Al hilo del pacto educativo

Al hilo del pacto educativo

Colectivo afilalápiz

Rebelión

No hace falta ser un lince para deducir que el terreno educativo ha sido un campo de batalla de la política con minúscula. En él se ha abonado la idea que los dos partidos mayoritarios tenían concepciones antagónicas e irreconciliables.

El proceso de pacto puesto en marcha responde a los acercamientos previos. Quizás la rentabilidad política inmediata ya no está en resaltar lo que separa sino lo que une. Aquello de la escuela pública al servicio de la equidad y la igualdad, de la educación para la ciudadanía, de la participación como principio básico, de la transversalidad , de la comprensividad ....se han convertido en estandartes que pueden guardarse para otros momentos.

Si los intereses de estrategia política marcan el corto plazo, las que son determinantes a medio y largo plazo son las necesidades del actual modelo de sistema productivo. En el inexorable camino hacia la sociedad del conocimiento, el sistema educativo tiene la misión social de conformar y formar conciencias, manos y cerebros para unos tiempos de trasiego geográfico en un mercado de trabajo cada vez más desregulado.

Con esta visión de alcance, empujado por los malos resultados de las evaluaciones externas, y con una crisis considerable del modelo productivo, no queda más remedio que intentar diseñar una vía que no haga aguas por los intereses más inmediatos.

Cualquier acuerdo significa por definición la cesión de posiciones en aras al consenso. Los temas más espinosos se dejan aparcados o se redactan en términos ambiguos que más tarde permitirán un elenco de interpretaciones. Nuestro borrador de pacto educativo no es una excepción.

Desde la redacción de la Constitución y en las diversas leyes orgánicas educativas las claves de las tensiones han girado en torno a unos pocos núcleos: lo público, la financiación, la presencia de la iglesia y del concordato, la comprensividad y la cohesión social del sistema.

Como se comentaba anteriormente, para llegar a un pacto alguien tiene que ceder en lo que puede considerar más accesorio para preservar lo fundamental. Con relación a los temas citados tenemos la impresión que quienes más ceden de entrada sobre sus supuestas posiciones son las fuerzas progresistas. Se mantiene el discurso de las competencias como eje fundamental del sistema educativo y de su trascendente papel en el futuro mundo productivo a cambio de ceder o ser ambiguos en preservar lo público.

Es posible que el desgaste y la gestión nublen las entendederas. Pero el ofrecimiento del pacto contempla elementos dignos de ser resaltados. Se perpetua el sistema de conciertos, renunciando a la supeditación de lo privado a la planificación pública . Se abre la puerta a la presencia de las empresas en la universidad y en la Formación Profesional. En este último caso se adorna con un discurso de la necesidad de conexión con la sociedad y se permite la utilización de unos medios públicos en la investigación que pagarán y por lo tanto determinarán las grandes empresas.

Algunas de las medidas para poner de relieve la Formación Profesional son contradictorios con el objetivo que se anuncia. La aparición de una subtitulación en la F., que no está contemplada ni en las titulaciones ni en las equivalencias profesionales, puede torpedear aún más el mercado de trabajo. El torticero camino que uno puede recorrer para alcanzar el grado medio de F.P va en la dirección contraria a lo que en su día supuso la dignificación de la Formación profesional. Se ha cedido en la comprensividad con una alternativa al cuarto de la ESO que es un camino en forma de embudo, por el que orientaremos a empujones a una parte del alumnado. Los que han fracasado ya tienen la salida más cercana, una vez acabado el tercero de la ESO. El problema de estas medidas está en la mesura de su aplicación y en la profunda injusticia social que determina que sean los de siempre los que recorren el mismo camino por la puerta de atrás, consagrando así la desigualdad social.

En resumen el pacto será posible. Recoge las aspiraciones de la derecha política y sociológica en cuanto a abrir puertas a la privatización de lo público. Mas conciertos, mas subvenciones y utilización del espacio público para fines privados. Responde a las necesidades del sistema productivo y recorta la democratización del sistema . Es cierto que aparecen otras medidas pero habrá que ver hasta que punto dejan de ser intenciones . Las mas notorias son el compromiso de financiación del sistema en relación a la media europea del gasto educativo, la autonomía de los centros y el desbloqueo del estatuto docente. Lo cierto es que las propuestas de una educación pública de calidad basada en la igualdad y equidad quedan muy, pero que muy diluidas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Diez años después... ¡La huelga vive!

Sobre el décimo aniversario del movimiento que detuvo la privatización de la UNAM

Diez años después... ¡La huelga vive!

Los Brigadistas-UNAM

Rebelión

Del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000, el movimiento estudiantil desarrolló en la UNAM una imponente huelga que, contra viento y marea, defendió el derecho a la educación de los que menos tienen enarbolando la bandera de la gratuidad de la universidad pública.

La batalla no fue fácil, ni estuvo exenta de errores. Pero una característica que la marcó de principio a fin fue la decisión de miles de estudiantes de bajos recursos de poner en juego todo, incluso la libertad o la vida, por defender un derecho para los que venían detrás. Esa histórica huelga plebeya fue encabezada por un sector de estudiantes a los que no pudieron detener las autoridades prometiéndoles que las medidas que se pretendían imponer no les serían aplicadas a ellos. Esos estudiantes no pelearon por un beneficio para ellos mismos; no estaban dispuestos a permitir que sus hermanos, sus vecinos, sus hijos, en una palabra: los suyos, fueran expulsados de una vez y para siempre de la UNAM. Contra una concepción de universidad que ve la educación superior como un privilegio sólo para los más capaces, se defendió con fuerza una idea muy distinta: una universidad para hacer más capaces a todos.

El inicio de la huelga

El 15 de marzo de 1999, Francisco Barnés de Castro, rector de la universidad, se fue a esconder con su Consejo Universitario al hospital de Cardiología para aprobar el aumento de cuotas en la UNAM. Desde febrero, la comunidad estudiantil había venido manifestando su repudio a esta medida realizando asambleas, marchas, paros y convocando al rector a un debate público. Barnés y el resto de la derecha universitaria, ignoraron el llamado al diálogo porque pensaron que podrían doblegarlos. Tras la imposición del aumento de cuotas, los estudiantes organizaron consultas, discusiones salón por salón y asambleas para decidir la huelga, y se prepararon para dar la batalla. El 20 de abril a las cero horas, estalló la huelga en defensa de la gratuidad en la UNAM y se conformó el Consejo General de Huelga (CGH).

Las demandas del movimiento

Desde la rectoría, Barnés había avanzado en la imposición de varios aspectos del proyecto neoliberal en la UNAM. En 1997 impuso la restricción del pase automático de bachillerato a licenciatura y la aplicación de un límite de tiempo para terminar cada ciclo escolar, dando de baja a quienes no lo cumplieran. Esta medida expulsaría de la UNAM más del 60% de los estudiantes, sobre todos a aquellos cuya situación económica y social les dificulta estudiar. Además se impusieron cobros ilegales por servicios en las escuelas y la UNAM se había sumado a la estrategia de control de acceso a la educación media y superior a través de un organismo privado, el CENEVAL. En otro terreno, Barnés construyó y fortaleció un fuerte aparato de espionaje político y de represión en la UNAM, que incluía cámaras en diversos lugares de CU y en las patrullas universitarias con la finalidad de grabar la actividad política de los estudiantes. El aumento de cuotas de inscripción fue la gota que derramó el vaso.

Todo lo anterior dio lugar a las demandas de la huelga: 1. Derogación del Reglamento General de Pagos y establecimiento de la gratuidad de la educación, 2. Derogación de las reformas de 1997, 3. Desmantelamiento del aparato policíaco de espionaje y represión, 4. Desvinculación total de la UNAM con el CENEVAL. 5. Congreso democrático para la transformación de la universidad, 6. Reposición en el calendario escolar de los días que durara la huelga.

El CGH

En las asambleas se nombraron representantes de cada escuela y facultad para construir una instancia representativa de dirección de la huelga. El 20 de abril nace el CGH en un combativo acto masivo en el auditorio Che Guevara. El CGH sería, a partir de ese momento, la instancia reconocida por los huelguistas para la toma de decisiones, donde se daban las polémicas acerca de la táctica y el único interlocutor válido para resolver el conflicto en la UNAM.

Durante los primeros 4 meses de huelga, las autoridades de hecho, no reconocieron al CGH y negociaron con una de las posiciones presentes en esa instancia, conocida como los moderados, brazo estudiantil del PRD Universidad. Ellos fueron desde el principio de la huelga, los defensores de los planteamientos de rectoría al seno del CGH. Las reuniones en lo oscurito entre moderados y autoridades, contribuyeron al alargamiento de la huelga, pero dentro del CGH no convencían a nadie.

El desarrollo de la huelga

Uno de los pilares que sostuvieron la huelga estudiantil, fue el apoyo de los de abajo. Los estudiantes con sus brigadas, su propaganda, sus marchas zonales y sus grandes movilizaciones centrales, lograron crear una inmensa valla invisible para proteger su movimiento: la valla del respaldo popular. Durante 9 meses y medio, los estudiantes recorrieron diariamente con sus volantes y su palabra, colonias populares, zonas fabriles, vagones del metro, micros y camiones, mercados, etc. Las máquinas de impresión trabajaban noche y día, las comisiones de prensa y propaganda discutían y redactaban los volantes para responder al gobierno, haciendo frente a la sucia campaña de desprestigio de los medios.

El otro pilar de la huelga, fue la discusión política permanente en reuniones y asambleas en cada escuela o facultad y en el CGH. Los estudiantes seguían de cerca las maniobras del gobierno, polemizaban con él en su propaganda, lo desenmascaraban y lo denunciaban ante la población, desbarataban sus calumnias y evaluaban constantemente cuál era la mejor forma de cerrarle el paso a sus agresiones.

El rompimiento de la huelga

El gobierno no pudo doblegar la resistencia estudiantil pero tampoco estaba dispuesto a aceptar su derrota. Optó por romper la huelga y encarcelar a casi mil universitarios. Para preparar las condiciones que le permitieran esa represión, Zedillo puso a De la Fuente en la rectoría y se apoyó en un sector de investigadores y profesores de tiempo completo de las facultades, en el que confluían la derecha y el PRD Universidad.

El 1 de febrero de 2000, el gobierno montó una provocación en Prepa 3 y detuvo a 300 estudiantes. El brazo derecho de De la Fuente, José Narro, actual rector de la universidad, le puso un ultimátum al CGH: o entregaba de inmediato las instalaciones, sin ningún compromiso de la rectoría respecto a las demandas del movimiento, o se atenía a las consecuencias. El CGH dijo NO.

En los siguientes días, los estudiantes discutieron cómo enfrentar la inminente represión. Se prepararon para continuar la lucha aun fuera de las instalaciones universitarias y muchos de ellos decidieron defender su movimiento permaneciendo en las guardias.

El 6 de febrero a las 6 am, la Policía Federal Preventiva entró a la UNAM y detuvo a todos los representantes al CGH que se encontraban en reunión plenaria y a los estudiantes que estaban en las guardias. En los operativos del 1 y el 6 de febrero fueron detenidos 998 universitarios.

El desenlace

El movimiento estudiantil nunca se rindió. El 14 de febrero los estudiantes regresan a CU en una numerosa y combativa marcha, una vez que la PFP se había retirado. Tras un periodo de desconcierto, el CGH se levantó de nuevo. Las brigadas estudiantiles acosaban a De la Fuente, a Narro, y a cuanto director se les ponía enfrente. Los funcionarios optaron por huir cada vez que aparecían los cegeacheros. No pasaba un día sin un acto de repudio a una autoridad, una toma de dirección, un mitin o un cierre de rectoría.

Multitud de activistas optaron por no volver a clases mientras uno sólo de sus compañeros estuviera en la cárcel. En las escuelas se toman locales y máquinas de impresión para reorganizar la propaganda y los boletines de prensa. Hay un evidente clima de ingobernabilidad que dura hasta que todos los cegeacheros son liberados.

Es verdad que el gobierno rompió la huelga del CGH, pero el costo político de esa acción lo obligó a aceptar y respetar las demandas del movimiento porque el pueblo no le perdonó que reprimiera a sus mejores hijos. Las cuotas no aumentaron y en ese momento se echaron abajo los cobros ilegales, las reformas del 97 se suspendieron, la UNAM se desvinculó del CENEVAL, el CGH desmontó las cámaras espías y fueron destituidos los dos principales organizadores de porros y del espionaje político (Brígido Navarrete y Gerardo Dorantes) .

¿Qué habría pasado en la UNAM si el CGH no detiene al gobierno?

Las cuotas aprobadas en Cardiología por Barnés eran de $680 para bachillerato y $1 020 para licenciatura. No representaban un aumento significativo en los ingresos de la universidad. Lo importante para ellos era romper la gratuidad, lo demás vendría después. Esas cuotas no permanecerían fijas, irían aumentando cada año, hasta que cada estudiante pagara el costo real de la educación universitaria. ¿Cuánto crees que tendría que pagar un estudiante hoy? ¿Tú estarías en la UNAM?

La huelga del CGH cambió la correlación de fuerzas dentro de la universidad. Gracias a ello, a 10 años se mantienen proyectos estudiantiles que buscan brindar mejores condiciones de ingreso y permanencia en la UNAM para hijos de los trabajadores. Entre ellos: el comedor de la Facultad de Ciencias manejado por estudiantes, que brinda comida nutritiva, higiénica, barata y sin lucro; el proyecto Eduktodos que distribuye libros baratos digitalizados; los cursos gratuitos que se dan en el CCH Oriente cada año preparar a jóvenes aspirantes al bachillerato y el grupo en resistencia de Economía formado por un puñado de estudiantes a los que no se les permitió ingresar a la licenciatura el año pasado, que recibieron todas las clases de primer semestre.

Hoy hasta Narro declara que las propuestas de aumentar cuotas son “ideas trasnochadas” y todos los aspirantes a la rectoría hablan de mantener la gratuidad. Hoy resulta difícil imaginar el ambiente represivo que se vivía en la UNAM en la época de Barnés.

Pero ni el gobierno, ni sus representantes en la UNAM han renunciado a la idea de cobrar. En cada escuela y facultad, de acuerdo a la correlación de fuerzas local, han ido reimponiendo los cobros ilegales, llegando a extremos como cobrar $5000 semestrales en algunos posgrados.

¡Ahora nos toca a los nuevos estudiantes retomar las banderas del CGH y continuar esa lucha!

Encuesta de la Universidad Católica indica rechazo mayoritario a gestión de ministro de Educación.

Chang desaprobado

La mayoría de ciudadanos de Lima metropolitana rechaza la gestión del ministro de Educación, José Antonio Chang, según los resultados de una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), publicados ayer. La encuesta tuvo el objetivo de medir la percepción de los limeños respecto a la realidad de la Educación actual del país.

La muestra de febrero de este año indica que el 39% de los limeños desaprueba la gestión del ministro Chang, contra un 37% que sí la aprueba. Un 43% de varones y un 36% de mujeres lo desaprueban, mientras que un 38% de varones y un 36% de mujeres lo aprueban.

Asimismo, 46% de ciudadanos del nivel socioeconómico A-B, 36% del C y 46% del D-E desaprueban la gestión actual de la cartera de Educación.

A la pregunta, “¿de quién debería ser la principal responsabilidad de fiscalizar la calidad de la enseñanza en los colegios”, el 62% respondió que el ministerio de Educación es el indicado. Un 15% responsabilizó a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa), mientras que un 8% hizo lo propio con los directores de colegios.

Paradójicamente, respecto a la calidad del sistema educativo peruano, el 52% de la población piensa que la Educación ha mejorado, comparándola con la de hace 10 años. El 19% piensa que sigue igual, mientras que un 27% refiere que ha empeorado.

Además, el 65% de los encuestados piensa que la calidad de la Educación mejorará, el 19% dice que permanecerá igual y el 7% refiere que empeorará.


fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=57629

El gran dinero

El gran dinero

Mientras los políticos discuten sobre cosas menores, el señor García sigue empeñado en saquear al país cobrando comisiones por cada gran proyecto (cosa que se probará cuando algunas de sus víctimas decidan, en el próximo gobierno, hablar a cambio de inmunidad; de allí la imperiosa necesidad, para el doctor García Pérez, de que sean Castañeda o Keiko quienes lo sucedan).

Para mejor vender enormes extensiones de bosques y parajes, de humedales y colinas, García ha enviado al Congreso, donde gobierna el novio platónico de Fabiola de la Cuba, un proyecto de ley con su firma.

En ese texto García le pide al señor Alva Castro, o sea a su fiel y seguro servidor, que por favor le dé importancia debida al proyecto en cuestión, que tiene un título de aspecto inocente: “Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28223, Ley sobre los Desplazamientos Internos...”

El asunto de fondo tiene que ver con Bagua y sus consecuencias: la irreductible oposición, ambientalista y política, a los proyectos contaminadores y desfigurantes de la gran minería y de las empresas de exploración y explotación petrolera.

García, que no puede cobrar comisiones si no brinda una contraprestación, está desesperado: el gobierno empieza a terminársele y todavía hay mastodónticos proyectos a la espera de que el gobierno “facilite las cosas a la inversión”, que es lo que exige el lobismo corporativo.

¿Qué hacer, entonces? ¿Qué hacer para seguir cobrando?

Pues presentar proyectos como el que en estas líneas comentamos.

La modificación propuesta reza así:

“Si el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para

autorizar dicho desplazamiento será el Titular del ministerio de la Mujer y Desarrollo-MIM-DES...”

O sea que García aparta al ministerio del Ambiente de un manotazo y le entrega al ministerio de la Mujer (¿? ) la potestad de “autorizar” la expulsión de sus tierras nativas de quienes, por diferentes razones que van de la posesión inocente a la oposición activa, pueden llegar a ser un obstáculo para la inversión foránea.

¿“Proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primodial”?

¿Y quién determinará cuándo el interés público es superior o primordial?

¿No son los derechos de los peruanos que viven en la sierra y selva parte de un interés público superior? ¿No es primordial defender el medio ambiente de la voracidad tóxica de la gran minería o de la invasión geológica de los grandes faenones?

García, aconsejado por sus Piñeras, quiere optar por la solución Chilena: crear las condiciones que hagan posible declarar ilegales a quienes defienden sus tierras ancestrales y los viejos derechos de la naturaleza.

Creo haber dicho en alguna parte que aquel día de la entrevista de seis horas a Haya de la Torre lo que más me impresionó fue la frugalidad de su vida, la sobriedad de esa casa llena de libros y tesoros culturales, esa casa donde lo único que brillaba eran los años de sabiduría acumulados y algunos objetos que decían mucho de esa vejez amenazada por la pobreza: un piano de cola desafinado, una caja de laca comprada en Kyoto, un busto romano donado por una familia millonaria. Y afuera, en el jardín apenas cuidado y lleno de calvas, unos perros chuscos y hermosos que Haya quería más que a nadie.

A pesar de la difamación crónica de la que era víctima, Haya fue un hombre de clase media al que nunca le interesó hacer fortuna. Sabía que venimos de la fugacidad y que hacia ella vamos y que sólo un espíritu malogrado por la codicia podía dejarse seducir por lo material.

García, que pretendió ser su discípulo pero que de Haya sólo tiene la locuacidad, siempre pensó que Haya fue un tonto y que, al final de su vida, se expuso a las pellejerías de la escasez cuando hubo de ser examinado en Texas y fue necesario hacer una colecta entre amigos del partido para que ese viaje inútil se produjera.

Para curarse en salud y prevenirse de miserias García se ha vuelto rico, espléndidamente rico, podridamente rico, sin haber jamás trabajado. Todos sabemos cómo es que ha construido su fortuna.

Pero al presidente de la república le sucede lo que a muchos ricos les pasa: nada le es suficiente, nada calma su miedo al futuro.

Por eso, entre otras muchas cosas, presenta este proyecto de ley que hace más fácil la erradicación y el desalojo de tribus nativas o comunidades centenarias cuando la gran minería y el gran petróleo –y el gran dinero- estén de por medio. Porque de eso se trata, como en la novela de Dos Passos: del gran dinero.

César Hildebrandt Columnista

No hay justicia para indígenas de Bagua

Perú

No hay justicia para indígenas de Bagua

Ángel Páez

IPS

Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías, durante los enfrentamientos ocurridos entre pobladores y fuerzas de seguridad en junio en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.

Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.

En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el "baguazo", como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.

Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.

Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos "Curva del Diablo" y "Estación 6", abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.

Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos encausados por el homicidio de los policías en el "baguazo", interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.

La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos Cahuasa y López.

"No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados", dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) "Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos", precisó.

El abogado aseguró que "todo el caso está plagado de irregularidades" y citó entre ellas que" no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes".

"Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación", apuntó Quispe.

El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.

Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el "baguazo". Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.

"Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente, sin embargo subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso", manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).

"Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos", adujo.

Campos detalló que "hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados"

Pero el pedido fue rechazado, "así que hemos apelado", añadió Campos, antes de explicar que "estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso".

La fiscalía (acusación) penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el "baguazo", denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.

Los generales son el ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al ex jefe policial de Bagua, Javier Uribe.

La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.

"Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon", señaló Quispe.

Sin embargo, "ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados", afirmó.

A juicio de Quispe, "esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo".

Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.

El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.

Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

"Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte", arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo.

Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con Comisedh, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.

"Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del ex primer ministro Yehude Simon y la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas", aseguró Jugo.

Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.

Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, convocó una movilización para el lunes 22.

La convocatoria también busca denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el "baguazo".

La comisión multipartidaria del Congreso legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las diez "leyes de la selva".

Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.

Pero la derogación de la totalidad de las "leyes de la selva" todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94712

"Desarrollo, para el gobierno del Perú, es saqueo de la Amazonía sin respetar derechos ni a los grupos indígenas"

Entrevista al líder indígena Jaime Corisepa

"Desarrollo, para el gobierno del Perú, es saqueo de la Amazonía sin respetar derechos ni a los grupos indígenas"

Pablo Cingolani

Ecoportal

Los TLC es la estrategia para que los pueblos indígenas desaparezcan. Según Jaime, la expresión más clara de los TLC son los proyectos que se impulsan bajo la sigla del IIRSA. Dice que estan en una etapa de sensibilización contra los proyectos del “famoso” IIRSA. Tienen impactos negativos demasiado fuertes e irreversibles. Significan despojo a las comunidades nativas. Pérdida de biodiversidad. Permiten el ingreso de las petroleras y de los mineros. Insiste que es el principio de la desaparición de los pueblos indígenas.

Jaime Corisepa tiene 30 años. Nació en el seno del pueblo indígena Harakmbut, en la comunidad Puerto Azul, en la Selva Sur peruana. El año que viene se graduará como licenciado en turismo ecológico en la Universidad Amazónica. En el XV Congreso Regional de la FENAMAD —la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Premio Bartolomé de las Casas 1997 por su defensa de los Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía—, realizado en Boca Inambari, los días 16, 17 y 18 de enero pasado, fue elegido como su nuevo presidente. El sucesor de Antonio Iviche, nos recibió en las oficinas de la federación, en Puerto Maldonado. Sus afirmaciones son rotundas:

—Mira, para nosotros, eso que los gobiernos llaman desarrollo es engaño. Todos los proyectos son engaño. Si aceptamos esa palabra, desarrollo, en todo caso, es lo que debe nacer de las propias comunidades. Sin embargo, desarrollo, para el gobierno del Perú, es saqueo de la Amazonía, sin respetar derechos y a los grupos indígenas. ¿No leyeron ese artículo de Alan sobre El Perro del Hortelano?

El domingo 28 de octubre de 2007, en el periódico El Comercio, de Lima, Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú, publicó un artículo que tituló El síndrome del perro del hortelano. Es un texto capital para entender la lógica “neo extractivista” —al decir del ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de su país—, que está asolando la Amazonía y amenazando su supervivencia y la de los pueblos originarios que la habitan, como nunca en su historia.

En el texto de marras, el antiguo izquierdista lanzó su teoría del perro que no come ni deja comer: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar (…) Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica (…) Hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie". Luego, sin rubor, dejó en claro que “el primer recurso es la Amazonía”. (1)

Bajo esa tónica agresiva, no tuvo empacho, a la vez, con relación a su afán por encontrar “oro negro” en la floresta, incluso de poner en duda la existencia de pueblos indígenas aislados: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático 'no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”. (2) Corisepa es muy claro cuando explica las implicancias de este discurso oficial:

—Para esos planes, según el gobierno, somos sus enemigos, somos un obstáculo, porque según ellos, tenemos muchas tierras pero somos minoritarios…

Esa misma fue la advertencia macabra que lanzó Alan García el día que mandó a reprimir en Baguá, con referencia a los indígenas: “Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”. (3) Para Corisepa, todo esto representa “una pelea fuerte entre civilizaciones”:

—Si no aceptamos sus imposiciones, nos meten bala, cárcel, criminalizan a los líderes y a las organizaciones indígenas. Por eso, nosotros exigimos autodeterminación, que es la manera de cómo queremos nosotros vivir nuestro propio destino…

Para el joven dirigente, los globalizadores externos y los desarrollistas internos deben entender y respetar el hecho que para los pueblos indígenas, el territorio no es una mercancía, es algo sagrado y espiritual, y que existe una economía más allá del dinero, de las supuestas inversiones que traerían beneficios, de los mega proyectos de “desarrollo”.

—Aquí en Perú, el “famoso” desarrollo es también TLCs (Tratados de Libre Comercio) con Estados Unidos de Norteamérica, con China, con Chile. Los TLC es la estrategia para que los pueblos indígenas desaparezcan.

Según Jaime, la expresión más clara de los TLC son los proyectos que se impulsan bajo la sigla del IIRSA.

—Estamos en una etapa de sensibilización contra los proyectos del “famoso” IIRSA. Tienen impactos negativos demasiado fuertes e irreversibles. Significan despojo a las comunidades nativas. Pérdida de biodiversidad. Permiten el ingreso de las petroleras y de los mineros. Insisto que es el principio de la desaparición de los pueblos indígenas.

El IIRSA es la sigla del proyecto de recolonización capitalista y trasnacional más ambicioso encarado en la historia de Sudamérica. IIRSA significa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Es el soporte material para las políticas de libre penetración de capitales y comercio extranjeros, y pretende convertirse en la columna vertebral de un modelo de desarrollo impuesto por los poderes internacionales, las trasnacionales y los bancos multilaterales. Hay mucha información disponible en Internet sobre el mismo. Lo impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y todos los gobiernos del subcontinente, pero especialmente Brasil.

En el último congreso de la FENAMAD, los indígenas expresaron su firme decisión de rechazar el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica del río Inambari —cuyos estudios desarrollan las empresas brasileñas, la privada OAS y las estatales Electrobras y Furnas—, uno de los proyectos estrella del IIRSA en el sur selvático del Perú, junto con el llamado Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la primera carretera que uniría al coloso sudamericano con el océano Pacífico, es decir a los agroexportadores y ganaderos brasileños con los mercados asiáticos. (4)

A la vez, en una decisión histórica, la FENAMAD sancionó a dirigentes indígenas que favorecieron a las petroleras Hunt Oil y Repsol-YPF para que ingresen en la Reserva Comunal Amarakaeri. (5) Los despojaron de su calidad de dirigentes y comuneros. La sanción alcanzó al actual presidente y representante legal ante el Estado de la Reserva Comunal Amarakaeri, Adán Corisepa; al actual presidente de la comunidad nativa de Shintuya, Jacinto Bario, y a los comuneros Antonio Fernández y Rómulo Corisepa, por haber contravenido acuerdos soberanos que prohibían el ingreso de las petroleras nombradas a territorio indígena. (6)

—Quisimos dar un ejemplo a todo el Perú con relación a la lucha contra la corrupción. El Estado y las empresas petroleras compran dirigentes para favorecer sus intereses. Contra eso y contra todo lo demás que representan todas estas políticas, nosotros estamos en pie de lucha y movilización. Debemos unir al movimiento indígena también a los castañeros, a los agricultores, (7) a los ribereños. Los gobiernos locales están sometidos al gobierno central. Algunos políticos son “enmascarados”, que dicen que son indígenas, y que nos prometen que los proyectos traerán trabajo y mejoras en la salud y en la educación. Son engaños. Nosotros sabemos que en el caso del Inambari, la energía producida ni siquiera será para nosotros, será para las grandes industrias de Brasil.

Corisepa tiene razón: hay 6 proyectos de represas acordados entre los presidentes de Perú y el de Brasil, Lula da Silva. (8) Es la energía que precisa el empresariado de Brasil para afirmar y desenvolver nuevos polos de desarrollo, ya no en San Pablo, sino en la propia Amazonía: es el fin de la selva, y como dice nuestro entrevistado, el fin de los pueblos indígenas al interior de la cuenca.

—Hay que despertar a la población de toda la Amazonía en torno a lo que significan las acciones extractivas y las amenazas de los mega proyectos. Nosotros hemos aportado mucho a la cultura occidental, y podemos seguir haciéndolo. Pero no estamos ni con la globalización, ni con el pensamiento único. Queremos que nos respeten como somos y que respeten a la naturaleza. Por eso no queremos ni al TLC, ni al IIRSA. Queremos vivir de acuerdo a nuestras necesidades, con las visiones que nazcan de las propias comunidades. Tenemos derechos y los vamos a defender.

Nos despedimos de Jaime Corisepa, felices y confundidos. Felices de haber escuchado que la FENAMAD se fortalece —la sanción a los dirigentes vendidos a las petroleras es ejemplar en todo sentido— y que lo hace para enfrentar la ofensiva de la trasnacionales sobre su hogar ancestral, sobre la selva. Confundidos porque, por momentos, no sabíamos si estaba hablando de lo que pasa en Perú o de lo que está pasando en Brasil o en Bolivia.

Notas:

(1) Alan García Pérez: El síndrome del perro del hortelano. El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2009. Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html.

(2) Ver mi artículo Alan García y los nativos selváticos “no conectados”, en defensa de los pueblos indígenas aislados de la Amazonía peruana, ridiculizados por García. En http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007111606.

(3) Ver noticia: Presidente Alan García advierte a nativos: "Ya está bueno de protestas". Tomado de http://www.peru.com/noticias/portada20090605/37781/Presidente-Alan-Garcia-advierte-a-nativos-Ya-esta-bueno-de-protestas. La noticia está fechada el 5 de junio de 2009 a las 8:06 de la mañana. Anotó James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, que “… el 5 de junio de 2009, la policía se movilizó para desalojar a los manifestantes indígenas que ocupaban y bloqueaban la carretera “Fernando Belaúnde Terry” en un sector de la provincia de Utcubamba cerca de la ciudad y provincia de Baguá (…) Durante el proceso de desalojo estalló la violencia, resultando varias personas muertas y heridas, tanto policías como manifestantes. Enfrentamientos entre la policía y personas indígenas y otros civiles continuaron en la ciudad de Bagua y lugares aledaños durante el mismo día”. Tomado de OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA Y LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO Y DÍAS POSTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE BAGUÁ Y UTCUBAMBA, PERÚ, 20 de julio de 2009.

(4) Ver http://fenamad-indigenas.blogspot.com/2010/01/indigenas-de-madre-de-dios-rechazan.html

(5) El largo conflicto entre los indígenas del Madre de Dios contra la petrolera norteamericana Hunt Oil y la española-argentina REPSOL-YPF puede leerse en el documento de la FENAMAD: EL LOTE 76, HUNT OIL Y LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI: UNA HISTORIA DE CORRUPCIÓN Y VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS INDIGENAS. El documento y mayor información pueden leerse en http://www.actualidadambiental.pe/?p=2437

(6) Ver http://fenamad-indigenas.blogspot.com/2010/01/sancionan-dirigentes-indigenas-que.html

(7) El Consejo Directivo de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD), emitió un pronunciamiento dado en Puerto Maldonado, el 28 de enero de 2010, rechazando la construcción de la represa del Inambari. Un extracto del mismo dice: “En tal sentido, nuestra gran Federación Agraria, manifiesta su enérgico rechazo a la Iniciativa de Integración Regional Sur Americana – IIRSA por vulnerar los derechos fundamentales de nuestros pueblos y por los impactos negativos sociales, ambientales y culturales en las comunidades afectadas, violando nuestros derechos a la consulta previa para consentir, decidir y controlar las prioridades de nuestro propio desarrollo en armonía con nuestra madre naturaleza, quedando una vez más demostrada la forma inconsulta y arbitraria con la cual opera, con el respaldo pleno de nuestros propios gobernantes..”. Ver http://fenamad-indigenas.blogspot.com/2010/01/indigenas-de-madre-de-dios-rechazan.html. La entrevista a Jaime Corisepa fue realizada en Puerto Maldonado, los días 22 y 23 de enero de 2010.

(8) Ver http://www.bicusa.org/es/Project.10078.aspx

Fuente: http://www.ecoportal.net/content/view/full/91135/

Acuerdos de la I Convención de Delegados 2010

Acuerdos de la I Convención de Delegados 2010

OFICIO MULTIPLE Nº 01- SUTE-R-J-2010.

COMPAÑERO .
Secretario General del SUTE Provincia, Distrital y/o Base.

ASUNTO : Comunica acuerdos de la I Convención Nacional de Delegados del SUTEP realizado el 23 de enero del 2010.

Tenemos el grato honor de dirigirnos a usted y por su intermedio a su combativa base, para expresarle el saludo clasista a nombre de la Dirigencia del SUTE Regional Junín y hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que, por acuerdo de la III Asamblea Nacional de Delegados del 26 de Setiembre del 2009,se realizó la I Convención Nacional de Delegados del SUTEP el 23 de Enero del 2010 en la ciudad de Lima con la participación de más de 12 regiones del país, desarrollándose el temario en medio un debate democrático, en donde se impuso la razón sobre la sin razón ,llegando los convencionistas a trascendentales acuerdos.

El imperialismo con sus características: monopolista, parasitaria y principalmente agonizante tiene el fin de extender y prolongar su dominación, para ello aplica el plan neoliberal, cuyas manifestaciones son: Ia apertura de los mercados nacionales, la reestructuración del Estado, la flexibilidad laboral, las privatizaciones, con las que explotan y oprimen más al pueblo, demostrándose así que la contradicción principal en el mundo sigue siendo entre imperialismo y naciones oprimidas; la cual se ve claramente en nuestra selva y sierra, donde el Estado peruano controlado por la gran burguesía y los grandes terratenientes, utilizando a sus peones del APRA en el gobierno, han dado la Ley de la Selva, así como la Ley de Aguas y la titulación de la tierras comunales, las primeras normas, para entregar la Amazonia peruana al capital extranjero, las siguientes destinada a vender los ríos, lagunas y tierras eriazas a Ia empresa privada; cumpliendo de este modo con lo firmado y acordado en el TLC con EE.UU, Cuyos efectos son la expropiación de las tierras y aguas a los pueblos amazónicos y andinos, que originará el despoblamiento y la muerte de estas comunidades. Esta ofensiva del imperialismo y su plan neoliberal es rechazada y combatida por las comunidades amazónicas y pueblos andinos, expresados en las históricas luchas, en defensa de los recursos naturales que es fuente de subsistencia de nuestros hermanos campesinos.


Ingresando a una mayor reaccionarización, el genocida Alan García, en su mensaje presidencial del 28 de julio, apela a la mentira y demagogia, con el objetivo de maquillar y ocultar el incremento de la pobreza, el alza del costo de vida, la carencia de empleo y mayor explotación con el recorte de los derechos laborales; falsamente señala que la pobreza en el Perú bajó de 48% al 35%, alfabetizó a un millón de peruanos, sin embargo el analfabetismo crece diariamente en el país, capacitó a 115,000 profesores con un gasto de 303 millones de soles, el número de maestros capacitados es inflado ya que los "capacitados" no pasan los 30 mil; se han gastado 560 millones de soles en el mantenimiento y refacción de 42,030 I.E. sin embargo las escuelas se vienen desmoronando porque el dinero se limita al "maquillaje" con pintados y repintados, mas no a la construcción ni reparación de la infraestructura.


El gobierno aprista recorta el derecho a la educación entregando las I.E. a los municipios para su administración y conducción pero sin recursos económicos. La Municipalización de la Educación ,es la imposición de las políticas privatizadoras del B.M. planteados en los libros "Un Nuevo Contrato Social", "Por una Educación de Calidad para el Perú” y “Qué Puede Hacer un Gobierno Regional para Mejorar Ia Educación", que exige al Estado a recortar el derecho a la educación publica gratuita reduciendo cada vez mas el presupuesto económico del sector Educación tal como se efectúa en los Últimos arias (2007 3.17%, 2008 3.00% y 2009 2.72% del PBI). En este norte el gobierno promulga el D. S. N° 078 , la R.M. 031 que impone el "Plan Piloto de la Municipalización de la Educación 2007", y el año 2008 el D.S. 005, a ello se suma la R.M N° 441 y la R.M. N° 101 de racionalización que recorta el presupuesto para profundizar la privatización de la escuela y el recorte del derecho al trabajo, obligando a los padres de familia dar aportes económicos permanentes para sostener la escuela. De otro lado liquida la estabilidad del profesorado, con la Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062 y su Reglamento el D.S N° 003 , así como la R.M N°121, el D:S N° 079 , la R:M N° 079 , que tienen el objetivo de despedir masivamente a más de 286, 879 trabajadores en la educación.


En junio del presente año, salió a luz la alianza del APRA con los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, para quitar el derecho de la Educación Gratuita a miles de niños pobres con la aplicación de la Municipalización de la Educación, Llegando a promulgar los Decretos Supremos números 130-EF 2009 y la 201-EF-2009, mediante las cuales se transfirieron a 35 Municipios del país directamente, el presupuesto económico de educación, por petición directa de los Alcaldes, que lo hicieron a espaldas de los docentes, padres de familia, estudiantes y de la comunidad en plena, así mismo los gobiernos regionales se unieron a la maquinaria privatizadora aprista, emitiendo Resoluciones Ejecutivas Regionales de entrega del presupuesto económico recortado a los municipios provinciales y distritales, este atentado contra la escuela pública ha generado rechazo y mayores luchas del SUTEP y padres de familia.


La I Convención Nacional de Delegados, luego de un amplio análisis y debate Acordó lo siguiente:

• Preparar la Huelga Nacional Indefinida del SUTEP, para el presente año 2010.
• Continuar la lucha contra la municipalización privatizadora de la escuela pública.
• Rechazar contundentemente las evaluaciones de ingreso a la CPM Nº 29062.
• Apelar la Demanda de Inconstitucionalidad de la Ley de Carrera Pública Magisterial N° 29062 y la Ley que declara la Educación como Servicio Básico Esencial N° 28988, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Realizar demandas masivas por el pago del 30% por preparación de clases.
• Realizar la I Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP el 24 de abril del 2010.
• Presentar el Pliego Único de Reclamos en Marzo del 2010, al Ministerio de Educación.

A la espera de su implementación y cumplimiento, le reiteramos nuestro saludo sindical clasista.

Sindicalmente.

Crispín Chamorro Paucar
Sec.General del SUTE-R- JUNÍN