Dirigentes sindicales dicen que el gobierno no tiene intención de evitar las protestas .
Critican la "penalización" de los paros y las promesas incumplidas por el Ejecutivo.
Carolina Martín.
La dinámica es siempre la misma. Los sindicatos anuncian la huelga como medida de presión, y el gobierno evita el diálogo hasta que las marchas y las paros lo hacen obligatorio. Entonces llegan los reproches y las soluciones transitorias que apagan el fuego pero no las cenizas. Las reivindicaciones más importantes del último año así lo demuestran. Los gremios advierten al presidente García que si el gobierno insiste en no escuchar los problemas del país volverán a salir a las calles.
1. LOS MAESTROS Y LA CARRERA PÚBLICA
La relación entre el Ejecutivo y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) es sin duda la más conflictiva que enfrenta el gobierno de Alan García. El 4 de julio del 2007 los profesores iniciaron una huelga indefinida "contra la Ley de Carrera Pública Magisterial" que duró 15 días.
Aunque la medida de fuerza había sido voceada desde hacía al menos un año (hubo incluso varias fechas que se postergaron) el gobierno no hizo nada por evitar el paro, según Olmedo Auris, dirigente del Sutep, porque "es política del gobierno provocar los conflictos".
"No existe una política de prevención de conflictos. Muy al contrario, el gobierno se muestra arrogante, soberbio e indiferente ante el reclamo de los trabajadores. Ahora además nos ignora y nos hostiliza, pues ha llegado a insultarnos. El gobierno sólo actúa sobre hechos consumados", sostiene.
Auris recuerda que tras la suspensión de la huelga, el gobierno devolvió el dinero descontado a los profesores que cumplieron con la recuperación de clases, y anuncia para el 27 de febrero una marcha de la CGTP al Congreso "para que se derogue el decreto que penaliza las huelgas".
2. LOS MINEROS Y LA TERCERIZACIÓN
Tajo abierto. Ministra Pinilla fue a Casapalca para convencer a los mineros. (Foto. Marco del Río).
El 5 de noviembre la Federación de Trabajadores Mineros comenzó una huelga indefinida que duró cinco días. No era una sorpresa. El gobierno –como consecuencia de una huelga anterior en mayo– se había comprometido a cumplir en el plazo máximo de dos meses un acta de 4 puntos que no concluyó. Casi cuatro meses después del fin de ese aplazamiento los mineros volvieron a parar sus actividades.
"Tomamos la decisión porque sentimos que nos estaba paseando. Hubo reuniones en el ministerio de Trabajo, pero no se llegaba a ninguna conclusión, y aunque se reguló el tema de las services, no se solucionó el tema más importante, que era el de la tercerización de los servicios mineros. Sólo emitieron algunas normas menores con las que quisieron tapar los problemas más grandes", asegura Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).
Castillo afirma que los mineros ya han tenido mucha paciencia, pero que esta ya está a punto de agotarse, y anuncia una huelga general para el 15 de mayo, ya notificada tanto al ministerio de Trabajo y al ministerio de Energía y Minas como al presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada. Nadie les ha pedido aún dialogar.
3. LAS EXONERACIONES DE LA SELVA
Ucayali –como otras regiones amazónicas– salió de forma masiva a las calles el pasado 26 de junio. De nuevo la medida había sido anunciada con anticipación, esta vez con un mes de adelanto. La huelga indefinida paralizó la región durante diez días, durante los cuales el Ejecutivo dijo estar dispuesto al diálogo pero no con los Frentes de Defensa del departamento –alegaban que eso solo contribuía a la ingobernabilidad– sino con el gobierno regional, que era al que reconocían como interlocutor válido.
"Queríamos que no entraran en vigencia los DL 977 y 978, que acababan con las exoneraciones tributarias a los combustibles el 1º de julio. Habíamos hecho marchas y enviado documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros que dijeron no haber recibido nunca. Intentaron jugárnosla hasta el último momento, y el 20 de diciembre (medio año después) se aprobó una ley que ampliaba las exoneraciones hasta el 2012. Les hemos ganado cinco años pero igual según la ley nos correspondía 50 años más. La posición del gobierno no es solucionar los problemas de la población, es reprimirla", opina Rómulo Coronado, presidente del Frente de Defensa de Ucayali.
4. CUSCO Y LA DEFENSA DE SU PATRIMONIO
Cusco comenzó a hablar de efectuar un paro regional el 9 de enero de este año si el Congreso no derogaba la ley 29164, pues consideraban que dicho texto legal no protegía su vasto patrimonio cultural. El propio Efraín Yépez, coordinador de la Asamblea General de Trabajadores de Cusco, así se lo dijo en Cajamarca, el 25 de enero, a Cecilia Bákula (directora del INC) y a un asesor del premier Jorge del Castillo. Pero la ley no se derogó y Cusco se puso en pie de guerra.
El 21 y 22 de febrero su población acató un paro regional que podría repetirse en los próximos días, aunque los dirigentes gremiales ya han mostrado su predisposición al diálogo. Al cierre de esta edición no había respuesta del Ejecutivo. Cabe recordar que el 12 de febrero (dos días antes de la votación) Del Castillo quiso reunirse con las autoridades regionales del Cusco, pero la Asamblea dijo que eso solo sería posible si la ley se derogaba.
"Nunca hubo intención de evitar la medida de fuerza. El paro lo provocó el gobierno con sus desafinadas leyes. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero parece que el gobierno no quiere escuchar", afirma a La República Yépez.
5. LOS AGRICULTORES Y EL DESARROLLO
El agro es el último reto para el gobierno. Después de dos días de paro, el 18 y 19 de febrero, marcados por la violencia –cuatro agricultores murieron– la Junta Nacional de Usuarios de Riego decidió dar una tregua de una semana al Ejecutivo para dialogar.
Ahora solo esperan que el gobierno muestre intención real de llegar a un acuerdo, porque si bien reconocen que se dialogó con el premier Jorge del Castillo los días previos al paro, las propuestas que éste hizo fueron "muy vagas e inconcretas", motivo por el cual decidieron ir a la huelga. Desde la Junta toman la iniciativa de Del Castillo –fue él quien los llamó para pedirles hablar–con sumo cuidado, y se muestran preocupados por la intención del Ejecutivo de "penalizar" a sus dirigentes por la huelga, ya que la medida no contribuye al diálogo y al entendimiento.
uente> diario la republica
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