Hecha la ley (del agua)...
La triple alianza Apra-fujimorismo-Unidad Nacional aprobó ayer la Ley de Recursos Hídricos o Ley del Agua. El carácter social de esos grupos define el sentido de la norma.
El punto medular es el artículo segundo.
El artículo frasea una aceptación aparente del orden constitucional: “El agua”, dice, “constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible”.
Enseguida viene la trampa: “Es un bien público y su administración sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua”.
O sea que el agua no puede ser privatizada, pero la administración del agua, sí. Por eso se eliminó de este segundo párrafo la frase “sin fines de lucro”.
El texto final es contrario a la razón, al interés social y a la paz en el agro, permite que ingresen a la administración del agua sectores privados, con fines de lucro, lo cual es contrario al avance contemporáneo de los derechos humanos.
La experiencia demuestra, particularmente en América Latina, que la privatización del agua, desemboca en abusos y conflicto. En Argentina y Bolivia, administradores privados abusivos fueron expulsados por acción enérgica de masas.
La lucha por el agua, como la lucha por la tierra, es parte del drama latinoamericano. Hay toda una épica de ese movimiento en nuestra América. Allí están, para expresarlo, Agua de José María Arguedas y Diles que no me maten de Juan Rulfo.
La ley aprobada no oculta su afán centralista, privatista y favorable a los magnates del agro y la minería. Elimina, por ejemplo, las Autoridades Autónomas de Cuenca que antes existían y concentra la gestión del líquido en una Autoridad Nacional del Agua (ANA), que desde Lima fijará derechos de agua, trasvases y tarifas.
La bancada nacionalista ha señalado, con razón, que la ley priva a las regiones de participación real en el manejo de este recurso vital, particularmente en el agro: “Los ‘Consejos de Cuenca’ establecidos en la ley se reducen a comisiones multisectoriales de diálogo y coordinación, sin ningún poder decisorio sobre el destino del agua”.
La ANA favorecerá sin duda a los grandes mineros, deseosos desde siempre de apoderarse de las cabeceras de cuenca, de las que dependen el medio ambiente y el agro. No por gusto ha aprobado la ley Santiago Fujimori, quien, desde los días en que era funcionario de la Embajada de Japón, ha sido tramitador de la gran minería.
Aspecto neurálgico de la ley es el irrespeto de derechos de las comunidades andinas y amazónicas. La triple alianza olvida que en este momento poblaciones de la selva tocan tambores de guerra frente a la agresión de las petroleras.
La ley del agua no está hecha para calmar tales ardores.
diario la primera
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