas secciones del SNTE frente a las bases magisteriales, acelerando el proceso de diferenciación interna, y ayudándolas a tomar conciencia de que es necesario un cambio de fondo en el sindicato. Se abren entonces importantes oportunidades para que las bases del magisterio puedan democratizar a su sindicato y desconocer, como en Quintana Roo, a quienes han sido cómplices de la aprobación de una Reforma Educativa patronal y antilaboral.
Nota:
[1] Flor Goche, “La insurrección magisterial ya está en todo el país”, Contralínea, [En línea], 9 de octubre de 2013).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

LEY DE REFORMA MAGISTERIAL SE CAE: LUCHA LEGAL INICIADA POR MAESTROS OBLIGA A MINEDU CUMPLIR RESOLUCIONES JUDICIALES POR ACCION DE AMPARO

Minedu respetará plazas cauteladas por PJ en concurso de directores

CONCILIADOR. Viceministro de Educación, Fernando Bolaños.
Arequipa. El Ministerio de Educación respetará las medidas cautelares admitidas por el Poder Judicial que protegen las plazas de algunos directores que se niegan a dejar sus cargos y que estos sean sometidos al concurso de evaluación del próximo 2 y 3 de noviembre.
El anuncio lo hizo el viceministro de Educación, Fernando Bolaños, quien ayer participó del Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA). El funcionario reiteró que pese a ello, el proceso donde entran a concurso cerca de 15 mil plazas para directores, seguirá en pie.
“Respetaremos las resoluciones del Poder Judicial. Pero estos serán casos particulares, ello no quita que nosotros fundamentemos la defensa de esas plazas en su momento. Cada Gobierno Regional definirá la omisión de estas plazas antes del concurso.”
A nivel nacional diversos directores presentaron acciones de amparo para evitar ser retirados. Aducen que ganaron un concurso público y tienen derechos adquiridos. En Arequipa, 320 directores tienen medidas de este tipo pendientes de resolver en la Corte Superior. La semana pasada se admitió la primera medida y favoreció al director del colegio Jorge Basadre.
De otro lado, Bolaños anunció que para el 2015 entrará en vigencia una nueva currícula escolar. La vigente, según dijo, es compleja, pues evalúa más de mil competencias del alumno. Se reducirá a solo 31 en 8 módulos de aprendizaje. Advirtió que todas las regiones que estén implementando un nuevo diseño curricular deben suspender.

fuente.
http://www.larepublica.pe/25-10-2013/minedu-respetara-plazas-cauteladas-por-pj-en-concurso-de-directores

DATA WEB DE EDUMEDIA TECNOLOGIA EDUCATIVA