Partiendo de estas premisas, los movimientos sociales están obligados, hoy más que nunca antes, a tomar en consideración esas realidades para promover la acción transformadora a favor de la justicia. Es, precisamente la crítica y el análisis de la quiebra radical y en general de toda la institucionalidad burguesa heredada de siglos anteriores, donde está el camino para encontrar soluciones que nos permitan hallar las nuevas fórmulas para relacionar el movimiento intelectual y social con el papel del Estado.
El pensamiento de la Ilustración nos dejó la teoría de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Fue precisamente Montesquieu en su obra maestra El espíritu de las leyes (1748), quien postuló que debía establecerse una separación y un equilibrio entre los distintos poderes a fin de garantizar los derechos y las libertades individuales. Sin embargo, los hechos muestran una situación bien diferente a esta visión idílica de la institucionalidad burguesa. La práctica histórica le agregó un “cuarto poder”, el de la prensa, a la que hoy llamamos medios de comunicación masiva. Ese llamado cuarto poder se ha convertido en nuestros días, en medio de una aguda lucha por controlar las conciencias y las ideas, en un elemento clave. Los avances tecnológicos en esta esfera han acentuado, por una parte, el poder de las transnacionales de la información a escala planetaria pero, al mismo tiempo, se han abierto brechas a través de las cuales el movimiento social y político progresista puede y debe dar su batalla en el terreno de las ideas.
El imperialismo en su fase decadente ha echado por la borda los principios jurídicos en los que dijo basarse el estado burgués a partir de la revolución francesa y promueve la fragmentación y debilitamiento de las estructuras estatales de otros países a partir de la teoría de los estados inviables. Hoy, los movimientos sociales que han llegado al gobierno en varios países de América Latina mediante procesos eleccionarios levantan las banderas de la juridicidad e impulsan procesos constituyentes que garanticen los derechos económicos, políticos y sociales de los sectores populares que representan. Los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador ilustran esta afirmación.
La defensa del derecho, la educación y la práctica política sobre fundamentos éticos se ha convertido en un elemento clave del accionar de los movimientos sociales y de los partidos políticos comprometidos con las cambios radicales en el actual orden internacional que reclaman millones de personas en todo el planeta.
El análisis con rigor de la aguda crisis de la democracia representativa y el sistema de pluripartidismo se ha convertido en una necesidad apremiante en nuestros días. Ella se manifiesta en la falta de credibilidad en el sistema, en el abstencionismo cada vez mayor de los electores, en el surgimiento de agrupaciones alternativas que buscan canalizar la insatisfacción ciudadana y que, incluso, se desarrollan a veces al margen del propio régimen político y electoral.
Para amplias masas de electores, la política se ha convertido en algo sucio y ha degenerado hacia la politiquería. Recordemos que el nacimiento de la institución partido político en su concepción moderna está asociado al parlamentarismo británico primero y a la Revolución francesa después. Reflejaban el enfrentamiento de clases sociales hostiles o grupos con intereses económicos contrapuestos. En América Latina y el Caribe se reprodujo ese esquema político sin estar aquí expresadas las clases sociales que le dieron vida.
En su visionario ensayo Nuestra América, José Martí advirtió hace más de un siglo:
La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. (...) El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. [1]
Las diferencias de espacio y tiempo determinan formas diferentes en que se materializan las verdades esenciales. Estas son extraordinariamente variadas y se presentan con acontecimientos muchas veces imprevistos. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy, esos acontecimientos se manifiestan, en ocasiones, con violencia extrema, pero todo refleja la necesidad de una transformación económica, política y social de vasto alcance internacional.
En los procesos revolucionarios en marcha en nuestra región se refuerza la necesidad de alcanzar la cohesión nacional como única política sensata en la actual coyuntura y que la divisa “divide y vencerás” que tuvo precisamente en la pluralidad de partidos su expresión cultural y política, vaya quedando superada en medio de una realidad que reclama otras formas de democracia de carácter participativo y popular.
La primera y más importante lección está en el déficit principal de los “materialistas” en la centuria concluida, es decir, de gran parte de lo que se llamó izquierda, fue haberse olvidado de que el hombre también es materia y haber divorciado las luchas sociales y de clases de la mejor tradición cultural.
Las desviaciones que dramáticamente tuvieron lugar se derivaron del dogmatismo, hijo del divorcio entre la práctica política socialista y la cultura nacida de nuestras luchas por la emancipación del dominio colonial.
Denunciar la crisis vigente, mostrarla a plenitud y estudiar las conclusiones a que se llegue al respecto en la realidad de cada país, es la mejor manera de encontrar el camino para transformarlo y vincular en lo particular de las naciones, los movimientos sociales y el Estado, favoreciendo su democratización. Las conclusiones las hará cada país a partir de su historia y de las situaciones concretas actuales.
[1] José Martí, O.C. “Nuestra América”, El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891, t. 6, pp. 16-
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