¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

09 junio 2009

Nacion Peruana ensangrentada

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO

!BAGUA¡ ¿OTRO CAYARA? ¿OTRO FRONTÓN? VER IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO

!BAGUA¡ ¿OTRO CAYARA? ¿OTRO FRONTÓN? VER IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO

Fuente: http://caobac.blogspot.com


Por cielo y tierra fueron bombardeados los nativos. Según todos los informes que llegan, los nativos muertos en su mayoría no son encontrados, otros son hallados incinerados, al más puro estilo fascista hitleriano. Un verdadero holocausto.

Mientras en Lima y Chiclayo el megalómano Alan García declara en el colmo de la incoherencia que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase”, no tenían ningún derecho a decirle al resto “tú no tienes derecho de venir aquí”. En Chiclayo lamentó el fallecimiento de los policías, de quienes dijo: “murieron en el cumplimiento de su deber”. (¿Asesinar es su deber?)Y en el colmo del delirio dice que los nativos están manipulados desde el extranjero ¡Claro! Cada manipulado cree que todos son de su misma condición. Porque García es un Títere de EEUU y sólo cumple el Manual Psicosocial de ese país. Especialistas en crear cortinas de humo.

Los capitalistas liberales nunca han hecho fortuna sin cebarse con la sangre de los trabajadores, hoy con los nativos, para ellos la población pobre sólo es una mercancía en determinado momento: AYER FUE EL FRONTÓN Y CAYARA HOY ES BAGUA. También les culparon a las víctimas, también dijeron que estuvieron armados. Alan García no pagó por estos crímenes; ¿lo mismo sucederá ahora con los crímenes de Bagua?

Por decencia moral deberían renunciar a sus cargos los tres principales responsables: Alan García, Yeude Simon y Mercedes Cabanillas. ¿Tendrán moral los que asesinan indirectamente?

La prensa camaleona no se queda atrás, como fieles sirvientes del capitalismo liberal, sólo ven muertos en la policía, sólo hablan patéticamente de enfrentamientos, como si fueran dos ejércitos armados en disputo, cuando en realidad hay un solo atacante: El gobierno aprista y sus Fuerzas Armadas y Policiales.

El gobierno aprista se está pasando por encima de todos los peruanos, se ha sobrepasado el límite del derecho que dicen defender. Están asesinando vilmente a la población indefensa, no sólo con armas, sino con hambre y pobreza como es el caso de los niños de la sierra sur.

La población de Perú, nuestro pueblo no debe estar impasible frente a estos hechos. LA SOLUCIÓN PASA POR LA DEROGATORIA DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS, (especialmente del DL 1090) QUE LESIONAN LOS DERECHOS DE LOS NATIVOS. NO HAY OTRA.

VER MÁS ímágenes EN: http://blog.dhperu.org

Leer más. Analizar y difundir http://caobac.blogspot.com

CONGRESO MACRO REGIONAL NORTE

“POR UNA LÍNEA SINDICAL CLASISTA”
SUTE REGIONAL LAMBAYEQUE
RES.DIV.N°134-2005-G.R-LAMB/DRTPE-DRGDL-GAT

EXITOSO PARO REGIONAL DEL 4 DE JUNIO DEL 2009!
¡¡VIVAN LAS BASES CLASISTAS DE CAYALTI, PRESENTES EN ESTE ROTUNDO TRIUNFO DEL SUTER LAMBAYEQUE!!

>¡ABAJO EL BOICOT TRAIDOR DE LOS SEGUIDORES DE LOS VENDEHUELGAS Y USURPADORES(PATRIA ROJA, MDM Y LOS CONVERGENTES) DEL CEN DEL SUTEP!

¡¡VIVA LA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA DE LAS BASES NACIONALES A INICIARSE EN EL MES DE JULIO DEL 2009!, LO EXIGEN LAS BASES DEL SUTEP!!

¡¡VIVA EL CONGRESO MACRO REGIONAL A REALIZARCE LOS DIAS 26,27,28 DE JUNIO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONARE SUTEP PROF. ROBERT HUAYNALAYA CAMPOSANO!!


El decreto de la discordia

El decreto legislativo 1090 y sus graves consecuencias para la selva.

El decreto de la discordia



Dicen que los críticos de los decretos legislativos, en particular del Decreto Legislativo 1090, no han hecho sino pedir la derogatoria, sin fundamentar ni explicar sus objeciones. No ha sido así, pero para ayudar a entender lo que está en debate entregamos aquí un recuento de las críticas a este dispositivo.


El presidente Alan García escribió “El Perro del Hortelano”, el 28 de octubre de 2007: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…” / “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”. / “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”

El antecedente general del decreto legislativo 1090, es la ley fujimorista 27308, orientada a abrir la selva a las inversiones en explotaciones hasta de 5 mil hectáreas, dictada a finales de ese gobierno y que el gobierno de Toledo no empujó en su aplicación. En el 2007, García lanzó sus famosos artículos del “Perro del Hortelano”, donde uno de los principales perros eran los pueblos indígenas de la selva que conservaban tierras, ríos y madera sin explotar, basados en principios distintos a los del mercado.

El tercer antecedente es el Proyecto de Ley 840, llamado la “Ley de la Selva”, con el que se buscaba “poner en valor” los recursos selváticos a través de grandes concesiones (hasta de 40 mil hectáreas), que fue fuertemente criticado y se entrampó en el Congreso.

El problema de constitucionalidad
El DL 1090 es un regreso por la ventana de las medidas de implementación del TLC, de la cuestionada “Ley de la Selva”, pero esta vez aparece articulada con un conjunto de otras normas que agrava la tendencia a la concentración de tierras y a la alteración profunda de las condiciones de vida de la población selvática, en particular de las comunidades nativas.

Sobre las violaciones constitucionales del decreto se pueden mencionar específicamente tres: (a) desborda ampliamente el marco de facultades otorgadas, legislando sobre asuntos no vinculados al TLC con Estados Unidos; (b) por su naturaleza abarca temas propios de una ley orgánica de recursos naturales, que sólo pueden ser aprobados directamente por el Congreso; (c) incumple el principio constitucional de respeto a los Convenios Internacionales, en este caso incumple el Convenio 169, OIT, que obliga a consultar toda decisión que afecte los territorios de pueblos indígenas. Un dato interesante al respecto es que la ley forestal colombiana fue derogada, precisamente, por no haber cumplido con este requisito.

Críticas al contenido
Pueden resumirse en tres puntos: (a) el DL 1090 recorta la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera de protección a unos 45 millones has. de tierras con capacidad forestal, es decir, el 60% de los bosques. (b) los recursos forestales se otorgarán por concesión privada, hasta por 40 años, en extensiones de hasta “40 mil hectáreas“. (c) finalmente se autoriza el cambio de uso original de las tierras, que podrán pasar a condición agrícola para formar plantaciones de cultivos especializados.

Estos problemas se relacionan, además, con los alcances de otros decretos como el 1064, que amplía el concepto de tierras eriazas y la capacidad del Estado de disponer de ellas en procesos de concesión, y el 1089 que fuerza un tipo de titularización de predios rurales que apunta a reducir los espacios comunales. El gobierno responde a las críticas insistiendo en que la selva es grande y que 55 millones de hectáreas quedarían protegidas como tierras comunales, reservas, parques y zonas de protección, y que “sólo” se busca afectar unos 8 millones de hectáreas. Esconde además, el proceso de reducción sistemática de las reservas que se viene llevando a cabo para facilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.

Otro tema de discusión es el de los recursos del subsuelo, que el gobierno arguye que por constitución le pertenecen al Estado, para entregarlos en concesión, y que las comunidades interpretan como una invasión de sus derechos. Es obvio que sólo en teoría se puede separar lo que está arriba de lo que se encuentra abajo, pero este intríngulis constitucional está sirviendo para desalojar pueblos de sus espacios ancestrales.

El DL 1090 implicaría un daño al 15% a los bosques de selva y un nuevo golpe al hábitat del mundo indígena. Basta ver las imágenes desoladoras de las plantaciones que varios grupos económicos, entre ellos la familia Romero, vienen haciendo sobre territorios de la selva baja. La esencia del problema es acentuar la ruptura de los equilibrios ecológicos y la relación hombre naturaleza, con consecuencias no sólo locales, sino nacionales y hasta mundiales. Puede verse al respecto los efectos de deforestación en el Brasil que abarcan superficies del tamaño de nuestro país.

La lucha contra el DL 1090 es enteramente principista y nada tiene de caprichosa. Y es evidente que no se resolverá sino con su derogatoria.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/el-decreto-de-la-discordia_40030.html


García como peligro

García como peligro

La morralla del Apra salió a dar la cara ayer en una lamentable sesión de la Comisión de Defensa Nacional.

Pocas veces he escuchado tamaña cantidad de imbecilidades. Y pocas veces se ha visto tan concertada alianza de débiles mentales.

A ese coro de ceniza se sumó, por supuesto, la irremediable señorita Lourdes Alcorta, empeñada siempre en ser tanto ordinaria como fascista.

“Váyanse a vivir a Venezuela”, les gritó la irremediable señorita Alcorta a quienes alcanzaron a protestar por su discurso de sargenta canuta. Demostró así que podría ser la canciller de un gobierno presidido por el cura Romaña.

Mientras ella hablaba, en RPP gruñía la doctora Hildebrandt, especialista en victorias sin sobrevivientes. ¿Su mensaje? ¡Mano dura!

Horas antes, en un ataque radicalmente psicopático, el presidente de la República había alentado el enfrentamiento fratricida comparando a los policías asesinados en Bagua con los peruanos que defendieron –como él jamás lo haría- el morro de Arica en la infame Guerra del Pacífico.

¿Es que García está convencido de que los aguarunas-huambisas son chilenos que invaden nuestro territorio y libran una guerra de rapiña? ¿A estos delirios está llegando?

García tenía ayer voz de Duce, ademanes de matón, mensaje de irresponsable, regodeo de “general victorioso” (en el mejor estilo de Hermoza Ríos).

Daba vergüenza el presidente de la República.

Pero daba más vergüenza la Comisión de Defensa apagando las luces para que todos vieran “la prueba decisiva” que demostraría la intromisión del Partido Nacionalista –y por ende de Venezuela, Bolivia y hasta Ecuador- en el asunto de la selva alzada.

Y se apagaron las luces y apareció, rescatada del harén periodístico de Montesinos y de las oficinas del señor Schutz padre, la señora Mónica Delta.

“Vean ustedes qué congresistas alentaban a los nativos”, dijo la señora Delta disfrazada de Cecilia Valenzuela y alertando al país desde el canal del ciudadano israelí (y deudor nativo de la SUNAT por 54 millones de soles) Baruch Ivcher Bronstein.

Y, en efecto, una voz de reportera urgida salió de las tinieblas para decir que ahora sí los televidentes tendrían ante sí la pieza que faltaba.

¿Y cuál era esa pieza?

Pues que cuatro congresistas del Partido Nacionalista estaban en la selva, en una asamblea comunal, alentando a los huelguistas, adhiriéndose a su pliego peticionario y, en suma, haciendo la clase de política que la Constitución les permite, la ley de partidos no les veta y el sentido común no les puede prohibir.

Para decepción de la resurrecta señora Mónica Delta y de la muy recia señorita Alcorta, no se escuchó a ninguno de esos congresistas nacionalistas instigar a la violencia, recomendar la matanza de policías o plantear que la negociación con el gobierno era imposible.

Y, sin embargo, la morralla del Apra y todas las Alcortas del regimiento siguieron hablando, al igual que García, de conspiraciones imaginarias y designios de potencias extranjeras.

Rodeado por la muerte –una acompañante habitual de su carrera política-, García demostró ayer, con palabras incendiarias, que no ha aprendido nada y que aspira a más “sangre purificadora”.

Hay que decirlo con todas sus letras: este señor García ya empieza a ser un riesgo para la seguridad del país y la estabilidad democrática.

Cree García que ha triunfado porque el país ha perdido, del modo más atroz y en manos de criminales sin discusión, a 25 policías.

No, señor García. No hay triunfo alguno. Hay horror y hay repudio. Horror por lo visto y sucedido, repudio por el modo en que usted trata de evadir su responsabilidad. Hay problemas cuya difícil solución exige la lucidez que usted ha perdido, la serenidad que le está negada y la grandeza a la que renunció desde que se hizo malamente rico.

No es posible seguir callando.

Si el Apra no disciplina a García con el mensaje centrista que le viene de la doctrina y de lo menos tóxico de su pasado, García seguirá derrapando y tomando decisiones que terminarán en nuevos baños de sangre. Que no se queje el Apra de un país ingobernable si permite que García, como lo recordó ayer Víctor Andrés García Belaunde, prevalezca en su intento de vender –ni siquiera concesionar- la selva.

El asesinato vil de los policías no deslegitima la demanda de nuestros selváticos. Ni convierte los decretos de urgencia de García en buenos para el país. Ni oculta la incompetencia de los mandos policiales y la ineptitud, sin vergüenza ni sintaxis, de Yehude Simon.

Que García se entere: no va a salirse esta vez con la suya.

César Hildebrandt
Columnista
diario la primera

MASACRE EN LA SELVA: ALAN GARCIA SE BAÑA CON SANGRE DEL PUEBLO

Otra vez se comprueba que la sed de sangre de Alan Garcia no tiene limites. Repite ordenes de masacre y genocidio, como lo hizo contra presos vencidos, contra los campesinos de cayara, etc.

No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. casi sesenta de huelga masiva de los nativos de la amazonia, de protesta nacional en apoyo a esa justa lucha, de solidaridad internacional, y que ya habia logrado resoluciones de aprobacion, son argumentos mas que suficientes para hacer reflexionar a cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que utilizando a su acolito presidente del congreso y su estupido argumento de que los nativos "no tienen derecho a solicitar derogatoria", no escucha ni escuchara jamas a nadie, excepto a las empresas transnacionales que ven en nuestro pais como un botin apetitoso, las cuales no respetan el medio ambiente, los rios, los arboles, los animales y menos los derechos ancestrales de los pueblos originarios; es decir, "VALIENTE CON LOS POBRES, PERO RASTRERO CON LOS RICOS".

Alan Garcia quiere rematar lo que le queda al pais, privatizarlo todo es la orden del imperialismo: tierras, agua, establecimientos (eL MED) , hospitales, escuelas, etc.

!LA SELVA NO SE VENDE, LA SELVA SE DEFIENDE!
SUTE XV

El origen de la tragedia

El origen de la tragedia

El responsable de la tragedia de Bagua es el presidente Alan García. Él y no otro es quien ordenó el aplastamiento a balazos de la protesta amazónica.

Un suboficial de la Policía ha declarado al diario La República que la matanza de 12 policías en la estación 6 se produjo debido a que los nativos se enteraron por la radio de la muerte de sus hermanos en Bagua.

No estoy de acuerdo con la extrema crueldad aplicada a los policías allí victimados. Pertenezco a la supuesta civilización occidental. Pero sé, por conocimiento de la historia de las luchas nativas y campesinas, que esos métodos suelen aflorar cuando se reprime cruelmente a la población.

Tratándose de las etnias amazónicas, hay que conocer sus valores y costumbres. Róger Rumrrill, el lúcido conocedor, pensador y analista de la Amazonía, ha recordado que en diversas etnias matar a un nativo equivale a una declaratoria de guerra.

À la guerre comme à la guerre, dicen los franceses. En la guerra como en la guerra. Pero tratándose de un conflicto entre peruanos, y entre “civilizados” criollos y pobladores nativos, los gobernantes -mejor dicho, el gobernante- no han debido ordenar la represión homicida.

Alan García ha publicado, con su firma, un comunicado en el que habla de 55 días de intento de diálogo.

¿Diálogo? Pero si en todo momento García y su cohorte han dicho que no van a derogar los Decretos Legislativos.

Notorio es que la Comisión de Constitución del Congreso había declarado, días antes, la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090.

El jueves 4 de junio, la Célula Parlamentaria Aprista precipitó una sesión del Congreso para aplazar el debate sobre ese Decreto.

¿Diálogo? Eso remitía el debate hacia las calendas griegas. Esa burla encendió la ira amazónica.

El propio jueves 4 se dio a conocer una acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra otro Decreto Legislativo de García: el 1064.

Es un Decreto que legisla sobre tierras de uso agrario. La Defensoría señala, a lo largo de 53 páginas, los aspectos inconstitucionales del 1064.

La Defensoría expone que ese Decreto vulnera el principio de separación de poderes (puesto que legisla en campos que son atributo exclusivo del Congreso), el principio de reserva de ley para la regulación de límites a los derechos fundamentales y el ámbito de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso.

Voceros oficiosos del régimen inventan la presencia de fuerzas extranjeras en el conflicto. García, en su texto, afirma que “los subversivos y dirigentes políticos han pasado al asesinato de policías”.

Eso, mientras un coro venal pide, aparte de meter bala, ilegalizar la organización de los nativos. El fascismo criollo quiere una guerra contra el pueblo.

César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com

Gabinete sin autocrítica

Premier Yehude Simon y ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se aferran a sus despachos, pese a clamor de que renuncien.

Gabinete sin autocrítica

Como si la sangre de humildes policías y nativos no contara, el gabinete Simon se presentó con el mismo discurso arrogante y excluyente.


Pese a que líderes opositores, analistas y la sociedad civil exigen sus renuncias, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ratificó que ni él ni la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, renunciarán por las responsabilidades que tienen en las lamentables muertes de un número indeterminado de nativos y 24 policías en la Amazonía.

En el seno de la Comisión de Defensa del Parlamento, las bancadas nacionalista de Unión por el Perú y fujimorista, enrostraron ayer a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas su falta de capacidad para solucionar el reclamo de los amazónicos, que no se abordó con un diálogo serio y responsable, y para enfrentar adecuadamente el problema de los bloqueos de carreteras y otras consecuencias.

Durante una accidentada sesión en el Parlamento, que duró más de cinco horas, en la que hubo insultos de todo calibre y que debió servir para aclarar los sangrientos sucesos de Bagua y la Estación 6 del Oleoducto Nor Peruano, el jefe del gabinete admitió sentirse responsable de la muerte de los policías; pero no anunció su renuncia.

Simon dijo sentirse culpable porque les dijo a los policías que no llevaran armas letales, omitiendo el hecho que los policías llevaban fusiles de combate. Sin embargo, en el fragor del debate, Simon se rectificó, señalando que los policías sí fueron con armamento, pero “fueron traicionados”. “¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién ha movilizado esto? Eso es lo que debemos investigar”, preguntó.

Y, como bien señalaron la legisladora nacionalista Yaneth Cajahuanca y otras congresistas, alguien tiene que asumir la responsabilidad de las muertes de los 24 policías que fueron prácticamente enviados al sacrificio, así como las de los civiles caídos.

El premier insistió en sostener que el Poder Ejecutivo realizó varios intentos de solucionar los problemas de las comunidades nativas y acusó al presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo Económico de los Pueblos de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango, de romper el diálogo en distintas oportunidades. Pizango exigió desde el primer día del conflicto que los decretos fueran derogados, por no haber sido consultados a los nativos, lo cual los hacía inconstitucionales.

Manchado de sangre
La congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca, acusada de ayudar a Pizango a huir hacia Bolivia, demandó la renuncia de Simon y señaló que el gabinete ministerial está manchado de sangre, frase que fue agriamente cuestionada por el premier, cuya dimisión reclamaron también los parlamentarios Víctor Mayorga, Juana Huancahuari y otros.

Los descargos de la ministra Cabanillas tampoco convencieron y dejaron muchas interrogantes. Dijo que la Policía Nacional actuó en Bagua con una estrategia bien definida y que las fuerzas del orden estuvieron en las zonas de conflicto desde el inicio de las protestas y no llegaron un día antes de estallar la violencia.

Rehuyendo de su responsabilidad política como titular del sector, Cabanillas expresó que los ministros no pueden responder por la estrategia y las tácticas utilizadas por la policía en Bagua y que esa labor corresponde a la propia institución policial.

¿Pizango cobarde?
Durante el debate, luego que el premier Simon diera a conocer que Alberto Pizango se asiló en la Embajada de Nicaragua, los apristas señalaron que era un cobarde. Empero, el legislador Víctor Mayorga aclaró que esta acción era un derecho humano que invoca el que se siente perseguido por un gobierno. “¿Acaso el presidente (Alan) García no pidió asilo en Colombia?”, preguntó.

El director de la Policía, general José Sánchez Farfán, y el jefe de la Dirección Territorial San Martín, Javier Uribe, explicaron a la representación nacional la estrategia que dicen haber utilizado para desbloquear la vía del puente Corral Quemado.

Historia de censuras
Las doce censuras parlamentarias contra ministros de Estado ocurridas en el Perú desde 1963, han tenido un protagonista constante: el APRA, que entre 1963 y 1968, en alianza con la Unión Nacional Odriísta, echó abajo a 11 ministros del presidente Belaunde, creando un estado de ingobernabilidad que fue determinante para el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado de 1968.

Los apristas votaron además, junto a la oposición de entonces, por la censura del ministro fujimorista Enrique Rossl Link, lo cual fue uno de los pretextos para el autogolpe del 5 de abril de 1992, y por la del ministro del Interior de Toledo, Fernando Rospigliosi, tras el linchamiento del alcalde de Ilave, en el 2004.

Entre los casos más notables de censurados destacan Óscar Trelles Montes, quien presidió el primer gabinete belaundista y fue censurado en 1963.

También Carlos Cueto Fernandini, ministro de Educación que por utilizar la frase “fue un error de semántica”, fue censurado por supuesto insulto a la majestad del Congreso, en 1965, debido a que los parlamentarios apristas y odriístas no sabían el significado de la palabra semántica y creían que era un insulto.

Otros censurados fueron Valentín Paniagua como ministro de Justicia y Javier Alva Orlandini en la cartera de gobierno (Interior).

Pese a esos antecedentes, el APRA alega ahora que las interpelaciones y censuras son actos contra la democracia.

En el segundo gobierno de Belaunde, el ministro del Interior de entonces, Ernesto de la Jara, quien había dicho que no permitiría ninguna muerte por la represión bajo su gobierno, tuvo la dignidad de renunciar cuando un estudiante murió a manos de la policía durante un mitin universitario.

Marco Cáceres
Redacción


http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=40071

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