Bagua: banquillo incompleto
Digna de aplauso es la decisión de la fiscal Marleny Rojas de denunciar ante el Poder Judicial a dos generales y otros oficiales de la Policía Nacional por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud cometidos el 5 de junio en la Curva del Diablo de Bagua.
La magistrada ejerce en la Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba. Reside, pues, en la zona de la tragedia y la ha investigado de cerca.
Hay, sin embargo, un vacío en la acusación. Faltan los grandes culpables: los que dieron las órdenes para que los jefes policiales ordenaran a su vez apretar el gatillo de armas de fuego contra nativos que sólo contaban con lanzas, palos y piedras.
Mercedes Cabanillas era ministra del Interior y es, por lo tanto, políticamente responsable del operativo. Después de la matanza de nativos que originó el cruel asesinato de 24 policías, la ministra dijo que no fue ella quien dio la orden de tirar a matar. Su postura equivalía a decir: “Yo soy la ministra, pero no sé nada”.
El entonces presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, también se lavó las manos.
Los jefes policiales han declarado, a su vez, que ellos sólo cumplieron órdenes.
Resulta claro que la única persona con autoridad y autoritarismo suficiente para dar la orden represiva es Alan García, presidente de la República. Es, además, el único personaje a quien Cabanillas y Simon tienen que defender a capa y espada. Recae sobre García una responsabilidad que no podrá borrar de su prontuario histórico.
No es que en este caso la pita se rompa por lo más delgado. Los jefes policiales incriminados cargan su propia parte de culpa: obedecer órdenes asesinas.
El pretexto de la “obediencia debida” fue recusado por la justicia internacional en los días del juicio de Nuremberg contra los jefes nazis. En nuestra América, más de un caso de masacres bajo los gorilatos ha servido para que la justicia señale que el militar o el policía no están obligados a obedecer órdenes criminales.
Hay en esto, más allá de códigos y reglamentos, una cuestión de ética.
Se habla mucho de que los miembros de la fuerza pública están rigurosamente aleccionados sobre derechos humanos. ¿Son alumnos desaprobados los jefes policiales que actuaron en Bagua? Que los jalen, entonces. Que los jalen a la cárcel.
El desarrollo del proceso judicial puede -debe- llevar a incluir a los responsables políticos de la tragedia.
En la causa debe quedar en evidencia hasta qué punto de cinismo y maldad llegaron nuestros gobernantes y sus vasallos mediáticos, cuando afirmaron que detrás del pueblo amazónico había una mano extranjera.
La ex ministra Cabanillas debiera aprovechar para pedir disculpas a las etnias amazónicas a las que calificó de cobardes.
Cobardes son, en todo caso, los que ordenan la bala y esconden la mano.
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
La magistrada ejerce en la Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba. Reside, pues, en la zona de la tragedia y la ha investigado de cerca.
Hay, sin embargo, un vacío en la acusación. Faltan los grandes culpables: los que dieron las órdenes para que los jefes policiales ordenaran a su vez apretar el gatillo de armas de fuego contra nativos que sólo contaban con lanzas, palos y piedras.
Mercedes Cabanillas era ministra del Interior y es, por lo tanto, políticamente responsable del operativo. Después de la matanza de nativos que originó el cruel asesinato de 24 policías, la ministra dijo que no fue ella quien dio la orden de tirar a matar. Su postura equivalía a decir: “Yo soy la ministra, pero no sé nada”.
El entonces presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, también se lavó las manos.
Los jefes policiales han declarado, a su vez, que ellos sólo cumplieron órdenes.
Resulta claro que la única persona con autoridad y autoritarismo suficiente para dar la orden represiva es Alan García, presidente de la República. Es, además, el único personaje a quien Cabanillas y Simon tienen que defender a capa y espada. Recae sobre García una responsabilidad que no podrá borrar de su prontuario histórico.
No es que en este caso la pita se rompa por lo más delgado. Los jefes policiales incriminados cargan su propia parte de culpa: obedecer órdenes asesinas.
El pretexto de la “obediencia debida” fue recusado por la justicia internacional en los días del juicio de Nuremberg contra los jefes nazis. En nuestra América, más de un caso de masacres bajo los gorilatos ha servido para que la justicia señale que el militar o el policía no están obligados a obedecer órdenes criminales.
Hay en esto, más allá de códigos y reglamentos, una cuestión de ética.
Se habla mucho de que los miembros de la fuerza pública están rigurosamente aleccionados sobre derechos humanos. ¿Son alumnos desaprobados los jefes policiales que actuaron en Bagua? Que los jalen, entonces. Que los jalen a la cárcel.
El desarrollo del proceso judicial puede -debe- llevar a incluir a los responsables políticos de la tragedia.
En la causa debe quedar en evidencia hasta qué punto de cinismo y maldad llegaron nuestros gobernantes y sus vasallos mediáticos, cuando afirmaron que detrás del pueblo amazónico había una mano extranjera.
La ex ministra Cabanillas debiera aprovechar para pedir disculpas a las etnias amazónicas a las que calificó de cobardes.
Cobardes son, en todo caso, los que ordenan la bala y esconden la mano.
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
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