¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

19 agosto 2008

LOTIZACION Y REMATE DE LA SELVA Y EL PERU


Lotización de la selva (y el Perú)

El presidente Alan García cree que puede hacer lo que le dé la gana, siempre que vaya contra obreros, campesinos y comunidades de la Amazonía. Por eso dictó los Decretos Legislativos 1064 y 1015, que significan la implantación por otros medios de la Ley de la Selva.
Esos Decretos encarnaban la doctrina reaccionaria y antinacional expresada en la serie de artículos titulada “El síndrome del perro del hortelano”. En su momento señalamos los peligros de los Decretos, que, por una parte, excedían los alcances de la autorización otorgada por el Congreso al Ejecutivo y, por otra, eran anticonstitucionales.
En una entrevista que nos concedió Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, precisó que los dispositivos sobre la selva eran inconsultos y violatorios de la legislación internacional que es ley de la República. Más de un jurista, dirigente gremial y congresista han pedido a tiempo la derogación de los decretos írritos. García no ha hecho caso por las buenas.
Jorge del Castillo dijo ayer que “guerra avisada no mata gente”. Si de eso se trata, hay que decir que el régimen no ha emprendido una guerra justa.
Es oportuno recordar lo que, respecto a la selva, escribió García en sus artículos antes mencionados:“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas. “(El Comercio, 28 de octubre del 2007).
Poco después, insistió: “En los ocho millones de hectáreas que han sido destruidas debe establecerse ya la propiedad en grandes lotes”. (El Comercio, 25 de noviembre del 2007). Ese era el propósito tácito de los Decretos Legislativos: despojar a los nativos, para provecho de transnacionales.Del Castillo asevera que los Decretos son democráticos. Sí, pues: proponen que en asambleas “libres” se decida a favor de la lotización gigantesca.
García y Del Castillo tienen experiencia de lotizadores. Científicos de la Universidad de Duke, EE.UU, han revelado que el 72 por ciento de la selva (49 millones de hectáreas) está cubierto por lotes petroleros y gasíferos. (La República, 16 de agosto del 2008).
En el 2005, menos de 15% de la Amazonía estaba ocupado por esos lotes.
En el 2006, eso subió al 50% y ahora asciende a 72%. ¿No encierra eso una amenaza contra los nativos y el país?
Algo parecido ocurre con las concesiones mineras. El 38% de la superficie del departamento de Apurimac, por ejemplo, está cubierto por ellas.
El país requiere paz. Por lo tanto, los Decretos 1064 y 1015 deben ser derogados por el Congreso o enmendados por el Ejecutivo, previa consulta con los nativos.
FUENTE: DIARIO LAPRIMERA - CESAR LEVANO

Gobierno manda tropas contra protesta nativa


El gobierno envió ayer fuerzas militares a controlar instalaciones petroleras y carreteras selváticas, tras declarar en Estado de Emergencia en las zonas de la Amazonía que desde el 9 de agosto son escenario de una vasta protesta indígena contra los decretos legislativos que facilitan la venta de las tierras colectivas de las comunidades y la entrega de territorios selváticos a inversionistas extranjeros.


El premier Jorge del Castillo anunció anoche que los militares ya están en zona, entre otras cosas, con la finalidad de impedir que los manifestantes bloqueen las carreteras. “El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, nos confirma que ya están las fuerzas combinadas en la zona de emergencia. Los militares ya controlan los campamentos de Camisea y las carreteras. Ojo, que guerra avisada no mata gente”, amenazó el premier. Asimismo informó que “la Policía Nacional encabezada por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y su director, Octavio Salazar, están en la zona.


Nos informan que un capitán de apellido Ramírez está retenido.


El puente ‘Corral Quemado’, que es la puerta de entrada de la región Amazonas, está aún tomado”, apuntó Del Castillo, quien no supo explicar por qué la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros no pudo actuar anticipadamente en este caso.


Los dirigentes de los nativos, por su parte, llegaron a Lima y pidieron el retiro inmediato de las tropas de Amazonas, Loreto y Cusco, por considerar que la declaratoria de emergencia no es más que un acto de provocación que puede generar actos de violencia de incalculables consecuencias.


“Nosotros, los nativos, no somos violentos, pero los pueblos indígenas han decidido resistir y defender sus territorios. El gobierno nos ha declarado la guerra con la declaratoria de emergencia y los indígenas se mantienen firmes en su decisión de morir defendiendo sus tierras”, aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango.Admitió que son seis o nueve policías (no supo precisar) los retenidos en la localidad El Muyo, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, tras el enfrentamiento que hubo entre las fuerzas del orden e integrantes de la etnia Awayún. “Pero ellos pueden irse cuando decidan hacerlo. Sólo se les ha incautado sus armas porque dispararon contra nuestros hermanos”, sostuvo, tras aclarar que dos nativos también resultaron heridos precisamente por disparos de los revólveres de los efectivos de la Policía.


Ayer fueron liberados dos policías.


Irán al CongresoEn conferencia de prensa en el local de la Aidesep en Lima, Pizango y otros representantes de las etnias amazónicas dejaron en claro que quieren dialogar, pero no con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien, según ellos, les aclaró que él ni el Poder Ejecutivo podían solucionar el problema de la derogatoria de los decretos legislativos que afectan a 65 pueblos indígenas, sino el Congreso. “Si el gobierno tiene voluntad de dialogar aquí estamos”, sostuvo Pizango, tras señalar que ha solicitado formalmente una cita para hoy con el presidente del Congreso, Luis Velásquez, para pedirle la formación de un grupo de trabajo para que vea la forma de cómo conversar acerca de la derogatoria de los decretos legislativos


El vocero de Unidad Popular Patriótica, congresista Antonio León Zapata, exhortó a las Comisiones de Constitución y Agraria a dar prioridad al Proyecto de Ley 2599/2008-CR de derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.Por otro lado, el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, convocó a la unidad de los pueblos amazónicos para defender sus derechos y reiteró un pedido de diálogo entre el Ejecutivo y las comunidades nativas de la Amazonía.Algunas provincias aisladas En la zona amazónica dos provincias de Cajamarca pueden quedar aisladas del resto del país debido al bloqueo de carreteras que llevan a cabo 14 sectores indígenas con el sector de Corral Quemado, Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Amazonas.



En rechazo de la declaratoria de emergencia, los nativos planearon avanzar hacia el oeste hasta Chachapoyas (Amazonas) y por el este hasta Chamaya (Cajamarca), la cual sirve de acceso a las provincias de Jaén y San Ignacio, por lo que estas vías quedarían incomunicadas. Dicen que ONG son culpables de conflictoLa secretaria ejecutiva de Red Muqui, Ana Leyva, dijo que la gente no es tonta y que se da cuenta que los nativos se movilizan porque saben que sus derechos están siendo conculcados y que no son fácilmente manipulables como lo ha señalado el gobierno.


En respuesta al primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, Leyva aseguró que “el Ejecutivo debería buscar soluciones en vez de perseguir fantasmas, como echarle la culpa a las ONG”, señaló.Por su parte, la congresista Marisol Espinoza acusó a Giampietri de “jugar con el sentimiento de la gente. Ellos han generado esta situación y cobardemente nos acusan de violentistas. Sus declaraciones son intransigentes e irresponsables”, manifestó.



FUENTE : DIARIO LA PRIMERA

POLITICAS EDUCATIVAS EN AMERICA LATINA: RECETA DEL FMI - CASO ARGENTINO


Carta abierta a los trabajadores docentes y estatales
Delegados de base Suteba La Plata
rEBELIÓN
Compañeros:

El próximo martes 19 de agosto, el gobierno de Daniel Scioli se apresta a presentar para su aprobación en la Legislatura bonaerense un proyecto destinado a modificar el régimen previsional de los trabajadores del estado de la Provincia de Buenos Aires.

Esta reforma, propiciada por el gobierno provincial y exigida por el gobierno nacional, tiene un único y solo objetivo: robar los aportes jubilatorios a los trabajadores activos y pasivos, para pagar deudas que los trabajadores no han contraído.

Las razones del déficit

La “provincia más rica del país” se encuentra endeudada en cifras millonarias, por el discrecional y sistemático manoteo que del presupuesto provincial han hecho los sucesivos gobiernos del partido justicialista desde hace más de dos décadas y que, al día de hoy, han provocado un déficit que supera los 5500 millones de pesos.

El déficit provincial no se justifica ni en la realización de obras públicas, ni en el incremento de las partidas presupuestarias para mejorar la salud, la educación, la infraestructura o la salubridad de la población. No son tampoco, los gastos salariales -excepto claro, el de los funcionarios, diputados, senadores y ñoquis varios- los que expliquen semejante desangre de fondos públicos.
Las únicas razones que explican que la “provincia más rica del país” esté casi quebrada las encontramos en los negociados, que con suculentos subsidios, han beneficiado a los grupos capitalistas amigos del poder y en la caja política.

El gobierno de Scioli y su ministro de economía, Rafael Perelmiter, no son para nada originales a la hora de determinar quienes son los que van a pagar esta fiesta del desfalco: nuevamente son los trabajadores del estado y los contribuyentes en general, esta vez, con el saqueo directo de sus cajas de jubilaciones y el aumento de impuestos y tarifas.

Movilizarse para impedir que nos sigan robando

Alertamos que la próxima semana los trabajadores del estado de la provincia de Buenos Aires, asistiremos a un desfalco mayúsculo en contra de nuestros derechos, cuando se cumpla lo que el ministro de economía provincial anunció el día viernes 15 de agosto: que el martes próximo, desde su ministerio, se impulsará “un nuevo subsistema financiero previsional”.

Repetimos. La nueva reforma tiene como objetivo transferir los aportes jubilatorios de los trabajadores al estado provincial. Pueden disfrazar esto declarando que “no afectará derechos adquiridos de los pasivos, tampoco futuras jubilaciones de activos, ni promoverá cambios en las entidades administradoras”. Pero, este discurso es de una falsedad absoluta; lo mueve el objetivo de tratar de calmar las aguas, para que en Buenos Aires la ley pase sin resistencia de parte de los trabajadores, procurando evitar que se reproduzcan grandes movilizaciones populares como en la provincia de Córdoba.

La única verdad es la realidad de que el estado provincial y el nacional pretenden que los trabajadores renunciemos a nuestro futuro, para salvarles el presente de ruina al que han llevado a nuestro país.

Un botón de muestra

El gobierno de Cristina-Kirchner viene saqueando la caja del ANSES, de la misma manera que ahora pretende hacer Scioli, para cubrir parte del déficit fiscal nacional. En apenas 8 meses de gestión, Cristina ya autorizó el desvío de 5.440 millones de pesos de la ANSES hacia la Secretaría de Hacienda. De los cuales 890 millones de pesos de los jubilados fueron a las manos del Ministerio de Planificación que maneja su amigo Julio De Vido.

En su desesperación por hacer pagar a los trabajadores deudas ajenas, el gobierno nacional piensa continuar con el saqueo en los próximos meses (hasta el 2009) “prevé que los jubilados le “presten” al Estado más de 28 mil millones de pesos que serán destinados principalmente al pago de deudas” (La Nación)

El Ministerio de Economía de la Nación debe enfrentar pagos por 36.300 millones de dólares a los “buitres financieros externos”, tal como los denominaba Kirchner en su momento, estos pagos serán cubiertos con los fondos de la ANSES.

El mecanismo por el cual el gobierno nacional se apropia de los fondos del ANSES es de una perversión sin limites.

Cristina se apropia de la plata de los jubilados nacionales a una tasa del 2% anual, contra el 16 % que paga por los prestamos internacionales...el gobierno nacional se autofinancia con plata que no le corresponde descapitalizando la caja de jubilaciones

La reforma de Scioli

La reforma de Scioli en la Provincia tiene la misma orientación. Desde hace años los distintos gobiernos provinciales vienen tomando el dinero que les corresponde a los jubilados para desviarlos al pago de subsidios a grupos de amigos.

Lo que se pretende ahora es darle un marco legal a este despojo del “superávit estructural del IPS” que este año superaría los mil millones de pesos.

La ecuación es fácil de entender: los trabajadores aportan un 12% de sus salarios al mes; el gobierno de Scioli se apropia de estos fondos y los gasta. Así de simple. Y con esto pone en riesgo las futuras jubilaciones y las presentes.

El marco legal que se pretende que la Legislatura vote, es que el Poder Ejecutivo pueda utilizar el superávit del IPS contra la firma de un supuesto reconocimiento de deuda con el organismo previsional. Y para ello, el gobierno Scioli, deberá emitir bonos o letras en favor del IPS tan desvalorizados como el gobierno que los emite.

El IPS es un instituto autónomo del Estado bonaerense y tiene sus propias "finanzas" y sus propios recursos (art. 40 de la Constitución de la provincia); la iniciativa de Scioli viene a terminar con este estado de cosas, aunque para hacerlo tenga que violar la propia constitución por la que juró al asumir la gobernación.

A la hora de quedarse con los “excedentes” que le corresponden a los trabajadores, los demócratas parecen no tener problemas en tirar La Carta Magna al tacho de la basura.

Defender el sistema previsional y luchar por aumento salarial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires que le niega un aumento salarial a médicos y enfermeros, a los empleados de la justicia y de los ministerios, a los trabajadores de la educación. Quiere apropiarse de los ahorros destinados a la jubilación.

En el IPS no hay “excedentes”, por que toda la plata depositada se corresponde al esfuerzo que mes a mes los trabajadores vienen haciendo para los jubilados actuales y para los futuros.

El “excedente” del que habla el gobierno Scioli es el resultado de los salarios de hambre que cobran los trabajadores activos. Que pese a todo han logrado hacer una caja superavitaria como fondo de reserva para jubilarse.

Si los trabajadores activos tuvieran un básico acorde a la canasta familiar, el famoso “excedente”(por la movilidad salarial de los jubilados en relación al trabajador activo) se vería equilibrado.

Scioli niega el aumento salarial y quiere terminar con la movilidad de los trabajadores jubilados para financiar su caja con la plata de los trabajadores.

Los que no supieron cobrarle “retensiones” a los grandes sojeros de la pampa bonaerense, ahora intentan cobrarle “retenciones” a los trabajadores estatales que viven con sueldos de hambre.

Por eso la relación entre la defensa del sistema previsional y la lucha por el salario es una sola.

Los aumentos salariales al básico son la única forma de que la supuesta autonomía del las cajas previsionales se cumpla.

Los sindicatos provinciales enrolados en la CTA, que desde hace décadas vienen jugando a la política oficialista, fueron permitiendo este vaciamiento de las cajas, al aceptar aumentos en negro, trabajo precario –disfrazado de monotributo- que le quita aportes a las cajas de jubilaciones (Bapro) y el manoteo indiscriminado de los fondos jubilatorios.

La reforma de Scioli- Perelmiter no debería pasar si los trabajadores toman conciencia de este robo a sus ahorros.

Defender el sistema previsional es rechazar esta reforma, luchar por un sueldo básico acorde a la canasta familiar y terminar con la relaciones laborales en negro.

Scioli pretende aumentar la edad jubilatoria para que los trabajadores, que aportan durante toda su vida, no lleguen a gozar del derecho jubilatorio. El aumento de la edad jubilatoria es el mecanismo perverso que se intenta implementar, para que el trabajador se encuentre con la muerte antes de hacer uso de su derecho a jubilarse.

La reforma del sistema previsional en la provincia decreta a los trabajadores jubilados como un desecho a favor de los grupos poderosos de explotadores amigos del poder.

Compañeros estatales y docentes: la próxima semana se unen dos lucha;

Una, por un aumento salarial acorde a la canasta familiar y la otra, por la defensa del sistema previsional.

El robo del gobierno provincial es descarado. La respuesta de los trabajadores debe estar a la altura de las circunstancias

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