Con la expectativa
de un leve y lento crecimiento económico, los poderosos se aprestan a
garantizar sus distancias y privilegios, a consolidar la desigualdad y
su poder. La insistencia de las derechas es que aunque haya ‘mejoría’
económica tienen que continuar con las ‘reformas (recortes)
estructurales’, buscando mayores garantías para su hegemonía
institucional. Su proyecto es ampliar la desigualdad e intentar
legitimar su gestión. Estamos en una pugna sociopolítica y distributiva
que afecta a condiciones y derechos sociales y democráticos. El bloque
de poder liberal-conservador, con una gestión regresiva, antisocial y
autoritaria de la crisis, quiere imponer modelo económico y social más
desigual y una democracia más débil. Participamos de una fuerte pugna
cultural en la que se ventila la legitimación o no de este proceso, con
sus discursos y sus gestores (las derechas y capas gerenciales), o bien
se abre una dinámica más justa y democrática, con una ciudadanía más
activa y una representación social y política más robusta. Se trata de
evaluar la desigualdad socioeconómica, su carácter injusto e ilegítimo,
desde los valores de la justicia social, con la perspectiva de un modelo
de sociedad más igualitario y solidario.
Mínima recuperación con máxima desigualdad
Aumentan las brechas sociales y, cada vez más, en la sociedad se
perciben como una dinámica injusta. La realidad de desigualdad social, y
su percepción, enfrentada con la cultura ciudadana de justicia social,
genera indignación popular y deslegitimación de las políticas, agentes e
instituciones que la promueven. Existe un amplio rechazo ciudadano al
desempleo masivo, el empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la
población y el deterioro de derechos, prestaciones y servicios
públicos, derivados de la crisis económica y la estrategia
liberal-conservadora de la austeridad. Esta actitud cívica se asienta en
los valores de igualdad, solidaridad y democracia. Esta conciencia
democrática y de justicia social es progresista y mayoritaria. Lleva
aparejada la oposición a los recortes sociolaborales y la exigencia de
democratización del sistema político. Es un factor clave para consolidar
una ciudadanía activa, acabar con las políticas regresivas y
antisociales y promover el cambio social e institucional. Por ello, la
interpretación de la desigualdad y su carácter injusto es fundamental en
la fuerte pugna cultural, mediática y sociopolítica entre los
poderosos, que pretenden justificar su necesidad y su consolidación, y
las corrientes populares progresistas, que la cuestionan y aspiran a su
cambio.
Fruto del incremento de la desigualdad socioeconómica,
la acumulación de riqueza en la cúpula financiera y la desregulación
institucional, se produjeron las burbujas inmobiliarias y financieras;
su estallido ha generado la mayor crisis económica y social en muchas
décadas. Las medidas neoliberales de ajuste regresivo y la socialización
de las pérdidas privadas han incrementado la desigualdad, el
empobrecimiento y la incertidumbre para la mayoría de la sociedad,
particularmente en los países europeos periféricos.
El proyecto
liberal-conservador dominante trata de garantizar mayores privilegios
económicos y políticos para las élites (financieras y gobernantes),
consolidar la desigualdad social y la subordinación de las capas
populares y neutralizar la participación ciudadana y una acción política
progresista, reguladora o redistributiva. Supone, por tanto, un
deterioro democrático del sistema político y una fuerte ofensiva
cultural por evitar la significativa desconfianza popular en esa gestión
regresiva. Su freno es una consistente contestación ciudadana
progresista, un amplio movimiento de resistencia popular, al menos en el
sur de Europa, con un reflejo relevante en el campo político y
electoral, y una significativa influencia en el norte. Los límites o
líneas rojas de la gestión de las derechas dominantes son, de momento,
el evitar un deslizamiento irreversible hacia una grave crisis social,
una fuerte desvertebración política e institucional o una ruptura de la
Unión Europea. No está clara la eficacia de su estrategia de no caer en
esos abismos, aunque no sea pretendido. Serían aspectos difíciles de
manejar y que, en todo caso, conllevarían el fracaso de las actuales
élites gobernantes respecto de su fuente de legitimidad: el bienestar de
la población en una Europa democrática, social e integrada.
Por ello la acción contra la desigualdad debe complementarse con un
avance en el modelo social y el Estado de bienestar europeo y en el
fortalecimiento de la democracia, con el respeto de la representación
política y las élites gestoras a las demandas ciudadanas. La solución:
una salida equitativa a la crisis, un nuevo contrato social y político
democrático y progresista, una cultura cívica igualitaria y solidaria.
Por un lado, hay que evidenciar la gravedad de la desigualdad
socioeconómica, su persistencia y sus causas, frente a los intentos de
minusvalorarla, considerarla transitoria o eludir las responsabilidades
de sus causantes. Y, por otro lado, se debe ampliar la deslegitimación
social y ética de la desigualdad, cuestionar los argumentos y discursos
que pretenden justificarla, para fortalecer la actitud cívica de la
ciudadanía y el rechazo popular a la misma. Sobre lo primero, se están
publicando diversos estudios, que han tenido un gran impacto en la
opinión pública, y por mi parte lo he tratado en otros trabajos. Aquí,
nos centraremos en lo segundo, explorando las distintas concepciones
(progresistas/igualitarias o regresivas/desigualitarias) que pugnan por
la hegemonía ideológica o cultural en la sociedad.
Desigualdad
es un concepto comparativo. Hace referencia a las ‘distancias’ entre
distintas categorías sociales (individuos, segmentos, grupos o países).
Pero para valorar la percepción de su gravedad y su carácter injusto hay
que combinarlo con otro hecho dinámico: la comparación con la situación
anterior de cada individuo y estrato social. Uno de los temas más
complejos para analizar es la relación entre crecimiento económico y
desigualdad, con la combinación de dos dinámicas: mayores bienes, junto
con mayor desigualdad. El énfasis en lo primero pretende justificar lo
segundo, aunque lo segundo no debe despreciar lo primero.
El
discurso de la derecha sobre la inminente, continuada y generalizada
recuperación económica es un engaño: aspectos parciales mejoran, pero el
grueso de los que afectan directamente a los ciudadanos se mantienen o
empeoran. Una de sus pretensiones es evitar la deslegitimación de unas
políticas gubernamentales y unos agentes económicos e institucionales
que han ampliado la desigualdad, el descenso socioeconómico de la
mayoría de la sociedad y el deterioro democrático de las grandes
instituciones públicas. Existen algunos indicadores económicos menos
negativos. Se sale de la gran recesión aunque, en el mejor de los casos y
si no hay otros contratiempos, habrá solo una leve y lentísima mejoría
económica y de empleo, como aventura el FMI y la Comisión europea. Según
pronostican sus portavoces, en España tendríamos (al menos) una década
por delante de sufrimiento. Aunque a su término tampoco nos espera la
reversión de mayor igualdad, protección pública o derechos
sociolaborales. La posible salida conservadora de la crisis pretende
asegurar el desequilibrio impuesto en las relaciones de poder económico y
empresarial, continuar con el proceso de desmantelamiento del Estado de
bienestar (
insostenible para M. Draghi, del BCE) y consolidar el
autoritarismo político con una democracia débil. Todo ello con especial
impacto para los países europeos mediterráneos.
No obstante,
de no acabar de inmediato con la política de austeridad, permanecerán un
similar nivel de desempleo masivo, el descenso de la capacidad
adquisitiva de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, mayor
precarización y sometimiento de la población trabajadora y peores y
segmentados servicios públicos. Un elemento clave, la posibilidad de
creación limitada de empleo (temporal y a tiempo parcial), se
instrumentaliza para profundizar en la precarización y la pérdida de
derechos sociolaborales del conjunto y fortalecer el poder y los
beneficios empresariales.
Ese discurso liberal-conservador
pretende legitimar la estructura y la dinámica de desigualdad. Considera
que el enriquecimiento de las élites es ‘merecido’ por sus habilidades
inversoras y especulativas y el tráfico de influencias y poder. Y
también que el empobrecimiento y el paro masivo, que afecta a personas
de las capas populares, también es ‘merecido’. Así, no habría que
cambiar nada, las dinámicas desiguales estarían justificadas, haciendo
abstracción de las distintas situaciones de ventajas y desventajas, de
origen, contexto y trayectoria, de las desiguales relaciones de poder y
condiciones que están incluyendo en las diferentes capas de la sociedad.
Pasa por alto las distintas oportunidades y capacidades iniciales y en
su desarrollo en que se encuentran los distintos individuos y grupos
sociales. Con esa idea, las capas acomodadas intentan pasar página del
incremento de las brechas sociales y las posiciones de subordinación de
la mayoría de la población, derivadas de las estructuras desiguales, la
crisis económica y las políticas de austeridad. Pretende hacer olvidar
las causas y responsabilidades de las capas financieras y gobernantes
que las han ampliado a costa de la mayoría de la sociedad. Su promesa es
que ese (limitado y lento) crecimiento iría a mejorar la capacidad
adquisitiva de la población, esperando que el rechazo a la desigualdad
pase a segundo plano.
El proceso de legitimación de la dinámica
desigual adquiere nuevos argumentos: la (hipotética) mejoría de la
situación de la gente, avalaría las políticas de ajustes y austeridad
que han ampliado la desigualdad. Esta situación, según ellos, debería
consolidarse y ampliarse como condición ‘inevitable’ para el crecimiento
económico. Así, se garantizarían, junto con su mayor poder y
dominación, el incremento de las distancias y privilegios de las capas
más ricas frente al estancamiento de la mayoría de la sociedad. O, bien,
la existencia de una leve mejoría de una parte (minoritaria), junto con
el agravamiento de la pobreza y el desamparo con mayor subordinación,
en otra parte (mayoritaria).
La justificación neoliberal de la desigualdad
Para interpretar la realidad de la situación de desigualdad y valorar
su significado se debe combinar su análisis con la justicia social y sus
fundamentos éticos. Aquí es cuando aparecen las distintas
interpretaciones éticas para definir lo justo y lo injusto y, por tanto,
dar legitimidad o no a determinados grados de desigualdad aplicados
según motivos, condiciones y contextos diferentes.
El
pensamiento liberal dominante considera la desigualdad como justa (o
racional, eficiente y conveniente). Admite cierta igualdad jurídica o
formal, pero valora la desigualdad socioeconómica como necesaria e
imprescindible para garantizar el crecimiento económico, al que le da el
valor supremo, y la correspondiente apropiación de beneficios por las
clases dominantes. Es decir, la mejora del bienestar de la población
pasaría por la inevitabilidad de la desigualdad, la acumulación privada
de la riqueza en las cúpulas oligárquicas y, por tanto, la subordinación
de la sociedad a unas relaciones y estructuras desiguales. El valor de
la mejoría económica relativa derivada del mercado estaría por encima
del avance hacia la igualdad, sería compatible con la ampliación de las
brechas sociales, y ese proceso se calificaría de ‘justo’. Las élites
económicas tendrían legitimidad para aumentar sus privilegios y las
distancias respecto de la mayoría de la sociedad, siempre que los
sectores desfavorecidos mejoren algo su capacidad adquisitiva. Este
último componente adicional era, primero, la caridad hacia los pobres, y
después, el talante ‘social’ del liberalismo o las tradiciones
cristianas. El actual discurso de la derecha, del cambio de tendencia
económica y de empleo, con la consiguiente e hipotética leve mejoría
para personas desempleadas, utiliza ese argumento para frenar la crítica
ciudadana a precarización, incertidumbre y desamparo de la mayoría, la
ampliación de grandes brechas sociales y el enriquecimiento de las
élites.
Así, nos encontramos con datos actuales como que más del
90% del crecimiento diferencial de la renta se lo queda el 10% más
rico, y que el 90% de la población se reparte el 10% restante de la
renta. Pero como éstos también mejoran respecto de su situación
anterior, aunque las distancias aumenten, sería una situación más justa y
suficiente para justificar como ‘buena’ esa dinámica más desigual. Por
tanto, algunos de criterios de justicia (liberales, demócrata-cristianos
y de apariencia progresista) se utilizan también para justificar cierto
nivel de desigualdad en determinadas condiciones de mejoría relativa de
los más pobres.
En consecuencia, habrá que demostrar, primero,
la existencia de desigualdad, y, segundo, su carácter injusto. Es
evidente la conciencia social de la existencia de mayor desigualdad y
empobrecimiento cuando, al mismo tiempo, hay un descenso económico
mayoritario. La interpretación es más ambivalente cuando hay cierto
crecimiento económico, es decir, cuando se puede combinar dos dinámicas:
mayor desigualdad (brechas sociales), junto con una mejora en la
capacidad adquisitiva respecto a la situación anterior (es el caso
actual de China).
El discurso utilitarista o neoliberal se
centra en justificar la desigualdad y la subordinación popular como
elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento económico,
para asegurar los beneficios e incentivar ‘adecuadamente’ a los
principales agentes económicos (según ellos): los inversores (el capital
financiero), los propietarios de los medios de producción y las capas
gerenciales o corporativas. Según el pensamiento clásico liberal, la
acumulación de riqueza privada llevaría a la prosperidad general. La
realidad actual de la crisis económica, con una gran polarización de la
riqueza, en manos de una minoría oligárquica, y una gran recesión o
estancamiento económicos, cuestionan ese discurso. El aumento del
dominio y el beneficio económico de las elites financieras no reporta en
incremento de empleo (decente), y ese discurso apenas esconde su
objetivo: intentar legitimar su apropiación desmesurada frente al
interés general. La distribución de los beneficios de la actividad
económica es desigual y se ampara en una estructura de poder que la
impone, aunque esté sometida a los procesos de legitimación social y
política.
Por tanto, hay un conflicto entre igualdad y
crecimiento económico. En un marco capitalista como el actual, con
libertad empresarial y de capitales, los agentes económicos,
propietarios y gestores, exigen ‘incentivos’ desiguales,
comparativamente. ¿Cuál es el grado de desigualdad necesario o
admisible, según esas relaciones económicas y de poder, para garantizar
un crecimiento ‘sostenible’ y ‘eficiente’ que reporte beneficios al
conjunto, mejorando su situación material aún a costa de determinada
distribución desigual? O al contrario, ¿Cuándo una distribución
igualitaria deja de ser eficiente y constituye un motivo de rebelión
para las élites y el poder financiero que exigen incentivos (desiguales)
y dominio económico y de poder, bajo la amenaza del aislamiento
financiero?. La solución viene desde el campo político: la capacidad de
la sociedad y sus instituciones políticas (Estado) para regular los
procesos económicos (mercado) y definir los márgenes de una justicia
distributiva desde una ética igualitaria y solidaria que garantice el
‘bien común’ de la humanidad. La cuestión es que es difícil ejecutarlo
si no es, al menos, en el plano europeo. En todo caso seguiría siendo un
problema político, es decir, de fuerzas sociales e instituciones
públicas con suficiente apoyo ciudadano para consolidar procesos de
gobernanza que regulen los mercados, superando las dependencias y
subordinaciones a esos poderes financieros de las clases gobernantes,
los Estados y las instituciones europeas.
En definitiva, las
concepciones de la justicia social, de una igualdad de oportunidades más
débil o más fuerte, junto con una fuerte cultura democrática y cívica,
particularmente, en la conciencia popular, son fundamentales para
valorar la desigualdad y la actitud ciudadana ante ella.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
