¿Nunca hubo escuadrones de la muerte?
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El presidente que alguna vez le preguntó a boca de jarro al periodista Augusto Zimmermann Zavala: “¿y si nos tiramos a todos los terroristas presos?”, y que luego dio la orden de intervención de las Fuerzas Armadas durante el motín de los penales de junio de 1986, acaba de enternecernos con una referencia a lo imposible que sería que este gobierno se hubiera comprometido con las operaciones de un comando de aniquilamiento de delincuentes en Trujillo “porque los delincuentes y criminales, también son seres humanos”.
De esta manera -por pura lógica- deberíamos deducir que el famoso DL 992, que exime de responsabilidad a los efectivos que empleen sus armas y causen muertes y heridas, siempre que se trate de un “enfrentamiento”, no tendría nada que ver con el medio centenar de muertes inexplicables ocurridas en la bullente ciudad de la “Eterna primavera”. Eso sería así si no existiera el antecedente de otro escuadrón de la muerte de la época del primer gobierno de Alan García.
El 28 de julio de 1988, el abogado Manuel Febres Flores, responsable de la defensa del procesado por terrorismo Osmán Morote Barrionuevo, fue secuestrado de la puerta de su domicilio, en Miraflores, y su cadáver apareció dos horas después en la entrada del túnel de La Herradura, en Chorrillos:
Al día siguiente, la prensa recibió un comunicado que señalaba lo siguiente: “Cansados de la incapacidad del gobierno y de la indecisión de las fuerzas del orden... y en nombre de las docenas de personalidades como el almirante Caferatta, el almirante Ponce, las autoridades regionales como Félix Ortega, los soldados y los policías asesinados y cuyos autores no han sido castigados”. Firmaba el documento el “Comando Democrático Rodrigo Franco”, del que no se había oído hablar hasta entonces.
Alguien seguro estaba pensando que los abogados como Febres no eran tan humanos, como para que se les respete la vida. Otro caso sonado fue la muerte del dirigente sindical Saúl Cantoral, secretario general de la Federación Minera, junto con la activista por los derechos de las mujeres mineras Consuelo García Martínez, cuyos cuerpos baleados aparecieron en un descampado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, el 13 de febrero de 1989.
También se menciona el asesinato del estudiante Miguel Pasache, acusado de vínculos con el MRTA, y de Javier Porta Solano, en agosto de 1988, en Cañete, cuando aparentemente participaban en las negociaciones referidas al secuestro del general FAP Héctor Jerí. A la lista hay que agregar los asesinatos en la Universidad del Centro y el fallido atentado contra el director del Diario Marka, en 1988. Lo que nuevamente lleva a concluir que sería una hipocresía decir que el APRA nunca tuvo la tentación de tomarse la justicia y la injusticia en sus propias manos.
Comisión de la Verdad
En el capítulo en el que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación analiza la acción de grupos de aniquilamiento, menciona declaraciones de Agustín Mantilla en el sentido que a finales de los 80: “se habrían conformado varios grupos paramilitares que aparecían y desaparecían muy pronto, casi en tres meses…”. La peculiaridad del Rodrigo Franco sería haber durado más de los normal y haber tenido vínculos con los más altos rangos del poder. El propio Fujimori, durante el juicio en la Dinoes, ha explicado que al llegar al poder él se encontró con que había varias estructuras político-militares dentro del Estado, que se propuso unificar.
Según el libro “Muerte en el Pentagonito”, del periodista Ricardo Uceda, el famoso Jesús Sosa, “Kerosene”, había pasado por varias de estas tiendas y aprendido a matar sin sentir remordimientos. Describiendo el proceso seguido por el APRA para llegar a la necesidad de formar el Comando Rodrigo Franco, la CVR apunta:
“Cuando el Partido Aprista fue gobierno, habría surgido en algunos de sus militantes la idea de conformar un comando paramilitar para enfrentar el fenómeno del terrorismo, debido a la imposibilidad del Estado de frenar sus acciones por la vía legal. En esa perspectiva, la organización serviría para responder a los múltiples asesinatos de sus autoridades y militantes, y eliminar a quienes supuesta o realmente apoyaban a los grupos subversivos y a opositores políticos. De acuerdo a la información obtenida por esta Comisión, el citado comando paramilitar no surgió espontáneamente, sino que fue gestándose progresivamente a partir de la percepción de que los mecanismos regulares utilizados por el Estado para combatir el terrorismo, resultaban ineficaces”. (Informe Final de la CVR)
Y para hacer una descripción de lo que fue directamente esta organización, se añade: “Las investigaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación permiten afirmar que… (existió) el autodenominado Rodrigo Franco, presuntamente dirigido por Agustín Mantilla, y que utilizó la infraestructura e información del Ministerio del Interior. Estuvo constituido, principalmente, por estudiantes reclutados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, liderados por Jesús Miguel Ríos Sáenz y contó con la participación de algunos efectivos del Grude de la Dirección de Operaciones Especiales (Does) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la policía”.
Puede verse finalmente que la composición de la estructura paramilitar incluyó a militantes jóvenes, de universidades controladas por el APRA, y elementos de la policía. De hecho la mayor parte de las muertes las ocasionaron policías en acciones clandestinas, mientras que la intervención más importante del “Chito” Ríos, el ataque al Diario Marka, terminó en un fracaso estrepitoso cuando los paramilitares explotaron con su propia bomba.
El caso Cantoral
El Testigo Reservado Nº 62 que perteneció al grupo de elite del Grude de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señaló a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el asesinato de Saúl Cantoral fue dirigido por Marco Puente Llanos, un oficial de la Guardia Civil, que posteriormente falleció en un enfrentamiento con Sendero Luminoso.
El testigo dijo que el citado oficial les habría contado en una ocasión: “En el carro le iban pegando (a Saúl Cantoral)... la mujer iba adelante, pero de ahí nos hemos ido para Chorrillos y ahí nos hemos separado… no me acuerdo quién es el que iba manejando, no le podría decir si lo mataron en el carro, porque a nosotros nos dijeron váyanse, a los del carro de atrás, ellos se quedaron con él ... por lo que dijeron era un subversivo dirigente y dijeron el apellido Cantoral”.
Por otra parte, la fiscal del caso señaló a esta Comisión que los miembros de la policía que investigaban estas muertes, se encontraban muy atemorizados y no tenían interés de indagar sobre lo que realmente había pasado. Asimismo, relató: “con el documento (de investigación) yo llegué donde mi jefe y me dice hasta acá no más te quitas, tienes familia, que esto que el otro, ya doctora hasta acá hemos hecho todo lo que hemos podido llegar, parece que aquí hay otros intereses y esperemos que lleven el documento y se acabó”.
Miembros del Comando Rodrigo Franco
Agustín Mantilla Campos: Los testigos reservados Nº 17, 32 y 62 y algunas otras personas, mencionan como cabeza de la organización paramilitar a Agustín Mantilla Campos, quien entonces era viceministro y luego ministro del Interior en el gobierno del APRA. Su presencia en el Ministerio del Interior le habría permitido obtener información privilegiada que fue utilizada para las acciones del Comando. Tenía estrecha relación con el director de la Policía de Investigaciones del Perú, general PIP (r) Fernando Reyes Roca y el comandante GC Rafael Gonzales Zegarra, jefe del grupo vinculado al comando dentro del Grude.
Miguel Jesús “Chito” Ríos Saénz: Ha sido sindicado como el jefe operativo del comando y partícipe del atentado al Diario Marka, asesinato de Manuel Febres Flores, disponer el seguimiento de Martha Huatay, entre otras acciones. El testigo reservado Nº 62, un ex miembro del Grude que entrenó a civiles vinculados al Partido Aprista Peruano en técnicas de uso de armamentos y explosivos en Huancayo, señaló que conoció a Miguel Jesús Ríos Sáenz como “Raúl Bonifaz” y que éste no necesitaba ningún tipo de entrenamiento, puesto que tenía experiencia al respecto. Jesús Miguel Ríos Sáenz aparecía en la planilla de Esvicsa, empresa de seguridad creada por el Instituto Peruano de Seguridad Social.
Jorge Mauro Huamán Alacute: Según los testigos bajo reserva Nº 17 y 32, Jorge Mauro Huamán Alacute fue integrante del mencionado grupo paramilitar y habría dirigido un grupo de policías, en actividad y en retiro, y manejaba su propia logística para efectuar operativos relacionados con el comando. Según el testigo reservado Nº 17, habría vivido durante algún tiempo en la casa de la Av. Dos de Mayo, en San Isidro, junto a Miguel Ríos y otros miembros del grupo.
Comandante GC Rafael Gonzales Zegarra: Según el testigo reservado Nº 62, fue el Jefe del grupo que dentro del Grude estuvo vinculado al comando y coordinaba directamente con Agustín Mantilla y con Jesús Miguel Ríos Sáenz las operaciones, como el aniquilamiento selectivo de terroristas u opositores al régimen gobernante.
Walter Lauri Morales: Fue oficial de la Policía de Investigaciones. Desde marzo de 1984 a febrero de 1990, perteneció al Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo como “oficial operativo”. Pasó a retiro con el grado de mayor.
Raúl Wiener
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/nunca-hubo-escuadrones-de-la-muerte_51986.html
De esta manera -por pura lógica- deberíamos deducir que el famoso DL 992, que exime de responsabilidad a los efectivos que empleen sus armas y causen muertes y heridas, siempre que se trate de un “enfrentamiento”, no tendría nada que ver con el medio centenar de muertes inexplicables ocurridas en la bullente ciudad de la “Eterna primavera”. Eso sería así si no existiera el antecedente de otro escuadrón de la muerte de la época del primer gobierno de Alan García.
El 28 de julio de 1988, el abogado Manuel Febres Flores, responsable de la defensa del procesado por terrorismo Osmán Morote Barrionuevo, fue secuestrado de la puerta de su domicilio, en Miraflores, y su cadáver apareció dos horas después en la entrada del túnel de La Herradura, en Chorrillos:
Al día siguiente, la prensa recibió un comunicado que señalaba lo siguiente: “Cansados de la incapacidad del gobierno y de la indecisión de las fuerzas del orden... y en nombre de las docenas de personalidades como el almirante Caferatta, el almirante Ponce, las autoridades regionales como Félix Ortega, los soldados y los policías asesinados y cuyos autores no han sido castigados”. Firmaba el documento el “Comando Democrático Rodrigo Franco”, del que no se había oído hablar hasta entonces.
Alguien seguro estaba pensando que los abogados como Febres no eran tan humanos, como para que se les respete la vida. Otro caso sonado fue la muerte del dirigente sindical Saúl Cantoral, secretario general de la Federación Minera, junto con la activista por los derechos de las mujeres mineras Consuelo García Martínez, cuyos cuerpos baleados aparecieron en un descampado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, el 13 de febrero de 1989.
También se menciona el asesinato del estudiante Miguel Pasache, acusado de vínculos con el MRTA, y de Javier Porta Solano, en agosto de 1988, en Cañete, cuando aparentemente participaban en las negociaciones referidas al secuestro del general FAP Héctor Jerí. A la lista hay que agregar los asesinatos en la Universidad del Centro y el fallido atentado contra el director del Diario Marka, en 1988. Lo que nuevamente lleva a concluir que sería una hipocresía decir que el APRA nunca tuvo la tentación de tomarse la justicia y la injusticia en sus propias manos.
Comisión de la Verdad
En el capítulo en el que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación analiza la acción de grupos de aniquilamiento, menciona declaraciones de Agustín Mantilla en el sentido que a finales de los 80: “se habrían conformado varios grupos paramilitares que aparecían y desaparecían muy pronto, casi en tres meses…”. La peculiaridad del Rodrigo Franco sería haber durado más de los normal y haber tenido vínculos con los más altos rangos del poder. El propio Fujimori, durante el juicio en la Dinoes, ha explicado que al llegar al poder él se encontró con que había varias estructuras político-militares dentro del Estado, que se propuso unificar.
Según el libro “Muerte en el Pentagonito”, del periodista Ricardo Uceda, el famoso Jesús Sosa, “Kerosene”, había pasado por varias de estas tiendas y aprendido a matar sin sentir remordimientos. Describiendo el proceso seguido por el APRA para llegar a la necesidad de formar el Comando Rodrigo Franco, la CVR apunta:
“Cuando el Partido Aprista fue gobierno, habría surgido en algunos de sus militantes la idea de conformar un comando paramilitar para enfrentar el fenómeno del terrorismo, debido a la imposibilidad del Estado de frenar sus acciones por la vía legal. En esa perspectiva, la organización serviría para responder a los múltiples asesinatos de sus autoridades y militantes, y eliminar a quienes supuesta o realmente apoyaban a los grupos subversivos y a opositores políticos. De acuerdo a la información obtenida por esta Comisión, el citado comando paramilitar no surgió espontáneamente, sino que fue gestándose progresivamente a partir de la percepción de que los mecanismos regulares utilizados por el Estado para combatir el terrorismo, resultaban ineficaces”. (Informe Final de la CVR)
Y para hacer una descripción de lo que fue directamente esta organización, se añade: “Las investigaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación permiten afirmar que… (existió) el autodenominado Rodrigo Franco, presuntamente dirigido por Agustín Mantilla, y que utilizó la infraestructura e información del Ministerio del Interior. Estuvo constituido, principalmente, por estudiantes reclutados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, liderados por Jesús Miguel Ríos Sáenz y contó con la participación de algunos efectivos del Grude de la Dirección de Operaciones Especiales (Does) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la policía”.
Puede verse finalmente que la composición de la estructura paramilitar incluyó a militantes jóvenes, de universidades controladas por el APRA, y elementos de la policía. De hecho la mayor parte de las muertes las ocasionaron policías en acciones clandestinas, mientras que la intervención más importante del “Chito” Ríos, el ataque al Diario Marka, terminó en un fracaso estrepitoso cuando los paramilitares explotaron con su propia bomba.
El caso Cantoral
El Testigo Reservado Nº 62 que perteneció al grupo de elite del Grude de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señaló a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el asesinato de Saúl Cantoral fue dirigido por Marco Puente Llanos, un oficial de la Guardia Civil, que posteriormente falleció en un enfrentamiento con Sendero Luminoso.
El testigo dijo que el citado oficial les habría contado en una ocasión: “En el carro le iban pegando (a Saúl Cantoral)... la mujer iba adelante, pero de ahí nos hemos ido para Chorrillos y ahí nos hemos separado… no me acuerdo quién es el que iba manejando, no le podría decir si lo mataron en el carro, porque a nosotros nos dijeron váyanse, a los del carro de atrás, ellos se quedaron con él ... por lo que dijeron era un subversivo dirigente y dijeron el apellido Cantoral”.
Por otra parte, la fiscal del caso señaló a esta Comisión que los miembros de la policía que investigaban estas muertes, se encontraban muy atemorizados y no tenían interés de indagar sobre lo que realmente había pasado. Asimismo, relató: “con el documento (de investigación) yo llegué donde mi jefe y me dice hasta acá no más te quitas, tienes familia, que esto que el otro, ya doctora hasta acá hemos hecho todo lo que hemos podido llegar, parece que aquí hay otros intereses y esperemos que lleven el documento y se acabó”.
Miembros del Comando Rodrigo Franco
Agustín Mantilla Campos: Los testigos reservados Nº 17, 32 y 62 y algunas otras personas, mencionan como cabeza de la organización paramilitar a Agustín Mantilla Campos, quien entonces era viceministro y luego ministro del Interior en el gobierno del APRA. Su presencia en el Ministerio del Interior le habría permitido obtener información privilegiada que fue utilizada para las acciones del Comando. Tenía estrecha relación con el director de la Policía de Investigaciones del Perú, general PIP (r) Fernando Reyes Roca y el comandante GC Rafael Gonzales Zegarra, jefe del grupo vinculado al comando dentro del Grude.
Miguel Jesús “Chito” Ríos Saénz: Ha sido sindicado como el jefe operativo del comando y partícipe del atentado al Diario Marka, asesinato de Manuel Febres Flores, disponer el seguimiento de Martha Huatay, entre otras acciones. El testigo reservado Nº 62, un ex miembro del Grude que entrenó a civiles vinculados al Partido Aprista Peruano en técnicas de uso de armamentos y explosivos en Huancayo, señaló que conoció a Miguel Jesús Ríos Sáenz como “Raúl Bonifaz” y que éste no necesitaba ningún tipo de entrenamiento, puesto que tenía experiencia al respecto. Jesús Miguel Ríos Sáenz aparecía en la planilla de Esvicsa, empresa de seguridad creada por el Instituto Peruano de Seguridad Social.
Jorge Mauro Huamán Alacute: Según los testigos bajo reserva Nº 17 y 32, Jorge Mauro Huamán Alacute fue integrante del mencionado grupo paramilitar y habría dirigido un grupo de policías, en actividad y en retiro, y manejaba su propia logística para efectuar operativos relacionados con el comando. Según el testigo reservado Nº 17, habría vivido durante algún tiempo en la casa de la Av. Dos de Mayo, en San Isidro, junto a Miguel Ríos y otros miembros del grupo.
Comandante GC Rafael Gonzales Zegarra: Según el testigo reservado Nº 62, fue el Jefe del grupo que dentro del Grude estuvo vinculado al comando y coordinaba directamente con Agustín Mantilla y con Jesús Miguel Ríos Sáenz las operaciones, como el aniquilamiento selectivo de terroristas u opositores al régimen gobernante.
Walter Lauri Morales: Fue oficial de la Policía de Investigaciones. Desde marzo de 1984 a febrero de 1990, perteneció al Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo como “oficial operativo”. Pasó a retiro con el grado de mayor.
Raúl Wiener
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/nunca-hubo-escuadrones-de-la-muerte_51986.html
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