Ciro Gómez
Leyva apareció en la pantalla con el rostro desencajado, visiblemente
resentido y contrariado por la decisión de retirar, aunque fuese
momentáneamente, la Ley sobre el Servicio Profesional Docente que debía
de ser votada sin excusa ese mismo día. Su mirada y su voz trasminaban
mucho más que una simple molestia; en realidad se percibió una ira
escasamente controlada, una ira que sólo puede ser provocada por un
enraizado odio de clase: ¡no era posible que un tumulto popular haya
doblegado al Congreso! Después lo dijo claramente: han aceptado sacar la
ley que representa el corazón mismo de la reforma, y eso no se puede
permitir. Una ira que se percibe igualmente en las cúpulas mediáticas
del continente cuando hablan de los diversos gobiernos democráticos, una
ira muy parecida a la de los medios chilenos, encabezados por los
momios pinochetistas, cuando se refieren a los estudiantes que luchan
por una educación pública.
Siguiendo
puntualmente esta pauta, las televisoras y radios han establecido un
duro estado de sitio sobre el magisterio democrático. Los empresarios,
los medios y el Pacto por Peña Nieto están concentrados en construir un
cerco que les permita avanzar impunemente hacia la represión, ya lo dice
abiertamente el señor Camacho Quiroz. Sus comentaristas repiten
sistemáticamente la misma cantaleta: vandalismo, irracionalidad, oscuros
intereses personales, por lo cual concluyen: los maestros no quieren
ser evaluados. Mentiras bien calculadas, pues no ha habido actos de
vandalismo en las marchas y plantones de miles de maestros; no hay
irracionalidad en acudir a la manifestación pública cuando después de
meses en que han presentado sólidos argumentos en cientos de documentos
nadie los toma en cuenta; no hay oscuros intereses cuando se está
defendiendo el derecho al trabajo y, sobre todo, no hay rechazo a ser
evaluados, sino a cómo y para qué se les quiere evaluar. No son los
maestros los que tienen sitiado el Congreso y a los ciudadanos, como
despotrican los medios: es la cerrazón total, el desprecio y la
displicencia de todos los que deciden en torno a estas modificaciones lo
que ha sitiado a los maestros democráticos y los obliga a romper el
cerco con sus únicas posibilidades: la movilización masiva.
Podría
asegurar que 90 por ciento de los congresistas ni siquiera han leído con
un mínimo de detenimiento las leyes que votan tumultuariamente,
irracionalmente, a gritos y sin presentar ningún argumento válido para
arrancar a los maestros la estabilidad laboral. Si se aplicara una
evaluación, incluso estandarizada, a los diputados sobre el contenido de
las leyes que votan, los resultados serían patéticos; están
acostumbrados a actuar bajo consigna y en la impunidad.
El corazón
de la reforma es efectivamente la Ley del Servicio Profesional Docente,
que asienta textualmente que en los casos de quien no se incorpore a los
programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la
tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento
correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa. Esto
determina prácticamente un estado de excepción sobre las condiciones
generales de trabajo de uno de los profesionales que históricamente han
aportado más a la fundación de un país justo y digno. No hay para ningún
otro profesionista una ley específica que reglamente de manera
excluyente y excepcional sobre los derechos laborales. Ni a los médicos,
ni a los ingenieros, ni a ningún especialista contratado con una plaza
de base se les somete a esta nueva reglamentación. No se concibe nada
semejante para esa enorme cauda de funcionarios que andan brincando de
puesto en puesto sin siquiera tener el perfil adecuado; tampoco a los
representantes de la nación que nunca, ni siquiera, rinden cuentas a sus
electores. No se han realizado evaluaciones a los expertos que
construyen esa cantidad de exámenes estandarizados, plagados de errores
reiteradamente señalados, igual que los libros de texto, que pululan por
el Conacyt, Ceneval, Comipens, INEE y otros organismos autónomos.
La mentira
más grave y cínica de todas las que a diario nos remachan en los medios,
la que el propio presidente Peña Nieto ha dicho, y que repiten todos,
es la de que no serán afectados los derechos laborales del magisterio.
Demagogia y cinismo han caracterizado siempre al discurso priísta, en el
cual es todo un experto el señor de los chinchones, actual secretario
de Educación; sin embargo, la ira que traspasó la mirada y palabras de
Ciro Gómez Leyva y otros, como el diputado Alberto Villarreal, del PAN,
demuestra que el objetivo real es deshacerse ya de ese magisterio
democrático molesto. Es el mismo odio de clase que llevó al obispo de
Ecatepec a decir a Fox que no importaba si tenía que acabar con unos 300
atenquenses, pero que no reculara en la decisión.
fuente:
http://cnteseccion9.wordpress.com/
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