Declaración Pública de Solidaridad con Huelga de Hambre Presos Políticos Mapuches

Declaración Pública de Solidaridad con

Huelga de Hambre Presos Políticos Mapuches

Huelga de Hambre por una solución de fondo al complejo conflicto

entre el Pueblo Nación Mapuche y el Estado chileno

La situación insostenible que desde hace siglos vienen enfrentando las distintas comunidades del Pueblo Mapuche, ha hecho nuevamente crisis.

Los presos políticos mapuche cansados y hastiados de violaciones a sus derechos, de torturas y persecuciones -incluso a menores de edad- y de interminables, desmedidas y arbitrarias gestiones por parte del Estado y la Justicia Chilena, tomaron la grave decisión de declarase en huelga de hambre liquida desde el día SABADO 10 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.

Todos estos presos, se encuentran imputados por intento de recuperación de tierras o daños a la propiedad de las compañías forestales, empresas estratégicas del modelo primario exportador chileno y que están ocupando los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche.

Hoy la unidad de los 32 presos políticos atomizados por las distintas cárceles de alta seguridad del sur de Chile (peñis de Concepción, Temuco, Valdivia, Algol y Lebu), nuevamente se ha levantado como un solo cuerpo y ha encarado la difícil decisión de privarse de alimento y agua, para exigir una solución de fondo a este conflicto político.

Ante esto, las organizaciones libertarias de distintas regiones del mundo abajo firmantes, manifestamos nuestra plena solidaridad y denunciamos al Estado y la justicia Chilena por:

1. Ser el único país con la mayor cantidad de presos políticos miembros de una comunidad originaria, lo que da cuenta de un racismo, una discriminación, una opresión y una ideología que son típicas de los Estados que se manejan con políticas de ocupación colonial y de acercamiento a un particular fascismo.

2. El Estado de Chile posee un andamiaje jurídico que no responde a un debido y transparente proceso, es decir, lo que se conoce como “Estado de derecho”, no existe para el pueblo Mapuche, ya que no existe igualdad de condiciones, sino que privilegia a los intereses económicos estratégicos del actual patrón de acumulación neoliberal chileno, es decir, empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, el rancio latifundio, etc.

3. Una política sistemática de aniquilamiento del pueblo Mapuche -que no sólo es impulsada desde el Estado y la Justicia, sino que también por la derecha económico- política y su Gobierno- que se materializa a través de:

a) aplicación de la Ley Antiterrorista, creada en años del Régimen Autoritario del dictador genocida Augusto Pinochet. Legislación que apunta contra los delitos que atentan contra la vida, aunque hasta el momento ningún Mapuche ha cometido un homicidio. Sin embargo, sobre algunos presos penden penas de cárcel de 50 y más de 100 años.

b) aplicación de un doble procesamiento, es decir, los Mapuche son juzgados e imputados 2 veces por el mismo delito, tanto por la Justicia Civil, como por la rancia Justicia Militar, que sólo se aplica en este país y en los más conservadores del mundo.

c) militarización del territorio en que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales. Se trata de efectivos combinados que aplican arsenal militar y policial, tales como helicópteros y gases lacrimógenos, que acosan a mujeres y niños que no tienen la protección de un hombre mayor, ya que en su mayoría están presos.

d) corporaciones mediáticas, que han creado una invisibilidad ignorando el recurso de la huelga de hambre y, por otro lado, constantemente han criminalizado la histórica protesta social y la justa y legítima lucha, buscando condenas anticipadas y de mayor envergadura en la opinión pública.

e) testimonios falsos y de testigos con rostro cubierto, pagados tanto por la fiscalía como por particulares. Ejemplar es la supuesta vinculación que intenta crear el fiscal Francisco Ljubetic, entre las organizaciones del Pueblo Mapuche y las FARC de Colombia, de esta forma intentando crear un falso y desproporcionado paralelo entre los conflictos internos de cada país.

f) secreto de la investigación durante casi todo el proceso, acción que impide el derecho a la defensa.

g) prisión preventiva durante todo el proceso de investigación para la mayoría de los imputados (más de un año), cuestión que no respeta la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial chileno.

h) persecución y encarcelamiento a través de montajes mediáticos llevados a cabo por el Ministerio Público.

i) y finalmente, el gobierno se posiciona no atendiendo las demandas de los huelguistas, jugando al desgaste del movimiento y con la salud de los comuneros en huelga.

Ante esto demandamos:

• 
  
  JUSTICIA Y LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y QUIENES COLABORAN CON SU LUCHA Y NO PERTENECEN A LA ETNIA. 
• 
  
  FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y A LA JUSTICIA MILITAR. 
• 
  
  DESMILITARIZACIÓN DE LA ZONA. 
• 
  
  TIERRA Y AUTONOMIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.  

Para mantenerte informado sobre la huelga y conflicto ingresa a: http://www.mapuexpress.net/ - http://www.azkintuwe.org/

Organizaciones que adhieren a la declaración:

Convergencia Juvenil Clasista "Hijos del Pueblo" (Ecuador)

Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)

Revista Hombre y Sociedad (Chile)

Organización Revolucionaria Anarquista - Voz Negra (Chile)

Estrategia Libertaria (Chile)

Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)

Grupo Antorcha Libertaria (Colombia)

Workers Solidarity Movement (Irlanda)

Unión Socialista Libertaria (Perú)

Organisation Socialiste Libertaire (Suiza)

Anarchist Black Cross Wellington (Nueva Zelanda)

Workers Solidarity Alliance (EEUU)

Red Libertaria de Buenos Aires (Argentina)
Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
Aotearoa Workers Solidarity Movement (Aotearoa/Nueva Zelanda)
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El faenón de Lourdes 

 

 Es preciso que la candidata pepecista explique o recuerde las cosas que trató con los representantes de las transnacionales de Camargo Correa (Brasil) y ACS (España), con denuncias de corrupción.

REMIGIO: Dile que está llegando para este viernes una persona de Brasil y para el miércoles llegan dos personas de España. Es muy importante su confirmación.

MARUJA: ¿De España?

REMIGIO: Es bien importante la recontraconfirmación.

O sea, de acuerdo a lo que oímos, funcionarios de dos grandes empresas constructoras, viajaron al Perú a comienzos de septiembre, para sostener sendas reuniones con la candidata que en esos momentos lideraba las encuestas: Lourdes Flores. Con ella y con nadie más. Y nunca hubiéramos sabido de este encuentro si no hubiera habido un mafioso pero oportuno chuponeo de la llamada que se produce entre el lobbista Remigio Morales Bermúdez y la secretaria personal de Flores.

Obviamente a los representantes de Camargo Correa (Brasil) y ACS (España) les importa mucho más que un comino el trato con la municipalidad y por eso decidieron tomarse el trabajo de venir al Perú para adelantar acuerdos con la probable alcaldesa de Lima. Pero como ésta era una operación muy importante, pusieron en marcha a Remigio para que recontraconfirme las reuniones. Claro, después que ha quedado al descubierto la movida, Lourdes nos ha dicho que “se olvidó” lo que conversó con las empresas, y ha ensayado una explicación a lo Alan: deben ser cientos o miles de citas como éstas las que he debido atender como candidata.

Camargo CorreaEs una de las principales constructoras del Brasil con un movimiento económico anual de 7 mil 100 millones de dólares e inversiones en 20 países. ACS tiene un volumen de negocios que asciende a 15 mil 600 millones de euros y presencia en 46 países. Difícil de creer que uno se olvide de lo que se conversa con estos monstruos o que se pretenda hacer creer que también a la candidata, como antes a Alan García, la visitan un tropel de platudos del mundo. Después de todo ninguna de las dos representadas de Morales Bermúdez es nueva en el Perú: Camargo Correa está metido entre otras inversiones en la Interoceánica del Sur, en el consorcio de Línea Amarilla (con contrato con la Municipalidad de Lima) y en el discutido proyecto de agua en el distrito de San Bartolo, en el que figura el ex futbolista Julinho.

TaboadaACS es el contratista para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas de Taboada, cuyo contrato estuvo a punto de volar por los aires por falta de informe técnico de la Contraloría, a los que se sumó el pequeño escándalo que hizo Francis Allison cuando denunció a la empresa española de haberlo querido sobornar por un millón de dólares. Finalmente ante la posibilidad de una denuncia ante tribunales internacionales, el gobierno confirmó la buena pro, a pesar que quedaron muchas críticas sin resolverse. En su trayectoria internacional, además, las dos empresas están bien distantes de calificar por su honestidad y buenas prácticas.

Detenidos Cuatro ejecutivos de Camargo Correa fueron detenidos en el año 2008 en Brasil en relación a un megaescándalo político sobre financiamiento ilegal a partidos, fuga de capitales al exterior y corrupción, que incluye una investigación especial de la policía federal sobre negocios ilegales en el Perú, como consta en diversos despachos noticiosos. ACS ha estado involucrada en el desastre inmobiliario español, como uno de los grandes especuladores que empujó a la crisis en ese país, y tiene denuncias de corrupción en Australia y Estados Unidos.

En todo caso debe haber una ética muy flexible en estas empresas para requerir los servicios de otro ex ministro aprista lobbista con un pasado de corrupción, teniendo el antecedente tan reciente de Rómulo León. Pero si entre la gente de dinero sorprende la reiteración de estos métodos, casi no hay palabras para calificar la actitud de Lourdes Flores de prestarse a esta intermediación tan opuesta a la trasparencia política. Por eso cuando la candidata se describe como un víctima del chuponeo, provoca decir que es una víctima sí, pero del tipo del “tío George”.

Raúl WienerUnidad de Investigación

diario la primera / viernes 17/09

LA LUCHA LEGAL ESTA DANDO SUS FRUTOS - DESCONGELAMIENTO DE LA LEY DEL PROFESORADO 24029

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR - MEDIANTE LA 1RA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

http://www.servir.gob.pe/index.php/tribunal-del-servicio-civil/resoluciones-primera-sala.html

  

LA ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, EN SUS RESOLUCIONES DECLARA FUNDADA LAS DEMANDAS DE BONIFICACION POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION AL PERSONAL DOCENTE Y EL PAGO INTEGRO DE 3 Y 2 REMUNERACIONES COMPLETAS POR LUTO Y SEPELIO

UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 EN LIMA.

*-*-*-*-*-*-*
  .

RELACION DE  EXPEDIENTES  POR LUTO Y SEPELIO

RELACION DE EXP.  POR BONIFICACION DE PREPARACION DE CLASE Y EVALUACION, DECLARADAS FUNDADAS EN LIMA METROPOLITANA : UGEL 01,02,03,04,05,06 y 7

REINICIEMOS LA CAMPAÑA POR LA OBTENCION EN VIA ADMINISTRATIVA DE LA BONIFICACION ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION PREVISTA EN LA LEY 24029.

POR EL DESCONGELAMIENTO DE LA LEY 24029.

POR LA VIGENCIA IRRESTRICTA DE LALEY DEL PROFESORADO

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es una entidad pública* adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Se podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la administración pública.

SERVIR nació en junio de 2008 para modernizar la función pública. Busca un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Para ello debe implementar la Reforma del Servicio Civil.

VER AQUI LAS RESOLUCIONES INTEGRAS:

impuesto a las ganancias extraordinarias

Es necesario un impuesto a las ganancias extraordinarias

Justicia. Catedrático de la universidad de Harvard destaca su importancia. Daniel Schidlowsky advierte que el Perú no logrará un crecimiento sostenible en el tiempo, si no hay un rediseño del esquema tributario en el sector minero. Omar Mariluz.
El Perú es el país de las desigualdades y por ahora no pretende dejar de serlo. La fabulosa rentabilidad que tienen las empresas mineras en los últimos años no se ha reflejado en una mayor recaudación para el Perú y cada vez son más fuertes las voces que plantean aplicar un impuesto extraordinario.
Una de ellas es la del catedrático de la Universidad Harvard, el peruano Daniel Schidlowsky, quien advierte que el Perú no logrará un crecimiento sostenible en el tiempo, mientras no haya una redistribución eficiente y justa de las sobreganancias del sector minero.
Solo crecen las empresas
A todas luces, el crecimiento de las empresas no repercutió en una mejora de las condiciones de vida de la población. El analista explicó que si la distribución de los ingresos es ineficiente, generará malestar en la ciudadanía y, por consecuencia, no habrá paz social ni tranquilidad empresarial. 
La cifras hablan por sí solas.  Pese a que el 2009 fue un año en el que golpeó por la crisis externa, la rentabilidad de las compañías mineras peruanas se mantuvo por encima del 30%, mientras que la rentabilidad en el resto de empresas solo llegó a 15.8%, según un estudio de la Escuela de Gestión y Economía (Gerens).
Sobre este punto, Schidlowsky asegura que a mayor rentabilidad de las mineras debería haber mayor participación del Estado, en la medida que las ganancias extraordinarias son producto de factores externos ( incremento del precios de los metales) y no de una mejora en la producción.
“El precio de los minerales fluctúa no por razón de la producción, sino por la demanda y se generan niveles de utilidad que no eran previstos en los planes de  inversión, entonces la fórmula que se está poniendo de moda es que cuando los precios están altos hay un tributo adicional a fin de que los países participen de esa bonanza”, comentó el también ex director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
Varios ejemplos a seguir
El economista de Harvard se encuentra lejos de un pensamiento radical y antiempresarial y más bien recuerda que en países liberales como Australia, Canadá y Chile ya se introdujo un mecanismo para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas extractivas.
En el Perú ya existe un proyecto de ley en el Congreso de la República para gravar las sobreganancias mineras con una tasa de Impuesto a la Renta de 50% cuando los precios de los minerales superen el promedio obtenido en los últimos diez años.
Si se analiza las utilidades de las compañías mineras y la evolución de los precios de los metales entre el 2005 y el 2009, el proyecto señala que el Estado hubiera recaudado US$ 4,900 millones solo en impuestos extraordinarios, de haberse aplicado la mencionada ley.
Ya han pasado cinco años, y a pesar de las críticas, el actual gobierno prefiere mantener esta incongruencia tributaria.

PNUD a favor de gravar ganancias
1] El PNUD también recomienda aplicar un impuesto a las sobreganancias. Un reciente informe refiere que la recaudación en países de la región representa el 17% del PBI de un país, mientras que en los países desarrollados es 36%.
2] Schidlowsky dio ayer una conferencia magistral sobre el tema: “Sostenibilidad del crecimiento de la economía peruana”. También participaron los economistas Óscar Dancourt, Gonzalo García N., entre otros. Lo organizó la Facultad de Economía de la UNMSM y se realizó en la Casona.
Cifras
2,482 millones de US$ fueron las utilidades netas de las mineras el primer semestre 2010.
1,547 millones de US$ fueron sus utilidades netas en el primer semestre del 2009.

fuente:  http://www.larepublica.pe/economia/16/09/2010/es-necesario-un-impuesto-las-ganancias-extraordinarias-0

CARLICATURAS

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Mié, 28/07/2010 - 23:50

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DECRETOS LEGISLATIVOS BUSCAN IMPUNIDAD EN DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZAN MÁS LA PROTESTA SOCIAL

En conferencia de prensa realizada en el local de la CNDDHH, los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a los decretos legislativos recientemente aprobados por el Ejecutivo que criminalizan aún más la protesta social y buscan impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

Representantes de los organismos alertaron sobre las implicancias que ya están teniendo estos decretos legislativos. Precisamente hoy, el abogado del general Noriega, implicado en el caso de Mariela Barreto, pidió el archivamiento del caso basándose en los respectivos decretos. Además, señalaron que estos decretos podrían, en el escenario más próximo, absolver y poner en libertad a Santiago Martin Rivas, al igual que podrían servir como andamiaje para poner en libertad al ex presidente Alberto Fujimori.

VER:

Procesados que se benefician con libertad o sobreseimientos

Casos mas saltantes de graves violaciones a derechos humanos en proceso

Los organismos de derechos humanos expresaron públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo por las razones siguientes:

Sobre el decreto legislativo Nº 1097

1. Respecto al decreto legislativo Nº 1097, referido a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos, resulta inaceptable que la Primera Disposición Complementaria y Final señale que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, contradiciendo así sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en el caso Villegas Namuche, entre otros.Sin duda constituye un serio retroceso que va en contra de la Convención americana y que pretende la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú. Inclusive, esta norma podría terminar beneficiando a los terroristas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.

2. Por otro lado, el decreto legislativo Nº 1097, adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, con un afán supuestamente garantista, pero que en el fondo lo que pretende es beneficiar indebidamente a personal militar y policial acusado de crímenes contra los derechos humanos, afectando seriamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2.2º de la Constitución, pues son beneficios concedidos con nombre propio a un grupo determinado a pesar de la gravedad de los crímenes perpetrados.

Por ejemplo, en virtud de esta nueva norma, los militares o policías acusados de violaciones de derechos humanos podrán cumplir arresto domiciliario en “instalaciones militares o policiales”, esto es, no sólo cuarteles sino hasta centros recreacionales de las fuerzas armadas o la policía nacional. Asimismo, se aplica el plazo máximo de 36 meses de detención previsto en el antiguo Código procesal penal, sin tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional que consideró válido extender dicho plazo más allá de los 36 meses en el caso de delitos complejos como lo son, evidentemente, los crímenes de derechos humanos.

Sobre el decreto legislativo Nº 1095

3. En relación al decreto legislativo Nº 1095, referido a reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, preocupa la definición contenida en el artículo 3.f) sobre “grupo hostil”, pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas.

4. A su vez, resulta inaceptable la modificación del artículo 27º de este decreto legislativo Nº 1095, en comparación con el artículo 13º de la derogada ley Nº 29166 y con los proyectos de ley sobre la materia consensuados en el seno de la Comisión Nacional de derecho internacional humanitario (Conadih), que hacían referencia exclusivamente a los “delitos de función” cometidos por personal militar. En cambio ahora, el referido artículo 27º se refiere genéricamente a “conductas ilícitas atribuibles al personal militar”, en una clara intención de abarcar los delitos comunes que pudiera cometer el personal militar en el marco de esta norma.

Cabe señalar, que este cuestionable artículo 27º remite al personal militar al fuero militar policial, con lo cual, la intención sería extender la competencia de este fuero al juzgamiento de delitos comunes, lo que constituiría una grave afectación a la Constitución y la Convención americana.

Sobre el decreto legislativo Nº 1094

5. En el caso del decreto legislativo Nº 1094, que aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, es muy grave que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y expulsados del ordenamiento jurídico.

En efecto, el nuevo Código penal militar policial tipifica los delitos contra operaciones humanitarias (artículo 95º), de utilización indebida de signos protectores (artículo 96º), daños extensos y graves al medio ambiente natural (artículo 97º) y delito contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario (artículo 88º y ss.), que fueron declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamientos por la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2006 recaída en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC.

De esta manera, queda en evidencia que fue tan sólo un pretexto la justificación para la delegación de funciones legislativas aprobada por la Ley Nº 29548, que mencionaba la necesidad de adecuar este código a lo dispuesto por la jurisprudencia del TC; justificación que inclusive fue esgrimida públicamente por el presidente del tribunal supremo de justicia militar.

Sobre el decreto legislativo Nº 1096

6. En el caso del decreto legislativo Nº 1096, que modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, e Gobierno reitera un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo desarrollado por la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas sobre la materia.

Inclusive, este decreto legislativo es muestra de la grave inconsistencia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00001-2009-PI/TC que a fines de diciembre del año 2009, sostuvo que los jueces y fiscales militares podían ser —a la vez— oficiales en situación de actividad, sin restricción alguna.

En cambio ahora, la norma en referencia establece que tanto el tribunal supremo de justicia militar policial como el consejo ejecutivo del fuero militar policial, tendrán una composición mixta de oficiales en retiro y en actividad.

Fuente: arte-nuevo.blogspot

RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.

MAFIA APRISTA NEGOCIA POR INTERNET VENTA DE PRUEBA PARA EL NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.

La reforma educativa neoliberal que viene profundizando el gobierno aprista centra en la meritocracia como uno de los aspectos principales de su mal llamada "revolución de la educación"; sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario, pues ante los fraudes escandalosos perpetrado por el MED (en todos los procesos de evaluación anteriores), encabezado por el Ministro Chang, la tan cacareada Ley de la Carrera Pública Magisterial resulta una estafa.

En tal sentido, en el último mensaje presidencial, de julio del presente año, Alan García manifestó que el ingreso a la Carrera Publica Magisterial era por mérito y esfuerzo, nada más falso; sin embargo, todo queda en la retórica, pues en la realidad la meritocracia se sigue vendiendo y comprando, alentado y fomentado por las propias autoridades del gobierno.

El proceso de nombramiento 2010 no escapa a la asquerosa corruptela del partido de los "faenones", pues el proceso esta lleno de actos de corrupción; sin embargo, pareciera que la maquinaria mafiosa, dirigida desde las altas esferas del poder, viene cambiando el modo de operar para obtener jugosos "honorarios de éxito" y, de paso, favorecer a los "comechados apristas".

La forma como traman y calculan todos los actos de corrupción no es ajena a la práctica del partido aprista, pues en el primer periodo de gobierno de Alan García, siendo ministra de educación Mercedes Cabanillas, se utilizó el ministerio como una agencia de empleos haciendo ingresar al magisterio más de 100 mil comechados apristas.

El modus operandis del partido de la corrupción ha hecho que los mafiosos apristas, traficantes de plazas, cambien sus estrategias de "venta", pues debido a los escandolos anteriores y las denuncias probadas, ahora utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación, pues la venta se hace directamente por internet con sus contactos (vinculados a la mafia aprista) que pagan entre 1000 y 1500 dólares, los cuales se encargan de vender la prueba al menudeo, entre 400 y 500 dólares, dizque para recuperar su inversión y "ganarse alguito". ¡Tremendas ratas!

Los maestros vienen denunciando que la prueba de aplicación que se tomará para la etapa eliminatoria, el domingo 22 de agosto, se viene vendiendo por adelantado; pues, en esta ocasión, se viene "cobrando" la mitad de la coima convenida y la otra mitad el día (madrugada del domingo) de la entrega de las claves de las respuestas de la prueba.

En tal sentido, queda corroborado, hasta la saciedad, la entraña gansteril de las autoridades apristas, pues los dignos maestros verán burlados, una vez más, sus expectativas. Pero lo indignante, es que el propio gobierno y el ministerio de educación, en lugar de garantizar la imparcialidad y transparencia de las evaluaciones a los docentes, sean los autores intelectuales del monumental fraude; en efecto queda demostrado que la "meritocracia" es otro cuentazo del Apra, pues los propósitos que persiguen es favorecer el copamiento de profesores mediocres del ANTAE para apristizar el sector educación y facilitar la imposición de sus nefastas políticas educativas y el otro es llenarse los bolsillos a costa de las necesidades de trabajo que tienen miles de docentes.

Fuente: Herald/ Sute Sector 17.