Este jueves 24 de
octubre se ha convocado a trabajadores y estudiantes de todos los
niveles educativos a una huelga. Los estudiantes la están sosteniendo
desde el martes. Los motivos que la impulsan, además de variados, son
abrumadores y contundentes. Son escandalosos. En el caso de la
Universidad, lo que muchos venimos denunciando al menos desde el Informe
Universidad 2000 –que vimos refrendarse poco a poco en la Ley Orgánica
de Universidades, en el Plan Bolonia y en la Estrategia Universidad
2015– se está materializando en diversos frentes de forma acelerada y en
cuestión de meses. Hay un cambio brusco de modelo educativo en marcha
que, como en otros sectores, se implanta aprovechando la situación de
crisis económica mientras se ha ido madurando durante años desde el
bipartidismo imperante.
Como profesor de la Universidad
Complutense, ya he anunciado este jueves a mis estudiantes que no iré a
clase. Haré huelga y estaré manifestándome en las calles de Madrid. A
continuación expongo mis motivos principales.
La subida de
tasas universitarias en Madrid conlleva que en mi facultad un estudiante
de Ciencias Políticas pague 1.620 euros por su primera matrícula. Hace
dos años pagaba 708. De media, en toda la Comunidad de Madrid, los
precios públicos han subido
un 65% acumulado
desde 2011, pero la subida afecta más a unas carreras que a otras. De
suspender, el precio del crédito se pone en 60 euros en segunda
matrícula; y en 113, la tercera. En cuarta y sucesivas: 151 euros. Es
decir, una asignatura como la que yo doy en Grado, de 6 créditos, le
puede llegar a costar a un alumno 906 euros.
Esta subida de
tasas no es exclusiva de la universidad. Para Formación Profesional, la
matrícula ha subido un 122% en un año: de 180 euros a 400.
La
clase que he cancelado para el jueves es de un máster oficial, no
habilitante profesionalmente, que a los estudiantes les cuesta 3.900
euros. Hace un par de años se pagaban 1.500.
Esto se explica
porque en 2011 el crédito mínimo de un máster en Madrid estaba en 25
euros, y el año pasado lo subieron a 65 en primera matrícula; y a 97
euros, en segunda. A la vez, impusieron una norma: que los estudiantes
debían sustentar la mitad del coste del máster. Es decir, que, como el
que yo imparto es barato, podemos agradecer que “solo” se paguen 3.900
euros. Y es que nos encontramos con ejemplos de universidades públicas
que
han cobrado hasta 23.000 euros de matrícula a sus alumnos y alumnas –caso del Máster en Dirección y Administración de Empresas, de dos años, en la Carlos III–.
Al mismo tiempo, el Gobierno recorta en becas mientras favorece el
endeudamiento de los estudiantes con los bancos al apostar por las eufemísticamente llamadas becas préstamo.
En concreto, para recortar, el ministro José Ignacio Wert ha impulsado un
cambio en las condiciones de acceso
que está dejando sin beca a miles de estudiantes. La nota media
requerida para estar exento del pago de la matrícula ha subido al 5,5, y
se exige el 6,5 para otras ayudas económicas. Es bueno saber que con un
5,5 puedes acceder al 61% de las titulaciones públicas.
Simultáneamente, se incrementa el porcentaje de aprobados exigidos para
mantener la exención de la matrícula el curso siguiente (el 90% en
Ciencias Sociales y Humanidades; 65% en ingenierías).
Además de la beca de matrícula hay unas
cuantías fijas por residencia y renta,
así como otras variables indeterminadas. Las primeras se rebajan a
1.500 euros, cuando el año pasado alguien fuera de su comunidad podía
recibir por este concepto
hasta 6.900 euros . El Estado ya ha reclamado
a más de 20.000 estudiantes
convertidos en morosos que devuelvan las becas de este tipo que les
entregaron el año anterior por no cumplir el requisito de aprobar, al
menos, la mitad de las asignaturas matriculadas.
Como en el
caso de las tasas, estas medidas atentan contra la igualdad de
oportunidades: quien más tenga podrá sacar la nota que quiera.
Estudiará. Y quien no disponga de suficientes recursos se quedará
seguramente fuera. La elitización de la Universidad viene clara y en
botella.
Pero yo no solo protestaré por estar quedándome sin
los estudiantes procedentes de las clases populares. A los profesores
tampoco nos va mejor.
En la actualidad cobro 974 euros netos.
Mi contrato indica que estoy a tiempo parcial, lo que también influye en
mi cotización a la Seguridad Social –he de trabajar tres años para
cotizar uno–, pero mi dedicación docente e investigadora real es
completa. Así son las exigencias de mi puesto y de la carrera académica.
Además de los 18 créditos lectivos, tengo prácticas que
supervisar, tribunales en los que estar y diversas investigaciones que
desarrollar. Cinco años después de doctorarme, con libros y artículos
nacionales e internacionales publicados, con excelentes evaluaciones
docentes cada año a mis clases, estoy sustituyendo a una profesora en
excedencia que puede regresar en cualquier momento. Entonces volveré al
paro. En la Universidad Complutense,
prácticamente la mitad de la plantilla docente
somos profesores no permanentes. Incluso hay varios acreditados a
profesor funcionario titular, con currículos estratosféricos, para los
que tampoco hay plaza.
Y es que el recorte de presupuesto
destinado a universidades afecta directamente al personal. La tasa de
reposición de las jubilaciones es del 10% entre el personal docente e
investigador. Peor están entre el personal de administración y
servicios: es cero. La tradicional estructura jerárquica de la
universidad también juega contra nosotros. Así, en la Complutense se
prevé convertir plazas de profesor funcionario titular a catedrático con
este margen. Los “progresistas” responsables del Rectorado no piensan
en crear plazas fijas para que opten los no permanentes.
Spain is así.
La privatización es un hecho ya en nuestras universidades. En realidad
todo bebe del mismo diagnóstico neoliberal, fuente de tantos males: no
hay recursos para financiar la universidad, de ahí la subida de tasas,
los recortes, etc. Y de ahí también el intento de introducir la
filantropía, o la búsqueda de financiación privada para las
investigaciones. En este caso, el hecho de que cada vez más empresas
sustenten la investigación universitaria representa un ataque directo a
la libertad investigadora. ¿Alguien propondrá a la cátedra Repsol un
estudio sobre los perniciosos efectos del petróleo sobre el medio
ambiente? ¿Habrá finalmente máster en economía marxista financiado por
el Banco Santander?
Recordemos que las reformas en marcha han
sido siempre antidemocráticas, es decir, no han consultado jamás a la
comunidad universitaria, y sí a los grandes empresarios. El último
informe para la reforma universitaria contaba con ocho profesores… y un
banquero del Santander. Están imbuidas profundamente del dogma
triunfante: todo responde a un problema de financiación porque dan por
sentado las bondades de reducir cada vez más el gasto público.
Con esta mentalidad de fondo, se entiende que en Madrid ya tengamos 8
universidades privadas por 6 públicas. Pero la privatización también se
cuela en lo que, de nuevo eufemísticamente, denominan externalización de
servicios. En nuestra universidad pública convivimos con trabajadores a
sueldo de “empresas buitre”, que recortan en salarios y aumentan en
horas, mientras despiden cuando pueden. En el caso de la Complutense,
estamos sufriendo este hecho en servicios como la cafetería o la
limpieza. Y la única reacción del Rectorado es extender
una instrucción donde literalmente se lava las manos.
Por último, las comunidades autónomas mantienen ingentes deudas con las
universidades. En Madrid, por ejemplo, hemos sabido recientemente que
la Comunidad
debe 509 millones de euros a las universidades públicas .
A la Complutense le debe 221 millones. Pero no los pagan. Y nadie les
manda antidisturbios armados hasta los dientes para que lo hagan.
Y esta es, en resumen, la batería principal de motivos que me llevan el
24O a la huelga, sin contar con los que mueven al resto de los niveles
educativos, y a la espera aún de ver en qué se materializa el informe
Wert de cara a una reforma universitaria que el Gobierno pretende sacar
adelante la próxima primavera.
La universidad pública precisa
de una profunda reforma. Como decía, es más propia de tiempos feudales
que del siglo XXI. El caciquismo y la endogamia campan a sus anchas. El
triunfo tecnocrático arrincona cada vez más no solo a las Humanidades,
sino a la visión de la Universidad como un centro esencial en nuestra
formación cívica. La falta de recursos, víctima de un sistema fiscal
cada vez más regresivo y del pago de la deuda pública a los grandes
acreedores, nos aprieta cada vez más fuerte, nos ahoga.
Pero
todavía queda algo de ese espacio en el que estudiantes y profesores
procedentes de diversas clases sociales se juntan a leer, dialogar y
pensar juntos. En el que algunos trabajadores gozan de mínimas
protecciones laborales. Eso es lo que debemos defender, y a partir de
ahí ser capaces de construir una universidad pública más democrática,
digna e inclusiva. Ideas para ello no nos faltan.
En 1988 una
huelga educativa de casi un mes logró la dimisión del ministro José
María Maravall. Echar a Wert, y a partir de ahí paralizar las medidas
que afectan a las tasas, las becas, la precarización de los
trabajadores, los despidos o las privatizaciones, es un sueño que
podemos lograr únicamente si hacemos de estas jornadas algo histórico.
Como escuché recientemente a un amigo, nuestros problemas individuales
solo tienen solución desde la lucha colectiva. Lo miremos por donde lo
miremos. Así que, a por ello.
Fuente:
http://colectivonovecento.org/2013/10/23/por-que-la-huelga-en-la-educacion/
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