Impostura en Honduras
Una Misión Internacional acaba de publicar su informe final sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instalado en Honduras mediante un cuartelazo.
Es un documento demoledor, que desenmascara no sólo a los golpistas, sino también a sus valedores de los medios de comunicación que validan la infamia en el Perú y otros países de América Latina.
La Misión visitó Honduras con el objeto de presentar observaciones y recomendaciones a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, a la Unión Europea y a otros actores internacionales. Se entrevistó para ello con congresistas, magistrados, políticos, el Fiscal General y hasta el presidente de la Corte Suprema.
Los miembros de la Misión provinieron de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú y Uruguay.
La Misión indagó por los antecedentes del pronunciamiento militar.
Ubica así el Decreto Supremo de 23 de marzo de 2009 aprobado por el presidente Manuel Zelaya y que convoca “una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política”.
Ese decreto no llegó a ser publicado en el diario oficial hondureño La Gaceta. El texto reproducido lo tomó la Misión literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra Zelaya.
Del texto fluye con claridad que la traición a la patria que se imputa al presidente no tiene sustento alguno.
En realidad, lo único que se puede achacar a Zelaya es la intención de poner en manos de los ciudadanos una encuesta sobre asuntos vitales para afianzar la democracia en su país.
Un párrafo decisivo expresa que a Zelaya “se le imputa como delito la realización de una supuesta reforma constitucional que a la fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en qué consistiría exactamente, es decir, cuáles serían los artículos reformados o a reformar”.
Falta el cuerpo del delito porque en realidad no hay delito.
Tan importantes como los fundamentos jurídicos son las denuncias que la Misión formula sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen usurpador, incluido el derecho a la vida.
Amenazas de muerte, cierre de programas radiales, hostigamiento militar en locales defensores de los derechos humanos, detención masiva de manifestantes: tal es el balance de los “demócratas” que asaltaron el poder.
La Misión señala como hecho relevante “la aplicación del Decreto 011-2009 que específicamente suspende la libertad de asociación, de reunión y de circulación”. Por ese y otros hechos, la Misión recomienda el retorno de Zelaya al poder.
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
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