Premier Yehude Simon y ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se aferran a sus despachos, pese a clamor de que renuncien.

Gabinete sin autocrítica

Como si la sangre de humildes policías y nativos no contara, el gabinete Simon se presentó con el mismo discurso arrogante y excluyente. Pese a que líderes opositores, analistas y la sociedad civil exigen sus renuncias, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ratificó que ni él ni la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, renunciarán por las responsabilidades que tienen en las lamentables muertes de un número indeterminado de nativos y 24 policías en la Amazonía. En el seno de la Comisión de Defensa del Parlamento, las bancadas nacionalista de Unión por el Perú y fujimorista, enrostraron ayer a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas su falta de capacidad para solucionar el reclamo de los amazónicos, que no se abordó con un diálogo serio y responsable, y para enfrentar adecuadamente el problema de los bloqueos de carreteras y otras consecuencias. Durante una accidentada sesión en el Parlamento, que duró más de cinco horas, en la que hubo insultos de todo calibre y que debió servir para aclarar los sangrientos sucesos de Bagua y la Estación 6 del Oleoducto Nor Peruano, el jefe del gabinete admitió sentirse responsable de la muerte de los policías; pero no anunció su renuncia. Simon dijo sentirse culpable porque les dijo a los policías que no llevaran armas letales, omitiendo el hecho que los policías llevaban fusiles de combate. Sin embargo, en el fragor del debate, Simon se rectificó, señalando que los policías sí fueron con armamento, pero “fueron traicionados”. “¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién ha movilizado esto? Eso es lo que debemos investigar”, preguntó. Y, como bien señalaron la legisladora nacionalista Yaneth Cajahuanca y otras congresistas, alguien tiene que asumir la responsabilidad de las muertes de los 24 policías que fueron prácticamente enviados al sacrificio, así como las de los civiles caídos. El premier insistió en sostener que el Poder Ejecutivo realizó varios intentos de solucionar los problemas de las comunidades nativas y acusó al presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo Económico de los Pueblos de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango, de romper el diálogo en distintas oportunidades. Pizango exigió desde el primer día del conflicto que los decretos fueran derogados, por no haber sido consultados a los nativos, lo cual los hacía inconstitucionales. Manchado de sangre La congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca, acusada de ayudar a Pizango a huir hacia Bolivia, demandó la renuncia de Simon y señaló que el gabinete ministerial está manchado de sangre, frase que fue agriamente cuestionada por el premier, cuya dimisión reclamaron también los parlamentarios Víctor Mayorga, Juana Huancahuari y otros. Los descargos de la ministra Cabanillas tampoco convencieron y dejaron muchas interrogantes. Dijo que la Policía Nacional actuó en Bagua con una estrategia bien definida y que las fuerzas del orden estuvieron en las zonas de conflicto desde el inicio de las protestas y no llegaron un día antes de estallar la violencia. Rehuyendo de su responsabilidad política como titular del sector, Cabanillas expresó que los ministros no pueden responder por la estrategia y las tácticas utilizadas por la policía en Bagua y que esa labor corresponde a la propia institución policial. ¿Pizango cobarde? Durante el debate, luego que el premier Simon diera a conocer que Alberto Pizango se asiló en la Embajada de Nicaragua, los apristas señalaron que era un cobarde. Empero, el legislador Víctor Mayorga aclaró que esta acción era un derecho humano que invoca el que se siente perseguido por un gobierno. “¿Acaso el presidente (Alan) García no pidió asilo en Colombia?”, preguntó. El director de la Policía, general José Sánchez Farfán, y el jefe de la Dirección Territorial San Martín, Javier Uribe, explicaron a la representación nacional la estrategia que dicen haber utilizado para desbloquear la vía del puente Corral Quemado. Historia de censuras Las doce censuras parlamentarias contra ministros de Estado ocurridas en el Perú desde 1963, han tenido un protagonista constante: el APRA, que entre 1963 y 1968, en alianza con la Unión Nacional Odriísta, echó abajo a 11 ministros del presidente Belaunde, creando un estado de ingobernabilidad que fue determinante para el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado de 1968. Los apristas votaron además, junto a la oposición de entonces, por la censura del ministro fujimorista Enrique Rossl Link, lo cual fue uno de los pretextos para el autogolpe del 5 de abril de 1992, y por la del ministro del Interior de Toledo, Fernando Rospigliosi, tras el linchamiento del alcalde de Ilave, en el 2004. Entre los casos más notables de censurados destacan Óscar Trelles Montes, quien presidió el primer gabinete belaundista y fue censurado en 1963. También Carlos Cueto Fernandini, ministro de Educación que por utilizar la frase “fue un error de semántica”, fue censurado por supuesto insulto a la majestad del Congreso, en 1965, debido a que los parlamentarios apristas y odriístas no sabían el significado de la palabra semántica y creían que era un insulto. Otros censurados fueron Valentín Paniagua como ministro de Justicia y Javier Alva Orlandini en la cartera de gobierno (Interior). Pese a esos antecedentes, el APRA alega ahora que las interpelaciones y censuras son actos contra la democracia. En el segundo gobierno de Belaunde, el ministro del Interior de entonces, Ernesto de la Jara, quien había dicho que no permitiría ninguna muerte por la represión bajo su gobierno, tuvo la dignidad de renunciar cuando un estudiante murió a manos de la policía durante un mitin universitario. Marco Cáceres Redacción http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=40071