Privatizar para que no haya huelgas

La coincidencia de las huelgas de trabajadores del agua en Lima y estibadores portuarios a nivel nacional, ha levantado voces conservadoras que afirman que estas protestas no se deben al justo derecho a mejorar las remuneraciones, especialmente cuando el gobierno alardea de buenas cifras de crecimiento, sino a que el imbécil de Fujimori no terminó de privatizar Sedapal y Enapu, y a que los gobiernos siguientes también se chuparon en este campo. Lo que en términos exactos quiere decir que las privatizaciones son también una solución a las huelgas, a contramano de lo que el presidente García dijo el 1 de mayo, acerca de que el modelo requiere sindicatos fuertes para negociar los salarios y derechos de los trabajadores, y que en el caso específico de los huelguistas de esta semana se trataba exactamente de organizaciones con importante influencia del partido aprista.

Ciertamente, más allá de cualquier hipocresía, las privatizaciones de los 90 fueron brutalmente antisindicales. Conozco casos como el del Banco Continental que tenía una organización de 2 mil afiliados y se achicó brutalmente por los despidos, presiones de renuncias, incentivos para retirarse del sindicato, intimidaciones, a sólo veinte heroicos resistentes, que luego deben haber llegado más o menos a 200, siempre una pequeña minoría del personal. Ni qué decir de los sindicatos telefónicos y de energía eléctrica, que fueron dispersados y de lo que pasó en SiderPerú, la antigua Centromín, PetroPerú, AeroPerú y otros. A eso se agregaron por supuesto las condiciones de la época: despidos y cierre de empresas, modificación de la legislación laboral (flexibilización), hostilidad estatal y empresarial a los sindicatos, represión y violencia política (el Estado perseguía sindicalistas como si fueran “terroristas” y Sendero golpeó varias dirigencias sindicales para abrirse paso), etc.

Entonces el Estado y los inversionistas celebraron haber construido un país casi sin sindicatos o con organizaciones fantasmales. Algo que mucho tiene que ver con la manera como se quedaron atrás los promedios salariales, y cómo aumentó como espuma la participación de las utilidades en el ingreso nacional. En muchas empresas de exportación exitosas formar sindicatos es una falta grave que conduce a la calle, y pelear judicialmente la reposición dura mucho tiempo y normalmente no se logra. Y donde aún quedan sindicatos los han convertido en minoritarios o las empresas han promovido organizaciones paralelas. Los contratos diferenciados, así como el sistema de tercerización y services, impiden la unión de intereses. Y donde queda alguna resistencia, se desata la satanización como hemos visto esta semana, en que comunicados de Adex, Afin y otros gremios empresariales han pedido que se saque a Enapu del negocio portuario porque sus trabajadores hacen huelgas, mientras los reaccionarios de la pluma de toda la vida han clamado por mano dura, eliminación de empresas estatales y otros santos remedios, para eliminar la voz laboral.

Porque de eso se trata, de que en el país los únicos que se puedan hacerse escuchar sean inversionistas y gente de Estado y que el resto sea espectador del “desarrollo”, y si le cae algo se lo guarde en silencio. Uno a veces no entiende por qué de pronto en el Perú estallan luchas violentas, como si eclosionaran desde los más profundo. Y es que si no hay organizaciones, reguladoras y negociadoras, se crea un vacío, que parece dominio total de la situación, pero que en algún momento se descontrola.

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