Gallina que come huevo…

Gallina que come huevo…

Derrotado el intento de poner el Canal 5 al servicio de Alan García y el Apra, los agentes del régimen no se desalientan.

En el Congreso se ha reactualizado un proyecto de ley del congresista José Augusto Vargas Fernández, que busca imponer normas abusivas sobre el derecho de rectificación.

So pretexto de defender los derechos al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, busca reprimir la libertad de expresión y sancionar no sólo al comunicador que, supuestamente, agravia a una persona, sino también al director del medio y, colmo de los colmos, a la empresa.

El alma dictatorial está en el artículo sexto del proyecto: “El medio de comunicación social que vulnere los derechos consignados en el artículo 1º. de la presente ley, será considerado tercero civilmente responsable, cuando el comunicador social o director o quien haga sus veces no cumple con el pago de la indemnización que corresponda”.

Ese es el tamaño de la amenaza.
LA PRIMERA tiene en este momento dos juicios por difamación. Uno es el entablado por Alan Raúl García, hijo del presidente de la República, a quien unos comuneros señalaron como comprometido en un conflicto de tierras. El texto que recogió esa denuncia estaba firmado por un redactor.

Sin embargo, el hijo de García me incluye en el proceso.

Igual ocurre con el vicealmirante (r) Frank Boyle, a quien otro redactor, con su firma, señala como involucrado, en su condición de presidente de la Autoridad Nacional de Puertos, en la privatización del puerto de Paita que favorece intereses chilenos.

Pues bien, el vicealmirante no sólo enjuicia al autor del texto, sino también al director del diario.

Hay que decirles a los jueces que no existe ninguna ley o código que involucre al director de un medio en el caso de artículos firmados por otros.

Algo más, el incluir en la responsabilidad, mediante el cobro de indemnizaciones, a los empresarios de los medios, es un intento de desfinanciarlos.

La propuesta de Vargas Fernández recuerda la Ley de Imprenta, proyectada e impuesta por el Apra en 1947, que pretendía reprimir a las empresas periodísticas, y no sólo a los difamadores hipotéticos. Esa ley fue derrotada por la opinión pública.

El proyecto de hoy retrocede, a paso de cangrejo, más atrás aún.

Un ensayo de Víctor Andrés Belaunde sobre la legislación de prensa en el Perú publicado en el “Mercurio Peruano”, en 1947, recorría todo el periplo legal sobre la materia. Recordaba allí cómo en el siglo XIX se encarcelaba no sólo al periodista, o a los editores, sino también a los propietarios de un medio, y hasta a los dueños de imprentas.

El indocto congresista del proyecto liberticida no ha leído sin duda el texto del ideólogo socialcristiano. Pero plagia, por instinto, a los déspotas del siglo XIX.

César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com