Con la expectativa
de un leve y lento crecimiento económico, los poderosos se aprestan a
garantizar sus distancias y privilegios, a consolidar la desigualdad y
su poder. La insistencia de las derechas es que aunque haya ‘mejoría’
económica tienen que continuar con las ‘reformas (recortes)
estructurales’, buscando mayores garantías para su hegemonía
institucional. Su proyecto es ampliar la desigualdad e intentar
legitimar su gestión. Estamos en una pugna sociopolítica y distributiva
que afecta a condiciones y derechos sociales y democráticos. El bloque
de poder liberal-conservador, con una gestión regresiva, antisocial y
autoritaria de la crisis, quiere imponer modelo económico y social más
desigual y una democracia más débil. Participamos de una fuerte pugna
cultural en la que se ventila la legitimación o no de este proceso, con
sus discursos y sus gestores (las derechas y capas gerenciales), o bien
se abre una dinámica más justa y democrática, con una ciudadanía más
activa y una representación social y política más robusta. Se trata de
evaluar la desigualdad socioeconómica, su carácter injusto e ilegítimo,
desde los valores de la justicia social, con la perspectiva de un modelo
de sociedad más igualitario y solidario.
Mínima recuperación con máxima desigualdad
Aumentan las brechas sociales y, cada vez más, en la sociedad se perciben como una dinámica injusta. La realidad de desigualdad social, y su percepción, enfrentada con la cultura ciudadana de justicia social, genera indignación popular y deslegitimación de las políticas, agentes e instituciones que la promueven. Existe un amplio rechazo ciudadano al desempleo masivo, el empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la población y el deterioro de derechos, prestaciones y servicios públicos, derivados de la crisis económica y la estrategia liberal-conservadora de la austeridad. Esta actitud cívica se asienta en los valores de igualdad, solidaridad y democracia. Esta conciencia democrática y de justicia social es progresista y mayoritaria. Lleva aparejada la oposición a los recortes sociolaborales y la exigencia de democratización del sistema político. Es un factor clave para consolidar una ciudadanía activa, acabar con las políticas regresivas y antisociales y promover el cambio social e institucional. Por ello, la interpretación de la desigualdad y su carácter injusto es fundamental en la fuerte pugna cultural, mediática y sociopolítica entre los poderosos, que pretenden justificar su necesidad y su consolidación, y las corrientes populares progresistas, que la cuestionan y aspiran a su cambio.
Fruto del incremento de la desigualdad socioeconómica, la acumulación de riqueza en la cúpula financiera y la desregulación institucional, se produjeron las burbujas inmobiliarias y financieras; su estallido ha generado la mayor crisis económica y social en muchas décadas. Las medidas neoliberales de ajuste regresivo y la socialización de las pérdidas privadas han incrementado la desigualdad, el empobrecimiento y la incertidumbre para la mayoría de la sociedad, particularmente en los países europeos periféricos.
El proyecto liberal-conservador dominante trata de garantizar mayores privilegios económicos y políticos para las élites (financieras y gobernantes), consolidar la desigualdad social y la subordinación de las capas populares y neutralizar la participación ciudadana y una acción política progresista, reguladora o redistributiva. Supone, por tanto, un deterioro democrático del sistema político y una fuerte ofensiva cultural por evitar la significativa desconfianza popular en esa gestión regresiva. Su freno es una consistente contestación ciudadana progresista, un amplio movimiento de resistencia popular, al menos en el sur de Europa, con un reflejo relevante en el campo político y electoral, y una significativa influencia en el norte. Los límites o líneas rojas de la gestión de las derechas dominantes son, de momento, el evitar un deslizamiento irreversible hacia una grave crisis social, una fuerte desvertebración política e institucional o una ruptura de la Unión Europea. No está clara la eficacia de su estrategia de no caer en esos abismos, aunque no sea pretendido. Serían aspectos difíciles de manejar y que, en todo caso, conllevarían el fracaso de las actuales élites gobernantes respecto de su fuente de legitimidad: el bienestar de la población en una Europa democrática, social e integrada.
Por ello la acción contra la desigualdad debe complementarse con un avance en el modelo social y el Estado de bienestar europeo y en el fortalecimiento de la democracia, con el respeto de la representación política y las élites gestoras a las demandas ciudadanas. La solución: una salida equitativa a la crisis, un nuevo contrato social y político democrático y progresista, una cultura cívica igualitaria y solidaria.
Por un lado, hay que evidenciar la gravedad de la desigualdad socioeconómica, su persistencia y sus causas, frente a los intentos de minusvalorarla, considerarla transitoria o eludir las responsabilidades de sus causantes. Y, por otro lado, se debe ampliar la deslegitimación social y ética de la desigualdad, cuestionar los argumentos y discursos que pretenden justificarla, para fortalecer la actitud cívica de la ciudadanía y el rechazo popular a la misma. Sobre lo primero, se están publicando diversos estudios, que han tenido un gran impacto en la opinión pública, y por mi parte lo he tratado en otros trabajos. Aquí, nos centraremos en lo segundo, explorando las distintas concepciones (progresistas/igualitarias o regresivas/desigualitarias) que pugnan por la hegemonía ideológica o cultural en la sociedad.
Desigualdad es un concepto comparativo. Hace referencia a las ‘distancias’ entre distintas categorías sociales (individuos, segmentos, grupos o países). Pero para valorar la percepción de su gravedad y su carácter injusto hay que combinarlo con otro hecho dinámico: la comparación con la situación anterior de cada individuo y estrato social. Uno de los temas más complejos para analizar es la relación entre crecimiento económico y desigualdad, con la combinación de dos dinámicas: mayores bienes, junto con mayor desigualdad. El énfasis en lo primero pretende justificar lo segundo, aunque lo segundo no debe despreciar lo primero.
El discurso de la derecha sobre la inminente, continuada y generalizada recuperación económica es un engaño: aspectos parciales mejoran, pero el grueso de los que afectan directamente a los ciudadanos se mantienen o empeoran. Una de sus pretensiones es evitar la deslegitimación de unas políticas gubernamentales y unos agentes económicos e institucionales que han ampliado la desigualdad, el descenso socioeconómico de la mayoría de la sociedad y el deterioro democrático de las grandes instituciones públicas. Existen algunos indicadores económicos menos negativos. Se sale de la gran recesión aunque, en el mejor de los casos y si no hay otros contratiempos, habrá solo una leve y lentísima mejoría económica y de empleo, como aventura el FMI y la Comisión europea. Según pronostican sus portavoces, en España tendríamos (al menos) una década por delante de sufrimiento. Aunque a su término tampoco nos espera la reversión de mayor igualdad, protección pública o derechos sociolaborales. La posible salida conservadora de la crisis pretende asegurar el desequilibrio impuesto en las relaciones de poder económico y empresarial, continuar con el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar (insostenible para M. Draghi, del BCE) y consolidar el autoritarismo político con una democracia débil. Todo ello con especial impacto para los países europeos mediterráneos.
No obstante, de no acabar de inmediato con la política de austeridad, permanecerán un similar nivel de desempleo masivo, el descenso de la capacidad adquisitiva de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, mayor precarización y sometimiento de la población trabajadora y peores y segmentados servicios públicos. Un elemento clave, la posibilidad de creación limitada de empleo (temporal y a tiempo parcial), se instrumentaliza para profundizar en la precarización y la pérdida de derechos sociolaborales del conjunto y fortalecer el poder y los beneficios empresariales.
Ese discurso liberal-conservador pretende legitimar la estructura y la dinámica de desigualdad. Considera que el enriquecimiento de las élites es ‘merecido’ por sus habilidades inversoras y especulativas y el tráfico de influencias y poder. Y también que el empobrecimiento y el paro masivo, que afecta a personas de las capas populares, también es ‘merecido’. Así, no habría que cambiar nada, las dinámicas desiguales estarían justificadas, haciendo abstracción de las distintas situaciones de ventajas y desventajas, de origen, contexto y trayectoria, de las desiguales relaciones de poder y condiciones que están incluyendo en las diferentes capas de la sociedad. Pasa por alto las distintas oportunidades y capacidades iniciales y en su desarrollo en que se encuentran los distintos individuos y grupos sociales. Con esa idea, las capas acomodadas intentan pasar página del incremento de las brechas sociales y las posiciones de subordinación de la mayoría de la población, derivadas de las estructuras desiguales, la crisis económica y las políticas de austeridad. Pretende hacer olvidar las causas y responsabilidades de las capas financieras y gobernantes que las han ampliado a costa de la mayoría de la sociedad. Su promesa es que ese (limitado y lento) crecimiento iría a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, esperando que el rechazo a la desigualdad pase a segundo plano.
El proceso de legitimación de la dinámica desigual adquiere nuevos argumentos: la (hipotética) mejoría de la situación de la gente, avalaría las políticas de ajustes y austeridad que han ampliado la desigualdad. Esta situación, según ellos, debería consolidarse y ampliarse como condición ‘inevitable’ para el crecimiento económico. Así, se garantizarían, junto con su mayor poder y dominación, el incremento de las distancias y privilegios de las capas más ricas frente al estancamiento de la mayoría de la sociedad. O, bien, la existencia de una leve mejoría de una parte (minoritaria), junto con el agravamiento de la pobreza y el desamparo con mayor subordinación, en otra parte (mayoritaria).
La justificación neoliberal de la desigualdad
Para interpretar la realidad de la situación de desigualdad y valorar su significado se debe combinar su análisis con la justicia social y sus fundamentos éticos. Aquí es cuando aparecen las distintas interpretaciones éticas para definir lo justo y lo injusto y, por tanto, dar legitimidad o no a determinados grados de desigualdad aplicados según motivos, condiciones y contextos diferentes.
El pensamiento liberal dominante considera la desigualdad como justa (o racional, eficiente y conveniente). Admite cierta igualdad jurídica o formal, pero valora la desigualdad socioeconómica como necesaria e imprescindible para garantizar el crecimiento económico, al que le da el valor supremo, y la correspondiente apropiación de beneficios por las clases dominantes. Es decir, la mejora del bienestar de la población pasaría por la inevitabilidad de la desigualdad, la acumulación privada de la riqueza en las cúpulas oligárquicas y, por tanto, la subordinación de la sociedad a unas relaciones y estructuras desiguales. El valor de la mejoría económica relativa derivada del mercado estaría por encima del avance hacia la igualdad, sería compatible con la ampliación de las brechas sociales, y ese proceso se calificaría de ‘justo’. Las élites económicas tendrían legitimidad para aumentar sus privilegios y las distancias respecto de la mayoría de la sociedad, siempre que los sectores desfavorecidos mejoren algo su capacidad adquisitiva. Este último componente adicional era, primero, la caridad hacia los pobres, y después, el talante ‘social’ del liberalismo o las tradiciones cristianas. El actual discurso de la derecha, del cambio de tendencia económica y de empleo, con la consiguiente e hipotética leve mejoría para personas desempleadas, utiliza ese argumento para frenar la crítica ciudadana a precarización, incertidumbre y desamparo de la mayoría, la ampliación de grandes brechas sociales y el enriquecimiento de las élites.
Así, nos encontramos con datos actuales como que más del 90% del crecimiento diferencial de la renta se lo queda el 10% más rico, y que el 90% de la población se reparte el 10% restante de la renta. Pero como éstos también mejoran respecto de su situación anterior, aunque las distancias aumenten, sería una situación más justa y suficiente para justificar como ‘buena’ esa dinámica más desigual. Por tanto, algunos de criterios de justicia (liberales, demócrata-cristianos y de apariencia progresista) se utilizan también para justificar cierto nivel de desigualdad en determinadas condiciones de mejoría relativa de los más pobres.
En consecuencia, habrá que demostrar, primero, la existencia de desigualdad, y, segundo, su carácter injusto. Es evidente la conciencia social de la existencia de mayor desigualdad y empobrecimiento cuando, al mismo tiempo, hay un descenso económico mayoritario. La interpretación es más ambivalente cuando hay cierto crecimiento económico, es decir, cuando se puede combinar dos dinámicas: mayor desigualdad (brechas sociales), junto con una mejora en la capacidad adquisitiva respecto a la situación anterior (es el caso actual de China).
El discurso utilitarista o neoliberal se centra en justificar la desigualdad y la subordinación popular como elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento económico, para asegurar los beneficios e incentivar ‘adecuadamente’ a los principales agentes económicos (según ellos): los inversores (el capital financiero), los propietarios de los medios de producción y las capas gerenciales o corporativas. Según el pensamiento clásico liberal, la acumulación de riqueza privada llevaría a la prosperidad general. La realidad actual de la crisis económica, con una gran polarización de la riqueza, en manos de una minoría oligárquica, y una gran recesión o estancamiento económicos, cuestionan ese discurso. El aumento del dominio y el beneficio económico de las elites financieras no reporta en incremento de empleo (decente), y ese discurso apenas esconde su objetivo: intentar legitimar su apropiación desmesurada frente al interés general. La distribución de los beneficios de la actividad económica es desigual y se ampara en una estructura de poder que la impone, aunque esté sometida a los procesos de legitimación social y política.
Por tanto, hay un conflicto entre igualdad y crecimiento económico. En un marco capitalista como el actual, con libertad empresarial y de capitales, los agentes económicos, propietarios y gestores, exigen ‘incentivos’ desiguales, comparativamente. ¿Cuál es el grado de desigualdad necesario o admisible, según esas relaciones económicas y de poder, para garantizar un crecimiento ‘sostenible’ y ‘eficiente’ que reporte beneficios al conjunto, mejorando su situación material aún a costa de determinada distribución desigual? O al contrario, ¿Cuándo una distribución igualitaria deja de ser eficiente y constituye un motivo de rebelión para las élites y el poder financiero que exigen incentivos (desiguales) y dominio económico y de poder, bajo la amenaza del aislamiento financiero?. La solución viene desde el campo político: la capacidad de la sociedad y sus instituciones políticas (Estado) para regular los procesos económicos (mercado) y definir los márgenes de una justicia distributiva desde una ética igualitaria y solidaria que garantice el ‘bien común’ de la humanidad. La cuestión es que es difícil ejecutarlo si no es, al menos, en el plano europeo. En todo caso seguiría siendo un problema político, es decir, de fuerzas sociales e instituciones públicas con suficiente apoyo ciudadano para consolidar procesos de gobernanza que regulen los mercados, superando las dependencias y subordinaciones a esos poderes financieros de las clases gobernantes, los Estados y las instituciones europeas.
En definitiva, las concepciones de la justicia social, de una igualdad de oportunidades más débil o más fuerte, junto con una fuerte cultura democrática y cívica, particularmente, en la conciencia popular, son fundamentales para valorar la desigualdad y la actitud ciudadana ante ella.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Mínima recuperación con máxima desigualdad
Aumentan las brechas sociales y, cada vez más, en la sociedad se perciben como una dinámica injusta. La realidad de desigualdad social, y su percepción, enfrentada con la cultura ciudadana de justicia social, genera indignación popular y deslegitimación de las políticas, agentes e instituciones que la promueven. Existe un amplio rechazo ciudadano al desempleo masivo, el empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la población y el deterioro de derechos, prestaciones y servicios públicos, derivados de la crisis económica y la estrategia liberal-conservadora de la austeridad. Esta actitud cívica se asienta en los valores de igualdad, solidaridad y democracia. Esta conciencia democrática y de justicia social es progresista y mayoritaria. Lleva aparejada la oposición a los recortes sociolaborales y la exigencia de democratización del sistema político. Es un factor clave para consolidar una ciudadanía activa, acabar con las políticas regresivas y antisociales y promover el cambio social e institucional. Por ello, la interpretación de la desigualdad y su carácter injusto es fundamental en la fuerte pugna cultural, mediática y sociopolítica entre los poderosos, que pretenden justificar su necesidad y su consolidación, y las corrientes populares progresistas, que la cuestionan y aspiran a su cambio.
Fruto del incremento de la desigualdad socioeconómica, la acumulación de riqueza en la cúpula financiera y la desregulación institucional, se produjeron las burbujas inmobiliarias y financieras; su estallido ha generado la mayor crisis económica y social en muchas décadas. Las medidas neoliberales de ajuste regresivo y la socialización de las pérdidas privadas han incrementado la desigualdad, el empobrecimiento y la incertidumbre para la mayoría de la sociedad, particularmente en los países europeos periféricos.
El proyecto liberal-conservador dominante trata de garantizar mayores privilegios económicos y políticos para las élites (financieras y gobernantes), consolidar la desigualdad social y la subordinación de las capas populares y neutralizar la participación ciudadana y una acción política progresista, reguladora o redistributiva. Supone, por tanto, un deterioro democrático del sistema político y una fuerte ofensiva cultural por evitar la significativa desconfianza popular en esa gestión regresiva. Su freno es una consistente contestación ciudadana progresista, un amplio movimiento de resistencia popular, al menos en el sur de Europa, con un reflejo relevante en el campo político y electoral, y una significativa influencia en el norte. Los límites o líneas rojas de la gestión de las derechas dominantes son, de momento, el evitar un deslizamiento irreversible hacia una grave crisis social, una fuerte desvertebración política e institucional o una ruptura de la Unión Europea. No está clara la eficacia de su estrategia de no caer en esos abismos, aunque no sea pretendido. Serían aspectos difíciles de manejar y que, en todo caso, conllevarían el fracaso de las actuales élites gobernantes respecto de su fuente de legitimidad: el bienestar de la población en una Europa democrática, social e integrada.
Por ello la acción contra la desigualdad debe complementarse con un avance en el modelo social y el Estado de bienestar europeo y en el fortalecimiento de la democracia, con el respeto de la representación política y las élites gestoras a las demandas ciudadanas. La solución: una salida equitativa a la crisis, un nuevo contrato social y político democrático y progresista, una cultura cívica igualitaria y solidaria.
Por un lado, hay que evidenciar la gravedad de la desigualdad socioeconómica, su persistencia y sus causas, frente a los intentos de minusvalorarla, considerarla transitoria o eludir las responsabilidades de sus causantes. Y, por otro lado, se debe ampliar la deslegitimación social y ética de la desigualdad, cuestionar los argumentos y discursos que pretenden justificarla, para fortalecer la actitud cívica de la ciudadanía y el rechazo popular a la misma. Sobre lo primero, se están publicando diversos estudios, que han tenido un gran impacto en la opinión pública, y por mi parte lo he tratado en otros trabajos. Aquí, nos centraremos en lo segundo, explorando las distintas concepciones (progresistas/igualitarias o regresivas/desigualitarias) que pugnan por la hegemonía ideológica o cultural en la sociedad.
Desigualdad es un concepto comparativo. Hace referencia a las ‘distancias’ entre distintas categorías sociales (individuos, segmentos, grupos o países). Pero para valorar la percepción de su gravedad y su carácter injusto hay que combinarlo con otro hecho dinámico: la comparación con la situación anterior de cada individuo y estrato social. Uno de los temas más complejos para analizar es la relación entre crecimiento económico y desigualdad, con la combinación de dos dinámicas: mayores bienes, junto con mayor desigualdad. El énfasis en lo primero pretende justificar lo segundo, aunque lo segundo no debe despreciar lo primero.
El discurso de la derecha sobre la inminente, continuada y generalizada recuperación económica es un engaño: aspectos parciales mejoran, pero el grueso de los que afectan directamente a los ciudadanos se mantienen o empeoran. Una de sus pretensiones es evitar la deslegitimación de unas políticas gubernamentales y unos agentes económicos e institucionales que han ampliado la desigualdad, el descenso socioeconómico de la mayoría de la sociedad y el deterioro democrático de las grandes instituciones públicas. Existen algunos indicadores económicos menos negativos. Se sale de la gran recesión aunque, en el mejor de los casos y si no hay otros contratiempos, habrá solo una leve y lentísima mejoría económica y de empleo, como aventura el FMI y la Comisión europea. Según pronostican sus portavoces, en España tendríamos (al menos) una década por delante de sufrimiento. Aunque a su término tampoco nos espera la reversión de mayor igualdad, protección pública o derechos sociolaborales. La posible salida conservadora de la crisis pretende asegurar el desequilibrio impuesto en las relaciones de poder económico y empresarial, continuar con el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar (insostenible para M. Draghi, del BCE) y consolidar el autoritarismo político con una democracia débil. Todo ello con especial impacto para los países europeos mediterráneos.
No obstante, de no acabar de inmediato con la política de austeridad, permanecerán un similar nivel de desempleo masivo, el descenso de la capacidad adquisitiva de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, mayor precarización y sometimiento de la población trabajadora y peores y segmentados servicios públicos. Un elemento clave, la posibilidad de creación limitada de empleo (temporal y a tiempo parcial), se instrumentaliza para profundizar en la precarización y la pérdida de derechos sociolaborales del conjunto y fortalecer el poder y los beneficios empresariales.
Ese discurso liberal-conservador pretende legitimar la estructura y la dinámica de desigualdad. Considera que el enriquecimiento de las élites es ‘merecido’ por sus habilidades inversoras y especulativas y el tráfico de influencias y poder. Y también que el empobrecimiento y el paro masivo, que afecta a personas de las capas populares, también es ‘merecido’. Así, no habría que cambiar nada, las dinámicas desiguales estarían justificadas, haciendo abstracción de las distintas situaciones de ventajas y desventajas, de origen, contexto y trayectoria, de las desiguales relaciones de poder y condiciones que están incluyendo en las diferentes capas de la sociedad. Pasa por alto las distintas oportunidades y capacidades iniciales y en su desarrollo en que se encuentran los distintos individuos y grupos sociales. Con esa idea, las capas acomodadas intentan pasar página del incremento de las brechas sociales y las posiciones de subordinación de la mayoría de la población, derivadas de las estructuras desiguales, la crisis económica y las políticas de austeridad. Pretende hacer olvidar las causas y responsabilidades de las capas financieras y gobernantes que las han ampliado a costa de la mayoría de la sociedad. Su promesa es que ese (limitado y lento) crecimiento iría a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, esperando que el rechazo a la desigualdad pase a segundo plano.
El proceso de legitimación de la dinámica desigual adquiere nuevos argumentos: la (hipotética) mejoría de la situación de la gente, avalaría las políticas de ajustes y austeridad que han ampliado la desigualdad. Esta situación, según ellos, debería consolidarse y ampliarse como condición ‘inevitable’ para el crecimiento económico. Así, se garantizarían, junto con su mayor poder y dominación, el incremento de las distancias y privilegios de las capas más ricas frente al estancamiento de la mayoría de la sociedad. O, bien, la existencia de una leve mejoría de una parte (minoritaria), junto con el agravamiento de la pobreza y el desamparo con mayor subordinación, en otra parte (mayoritaria).
La justificación neoliberal de la desigualdad
Para interpretar la realidad de la situación de desigualdad y valorar su significado se debe combinar su análisis con la justicia social y sus fundamentos éticos. Aquí es cuando aparecen las distintas interpretaciones éticas para definir lo justo y lo injusto y, por tanto, dar legitimidad o no a determinados grados de desigualdad aplicados según motivos, condiciones y contextos diferentes.
El pensamiento liberal dominante considera la desigualdad como justa (o racional, eficiente y conveniente). Admite cierta igualdad jurídica o formal, pero valora la desigualdad socioeconómica como necesaria e imprescindible para garantizar el crecimiento económico, al que le da el valor supremo, y la correspondiente apropiación de beneficios por las clases dominantes. Es decir, la mejora del bienestar de la población pasaría por la inevitabilidad de la desigualdad, la acumulación privada de la riqueza en las cúpulas oligárquicas y, por tanto, la subordinación de la sociedad a unas relaciones y estructuras desiguales. El valor de la mejoría económica relativa derivada del mercado estaría por encima del avance hacia la igualdad, sería compatible con la ampliación de las brechas sociales, y ese proceso se calificaría de ‘justo’. Las élites económicas tendrían legitimidad para aumentar sus privilegios y las distancias respecto de la mayoría de la sociedad, siempre que los sectores desfavorecidos mejoren algo su capacidad adquisitiva. Este último componente adicional era, primero, la caridad hacia los pobres, y después, el talante ‘social’ del liberalismo o las tradiciones cristianas. El actual discurso de la derecha, del cambio de tendencia económica y de empleo, con la consiguiente e hipotética leve mejoría para personas desempleadas, utiliza ese argumento para frenar la crítica ciudadana a precarización, incertidumbre y desamparo de la mayoría, la ampliación de grandes brechas sociales y el enriquecimiento de las élites.
Así, nos encontramos con datos actuales como que más del 90% del crecimiento diferencial de la renta se lo queda el 10% más rico, y que el 90% de la población se reparte el 10% restante de la renta. Pero como éstos también mejoran respecto de su situación anterior, aunque las distancias aumenten, sería una situación más justa y suficiente para justificar como ‘buena’ esa dinámica más desigual. Por tanto, algunos de criterios de justicia (liberales, demócrata-cristianos y de apariencia progresista) se utilizan también para justificar cierto nivel de desigualdad en determinadas condiciones de mejoría relativa de los más pobres.
En consecuencia, habrá que demostrar, primero, la existencia de desigualdad, y, segundo, su carácter injusto. Es evidente la conciencia social de la existencia de mayor desigualdad y empobrecimiento cuando, al mismo tiempo, hay un descenso económico mayoritario. La interpretación es más ambivalente cuando hay cierto crecimiento económico, es decir, cuando se puede combinar dos dinámicas: mayor desigualdad (brechas sociales), junto con una mejora en la capacidad adquisitiva respecto a la situación anterior (es el caso actual de China).
El discurso utilitarista o neoliberal se centra en justificar la desigualdad y la subordinación popular como elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento económico, para asegurar los beneficios e incentivar ‘adecuadamente’ a los principales agentes económicos (según ellos): los inversores (el capital financiero), los propietarios de los medios de producción y las capas gerenciales o corporativas. Según el pensamiento clásico liberal, la acumulación de riqueza privada llevaría a la prosperidad general. La realidad actual de la crisis económica, con una gran polarización de la riqueza, en manos de una minoría oligárquica, y una gran recesión o estancamiento económicos, cuestionan ese discurso. El aumento del dominio y el beneficio económico de las elites financieras no reporta en incremento de empleo (decente), y ese discurso apenas esconde su objetivo: intentar legitimar su apropiación desmesurada frente al interés general. La distribución de los beneficios de la actividad económica es desigual y se ampara en una estructura de poder que la impone, aunque esté sometida a los procesos de legitimación social y política.
Por tanto, hay un conflicto entre igualdad y crecimiento económico. En un marco capitalista como el actual, con libertad empresarial y de capitales, los agentes económicos, propietarios y gestores, exigen ‘incentivos’ desiguales, comparativamente. ¿Cuál es el grado de desigualdad necesario o admisible, según esas relaciones económicas y de poder, para garantizar un crecimiento ‘sostenible’ y ‘eficiente’ que reporte beneficios al conjunto, mejorando su situación material aún a costa de determinada distribución desigual? O al contrario, ¿Cuándo una distribución igualitaria deja de ser eficiente y constituye un motivo de rebelión para las élites y el poder financiero que exigen incentivos (desiguales) y dominio económico y de poder, bajo la amenaza del aislamiento financiero?. La solución viene desde el campo político: la capacidad de la sociedad y sus instituciones políticas (Estado) para regular los procesos económicos (mercado) y definir los márgenes de una justicia distributiva desde una ética igualitaria y solidaria que garantice el ‘bien común’ de la humanidad. La cuestión es que es difícil ejecutarlo si no es, al menos, en el plano europeo. En todo caso seguiría siendo un problema político, es decir, de fuerzas sociales e instituciones públicas con suficiente apoyo ciudadano para consolidar procesos de gobernanza que regulen los mercados, superando las dependencias y subordinaciones a esos poderes financieros de las clases gobernantes, los Estados y las instituciones europeas.
En definitiva, las concepciones de la justicia social, de una igualdad de oportunidades más débil o más fuerte, junto con una fuerte cultura democrática y cívica, particularmente, en la conciencia popular, son fundamentales para valorar la desigualdad y la actitud ciudadana ante ella.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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