La percepción más generalizada en la mayoría de medios de información del país es que vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la ciudadanía es, y se considera, perteneciente a la clase media. Se admite que por encima de la clase media están los ricos y por debajo están los pobres, pero, por lo demás, la mayoría de nuestros ciudadanos son y se autodefinen como miembros de la clase media. Y para mostrar la rectitud de tal percepción, se hace referencia a las encuestas en las que la mayor parte de la población, cuando se le pide su ubicación en la estructura social, escoge la categoría “clase media”. Han desaparecido, así, las categorías de burguesía, pequeña burguesía o clase trabajadora, que raramente aparecen en la narrativa política o mediática del país. Utilizarlas y referirse a términos como, por ejemplo, lucha de clases, es arriesgarse a que se le acuse a uno de anticuado o, lo que es peor, de “ideólogo” o “doctrinal”, términos todos ellos destinados a señalar al acusado como individuo “sospechoso” de prejuicios ideológicos de tonalidad roja o morada, coloración casi desconocida en el arco iris mediático del país.
Esta percepción de nuestras sociedades es, sin embargo, profundamente ideológica y, como bien define mi amigo Noam Chomsky, responde a un enorme poder de clase. La desaparición del discurso y del análisis de clases sociales es, en sí, un síntoma del enorme poder de las clases dominantes, las cuales promueven la percepción de que las clases sociales han desaparecido y que la lucha de clases es una categoría totalmente obsoleta, inservible para el entendimiento de nuestras realidades. A mayor dominio de las derechas en un país, mayor desaparición del discurso y análisis de clases. De ahí que en España estos términos prácticamente hayan desaparecido del lenguaje mediático hegemónico y de la narrativa política dominante. Ahora bien, aunque el establishment mediático promueve la visión de que la mayoría somos clase media (la pregunta en sus encuestas es “¿Es usted clase alta, media o baja?”), la mayoría de la ciudadanía no sólo cree en la existencia de clases, sino que, cuando se formula la pregunta “¿Es usted clase burguesa, pequeña burguesa, clase media o clase trabajadora?” hay más personas en España que se definen como clase trabajadora que como clase media. Pero los establishments políticos y mediáticos (que pertenecen al 30% del nivel de renta superior del país) no se percatan de ello.
La dura realidad es que los datos muestran que las clases sociales continúan existiendo, y que es imposible entender lo que pasa en España –desde el notable retraso del Estado del bienestar español (ver “El impacto del clasismo y machismo”, Público, 30-07-09), hasta la polarización social del sistema educativo–, sin entender el poder diferencial que cada clase social tiene en nuestro país. El poder de clase se caracteriza por un gran dominio de la vida política, mediática y económica del país por parte de la burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta media alta, es decir, del 30% de la población de renta superior, que tiene una enorme influencia mediática y política en el país.
Un ejemplo de ello es el sistema educativo. España, uno de los países de la UE-15 (el grupo de países de la UE de nivel de desarrollo económico semejante al nuestro) con mayores desigualdades sociales, tiene el sistema educativo más polarizado por clase social existente en tal grupo de países. Las familias del 30-35% de renta superior del país envían a sus hijos a las escuelas privadas concertadas (la mayoría gestionadas por la Iglesia católica, institución que en España siempre ha ofrecido el sostén ideológico a las clases dominantes) y el 65-70% restante de la población, que se define como las clases populares, es decir, la clase trabajadora y las clases medias de rentas medias y bajas, envían a sus hijos a las escuelas públicas, donde se concentra la mayoría de los hijos de los inmigrantes (92%). Naturalmente, no hay una impermeabilidad social entre los dos tipos de escuelas, la pública y la privada. Pero, en general, la renta de las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas es mayor que la de las familias que utilizan la escuela pública. En Suecia y Finlandia (países que el informe PISA –que mide la calidad de la enseñanza– considera como los que tienen el mejor sistema educativo), sólo el 4% de estudiantes van a la privada. En España es el 30-35%. En nuestro país, el gasto por alumno en la escuela privada es superior que en la pública. Esto se da como consecuencia del pago por parte de las familias que matriculan a sus hijos en la privada, recursos que se complementan con las aportaciones de recursos públicos, es decir, subsidios que se definen como conciertos.
España tiene los subsidios públicos a las escuelas privadas más altos y el gasto público por alumno en la escuela pública más bajo de la UE-15. Los primeros reciben más recursos a costa de los segundos. Weber que, junto con Marx, fueron los fundadores de la sociología contemporánea, definió explotación de una manera muy sencilla y didáctica. Explotación, escribió, “ocurre cuando una clase (podría haber añadido un género, una raza o una nación) vive mejor a costa de que otra viva peor”. Pues bien, existe un poder de clase que se expresa en que unos tienen más recursos para su educación, a costa de que otros tengan menos. En el lenguaje mediático versallesco, dominante en el país, no se le llama explotación sino “desequilibrio de financiación”.
En realidad, el sistema educativo dual (privada versus pública) de España reproduce la estructura social del país, formando dos tipos de ciudadanos: los de primera y los de segunda clase. Y los primeros acceden a estudios superiores (como los universitarios) en porcentajes mucho mayores que los segundos. Esto es consecuencia del poder de clase, categoría que ha desaparecido del lenguaje político y mediático del país.
