Lo que no es la
reforma educativa de Enrique Peña Nieto es una verdadera reforma
educativa. Se trata, sí, como lo han dicho sus impugnadores y diversos
especialistas en el tema, de una reforma laboral aplicada al sector
educativo; es decir de la imposición de un cambio drástico en las
condiciones de trabajo de los maestros, en las relaciones entre el
Estado y el sector magisterial y, por extensión, en las condiciones de
la convivencia social. Que haya reacciones de rechazo y radicalización
dentro del sector magisterial no debiera, entonces, asombrar, cuando
esta reforma es producto de un arreglo entre las cúpulas partidarias que
operan dentro del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, y
no de una discusión nacional —en la que necesariamente tendrían que
expresarse los profesores, así como los padres de familia y los expertos
en pedagogía— de las necesidades y prioridades para el sector
educativo.
Las recientes reformas a los artículos 3º y 73º
constitucionales no establecen más lineamientos para el proceso de
educación básica que los que ya existían en la fracción II del primero
de ellos. No elevan a nivel constitucional al sistema de planeación
educativa como condición indispensable para la determinación de las
prioridades y la asignación de recursos; pero sí al sistema nacional de
evaluación educativa y, de manera asombrosa y a contracorriente de la
técnica jurídica, al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, INEE, y su forma de integración.
Que se trata de
reformas de naturaleza política, y no de interés educativo, se patentiza
en el hecho de que vienen a establecer incluso la forma de elección de
la Junta de Gobierno de esa institución. Los cinco miembros de ese
órgano serán designados por una mayoría calificada del Senado a partir
de las ternas presentadas por el jefe del Ejecutivo. Pero si esa Cámara
no resolviere en el plazo de treinta días el Ejecutivo podrá designar
los integrantes de la Junta. Igualmente, si el Senado (o la Comisión
Permanente, en periodos de receso legislativo) rechaza re una terna, el
Ejecutivo presentará una segunda; y si ésta también fuere rechazada, el
Ejecutivo podrá hacer directamente la designación del miembro o miembros
de la Junta que estén vacantes. Bastará así, que el Ejecutivo envíe sus
ternas con elementos polémicos o impresentables para que sean
rechazados o no alcancen el consenso requerido, y poder así hacer la
designación directa de los miembros de la Junta de Gobierno de la
institución evaluadora. Este mecanismo de restitución del
presidencialismo fuerte —entre otros en curso y por venir— es el
resultado neto del cacareado Pacto por México como acuerdo cupular entre
el gobierno y las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD.
Adicionalmente, la fracción III del artículo 3º habla de establecer en
la ley reglamentaria “los criterios, los términos y condiciones de la
evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia
en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación”, haciendo depender
la permanencia de los maestros en el empleo de los resultados de la
evaluación. Pero tratándose esta última de un proceso unilateralmente
administrado por el INEE supuestamente autónomo pero en realidad como
virtual órgano del Ejecutivo —pues todos los integrantes de su Junta de
Gobierno pasarán por la propuesta o designación directa que éste haga—,
la institución se convierte en un órgano de control político sobre el
magisterio. Aprobar la “evaluación” es ahora, pues, el requisito para la
conservación de la plaza.
Se somete así a los maestros de nivel
básico, medio superior, técnico y politécnico, por su naturaleza
servidores públicos, a un nuevo régimen laboral no contemplado en el
apartado B del artículo 123 constitucional, y que los asimila en la
práctica a los del apartado A, es decir del sector privado donde el
empleador puede evaluar constantemente el desempeño y productividad de
sus trabajadores y—sobre todo con la reciente reforma laboral— proceder
con facilidad al despido si no cumplen con sus requerimientos y
expectativas. En cambio, no se otorga a los maestros las prerrogativas
de los trabajadores encuadrados en este apartado, el A, como el derecho a
la huelga y a la contratación colectiva. Lo que puede hacer que los
recursos de amparo contra la reforma puedan proceder —y están
procediendo— es precisamente este aspecto de ambigüedad en que se
colocará a los profesores, desde el derecho laboral.
Los
maestros movilizados de Guerrero y Oaxaca han dicho repetidamente que no
se oponen en sí a la evaluación, sino a la evaluación estandarizada que
los organismos de carácter nacional aplican, esto es, a que se evalúe
con los mismos criterios a los profesores rurales de la sierra oaxaqueña
que a los de las zonas urbanas de Baja California, Aguascalientes o el
Distrito Federal, por poner algunos ejemplos. En este sentido, la
reforma de Peña Nieto y Chuayffet es también regresiva contra la
descentralización educativa operada desde los años noventa. Acorde con
ésta, deberían ser las entidades las que establecieran, dentro de un
sistema de coordinación nacional, los criterios y procedimientos para la
evaluación. Ése es el núcleo de la demanda de los maestros guerrerenses
a los poderes estatales de expedir una norma propia en materia
educativa. ¿Para qué se procedió en las décadas anteriores a la
descentralización si ahora la evaluación se va a realizar de manera
centralista y homogénea?
El maestro es, antes que nada, el
agente del Estado en el proceso educativo, agente a su vez generado por
el mismo Estado a través de sus instituciones, las escuelas normales.
Siempre se concibió así. El responsable del proceso no es meramente el
maestro —por más que su esfuerzo sea en muchos sentidos decisivo, como
puede sin dificultad demostrarse— sino el sistema en su conjunto,
administrado por el Estado. Y la evaluación, sin duda necesaria, debe
abarcar el conjunto del sistema, incluyendo, además de los aspectos
pedagógicos y de formación de los maestros, la planeación,
presupuestación, asignación de los recursos, etc.
Pero el
maestro es también, de manera natural, un organizador de las
comunidades. Lo ha sido en un doble sentido, desde el punto de vista
político: a favor del régimen (de ahí el enorme poder del SNTE y de sus
líderes, de los cuales Gordillo ha sido sólo la última, no la única) o
para canalizar la inconformidad social, lo que se aprecia en el apoyo de
las comunidades y padres de familias a sus movilizaciones. Lo saben los
maestros y también los gobernantes. Por eso urge a éstos apretar más el
cincho del control corporativo y afinar la espada de Damocles sobre los
disidentes, mediante la conocida fórmula de premios o castigos. Pero el
proceso educativo no es, no debe ser para eso.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente:
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-7972