Estado, poder, derecho y democracia

Estado, poder, derecho y democracia

Juan Garcia Calero

Rebelión

En estos días en el mundo se debate entre democracia o la ausencia de la misma y es que la realidad objetiva es muy diferente, el juego democrático permite a la sociedad además de votar, participar activamente en la toma de decisiones políticas que afectan a la ciudadanía de manera directa. El desarrollo del capitalismo o Estado capitalista no permiten ninguna injerencia pública de este tipo ni lo han permitido nunca por tanto el factor democrático de los pueblos queda anulado, esto no es nuevo ahora, ha existido siempre, pero ahora que sufrimos las consecuencias de la crisis inducidas en la economía, donde el despertar diario nos muestra la esencia fundamental en la ausencia de los valores democráticos. El significado es simple y llano es el poder del pueblo para el pueblo, es una forma de organización social donde descansa el poder en todo el conjunto del pueblo o la sociedad, ¡qué lejos estamos de este imaginario real!, ¿no?

Entre poder y Estado actualmente tiene cierta relación directa que se ejerce desde el poder político como verdadero monopolio de la violencia en tanto a leyes de derecho jurídico elaboradas con el fin restringir o frenar el acceso a la libertad y el pleno desarrollo cultural, científico y político del ser humano. Aunque resulta difícil pensar separados el Estado y el derecho modernos, en nuestra cultura jurídica aún se concibe el derecho como una realidad ahistórica e independiente, no sólo del Estado, sino de cualquier forma de organización política. Los estudios históricos han demostrado, sin embargo, la falsedad de este planteamiento; en consecuencia, hoy no se puede poner en duda que el fenómeno jurídico lo mismo que el poder político no es un hecho natural contemporáneo del hombre, sino un producto artificial e histórico surgido en el seno de formas de organización social que han alcanzado un cierto grado de complejidad.

Por otra parte, aunque el fenómeno jurídico existía con antelación al surgimiento de las formas modernas de Estados, el Estado y el derecho modernos son realidades inseparables. Pero que sean realidades inseparables no nos puede hacer pensar en una identidad sustancial, pues el derecho no es el único aunque sí el más visible instrumento de organización de los poderes estatales. Otra teoría es un análisis que interpreta Marx: la sociedad capitalista se encuentra dividida en clases antagónicas sobre la base de este antagonismo de clase, se crean las instituciones jurídicas y políticas el Estado y el derecho con la finalidad de proteger mediante la coacción las condiciones que garantizan la continuidad del modo de producción capitalista y la posición dominante de la clase en el poder.

Otra interesante aportación del poder, o para ser más exactos, los poderes, son relaciones de fuerzas que atraviesan todo el campo social con diferentes grados de concentración. Desde este punto de vista, el derecho debe pensarse como la codificación de un estado de cosas, resultado, siempre provisional, de complejos enfrentamientos de fuerzas. Principales referencias de diversas teorías criticas que al analizar nuestras sociedades contemporáneas ven en el surgimiento del orden social moderno, no la eliminación del conflicto o la maravillosa consecución de la armonía, sino la instauración de distintas formas de dominación.

Ante la perdida de soberanía de los Estados y la preeminencia de la economía como factor dominante, se plantea nuevas formas de organización social y un nuevo proceso político-económico que transforme la sociedad.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Los Pueblos dicen: ¡Ya no confiamos en su Estado!

Los Pueblos dicen: ¡Ya no confiamos en su Estado!

Tania Palencia Prado

Rebelión

“Su justicia es falsa”: Esa fue la voz más alta de la Conferencia de Prensa realizada el 15 de marzo con líderes de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Mestizo. La justicia es falsa, dijeron, porque en lugar de usar la Constitución para proteger los derechos de los pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados. Los líderes indígenas presentaron como pruebas de su indignación varias resoluciones judiciales que coinciden en mostrar una práctica común e impune: racismo y desprecio a la vida de los pueblos indígenas. Una denuncia de gran importancia, incluso para debatir a fondo el estado de la doctrina constitucional guatemalteca, es que la Corte de Constitucionalidad negó el recurso de inconstitucionalidad total de la ley de minería considerando que NO viola los derechos de los pueblos indígenas. Esta vez no aceptó que, al ser aprobada en 1997 estando en plena vigencia el Convenio 169 de la OIT, la ley minera debió adecuar su normativa al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero la CC dijo que no, que esa ley está bien tal como está, casi perfecta.
Otra denuncia de falsedad de justicia son los fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad a favor de empresas extranjeras que están penetrando en el territorio Maya Ixil. La empresa Enel de Italia fue protegida sin escuchar la inconformidad del Pueblo Ixil, ni las protestas por coacción, amenazas y persecución para aceptar el contrato con la trasnacional italiana. También se denunció que e n Lanquín, Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero que no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica Xacbal, por lo que la empresa Entre Ríos S.A. sigue haciendo lo mismo. Otra prueba de falsedad fue puesta por las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes dijeron que es otra burla de la justicia y un acto de impunidad el que los tribunales decidan no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012. Y se dijo, además, que la protección de la Corte de Constitucionalidad a la reforma del magisterio niega y destruye los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.
En la Conferencia de Prensa, estando allí como testigo de honor de 28 comunidades del Pueblo Ixil, monseñor Álvaro Ramazzini afirmó con razón que están a la vista abusos que no pueden dejar de abordarse y tener un impacto en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La CC no sólo le dio la espalda a la demanda del Pueblo Ixil, sino el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, desairó la confianza que pusieron en el diálogo las autoridades ancestrales de San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul, mientras decidió respaldar la suspensión unilateral de las negociaciones, avalando un papel firmado sólo por el Alcalde de San Juan Cotzal, sin consentimiento expreso y previo de las comunidades, para imponer que Enel controle el río Cotzal por 20 años, se apropie del 100% de la venta de electricidad y entregue tan sólo 2 millones de quetzales al año a la Municipalidad en calidad de beneficios. Al presidente de la República la llegada de Enel le parece un acto histórico de consenso y democracia y lo dice para la región Ixil, donde se cometieron 114 masacres, y donde también asegura que nunca hubo genocidio.
Esta demasiado claro que todo el régimen político (el ejecutivo, el legislativo y el judicial), se niega a hacer un análisis profundo del estado de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cuándo se aceptará que existe violación específica a los derechos indígenas? Todas las redes del sistema político guatemalteco confabulan cada día para no ver a los “indios”. Los medios de comunicación y los voceros del racismo hacen parecer como algo normal que el derecho indígena se interprete como si fuera una rama jurídica alejada de las demás, sin vínculos con la articulación política de la nación en su conjunto. Ni siquiera se reconoce la costumbre como fuente de derecho. A la CC le importa un comino la costumbre indígena de llamar a la puesta en común.
Ayer lo hicieron para robar sus tierras y obligarlos a punta de fusil para trabajar gratis en sus fincas. Hoy se modernizan alardeando que se respetan los derechos indígenas con programitas de salud y nutrición y repartiendo bolsas de alimentos. Hoy planifican su plusvalía con desalojos y tribunales de arbitraje. El derecho internacional no les importa.
Es al sistema político al que hay que cambiar. Existen muchas razones para no seguir tolerando su arrogancia. Mencionemos cinco. Primera, porque es un sistema corrupto, funcional para compadres y mafias de todo tipo. Allí están la ministra de Ambiente y el ministro de Energía y Minas ocultando que son asesores de trasnacionales, parientes de gerentes mineros, socios de militares petroleros y líderes de redes de proveedores para la producción de gas, petróleo y minerales. Todo un circo de diputados negocia con empresarios narcos, gringos o europeos para tener padrinos en las próximas elecciones.
Segunda, porque es un sistema que no admite la participación y representación comunitaria. Sólo le interesa controlar los derechos de ciudadanía. Por eso la CC no ha aceptado ninguna consulta, ni la realizada por las comunidades mestizas, basadas en los artículos 64, 65 y 66 del Código Municipal, que es una ley constitucional. La CC en diciembre de 2012 ordenó de manera prepotente desaparecer del orden jurídico toda normativa que indique que las consultas sean vinculantes.
Tercera, porque es racista. Acostumbrado a las prácticas asimilacionistas no tolera los derechos indígenas. La identidad indígena sólo la acepta para el folclor y el turismo. Reforma la ley electoral pero no admite el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas. Para este régimen político, los pueblos indígenas en Guatemala son los mismos “indios” de hace 60 años a quienes se les acerca y habla sólo a la hora del voto. Nada ha cambiado: sus idiomas siguen sin ser oficiales, sus títulos de propiedad siguen siendo burlados, sus autoridades siguen siendo negadas, sus sistemas de convivencia siguen siendo destruidos, sus mujeres siguen siendo violadas por soldados, su educación y su salud sigue siendo despreciadas y su justicia desestimada. Los monopolios de noticias son decisivos para levantar creencias racistas que no aceptan la existencia de derechos específicos de los pueblos indígenas.
La cuarta razón es que este sistema político sólo administra la pobreza, ni siquiera se propone erradicarla. No tardan en aparecer nuevos candidatos defendiendo el empleo y la pequeña y mediana empresa y prometiendo lo que ya no podrá hacer Pérez Molina porque, como siempre, el gobierno de turno caerá en desgracia y la oligarquía habrá cambiado de bando muy feliz, ya que tiene pactos fuertes con cúpulas militares y poderes extranjeros para empujar su economía con desalojos, despojos y muertes. Y se trata de una economía que hunde a la mayoría, con dedicatoria especial contra la población indígena.
Y la quinta es porque este sistema sólo habla a balazos. La censura y el miedo son sus cartas de negociación. Su política es la persecución ilegal contra quienes defienden sus derechos. Los asesinatos políticos contra los dirigentes indígenas y campesinos Gerónimo Sol Ajcot, de Sololá; Carlos Hernández, de Chiquimula; Exaltación Marcos Ucelo y Rigoberto Aguilar, de Santa María Xalapán, son otras pruebas de su vocación criminal. La reciente captura de Rubén Herrera, dirigente social de Barillas, Huehuetenango, y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente, es otra evidencia de que la justicia prefiere cuidar los contratos mercantiles que proteger los derechos humanos.
En esta Conferencia de Prensa los pueblos indígenas dijeron: “n os están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones”. Esas fueron palabras llenas de honor, dignidad y de valor porque es muy cierto que Guatemala no puede seguir igual.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.