Lotización de la selva (y el Perú)
El presidente Alan García cree que puede hacer lo que le dé la gana, siempre que vaya contra obreros, campesinos y comunidades de la Amazonía. Por eso dictó los Decretos Legislativos 1064 y 1015, que significan la implantación por otros medios de la Ley de la Selva.
Esos Decretos encarnaban la doctrina reaccionaria y antinacional expresada en la serie de artículos titulada “El síndrome del perro del hortelano”. En su momento señalamos los peligros de los Decretos, que, por una parte, excedían los alcances de la autorización otorgada por el Congreso al Ejecutivo y, por otra, eran anticonstitucionales.
En una entrevista que nos concedió Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, precisó que los dispositivos sobre la selva eran inconsultos y violatorios de la legislación internacional que es ley de la República. Más de un jurista, dirigente gremial y congresista han pedido a tiempo la derogación de los decretos írritos. García no ha hecho caso por las buenas.
Jorge del Castillo dijo ayer que “guerra avisada no mata gente”. Si de eso se trata, hay que decir que el régimen no ha emprendido una guerra justa.
Es oportuno recordar lo que, respecto a la selva, escribió García en sus artículos antes mencionados:“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas. “(El Comercio, 28 de octubre del 2007).
Poco después, insistió: “En los ocho millones de hectáreas que han sido destruidas debe establecerse ya la propiedad en grandes lotes”. (El Comercio, 25 de noviembre del 2007). Ese era el propósito tácito de los Decretos Legislativos: despojar a los nativos, para provecho de transnacionales.Del Castillo asevera que los Decretos son democráticos. Sí, pues: proponen que en asambleas “libres” se decida a favor de la lotización gigantesca.
García y Del Castillo tienen experiencia de lotizadores. Científicos de la Universidad de Duke, EE.UU, han revelado que el 72 por ciento de la selva (49 millones de hectáreas) está cubierto por lotes petroleros y gasíferos. (La República, 16 de agosto del 2008).
En el 2005, menos de 15% de la Amazonía estaba ocupado por esos lotes.
En el 2006, eso subió al 50% y ahora asciende a 72%. ¿No encierra eso una amenaza contra los nativos y el país?
Algo parecido ocurre con las concesiones mineras. El 38% de la superficie del departamento de Apurimac, por ejemplo, está cubierto por ellas.
El país requiere paz. Por lo tanto, los Decretos 1064 y 1015 deben ser derogados por el Congreso o enmendados por el Ejecutivo, previa consulta con los nativos.
FUENTE: DIARIO LAPRIMERA - CESAR LEVANO
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