Se debate en torno a la conveniencia de convocar una Huelga General en España y sobre si ésta es o no un método adecuado para afrontar la crisis. Este artículo pretende dar algunos argumentos al respecto.
Si alguna vez en la actual etapa democrática de España ha tenido sentido la convocatoria de una huelga general, es en estos momentos. El Diccionario de Sociología de Octavio Uña Juárez, caracteriza una Huelga General como aquella que viene motivada por la necesidad de la clase trabajadora de defender sus intereses frente a las políticas sociales que desarrolla un gobierno. Pues bien, n unca como en estos momentos se ha hecho evidente la necesidad de una acción coordinada de los trabajadores y trabajadoras para defender políticamente el marco de derechos recogido en la constitución de 1978; para evitar una agresión generalizada a toda la masa asalariada de este país.
Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en el último siglo, consecuencia de la acumulación irresponsable de los sectores bancario e inmobiliario del capital tolerada, cuando no fomentada, por sucesivos gobiernos de diferente color político. Esta crisis está sirviendo de excusa para presentar como inevitables, como lógica salida a la situación y mal menor para la población en general, una serie de contrarreformas ansiadas tiempo ha por los dueños de los medios de producción. Cada una de estas pretendidas reformas es en sí un motivo para plantear la Huelga General a un gobierno que sigue empeñado en desarrollar políticas basadas en el más puro liberalismo económico. Podríamos señalar siete contundentes razones para convocar una Huelga General.
En primer lugar nos encontramos con la posición del gobierno español con respecto a la Constitución Europea y la Directiva Bolkestein. El PSOE ha puesto en marcha esta legislatura la aplicación de la Directiva Europea de liberalización de los servicios (Directiva Bolkestein). Esto supone la modificación de miles de leyes autonómicas y nacionales, en el sentido de eliminar cualquier requisito administrativo que dificulte la absoluta competencia del libre mercado. Nos dicen que esto será bueno para los consumidores. Lo que nos ocultan es que sus efectos serán terribles para los trabajadores.
En principio, el texto de la directiva eliminó la llamada “cláusula del País de Origen”, que suponía que una empresa podría aplicar en un estado de la UE las leyes laborales de otro país: pagando por debajo del convenio, aplicando jornadas de más duración, etc. Sin embargo, la cruda realidad, tal y como demuestran sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (casos Viking Line, Laval/Waxholm y Rüffert) [1] es que este principio se va a aplicar con todo rigor, y los trabajadores de la UE nos encontraremos compitiendo entre nosotros para ver quién ofrece mejores condiciones de explotación y es, por tanto, más competitivo.
El objetivo de la directiva es la liberalización total de los servicios. España no podrá fijar tarifas máximas o mínimas para un servicio, exigir capacitación profesional o pretender llevar un registro de entidades dedicadas a una actividad. En la práctica, el gobierno renuncia a parte de su poder para marcar políticas en materia de sanidad, educación, comunicaciones, energía, etc. Este poder irá a manos de los capitalistas.
No es sorprendente que la patronal aplauda este tipo de desregulaciones que abren nuevos mercados (es decir, que convierten derechos en mercancías) y que favorecen la insolidaridad competitiva entre trabajadores. Tampoco debe sorprendernos que desde la patronal y los sectores de opinión más favorables al neoliberalismo se quiera presentar la Directiva Bolkestein como parte de la salida a la crisis por cuanto mejorará la productividad, e incluso que se alabe a los ministros del PSOE cuando se inclinan por este tipo de tesis, tal y como editorializaba Expansión el 14 de julio de este año: “Las primeras señales enviadas por el ministro de Industria sobre la adaptación de la directiva de liberalización de los servicios apuntan en la buena dirección. En un momento de crisis profunda, el impulso liberalizador que viene de Europa puede tener una aportación decisiva para apuntalar las bases de la futura recuperación económica. Para eso es necesario que la transposición sea ambiciosa, y no se quede en la ambigüedad con que está redactada la propia directiva, debido al difícil juego de equilibrios del que nacen las normas comunitarias.” [2] . El discurso está servido a falta de un tonto útil que quiera seguirlo.
Lo lamentable, lo escandaloso es que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se autodenomina socialista, entre de lleno en esta lógica, mostrando así su verdadero rostro de aliado estratégico del capital. Zapatero no se ha limitado a promover una trasposición de oficio de esta normativa, tan lesiva para la clase trabajadora española como para la pequeña empresa, sino que se ha empeñado en hacer una adaptación radical de la misma. Así lo ha valorado la Comisión Delegada del Gobierno Para Asuntos Económicos (CDGAE) al indicar que el anteproyecto de ley preparado por el gobierno “…no reproduce literalmente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que, con objeto de maximizar los efectos económicos de la Directiva e impulsar una dinamización más profunda del sector servicios, promueve una adaptación ambiciosa, a través de un ámbito de aplicación más amplio y una incorporación de los principios fuerza de la Directiva con menos restricciones”. [3] Es decir, que a diferencia del común de Europa, en España la desregulación del sector servicios se hará sin miramientos y a costa de la calidad en el empleo. Queda claro, por tanto, que tenemos aquí un primer motivo claro y suficiente para el planteamiento de un conflicto laboral de tipo general.
El segundo motivo tiene que ver con la persistencia tolerada de la economía sumergida en nuestro país. El pasado mes de febrero, en plena campaña electoral, el Colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía, denunciaba públicamente en un informe, la dejadez del gobierno de ZP para con la economía sumergida. Declaraba la GESTHA que en España el fraude fiscal asciende al 16% en los patrimonios superiores al medio millón de euros, al 45% en los patrimonios superiores al millón de euros y a un escandaloso 86% entre los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda que bastaría con que les dieran la orden de inspeccionar las rentas y patrimonios de las grandes fortunas españolas para que se redujera del actual 23% al 13% del PIB la economía sumergida en España –la más alta de la UE-, aflorando 20,000 millones de Euros anuales para las arcas públicas. [4]
La correcta fiscalización de toda esta riqueza (1/4 del PIB) permitiría sufragar todos los servicios públicos deficitarios, financiar los ayuntamientos y crear millones de empleos. La connivencia de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP con esta realidad supera con mucho la mera ineficiencia y entra en el terreno de la complicidad. La administración del PSOE es cómplice del fraude fiscal hasta el punto de haber provocado que la Comisión Europea abriera un procedimiento sancionador contra España por no trasponer la Directiva Europea contra el blanqueo de capitales. [5]
Mientras tanto, cientos de miles de personas, principalmente de origen extranjero, permanecen sobreexplotadas en la economía sumergida, sin convenios, cotizaciones o sindicatos que valgan. A la cuestión laboral se une así la humanitaria, ya que estos trabajadores (personas) no pueden regularizar su situación por carecer de contrato, pero necesitan trabajar, aunque sea así, para sobrevivir a diario. Por esta vía la patronal obtiene un triple beneficio: ahorra impuestos y cotizaciones, se aprovecha de unas condiciones laborales pésimas y provoca una bajada en el precio medio de la mano de obra, que se ve obligada a competir con quienes trabajan en estas condiciones. En este contexto es fácil que muchos trabajadores y trabajadoras vean en el inmigrante un competidor desleal, cuando la realidad es que sólo pueden mejorar su situación ayudándose mutuamente en una acción coordinada como supondría una Huelga General.
En tercer lugar, no es menos indignante la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en España en el último periodo. Nuestro país ha estado creciendo a un ritmo muy superior al de la media de la UE; hemos convergido con Europa, creamos más riqueza pero, ¿para quién? CC.OO. concluía en su informe sobre los salarios en España [6] , que el salario medio real se ha estancado en el periodo que va de 2000 a 2007, que la participación de los trabajadores y trabajadoras en la riqueza nacional ha descendido y que cada vez son más los empleos precarios y los trabajadores que se ven abocados a negociar su remuneración al margen de convenios colectivos.
La directiva del tiempo de trabajo ha perdido la primera batalla en el Parlamento Europeo por ahora. Sin embargo es prácticamente una realidad en nuestro país, donde basta con salir a la calle para encontrar jornadas semanales de 50 horas, acuerdos al margen de convenios, horas extras irregulares, etc. Todos estos factores se suman para presionar hacia la baja los salarios, que seguirán teniendo poco que ver con los referentes europeos mientras en España las normativas laborales sigan siendo puro papel mojado. Ya se preocupa el gobierno de que así sea al mantener las plantillas de inspectores de trabajo a un tercio de lo necesario.
El resultado era previsible: el escaso crecimiento en productividad de la economía española en estos años ha venido de la mano de la contención salarial, mejorando con ello la participación del capital en las rentas del trabajo sin que dicha participación se haya trasladado a inversión productiva ni a I+D. Muy al contrario, se ha convertido en beneficio empresarial y repartido como dividendos entre los titulares de las acciones. Mientras tanto, el salario mínimo interprofesional sigue lejos, mucho, del 60% del salario medio que establece la carta social europea… En esto no hay convergencia con Europa.
Pero las políticas europeas de liberalización, apertura de fronteras y libre circulación de capitales si que se han aplicado con rigor, de forma que ahora, siempre en nombre de la competitividad, la patronal y el gobierno han unido sus voces para reclamar, una vez más, contención salarial con el fin de salir de la crisis, cuando la realidad es que España estaría mucho mejor preparada para afrontar la situación si hubiese habido contención, si, pero en el lucro.
En cuarto lugar, es necesario que la clase trabajadora vuelva la mirada hacia el final de su vida laboral y empiece a preocuparse y movilizarse por el resultado de la anunciada reforma del Pacto de Toledo. Una reforma orientada al retraso, reducción y privatización de las pensiones con la excusa de garantizar su continuidad. Esta es la intención más o menos declarada tanto por el PSOE como por el PP cuando presentan sus propuestas de salvación de la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Así lo han manifestado en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo del pasado 18 de noviembre. [7] Los planes para retrasar hasta los 70 la edad de jubilación suponen explotar 5 años más a la clase trabajadora, pero es sin duda la ampliación del periodo para el cálculo de la base de cotización la medida más lesiva. Un ampliación de este periodo de los actuales 15 años a 20, supondría una rebaja aproximada de un 5% la cuantía de las pensiones, mientras que, de prolongarse a toda la vida laboral como reclaman algunos y ya legisló Berlusconi en Italia, llevaría el recorte a un 20%. Lo peor es que este mecanismo resulta tan lejano y abstracto al trabajador medio, que difícilmente generará una respuesta social apropiada. Por si acaso, tanto PP como PSOE trabajan ya para presentar una propuesta [8] por la que cada dos años se incrementaría en un año dicho periodo. Una verdadera conspiración de los dos partidos mayoritarios para reducir las pensiones de jubilación sin despertar a la clase trabajadora. Que CIU se sume a este consenso no nos sorprende; que, aparentemente, lo haga también CC.OO., nos escandaliza.
No olvidemos que todo esto se hará para evitar la supuesta quiebra del sistema de pensiones. El riesgo es en parte irreal y en parte generado, todo hay que decirlo, por la práctica sostenida de “perdonar” cotizaciones a la patronal en medidas de creación de empleo. Ahora los gestores gubernamentales proponen, junto a los recortes, una solución: los fondos privados de pensiones, o lo que es lo mismo, la ruptura de la solidaridad entre trabajadores y la transferencia a la esfera del mercado financiero –que tanta solvencia está acreditando en esta crisis- de esa suculenta masa de capital que suponen las cotizaciones de millones de asalariados.
En quinto lugar, y frente a todo lo anteriormente apuntado, deberíamos los trabajadores y trabajadoras españoles plantearnos una reivindicación básica después de 30 años de constitución. Debemos plantearnos que es ya el momento de que empiece a cumplirse con ese mandato constitucional que establece que la riqueza nacional está al servicio del interés general y que es obligación de los poderes públicos garantizar su justa distribución. Resulta llamativo que un gobierno del PSOE advierta que el sistema público de pensiones está en crisis mientras el sector bancario privado ha estado registrando durante estos años de presidencia de Rodríguez Zapatero, unos beneficios récord, alcanzando este año 2008 pese a la crisis financiera 18,000 millones de euros [9] de beneficio (400 Euros por habitante), tras haber crecido de manera sostenida a más del 10% anual en lo que va de siglo. Algo falla en la distribución de la riqueza nacional, en la organización de la economía en su conjunto, cuando las familias y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, existe a la par un millón de ellas sin vender y se despiden trabajadores de la construcción por decenas de miles. Algo falla cuando los directivos y accionistas de esas constructoras, en plena supuesta crisis del sector, se embolsan dividendos aún más abultados que en años anteriores (hasta un 40% más según las propias empresas) [10] . Falla un sistema jurídico que permite que Fernando Martín, el creador de MARTINSA, lleve sus empresas a concurso de acreedores siete meses después de haber cobrado casi 140 millones de euros en dividendos [11] , cinco veces más que el año anterior. Algo necesitamos cambiar los trabajadores en las leyes si esos 140 millones son intocables pero los empleados de MARTINSA se van al paro.
La banca y las constructoras están supuestamente en crisis, pero sus propietarios no dejan de acumular bneficios. El problema no ha sido ni es Fernando Martín y sus 140 millones ni los Albertos (72 millones) ni los March (129 millones) ni los Entrecanales (140 millones), sino un entramado jurídico que fomenta el enriquecimiento especulativo, la evasión fiscal y la irresponsabilidad ante terceros. El problema es un gobierno que pone miles de millones de dinero público para evitar, no que la banca privada quiebre, sino que pueda siquiera ralentizar su ritmo de acumulación de riqueza. Frente a todo este entramado bien vale la pena que las organizaciones que representan a los trabajadores se planteen tomar la iniciativa. No sólo para que se emprendan reformas, sino para plantear, de raíz, si debemos seguir dejando en manos privadas algo tan importante como la gestión de las finanzas y de la vivienda, con los resultados que están padeciendo ahora decenas de millones de personas sólo en nuestro país.
En sexto lugar, los trabajadores y trabajadoras españolas deben platearle con contundencia al gobierno si existe justificación para un Estado que alardea de ser la octava potencia económica mundial, mantenga unos niveles de bienestar, gasto público social y, en definitiva, de redistribución de la riqueza propios de la España de los años de la transición e incomparables con los países de nuestro entorno.
Mientras los países más avanzados en todos los sentidos de Europa tienen un gasto social (educación, salud, dependencia, empleo…) cercanos al 30% de su PIB [12] , España, con su 20,8% se sitúa muy por debajo de la media europea, de 27,2%. Este frío porcentaje no representa sino que una mujer o un hombre español, desde que nacen, reciben de su país 2,700 euros anuales menos que si fuesen suecos, alemanes o franceses. 2700 euros al año, 190,000 por persona en una vida media. Más de lo que valdría una vivienda pública. Esto es lo que explica que nuestros barrios no tengan pabellones de deportes ni nuestros pueblos ambulatorio; que las residencias de mayores sean privadas y las guarderías de pago; que suspendamos siempre en los estudios sobre educación y que todas nuestras ciudades tengan un ghetto.
Que duda cabe que España sería más productiva y competitiva si contásemos con los niveles de protección y promoción social de los países de la UE más prósperos, que son justo aquellos que más invierten en gasto público. Pues bien, pese a todas estas evidencias numéricas (no meras opiniones ni posiciones ideológicas) el ministro de economía de un gobierno que se llama socialista, el Sr. Solbes, declaraba a la prensa en julio de 2007 que “la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público”. Si el PSOE y el PP comparten estas políticas ¿Quién va a forzar un cambio de rumbo sino la propia masa trabajadora organizada? En las elecciones, desde luego, pero antes, necesariamente, en la movilización.
La movilización es necesaria. La necesita la izquierda con vocación transformadora para rearmarse ideológica y organizativamente. Y esta es la séptima razón para respaldar y promover una convocatoria de Huelga General. La opción de la izquierda necesita recuperar la credibilidad perdida. Credibilidad no en la bondad de las propuestas, sino en la posibilidad de desarrollarlas. Credibilidad que vendrá de la demostración fehaciente de que existe una mayoría social qie respalda esas propuestas Se trata de recorrer en sentido contrario el camino que ha llevado a muchos líderes sociales, dirigentes sindicales, intelectuales y votantes, a pensar que los proyectos de la izquierda eran sueños inalcanzables. Es esta derrota moral de la izquierda lo que hay detrás de la conversión progresiva de los sindicatos de clase en sindicatos de servicios, del refugio en la estética de los otrora pensadores, poetas o cantores del ideal de la igualdad o del exilio interior hacia la política exclusivamente localista, municipal y de la pequeña reforma de no pocos cuadros de IU. La Izquierda necesita la acción pedagógica de una Huelga General. De cara a la sociedad y los trabajadores, pero también de cara a sí misma.
Un gobierno que mira impasible como nos encaminamos a los 4 millones de parados; un gobierno que amenaza con reducir y privatizar los servicios públicos y recortar las pensiones; un gobierno que ataca frontalmente los derechos laborales mientras consiente el fraude fiscal; un gobierno en definitiva que abre las arcas públicas para garantizar los beneficios de banca y constructoras –los que han provocado esta crisis- mientras deja a la intemperie a las víctimas de esa crisis, es un gobierno que debe ser contestado, pues la clase trabajadora está viéndose agredida por sus políticas sociales, como definíamos al principio en base al diccionario de Uña Juárez.
La Huelga General es, por definición, la medida a aplicar en estos momentos por las organizaciones de la clase trabajadora. Falta por ver si éstas serán coherentes a su vez con su propia definición o si tenemos que empezar a definirlas de otra manera.
[1] Ver: Carlos Ruiz Escudero, “La Saga de la Directiva Bolkestein, el TJE impone una discriminación salarial y social”, ATTAC España.
2 Expansión, 14.jul.08. “Bolkestein como antídoto contra la crisis”.
3 Ver Carlos Ruiz Escudero “La Directiva Bolkestein en la Legislación Española”, ATTAC España.
4 Comunicado de GESTHA 23.feb.08
5 Juan Hernández Vigueras “El Gobierno Español Frente a la Crisis Financiera”.
6 CC.OO, “ Los salarios en España. Las consecuencias sobre los salarios de un modelo de crecimiento poco productivo” Septiembre 2007.
7 José Luís Carretero Miramar “Consejos Para Desactivar la Seguridad Social”. Diagonal, dic-2008
8 Insurgente, 6.enero.2009 “El ^PSOE y el PP ultiman un acuerdo para rebajar las futuras jubilaciones”
9 Michela Romani, Expansión. 10 de enero de 2009.
10 Susana R. Arenes. “700 millones en dividendos para los grandes constructores”, Público. Dic.-2008.
11 Susana R. Arenes. “Fernando Martín cobró 139 millones antes de suspender pagos”, Público. oct.-2008.
12 Según los datos últimos disponibles del EUROSTAT, referidos a 2005 el porcentaje de Producto Interior Bruto destinado a gasto social por los estados más avanzados de la UE fue: Suecia 32%, Francia 31,5%, Dinamarca 30,1%, Bélgica 29,7%, Alemania 29,4%, Austria 28,8% y Holanda 28,2% mientras que a la cola de la UE se situaban España con un 20,8%, Polonia, con un 19,6% de su PIB; República Checa (19,1%); Malta (18,3%); Chipre (18,2%); Irlanda (18,2%); Eslovaquia (16,9%); Bulgaria (16,1%); Rumanía (14,2%); Lituania (13,2%); Estonia (12,5%) y Letonia (12,4%).
[1] Ver: Carlos Ruiz Escudero, “La Saga de la Directiva Bolkestein, el TJE impone una discriminación salarial y social”, ATTAC España.
[2] Expansión, 14.jul.08. “Bolkestein como antídoto contra la crisis”.
[3] Ver Carlos Ruiz Escudero “La Directiva Bolkestein en la Legislación Española”, ATTAC España.
[4] Comunicado de GESTHA 23.feb.08
[5] Juan Hernández Vigueras “El Gobierno Español Frente a la Crisis Financiera”.
[6] CC.OO, “ Los salarios en España. Las consecuencias sobre los salarios de un modelo de crecimiento poco productivo” Septiembre 2007.
[7] José Luís Carretero Miramar “Consejos Para Desactivar la Seguridad Social”. Diagonal, dic-2008
[8] Insurgente, 6.enero.2009 “El ^PSOE y el PP ultiman un acuerdo para rebajar las futuras jubilaciones”
[9] Michela Romani, Expansión. 10 de enero de 2009.
[10] Susana R. Arenes. “700 millones en dividendos para los grandes constructores”, Público. Dic.-2008.
[11] Susana R. Arenes. “Fernando Martín cobró 139 millones antes de suspender pagos”, Público. oct.-2008.
[12] Según los datos últimos disponibles del EUROSTAT, referidos a 2005 el porcentaje de Producto Interior Bruto destinado a gasto social por los estados más avanzados de la UE fue: Suecia 32%, Francia 31,5%, Dinamarca 30,1%, Bélgica 29,7%, Alemania 29,4%, Austria 28,8% y Holanda 28,2% mientras que a la cola de la UE se situaban España con un 20,8%, Polonia, con un 19,6% de su PIB; República Checa (19,1%); Malta (18,3%); Chipre (18,2%); Irlanda (18,2%); Eslovaquia (16,9%); Bulgaria (16,1%); Rumanía (14,2%); Lituania (13,2%); Estonia (12,5%) y Letonia (12,4%).
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