No a la ley de la selva
Los pueblos indígenas amazónicos anunciaron ayer que se preparan a declararse en estado de insurgencia contra el gobierno de Alan García.
Lo hicieron a través de un Manifiesto firmado por los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep).
El documento denuncia hechos innegables. Entre ellos la colección de decretos legislativos que en gran parte se dirigen a “modernizar” la selva, así como la región andina, mediante la eliminación de las comunidades y la entrega de la Amazonía a transnacionales del petróleo, el gas, el oro, las maderas para que hagan lo que les parezca con las aguas, los bosques y la biodiversidad.
Los amazónicos no se oponen a la inversión nacional o extranjera. Condenan sí la depredación y el abuso.
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, declaró ayer que no sabe por qué se rebelan los nativos, ya que, según él, nunca han dicho en qué puntos son inconstitucionales los decretos.
Es una mentira audaz. Los representantes de los nativos -y no sólo ellos- han demostrado más de una vez cuáles son en esos decretos los aspectos violatorios de la Constitución.
Se podría desgranar un rosario de violaciones.
Por ejemplo, el artículo 68 de la Constitución expresa: “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.
El artículo 69: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”.
Y el 89 proclama que la propiedad de las tierras comunales es imprescriptible.
Ahora bien, en su serie de artículos “El síndrome del Perro del Hortelano”, el presidente García propuso la desaparición de las comunidades andinas y selvícolas.
Tan claro es esto, que los amazónicos consiguieron, con argumentos legales, la derogación de dos de los decretos legislativos, y que una Comisión Multipartidaria del Congreso recomendara la derogación de otros.
La teoría del Perro del Hortelano se encarnó en esos decretos legislativos que amplios sectores de la opinión han considerado lesivos al interés nacional y social.
Ahora, frente a un agravamiento del problema, los portavoces del régimen aseveran que el derecho de insurgencia sólo es válido frente a un gobierno usurpador. Así lo establece, en verdad, el primer parágrafo del artículo 46 de la carta.
Pero el segundo párrafo de ese dispositivo va más allá: “La población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.
Ese orden ha sido repetidamente violado por García. Aun así, la salida ahora no es la insurgencia, sino el diálogo que atienda razones, que conduzca a la derogación de decretos y que programe un desarrollo concertado y, por eso, sostenible de la Amazonía.
Necesario es el diálogo, no el monólogo de las balas que Yehude Simon promete.
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
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