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"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

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04 julio 2013

Lo llaman neoliberalismo: Apuntes sobre mercado, Estado y democracia


AlbaSud

" Es nuestra función glorificarnos en la desigualdad y velar que a los talentos
y las habilidades les sea dado una salida y expresión para el beneficio de todos nosotros”.
(Márgaret Tatcher).
Liberalismo y neoliberalismo

En Europa occidental durante la Edad Moderna nació una doctrina que promovía las libertades civiles y sobre la que se fundamentaron el Estado de derecho y la democracia representativa. En el siglo XVII John Locke , "padre del liberalismo”, describía la división de poderes, afirmaba que la soberanía emana del pueblo y que derechos como la vida, la libertad, la felicidad o la propiedad son naturales de las personas y anteriores a la constitución de la sociedad.
El liberalismo se centra en el individualismo, al considerar al sujeto, su libertad y su derecho a la propiedad privada por encima de cuestiones de orden colectivo. En sintonía con los valores de la modernidad, el liberalismo se presenta como "filosofía del progreso” y propugna una liberación total de las potencialidades de las personas. Como doctrina política [1] , el liberalismo encarna la filosofía del capitalismo por antonomasia.
En lo económico, tiene relación directa con la economía de mercado, y propone que el afán de lucro individual es socialmente útil, por lo que es necesario evitar cualquier traba que pueda impedir a alguien enriquecerse sin límites. Adam Smith , principal exponente del liberalismo económico, argumentó que la libertad máxima de quienes desean enriquecerse supone, además de alcanzar una producción óptima al menor coste, la armonía social. Smith teorizó que la economía está regida por leyes naturales inmutables que poseen mecanismos propios de autorregulación. La clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se logra a través de la libre competencia y la división del trabajo (Smith, 1776). Como contribución a la ficción económica, este autor ideó una "mano invisible” que corregiría las contradicciones y desequilibrios de los mercados.
El neoliberalismo, gestado durante la Guerra Fría, tuvo una fuerte expansión a partir de la crisis del 73. Dos de los autores que contribuyeron a dar forma a las recetas neoliberales fueron Milton Friedman y Friedrich Hayek [2]. A partir de estos y otros académicos, los patrocinadores de esta doctrina fueron creando en poco tiempo un sinfín de institutos de investigación y formación, organizaciones y fundaciones, publicaciones o especializaciones, con el objetivo de difundir estas ideas, insertarlas en el ámbito académico y construir el mayor consenso y aceptación social posibles.
Cercano a los valores de la posmodernidad, el neoliberalismo ha estado relacionado desde su nacimiento con corrientes políticas neoconservadoras [ 3] , que planteaban la necesidad de eliminar la tutela social del Estado y los mecanismos para la redistribución de la renta. Asimismo, estas corrientes neocons promovían la autorregulación, la privatización de bienes y servicios públicos, la "flexibilización” del mercado laboral o la delimitación de los ámbitos de decisión colectiva en nombre de la libertad individual, entre otros.
Además de la redistribución, para esta doctrina también la solidaridad y la justicia social son asuntos de los que debería ocuparse el mercado. Friedman afirmó que la fiscalidad progresiva [4] es "un atentado contra los derechos humanos”, y su hijo David [5] que los impuestos son agresiones a la propiedad privada y una forma de "expropiación” realizada por el Estado. Por su parte, Hayek consideraba al "espejismo de la justicia social” un sinsentido, algo pernicioso e injusto que mina la justicia de las asignaciones producidas a través del mercado, confiscando la riqueza de "los más exitosos” y prolongando la dependencia de "los necesitados”.
A diferencia de otras corrientes, a pesar de su marcado carácter ideológico, el neoliberalismo se presentó desde el principio como verdad científica y con rango de ley. Una suerte de "post-ideología”, "el fin de la historia” (Fukuyama, 1992), no solo la mejor sino la única alternativa posible en el tiempo y espacio en que se implementa (McMurtry, 1998).
Tanto Estado como quiera el mercado
En la aplicación del modelo neoliberal, el papel asignado al Estado tiene una marcada dualidad: mientras que por un lado es sistemáticamente denostado y reducido, por otro, es un actor político fundamental.
Para justificar la implementación de un programa neoliberal en cualquier país, la crítica al sistema político y económico precedente se centra en el Estado. La acusación de ineficiencia, intervencionismo o corrupción abre la puerta a un proceso de merma de protagonismo político, funciones específicas y presupuesto del Estado, lo que facilita un fuerte trasvase de riqueza y poder desde el sector público al privado concentrado [6].
¿Significa esto que el Estado en el esquema neoliberal pasa a ser un actor de reparto? En ningún caso. En primer lugar, amparado en el sistema representativo, el Estado debe dar legitimación social y formalización político-institucional al modelo. Por una parte, bajo el paradigma de las "reformas imprescindibles” y la prioridad de pagar una deuda externa cada vez más costosa e ilegítima [7], el poder ejecutivo pone en marcha políticas públicas y "ajustes estructurales” y el legislativo establece nuevas reglas de juego, que permitan crear un marco propicio para que la plena puesta en práctica del modelo no encuentre obstáculos.
Por otra parte, son también el poder ejecutivo y las mayorías parlamentarias quienes asumen la portavocía para la defensa del modelo; y, por ende, son también estas instituciones quienes cargan con el consecuente coste político de sus impactos sociales.
Además, el Estado es también quién ejerce el poder de policía, haciéndose cargo de la violencia y la represión frente a unas resistencias y protestas sociales que irán multiplicándose, organizándose y radicalizándose, justa y necesariamente, como consecuencia de los impactos de las medidas neoliberales.
Hayek acuñó el neologismo "catalaxia” para describir "el orden que surge por el ajuste recíproco de muchas economías individuales en un mercado". Según este autor, la obligación de la autoridad política es proveer dentro del "imperio de la ley” las condiciones necesarias para que la catalaxia pueda producirse [8]: una democracia justa y libre sólo puede ser asegurada a través de la catalaxia.
Ese Estado, minimizado y que opera su propio desmantelamiento [9], es imprescindible para que el neoliberalismo se implante y apuntale. Ese Estado, sometido y juzgado con las mismas reglas que el sector privado lucrativo [10], en última instancia, otorga institucionalidad y tiñe de democrático un golpe de los mercados a los órganos constitucionales del poder soberano de las naciones.
Del lenguaje a los hechos
En su corta historia, los resultados de las recetas neoliberales son inequívocas. Cuando los Estados delegan en la deidad del mercado el presente y futuro de las sociedades, naciones y territorios, las consecuencias sociales derivadas de ello dejan pocas dudas.
Tras décadas de dejar la función distributiva en manos del mercado, en América Latina (AL) el neoliberalismo dejó tras de sí, entre otros impactos, enormes estructuras de desigualdad, el empeoramiento de las condiciones de vida y el empobrecimiento generalizado de una parte significativa de las poblaciones. A pesar de los avances producidos en países de la región durante la década postneoliberal en cuanto a reducción de pobreza (CEPAL, 2010), distribución de riqueza y desarrollo humano (PNUD, 2010) [11], en 2010 AL seguía teniendo el mayor nivel de desigualdad del planeta (PNUD, 2010).
A partir de 2008, el mismo modelo comenzó a aplicarse en el sur de Europa [12]: el nivel de deterioro social de países como España, Portugal o Grecia está siendo rápido y profundo; y, a medida que se profundiza en este tipo de programas, las perspectivas son aún peores. En el centro, el aumento sensible de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades: en 2011 España alcanzó una tasa de pobreza del 25% [13] y en 2012 ocupó la primera posición en desigualdad social de la UE [14], seguida por Grecia y Portugal.
Como en tantos otros, en este caso en la política el lenguaje dominante y los hechos se vuelven irreconciliables. A pesar de su nominación, en la práctica, en los hechos, la idea de libertad subyacente en las recetas neoliberales persigue fortalecer un viejo sistema que permita a las corporaciones empresariales seguir acumulando riqueza y poder. En las antípodas de los postulados liberales de Locke, en el neoliberalismo del pueblo no emana la autoridad del Estado ni en él reside la soberanía [15]. Aún así, lo llaman neo-liberalismo.
El "Estado mínimo” abandona sus responsabilidades sociales y económicas, se abstrae de poner límites a un capitalismo salvaje que tiende a mediatizar y mercantilizar todo. Además, pretende legitimar un modelo que cercena los derechos sociales y en el que el único actor con autoridad, libertad y soberanía es el mercado. Aún así, al Estado garante de que esto suceda, lo llaman Estado de derecho .
Con ese mismo Estado que deja la "tutela social” y pasa a ser un actor tutelado por el mercado, el neoliberalismo convierte a los sistemas representativos en un totalitarismo mercantil, somete a las instituciones políticas e impone una "dictadura de mercado”. Aún así, lo llaman democracia .
Notas:
[1] Como doctrina política e ideológica, el liberalismo se puede articular en los siguientes tres ejes (Antón, 2011):naturalismo hedonista que establece que la felicidad consiste en poseer, acumular y disfrutar de bienes materiales, por lo que las personas están dotadas de un "instinto de apropiación natural” y el interés individual se configura como motor de la sociedad;racionalismo como medio para conseguir una actuación útil y eficaz respecto a los fines propuestos; individualismo libertario, el individuo como principio y fin del mensaje liberal.
[2] Friedman fue profesor en la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 1976. Hayek fue miembro destacado de la Escuela Austríaca y Premio Nobel de Economía en 1974.
[3] Conocidos como necons, es un movimiento político nacido en los años 60 en Estados Unidos, Tatcher y Reagan han sido sus principales exponentes que implementaron políticas neoliberales en EEUU e Inglaterra.
[4] La propuesta de fiscalidad progresiva fue realizada por John M. Keynes.
[5] David Friedman, hijo de Milton Friedman, es el principal teórico del anarcocapitalismo, que postula la conveniencia de una "sociedad libre sin poder público”. En sus tesis anarcocapitalistas plantea que el libre mercado puede ser suficiente para satisfacer las necesidades humanas; lo que se podría poner en marcha a través de la privatización de los servicios que presta el Estado. Este planteamiento llega a la privatización hasta de la propia ley y el orden. Esta doctrina propone la abolición del Estado y la supremacía de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado; y se plantea que el derecho a la propiedad privada es el único derecho que puede viabilizar materialmente el derecho individual.
[6] Es el Estado el actor que materializa la transferencia de recursos, privatizando servicios públicos y priorizando las deudas al capital financiero, cada vez más costosas e ilegítimas, que se llevan una parte creciente del presupuesto público, a costa de sanidad, educación, política social, I+D+i, cultura, etc.
[7] Como referencia, durante los primeros años de neoliberalismo en América Latina, entre 1975 y 1983 el conjunto de la región cuadruplicó su deuda externa. En 2002, en Argentina, la deuda externa llegó a significar el 150% del PIB (CEPAL, 2008). En 2009, tras seis años de cambio de modelo económico y político, la deuda rondaba el 15% (World Factbook, 2009).
[8] Por lo que las únicas funciones del Estado son el mantenimiento de la seguridad colectiva contra agresiones externas, la preservación del imperio de la ley y del orden público y la provisión de un número limitado de bienes y servicios públicos que no pueden ser eficientemente suministrados por el mercado.
[9] En la medida que coacciona la propiedad privada, distorsiona el libre mercado, monopoliza la producción de bienes y servicios "de derecho” que la empresa privada podría prestar más eficientemente.
[10] Ciñéndose a las lógicas del superávit, la rentabilidad y el beneficio económico. Obviando cualquier consideración social, salvo cuestiones asistenciales, que se deja en manos del mercado y su autorregulación.
[11] Según el PNUD, en 2010 América Latina se acercaba a niveles de esperanza de vida y escolaridad Estados Unidos y Europa.
[12] Para más información, ver: La deuda y la espada: neoliberalismo en América Latina y el sur de Europa (Fernández Miranda, 2013, en Alba Sud) y Más lujos, más penurias: la desigualdad como norma (Fernández Miranda, 2013, en Alba Sud).
[13] Para más información, ver: Democracia tutelada y reapropiación de la política (Fernández Miranda, 2013, en Alba Sud).
[14] También en 2012 España fue por primera vez el país con mayor distancia entre rentas altas y bajas.
[15] Para más información, ver: Globalización neoliberal y democracia (Estévez Araujo, 2011, en Alba Sud).

08 junio 2010

Neoliberalismo y su aplicación en el derecho laboral peruano

Neoliberalismo y su aplicación en el derecho laboral peruano



La crisis económica del primer gobierno aprista representó los límites de un modelo económico keynesiano, en principio, mal concebido y desastrosamente aplicado en nuestro país. Con esa crisis en marcha, y desde 1987, el liberalismo económico fue retomando forma en el espectro de la lucha ideológica y política nacional: desde el campo intelectual y político representó mejor esta tendencia liberal el escritor Mario Vargas Llosa.

En el plano internacional el fracaso del paradigma keynesiano se expresará, tras sus tres décadas de aplicación posguerra, en la crisis de 1970 (o “crisis del petróleo”), una crisis que será la esperada justificación económica para el contraataque político y económico liberal. En EEUU, “los Chicago Boys”, con Milton Friedman en la vanguardia, sustentaron teóricamente la necesidad mundial (para ser más precisos, del gran capital mundial) de la implementación de un nuevo modelo de acumulación, el modelo liberal o neoliberal. Años después, desde la cúspide política mundial, Inglaterra y EEUU con Margaret Thatcher y Ronald Reagan como jefes de gobierno orquestan directamente su global extensión. Tras el Consenso de Washington de 1990 se alinearían en la tendencia del libre mercado Argentina, Brasil, Venezuela, etc. Antes, en Latinoamérica, será el gobierno golpista de Pinochet el primero en aplicarla. En el Perú se materializa tras el autogolpe de estado ejecutado por Alberto Fujimori en 1992.

Los cambios económicos, por necesidad, determinan los cambios políticos, pues, el vórtice de la tormenta política es la economía. La ley es un acto político, expresa una coyuntura de la correlación de las principales fuerzas sociales en pugna; pugna que a su vez es expresión de una básica contradicción existente a nivel de la matriz económica del sistema. En función a dicha correlación política el derecho laboral virará, cual péndulo jurídico, entre una tendencia “pro trabajador” y otra tendencia “pro empresa”, con sus matices. La década de los 60’, 70’ y 80’ del siglo XX son ejemplos de la primera tendencia; la década del 90’ del mismo anterior siglo y la presente década, ejemplos de la segunda.

La problemática laboral, como hecho, es un problema económico con necesario correlato político. Es decir, merece un específico trato estatal, jurídico, que estarán en función al grado de organización, capacidad e intensidad de lucha de los gremios empresariales y laborales. No puede ser de otro modo.

La aplicación del neoliberalismo en el derecho peruano (y mundial) implicó una nueva correlación de fuerzas sociales desfavorable al sector trabajador. Aquélla se expresó en la merma de la función estatal de regular el desarrollo del vínculo, naturalmente contradictorio, empresario-trabajador. Desregulación laboral traducida en un conjunto de dispositivos legales que, empezando por el establecimiento de una nueva Constitución en 1993, disminuyeron los derechos del trabajador, eliminando, prácticamente, las actuaciones inspectivas laborales del Estado. Esta flexibilización del derecho laboral a favor del empresariado permitió disminuir sus costos de producción incrementando sus utilidades. En resumen, tuvo el objeto de intensificar el modo de acumulación del capital.

El denominado PBI (producto bruto interno), expresión monetaria de la producción interna (o riqueza interna), nos puede dar luces de la anterior problemática. Afirma el INEI [1] que en 1991 los trabajadores dependientes percibían en salarios el 30.1% del PBI y el excedente de explotación (sumatoria de utilidades, rentas, intereses, etc.) participaba en el PBI con un 52.7%. Al 2008, tras casi dos décadas de aplicación de una política económica y laboral liberal, observamos que la participación salarial en el PBI disminuyó a la expresión de 20.9 % y la del excedente de explotación incrementa al 63%. Si el PBI expresa el valor monetario de la riqueza nacional las anteriores variaciones porcentuales determinan un dramático cambio en la distribución de dicha riqueza nacional. En resumen: hoy, el sector empresarial percibe en ingresos mucho más que en 1991 y el sector laboral mucho menos. Son datos brindados por el propio Estado.

En razón a la ideología y lógica neoliberal se eliminó en el país el derecho a la estabilidad laboral. Opinan que el factor productivo trabajo debería fluir libre y rápidamente (“ingresar” y “salir”, jurídicamente: celebrar y extinguir los contratos de trabajo) de la empresa de manera tal que se permita al capital disponer y adecuar fácilmente sus recursos laborales a sus concretas necesidades productivas ello con el objeto de incrementar su eficiencia. En razón a esta necesidad del capital se facilita la extensión de la celebración de los contratos de trabajo a tiempo determinado, es decir, el sector empresarial fija un plazo determinado de duración del contrato laboral vencido el cual, automáticamente, se disuelve el vínculo laboral. Cabe resaltar que este problema en la celebración de los contratos laborales a tiempo determinado ha incidido negativamente en el grado de organización sindical y los derechos laborales en el Perú. Pues, ¿quién se afiliaría a un sindicato, reclamaría sus derechos, si en tres meses, digamos, se extinguirá la relación laboral quedando a exclusiva decisión empresarial la renovación o no del contrato?

Más aún, se incluye en la legislación laboral el denominado despido arbitrario [2]. Según esta figura jurídica para extinguir un contrato de trabajo basta la mera arbitraria decisión empresarial de resolverla (en cualquier momento e incluso sin existir causa justa), teniendo el trabajador el único derecho de reclamar una indemnización a razón de un sueldo y medio por cada año de trabajo. Se niega así el derecho a la estabilidad laboral: indemnización por trabajo. Es más, en el caso que el empleador no cumpliese con abonar la indemnización al trabajador, éste, no tendría mejor solución legal que acudir, dentro de los 30 días de producido el despido, sino perdería el monto indemnizatorio, a un proceso judicial a exigir su pago con las fuertes cargas de un desempleado de asumir el costo y tiempo que ello implica situación que desanima a muchos trabajadores reclamar dicho monto. En concreto: el despido arbitrario es otro dispositivo laboral neoliberal que vulnera no solo el derecho al trabajo, sino que además y al igual que los contratos de trabajo a tiempo determinado la posibilidad de reclamar sus demás derechos laborales [3].

La aplicación del neoliberalismo en el Perú y el mundo ha generado, también, un informalismo del sector empresarial en la temática laboral. En el 2004 la OIT (Organización Internacional de Trabajo) publicó su informe “Seguridad Económica Para un Mundo Mejor” en la que sostiene que el 73% de trabajadores en el planeta experimenta una inseguridad económica. En el Perú, solo el 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene acceso al derecho a la seguridad social de salud y pensiones.

Los anteriores datos, que en términos cualitativos implican un desmedro de la situación laboral peruana e internacional deben llamarnos la atención como personas de espíritu democrático, preocupación que nos lleve a no consentir en el plano intelectual, mucho menos en el práctico político, la aplicación de recetas neoliberales que por sus efectos agudizan la mal distribución de la riqueza nacional.

* Mario Eloy Sulca Quispe es abogado por la UNMSM. Es Secretario Académico del Instituto Justicia y Libertad “Luis Jiménez de Asúa”. Secretario de Defensa de la Confederación Nacional de Trabajadores (Perú). Asesor legal de Sindicato Único de Trabajadores de Operaciones de Toquepala y Anexos (SUTOTA) y del Sindicato Único de Trabajadores de Operaciones de Cuajone y Anexos.

marioeloy.sulca@gmail.com


[1] INEI, Oferta y Demanda Global 1991-2008.

[2] El 27 de marzo de 1997 se publica el Decreto Supremo N° 03-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, el cual en su artículo 34° señala que “si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización (…) como única reparación por el daño sufrido”

[3] Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional a partir de la jurisprudencia vinculante (de aplicación obligatoria) emitida en la sentencia de fecha 11 de julio del 2002, expediente 1124-2001-AA/TC, ha declarado inconstitucional el denominado despido arbitrario cuestionar su aplicación y exigir su nulidad solo es posible en sede judicial a través de los procesos de amparo. Situación que repite la problemática del desempleado de asumir las cargas del costo y tiempo de un proceso judicial.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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