28 octubre 2013
La libertad sirve a los ricos para explotar, chantajear, saquear, lavar y dolarizar su dinero
1. Germán Larrea, dueño
del Grupo México -como hacen todos los empresarios- amenazó con dejar
de invertir en el país si el Congreso aprueba el nuevo impuesto de 7.5
por ciento a las regalías de la minería. En su reporte financiero Grupo
México advirtió que se verá obligado a redirigir su programa futuro de
inversión de 5 mil 388 millones de dólares a países con mayor
oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen
fiscal estable que estimule el desarrollo de la industria minera, a la
vez que cuente con mejores costos de energía eléctrica y gas, como
pudiera ser Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile. Yo, si fuera
presidente, expropiaría a todos los multimillonarios para crear los
millones de empleos necesarios y pagar los salarios justos que alcancen
para vivir, pero el gobierno de México se arrodilla ante ellos
pidiéndoles perdón.
2. Germán Larrea sólo es un funesto empresario explotador más con gigantescas riquezas. ¿Cómo hicieron sus miles de millones de dólares los potentados que figuran en Forbes: Slim, Larrea, Salinas, Azcárraga, Bailleres, Servitje, X González, sino explotando, saqueando, haciendo negocios con la protección de los gobiernos de México? Obviamente su poder no le cayó del cielo; no fue un envío de dios. Mientras cientos de miles de maestros se sacrifican plantándose varios meses en las calles para exigir al gobierno que no les imponga la Reforma Educativa privatizadora, esos multimillonarios con un telefonazo tiran por la borda o imponen las leyes que quieran. Esto será así mientras impere el sistema capitalista, será en tanto no seamos capaces los trabajadores de derrotar a la burguesía opresora.
3. En México es necesario crear cada año un millón 300 mil empleos para emparejar el crecimiento de los jóvenes en edad de trabajar. Se recuerda que dentro la demagogia de López Portillo y la alta producción petrolera en 1978-79, llegó a decir que se había abatido el desempleo y que se podría gritar que ¡Hay vacantes, hay trabajo! A los tres años llegó el desplome económico, la profunda crisis, la intervención del FMI y la firma de la "Carta de Intención" que obligó a acabar con la inversión y los gastos sociales, así como al Estado a vender las paraestatales y a entregar a la empresa privada el control de la economía. ¿No se recuerda acaso al presidente Reagan de EEUU frotándose las manos por el total control que estaba celebrando con México? Desde entonces cada año sólo se han creado de 400 a 500 mil y el resto iba engrosando el desempleo y el trabajo informal.
4. Los grandes empresarios -que de mexicanos no tienen nada- decidieron invertir sus capitales en otros países, particularmente en Centro y Suramérica donde los trabajadores comenzaron a hablar del "imperialismo mexicano que explotaba y oprimía a los pueblos". Dado que "los capitales no tienen patria" (sólo es creencia de tontos) los multimillonarios mexicanos se dedicaron a buscar países con salarios miserables y sin huelgas que les garanticen más altas ganancias. Por ello hoy tienen la desfachatez de amenazar contra los impuestos y las leyes. Esa actitud empresarial en México se registra en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, cuando los gobiernos quieren obligar a lo empresarios. Sólo Cuba pudo actuar contra ellos en los primeros seis años de la Revolución, pero también así le fue: fue bloqueada por el gobierno yanqui durante más de 50 años.
5. Se ha demostrado que la revolución mexicana de 1910-17 no fue encabezada por la gran burguesía terrateniente, bancaria o comercial, sino por una pequeña burguesía política jefaturada por pequeños propietario, profesores y políticos del tipo Obregón, Calles, Alvarado, Lucio Blanco, Múgica, Cárdenas, que descabezó el porfirismo, el huertismo y luego el carrancismo. La gran burguesía mexicana sólo se desarrolló en los veinte y treinta, bajo la asociación, educación y protección del Estado; vivió subordinada a la burguesía burocrática o pública más de 50 años hasta que en 1982 se sintió fuerte e independiente y con el apoyo de los EEUU saltó al gobierno directo en aquella rebelión contra la nacionalización bancaria encabezada por el panista Clouthier.
6. La clase millonaria (financiera, bancaria, industrial, comercial, terrateniente) de todos los países vive de las presiones y chantajes que hace a todos los gobiernos para hacer más grande su riqueza y poder. Incluso los gobiernos antimperalistas como el de Chávez-Maduro, el de Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega se han pasado lidiando con los funestos empresarios de sus países que no han dejado de boicotear a sus gobiernos. En México ni pensarla: el gobierno de Peña Nieto tendrá que someterse a ellos tal como lo exigen los grandes empresarios de la industria minera. Si peña, para cuidar su presencia no se somete de manera abierta tendrá que hacerlo de otra manera; lo que es seguro es que se someterá porque Larrea es uno de los 10 hombres más ricos de México.
Blog del autor: http://pedroecheverriav.
2. Germán Larrea sólo es un funesto empresario explotador más con gigantescas riquezas. ¿Cómo hicieron sus miles de millones de dólares los potentados que figuran en Forbes: Slim, Larrea, Salinas, Azcárraga, Bailleres, Servitje, X González, sino explotando, saqueando, haciendo negocios con la protección de los gobiernos de México? Obviamente su poder no le cayó del cielo; no fue un envío de dios. Mientras cientos de miles de maestros se sacrifican plantándose varios meses en las calles para exigir al gobierno que no les imponga la Reforma Educativa privatizadora, esos multimillonarios con un telefonazo tiran por la borda o imponen las leyes que quieran. Esto será así mientras impere el sistema capitalista, será en tanto no seamos capaces los trabajadores de derrotar a la burguesía opresora.
3. En México es necesario crear cada año un millón 300 mil empleos para emparejar el crecimiento de los jóvenes en edad de trabajar. Se recuerda que dentro la demagogia de López Portillo y la alta producción petrolera en 1978-79, llegó a decir que se había abatido el desempleo y que se podría gritar que ¡Hay vacantes, hay trabajo! A los tres años llegó el desplome económico, la profunda crisis, la intervención del FMI y la firma de la "Carta de Intención" que obligó a acabar con la inversión y los gastos sociales, así como al Estado a vender las paraestatales y a entregar a la empresa privada el control de la economía. ¿No se recuerda acaso al presidente Reagan de EEUU frotándose las manos por el total control que estaba celebrando con México? Desde entonces cada año sólo se han creado de 400 a 500 mil y el resto iba engrosando el desempleo y el trabajo informal.
4. Los grandes empresarios -que de mexicanos no tienen nada- decidieron invertir sus capitales en otros países, particularmente en Centro y Suramérica donde los trabajadores comenzaron a hablar del "imperialismo mexicano que explotaba y oprimía a los pueblos". Dado que "los capitales no tienen patria" (sólo es creencia de tontos) los multimillonarios mexicanos se dedicaron a buscar países con salarios miserables y sin huelgas que les garanticen más altas ganancias. Por ello hoy tienen la desfachatez de amenazar contra los impuestos y las leyes. Esa actitud empresarial en México se registra en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, cuando los gobiernos quieren obligar a lo empresarios. Sólo Cuba pudo actuar contra ellos en los primeros seis años de la Revolución, pero también así le fue: fue bloqueada por el gobierno yanqui durante más de 50 años.
5. Se ha demostrado que la revolución mexicana de 1910-17 no fue encabezada por la gran burguesía terrateniente, bancaria o comercial, sino por una pequeña burguesía política jefaturada por pequeños propietario, profesores y políticos del tipo Obregón, Calles, Alvarado, Lucio Blanco, Múgica, Cárdenas, que descabezó el porfirismo, el huertismo y luego el carrancismo. La gran burguesía mexicana sólo se desarrolló en los veinte y treinta, bajo la asociación, educación y protección del Estado; vivió subordinada a la burguesía burocrática o pública más de 50 años hasta que en 1982 se sintió fuerte e independiente y con el apoyo de los EEUU saltó al gobierno directo en aquella rebelión contra la nacionalización bancaria encabezada por el panista Clouthier.
6. La clase millonaria (financiera, bancaria, industrial, comercial, terrateniente) de todos los países vive de las presiones y chantajes que hace a todos los gobiernos para hacer más grande su riqueza y poder. Incluso los gobiernos antimperalistas como el de Chávez-Maduro, el de Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega se han pasado lidiando con los funestos empresarios de sus países que no han dejado de boicotear a sus gobiernos. En México ni pensarla: el gobierno de Peña Nieto tendrá que someterse a ellos tal como lo exigen los grandes empresarios de la industria minera. Si peña, para cuidar su presencia no se somete de manera abierta tendrá que hacerlo de otra manera; lo que es seguro es que se someterá porque Larrea es uno de los 10 hombres más ricos de México.
Blog del autor: http://pedroecheverriav.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
ESA ES LA PRENSA BASURA QUE EMBAUCA Y DUERME A LOS PUEBLOS, Y SE HACEN LLAMAR LIBERTAD DE PRENSA...
Los dueños de diarios se reunieron en Denver
La 69º Asamblea de la SIP, al servicio de Estados Unidos y la mentira
La Arena
La Sociedad Interamericana de Prensa es fraudulenta pues sugiere agrupar a periodistas. Es una organización empresarial de 1.300 dueños de periódicos, que no es lo mismo. Sus intereses patronales están anclados en el mundo de los negocios y no en el de la información. La distinción entre los negocios y el periodismo es necesaria. Y también esta aclaración política: la SIP funciona en sintonía fina con el Departamento de Estado, como se confirma al analizar su 69º Asamblea anual reunida en Denver, Colorado, entre el 18 y el 22 de octubre pasado.
Allí se puso sordina al mega escándalo de espionaje de la
administración Obama sobre el mundo, incluso sobre gobiernos amigos y 35
presidentes. Antes Dilma Rousseff y luego Angela Merkel protestaron
ante el presidente norteamericano, como lo reflejaron periódicos
afiliados a la SIP.
Sin embargo, en el lujoso 5 estrellas, el
Hotel Brown Palace de Denver, no estuvo como asunto central el
megaespionaje norteamericano. Era la noticia mundial. Sin embargo, a lo
sumo hubo una teleconferencia del periodista Glenn Greenwald, quien vive
en Brasil y publicó en The Guardian y O Globo parte de las filtraciones
de Edward Snowden, ex topo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
¿Por
qué no lo invitaron a Greenwald a Denver? El poco espacio que le dieron
fue como si la noticia central del día la hubieran publicado en la
página 46, sin foto. Merecía la tapa y un título catástrofe...
“Querida Casa Blanca”
Las
preferencias para con las autoridades estadounidenses se notaron en la
única referencia de Denver: redacción muy respetuosa, breve, con tono de
solicitud y no de denuncia. Ni siquiera hubo un título especial
dedicado a EE UU, como sí los hubo con Argentina, Ecuador y Venezuela,
considerados los más peligrosos para la “libertad de prensa”.
Lo
único que faltaba en la cuidadosa petición a Washington es que comenzara
diciendo “Querida Casa Blanca”. Allí se lee: “alentar al Departamento
de Justicia de EE UU a que adopte en forma vigorosa y cumpla con las
normas actualizadas que fueron recomendadas en 2013. Hacer un llamado al
Senado y la Cámara de Representantes para que apruebe leyes que
incluyan un escudo de protección sólido para los periodistas”.
Esos popes de los medios en ningún momento menearon ante el gobierno de
Obama su espionaje, revelado por Snowden, ni la persecución contra
WikiLeaks y su fundador Julian Assange, asilado en la embajada de
Ecuador en Londres desde agosto de 2012. Sobre estos tópicos, la SIP
guardó un ominoso silencio, de complicidad. La única módica queja de la
entidad fue que “EE UU incautó en 2012 en secreto los archivos de 21
líneas telefónicas de reporteros de The Associated Press, en violación
de la Primera Enmienda de la Constitución”. Esto fue dicho bajito, como
para defender a la AP sin enojar a la Casa Blanca. Sólo fue mencionado
el Departamento de Justicia.
Argentina la peor del grado
A tenor de las cantidades y contenido de las resoluciones votadas en
Denver, parece que el gobierno argentino es el peor del hemisferio
occidental. A Cristina Fernández de Kirchner le dedicaron dos misiles,
mientras que a otros gobiernos progresistas les arrojaron uno a cada
uno. A Obama le tiraron confites.
Una moción contra CFK se
refirió al llamado “cepo publicitario” en contra de Clarín y “La
Nación”, al disponerse que no habría más publicidades comerciales de los
supermercados. Esa pérdida de avisos comerciales tendría casi igual o
mayor importancia que los crímenes contra periodistas, cometidos en
otras latitudes y no en Buenos Aires, La Habana ni Caracas.
El
otro clamor de Denver fue para criticar la ley de medios de la
democracia. La cloaca mediática de Miami, tronó: “Reiterar a los tres
poderes del Estado argentino que la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual entraña supuestos de censura indirecta en los términos del
Pacto de San José de Costa Rica, ya que afecta la sustentabilidad de los
medios privados; restringe sin razón técnica alguna el funcionamiento
de medios que no utilizan espectro radioeléctrico, como el cable y las
señales audiovisuales; favorece a las voces oficiales en desmedro de las
restantes; y discrimina arbitrariamente entre distintos medios”.
Las conclusiones de la SIP, al referirse al país, cifró sus mejores
esperanzas en la Corte Suprema para que enmiende y/o mutile la ley
26.522. Dijo: “Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de
medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que
puede receptar los principios internacionales en la materia”. Fue un
aviso esperanzado en Ricardo Lorenzetti y sus supremos, descartando a
Eugenio R. Zaffaroni.
SIP perezosa
Aparte de
reaccionaria, el apéndice del Departamento de Estado es muy perezosa.
Las dos resoluciones contra Argentina parecen “copy-paste” de las mismas
que ya habían aprobado en la 68º Asamblea, en marzo de este año en
Puebla, México. No se tomaron la molestia de investigar o agregar
algunos elementos sino que repitieron como el loro las acusaciones.
Ni
siquiera cambiaron de informante. Quien leyó las acusaciones contra el
gobierno argentino fue el mismo miembro de la Comisión de Libertad de
Expresión: Daniel Dessein, director de la Gaceta de Tucumán. El órgano
de prensa no se distinguió precisamente por sus denuncias contra el
genocida general Antonio D. Bussi en su represión ilegal en los años de
la dictadura en esa provincia de la que después fue gobernador por
Fuerza Republicana. Los bussistas deben haber seguido publicando su
pauta en La Gaceta y las buenas relaciones continuaron en democracia.
Además
de holgazana, la SIP hace de sus asambleas oportunidades para el
turismo. Esta edición fue promocionada porque Denver es “una ciudad
joven y vibrante en el centro del 'Old West Cowboy'”. La propaganda a
los asistentes añadía: “El lado social y los tours; Habrá un completo
plan de actividades sociales y recepciones. El sábado está programado
una visita al Cherry Creek Mall donde hallarán tiendas de lujo y
galerías de arte. El domingo nos trasladaremos al galardonado The Fort,
uno de los establecimientos más reconocidos de la nación y famoso por
sus filetes de búfalo”.
De trabajo periodístico, poco y nada. Muchas tiendas de lujo y filetes de búfalo.
Mentiras de la SIP
Como la realidad se cuela incluso en los salones VIP, en sus
Conclusiones “la SIP condenó el asesinato de 14 periodistas; 3 en
México, 2 en Brasil, 2 en Colombia, 2 en Guatemala, 2 en Haití y 1
respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay. Expresó también su
total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas
(5 en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la
acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores
generadores de la violencia. También durante este período tres
periodistas debieron de abandonar Colombia y Honduras por amenazas”.
Este cuadro sobre los asesinatos resulta una guía, dolorosa pero útil,
para saber de dónde provienen los mayores peligros para el ejercicio del
periodismo. Se desenmascara la mentira de sentar en el banquillo a Raúl
Castro, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales y otros mandatarios
del ALBA.
Es que en los recién nombrados no hubo crímenes, salvo
uno en Ecuador que por supuesto no fue de la responsabilidad de Correa.
La mayor cantidad de crímenes luego seguidos de impunidad se produce en
Colombia y México. Son los socios privilegiados de Washington en el
Tratado de Libre Comercio y el “Plan Colombia”, en un caso, y del NAFTA
en el otro. Ambos están alineados con Obama en la Alianza del Pacífico,
junto con Chile, Perú y Panamá, en la corriente pronorteamericana anti
ALBA y anti CELAC.
Hablando de CELAC, en sus anteriores
asambleas la SIP condenó el hecho de que esa comunidad latinoamericana y
caribeña hubiera designado presidente pro-témpore a Raúl Castro, de
Cuba. Esa queja fue una exteriorización de los dos países excluidos de
la CELAC: EE UU y Canadá. La SIP es su virtual secretaría de prensa.
Mientras los países donde se asesinan a tantos hombres y mujeres de los
medios se benefician del blindaje mediático de la entidad con sede en
Miami, otros gobiernos díscolos con el imperio son linchados en cada
asamblea. En Denver hubo, además de las dos resoluciones contra
Argentina, otras muy duras y explícitas contra la Venezuela de Maduro y
el Ecuador de Correa, al que acusaron de censurar a la prensa con la ley
Orgánica de Comunicación a partir del 25 de junio pasado.
De
Cuba hablaron pestes: “la libertad de prensa se ha visto agravada por
una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas”. Esta
mentira fue sostenida por la informante Yoani Sánchez, la gusana
promovida a vice-presidenta de la SIP para América Central y el Caribe.
¿Quisieron con eso el 22 de octubre amortiguar la brillante victoria que
obtendrá Cuba sobre EE UU una semana después en la ONU en la votación
contra el bloqueo? El 29 de octubre 188 países condenarán el bloqueo a
la isla e indirectamente dirán que la SIP falta a la verdad sobre ese
país.
MIENTRAS EN BRASIL, MEXICO Y CHILE EL MAGISTERIO LUCHA, EN PERU DUERME POR OBRA Y GRACIA DEL CEN PATRIA ROJA
Huelga indefinida del profesorado brasileño
El sector docente toma el relevo de la indignación en Brasil
El modelo de
competencia entre centros y la baja retribución del profesorado son las
causas de unos paros que han sido reprimidos duramente por la policía.
En junio, las principales ciudades de Brasil se vieron, por primera vez en muchos años, tomadas por manifestaciones multitudinarias. Las protestas se iniciaron como reacción al aumento de las tarifas en el transporte público en distintas ciudades y siguieron tras la brutal actuación de la policía contra manifestantes en Sao Paulo. Uno de los temas más urgentes de descontento es la educación: según el censo de 2010, aproximadamente
la mitad de la población brasileña con más de 25 años no ha asistido o
no ha concluido el nivel elemental de enseñanza, y aunque el acceso a
la escuela elemental hoy en día esté casi universalizado, existen aún
cerca de un 5% de las niñas y niños que no tienen acceso a la
alfabetización. Aun en los casos en los que el acceso a la
escolarización existe, el alumnado de la red pública se encuentra con
dificultades tales como la falta de profesionales o material.
En
este contexto se inserta la huelga indefinida de profesoras y profesores
de la enseñanza pública, que se ha iniciado en agosto y hasta el momento ha estado marcada por la hostilidad del Gobierno hacia las personas que han secundado la huelga.
Las
demandas presentadas por el Sindicato Estatal de los Profesionales de
la Educación (SEPE) incluyen no sólo el aumento salarial, sino también
la reducción del número de alumnos por clase, la mejoría de las
infraestructuras en las escuelas, la dedicación de un tercio de las
horas de trabajo a la preparación de las clases, la unificación de las
condiciones para la progresión de carrera para todas las profesionales
de la categoría y el fin de la política meritocrática impuesta por el Gobierno a las escuelas.
El
modelo, inspirado en un fracasado modelo estadounidense de los años 90,
determina el establecimiento de metas para las escuelas, metas de las que depende su financiación,
lo cual obliga en la práctica a los profesores y escuelas a competir
entre ellos y precarizar las condiciones laborales para destacarse en el
mercado. Desde la aplicación de esta política, la Secretaría de
Educación promueve agresivamente la unificación de los materiales de
clase, pese a las constantes críticas de la docencia, que apunta, además
de a la baja calidad de los materiales, al hecho de que la
estandarización perjudica la autonomía de las docentes y dificulta la
adaptación de los contenidos y su abordaje al contexto específico en el
que cada escuela se inserta. Entre las denuncias está asimismo que los
materiales son producidos por ONG como la Fundación Roberto Marinho,
vinculada al conservador imperio mediático Globo.
200 personas detenidas
La
huelga, que se inició el 8 de agosto, es periódicamente discutida en la
asamblea de las trabajadoras, que es también la vía de toma de
decisiones sobre la continuidad de la lucha, las manifestaciones y el
posicionamiento respecto a las reacciones del Gobierno, que ha utilizado
métodos ilegales, represión jurídica, económica y policial contra los
huelguistas. El profesorado no ha sido autorizado a entrar en la Cámara
Municipal durante la votación de su plan de carrera; se ha intentado ilegalizar la huelga y cortar la remuneración de las profesoras,
u obligarlas a dimitir. Finalmente, la represión policial a las
manifestaciones ha sido brutal, con utilización de nuevos armamentos
“menos letales”, tales como la sustitución de las balas de goma por
balas de acrílico, el aumento de la concentración utilizada en las
bombas de gases lacrimógenos, detenciones masivas y denuncias de la
práctica de vigilancia online de activistas.
Tras meses de conflicto, el sindicato SEPE reaccionó convocando a la población a sumarse a la lucha del sector docente en una protesta multitudinaria que marcó el día del profesor, 15 de octubre.
Las casi 200 detenciones arbitrarias perpetradas por la policía durante
la manifestación del día 15 han llevado al presidente de la comisión
nacional de derechos humanos de la orden de los abogados de Brasil,
Wadih Damous, a calificar la situación en Río de Janeiro como
“insoportable”. Las personas detenidas han sido denunciadas por
formación de grupo criminal –aunque en la práctica la policía no haya
podido comprobar ninguna conexión entre ellos–. Además, Wadih
recientemente denunció la actuación policial que intencionalmente
dificulta la acción del equipo de abogados, desplazando a las personas
detenidas a comisarías distantes entre ellas, lo que busca, a su juicio,
restringir los derechos de las personas detenidas a la asistencia
jurídica.
Entre las personas detenidas, está un profesor e
investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centro de
investigación en el área de la salud, que se ha comprometido a hacer lo
posible para liberar a todas las presas de la pasada manifestación.
“Muchos de nosotros hemos estado detenidos y hemos sido torturados en la
dictadura”, afirmó este investigador de la institución, dirigiéndose a
sus colegas en una concentración de apoyo a las presas, “hoy son otros
los que están detenidos, pero ellos como nosotros son presos políticos”.
La comparación de este docente refleja una percepción cada vez más
presente entre la población de Río de Janeiro: la de que hay más continuidades que rupturas entre el régimen militar de los años 60-80 y la democracia actual.
Estado de excepción
Esa
percepción se justifica no sólo por la brutal actuación policial contra
las activistas, sino también por el constante estado de excepción que
vive la población más pobre. Es emblemático el caso del albañil Amarildo Souza,
que desapareció en la favela de Rocinha el 14 de julio. Tras meses de
investigación y la apertura de un expediente a los policías locales por
dificultar el proceso de investigación, la policía federal ha concluido
que Amarildo fue torturado hasta la muerte y que no sobrevivió porque
era epiléptico. Las investigaciones desvelaron más casos de tortura realizados por la Unidad de Policía Pacificadora (UPP),
así como la presencia de restos humanos aún no identificados. En
consecuencia, diez policías se encuentran presos; sin embargo, los
asesinatos y violaciones de derechos humanos permanecen en las áreas
militarizadas por las UPP: la semana del 14 de octubre, otro hombre fue
asesinado por policías en la comunidad de Manguinhos, en la periferia de
Río. Era joven, negro y pobre, como lo son la mayoría de las víctimas
de homicidios en Brasil.
El proyecto liberal de Rio: más show y menos escuelas
Pese
a la actual coyuntura de crecimiento económico, las distintas
instancias de Gobierno en Brasil no han invertido en mejorías
significativas en la educación. En Río de Janeiro, la gestión del
gobernador Sergio Cabral y del alcalde Eduardo Paes ha contribuido a la
precarización del sistema de enseñanza. Prueba de que la educación es la
última prioridad para el gobierno de la ciudad olímpica es que en 2013,
más de 50 escuelas han sido cerradas, mientras las obras de
equipamientos deportivos y turísticos se multiplican por la ciudad.
Según las voces que llaman a la huelga, el sistema promovido por la
gestión Cabral-Paes subordina la red pública de enseñanza a la lógica
neoliberal.
27 octubre 2013
Universidad S.A. : A PROPOSITO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
ANALIZAR Y COMPARAR CON LOS PASOS QUE SE ESTAN DANDO EN LA REFORMA UNIVERSITARIA EN NUESTRO PAIS = LEY MORA.
Un documental sobre los procesos y las consecuencias de la mercantilización de la Universidad y su contexto político, económico y social
Un documental sobre los procesos y las consecuencias de la mercantilización de la Universidad y su contexto político, económico y social
Este jueves, 24 de octubre, se estrenó el documental "Universidad S.A." (www.universidadsa.com)
que aborda la situación de las universidades públicas españolas a
través del análisis de los casos concretos de las universidades del
ámbito de Barcelona. El proyecto fue autofinanciado por los autores,
independientes de cualquier organización, y publicado bajo una licencia
Creative Commons.
Universidad S.A. (Documental) www.universidadsa.com from Universidad S.A. on Vimeo.
El documental consta de 11 capítulos y comienza con el contexto global, explicando el plan de los organismos internacionales como la OMC con su GATS, el FMI, la OCDE... para liberalizar, prácticamente, todos los servicios.
Las consecuencias de esto nos llevan al segundo capítulo: la universidad privada, que es una de las instituciones, en el marco de la educación superior, que se benefician de la liberalización de los servicios y de lo que ella comporta (expresa degradación de los servicios públicos). De esta manera, en el segundo capítulo, observamos que a la universidad privada le está llegando el momento de gloria; entre que aumenta la situación de competencia entre las universidades públicas y privadas por el aumento de los precios de matrícula y que el proceso de homologación de títulos se ha puesto a su servicio pudiendo registrar el grado/máster que les convenga... las universidades privadas empiezan a ganar terreno.
El tercer capítulo trata acerca de la situación económica de la universidad: asfixia presupuestaria, falta de control por parte de las universidades sobre el dinero que ingresan, aumento de tasas, endeudamiento de los alumnos que quieren estudiar y, entre otros temas, endeudamiento de las universidades.
Este último punto, el "endeudamiento de las universidades"; nos lleva al cuarto capítulo: los parques científicos y tecnológicos. Es aquí donde mostramos como la universidad pública se apunto al carro de la burbuja inmobiliaria y de los créditos europeos para construir centros de este tipo... También es en este punto en el que el Ex-Rector de la UPC, Josep Ferrer, habla de malversación de fondos públicos refiriéndose al Parque del Besos de la (UPC) aún en construcción y sin un plan estratégico de futuro. En estos momentos hay que devolver estos créditos aunque sea a costa de despedir a personal y malvender la universidad.
Lo que nos lleva al quinto capítulo: ¿quién tiene la competencia sobre las cuestiones económicas de la universidad? Pues el Consejo Social, el órgano de representación de la sociedad en la universidad, que, cuando se mira bien de cerca, deja de ser "la sociedad". Empresarios de todo tipo, imputados y detenidos son lo que están "representándonos" en las universidades.
Sin embargo, mientras los miembros del Consejo Social son escogidos, prácticamente a dedo por los políticos de turno (o de legislatura, en términos democráticos), los profesores deben someterse a procesos de acreditación para obtener una plaza en una universidad. Sobre esto trata el sexto capítulo y es el que nos lleva al séptimo: la privatización del conocimiento.
Los resultados de las investigaciones pagadas por todos son, literalmente, privatizadas y transferidas a las empresas. Los sistemas de publicación de los resultados de las investigaciones también juegan un papel en tal privatización. Entonces, ¿qué se puede esperar del conocimiento que se imparte en la universidad? Esto, también, se intenta responder en este capítulo. La universidad ya no se centra en el "placer intelectual" por el conocimiento sino que se focaliza en entrenar a los alumnos en unos procedimientos por tal de prepararlos como futuros trabajadores dóciles y adaptables a las condiciones laborales que desde las patronales se planifiquen.
¿Y cómo afecta todo esto a la comunidad universitaria? este es el tema del octavo y noveno capítulo: como les afecta a los estudiantes, por un lado, y a los profesores, por otro lado.
Y ya, el décimo capítulo es la movilización de la comunidad universitaria. Y, por último, el "epílogo" que trata acerca de las salidas que da la universidad; que, en este país, con el sistema productivo que tenemos, son escasas.
Todo ello explicado de la mano de personalidades académicas y alumnos: Josep Ferrer (Ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Gemma Rauret (Ex-directora de la ANECA y la AQU, agencias de calidad), Jordi Estivill (destacado profesor universitario a nivel europeo, ahora, jubilado), Vera Sacristán (Profesora de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitario), Jorge Calero y Ramón Franquesa (profesores y economistas de la Universitat de Barcelona), Aída Sánchez (Profesora recortada de la Universitat de Barcelona), Santiago López Petit (Profesor recién jubilado de filosofía de la UB), Xavier Bonal (Sociólogo de la Universitat Autónoma de Barcelona), y, por último, Ruth y Edurne (dos alumnas), Con todo, podéis encontrar más información a través de la página web (www.universidadsa.com), del twitter y del facebook.
Universidad S.A. (Documental) www.universidadsa.com from Universidad S.A. on Vimeo.
El documental consta de 11 capítulos y comienza con el contexto global, explicando el plan de los organismos internacionales como la OMC con su GATS, el FMI, la OCDE... para liberalizar, prácticamente, todos los servicios.
Las consecuencias de esto nos llevan al segundo capítulo: la universidad privada, que es una de las instituciones, en el marco de la educación superior, que se benefician de la liberalización de los servicios y de lo que ella comporta (expresa degradación de los servicios públicos). De esta manera, en el segundo capítulo, observamos que a la universidad privada le está llegando el momento de gloria; entre que aumenta la situación de competencia entre las universidades públicas y privadas por el aumento de los precios de matrícula y que el proceso de homologación de títulos se ha puesto a su servicio pudiendo registrar el grado/máster que les convenga... las universidades privadas empiezan a ganar terreno.
El tercer capítulo trata acerca de la situación económica de la universidad: asfixia presupuestaria, falta de control por parte de las universidades sobre el dinero que ingresan, aumento de tasas, endeudamiento de los alumnos que quieren estudiar y, entre otros temas, endeudamiento de las universidades.
Este último punto, el "endeudamiento de las universidades"; nos lleva al cuarto capítulo: los parques científicos y tecnológicos. Es aquí donde mostramos como la universidad pública se apunto al carro de la burbuja inmobiliaria y de los créditos europeos para construir centros de este tipo... También es en este punto en el que el Ex-Rector de la UPC, Josep Ferrer, habla de malversación de fondos públicos refiriéndose al Parque del Besos de la (UPC) aún en construcción y sin un plan estratégico de futuro. En estos momentos hay que devolver estos créditos aunque sea a costa de despedir a personal y malvender la universidad.
Lo que nos lleva al quinto capítulo: ¿quién tiene la competencia sobre las cuestiones económicas de la universidad? Pues el Consejo Social, el órgano de representación de la sociedad en la universidad, que, cuando se mira bien de cerca, deja de ser "la sociedad". Empresarios de todo tipo, imputados y detenidos son lo que están "representándonos" en las universidades.
Sin embargo, mientras los miembros del Consejo Social son escogidos, prácticamente a dedo por los políticos de turno (o de legislatura, en términos democráticos), los profesores deben someterse a procesos de acreditación para obtener una plaza en una universidad. Sobre esto trata el sexto capítulo y es el que nos lleva al séptimo: la privatización del conocimiento.
Los resultados de las investigaciones pagadas por todos son, literalmente, privatizadas y transferidas a las empresas. Los sistemas de publicación de los resultados de las investigaciones también juegan un papel en tal privatización. Entonces, ¿qué se puede esperar del conocimiento que se imparte en la universidad? Esto, también, se intenta responder en este capítulo. La universidad ya no se centra en el "placer intelectual" por el conocimiento sino que se focaliza en entrenar a los alumnos en unos procedimientos por tal de prepararlos como futuros trabajadores dóciles y adaptables a las condiciones laborales que desde las patronales se planifiquen.
¿Y cómo afecta todo esto a la comunidad universitaria? este es el tema del octavo y noveno capítulo: como les afecta a los estudiantes, por un lado, y a los profesores, por otro lado.
Y ya, el décimo capítulo es la movilización de la comunidad universitaria. Y, por último, el "epílogo" que trata acerca de las salidas que da la universidad; que, en este país, con el sistema productivo que tenemos, son escasas.
Todo ello explicado de la mano de personalidades académicas y alumnos: Josep Ferrer (Ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Gemma Rauret (Ex-directora de la ANECA y la AQU, agencias de calidad), Jordi Estivill (destacado profesor universitario a nivel europeo, ahora, jubilado), Vera Sacristán (Profesora de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitario), Jorge Calero y Ramón Franquesa (profesores y economistas de la Universitat de Barcelona), Aída Sánchez (Profesora recortada de la Universitat de Barcelona), Santiago López Petit (Profesor recién jubilado de filosofía de la UB), Xavier Bonal (Sociólogo de la Universitat Autónoma de Barcelona), y, por último, Ruth y Edurne (dos alumnas), Con todo, podéis encontrar más información a través de la página web (www.universidadsa.com), del twitter y del facebook.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
25 octubre 2013
Una educación abocada al subdesarrollo
Público.es
La reforma del
ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad educativa alrededor
de un objetivo común: detener el desmantelamiento de nuestra educación
pública y denunciar la naturaleza profundamente injusta de una reforma
que se opone frontalmente a los criterios científicos y de justicia
social vigentes en el campo de la educación. Tal y como sucedió con la
reforma laboral aprobada en febrero 2012, la denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses
de la mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas,
junto con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy
diferentes ámbitos (Código Penal,
pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora
orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la
inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes
ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad
social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los
derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.
En
el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y
manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de
continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la
reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer
lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el
seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es
sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a
otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema
europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como
importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras
palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países
centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes
comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier
posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa
redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la
cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a
las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y
moldea sus características fundamentales.
Veamos. El aspecto más
notable de la zona euro ha sido la aparición de una nueva división del
trabajo favorable a los países centrales, que han aprovechado la brecha
de competitividad con la periferia para controlar porciones cada vez más
grandes de los flujos comerciales en el interior de la Unión Europea.
Mientras Alemania, Holanda o Finlandia orientaban sus economías hacia la
fabricación de bienes de alto valor añadido, los países de la periferia
se especializaban en la producción de bienes de bajo valor añadido,
animando a base de crédito el consumo de productos fabricados en el
Norte rico. España, por ejemplo, se entregó a una vorágine urbanizadora
que, en apenas una década, transformó profundamente el territorio de
nuestro país. El virus de la especulación, que se extendió rápidamente
por todo el cuerpo social, provocó un aquelarre inmobiliario que ha
estimulado a la economía española durante algo más de un decenio,
convirtiendo el sector de la construcción en la verdadera industria
nacional y otorgándole una importancia económica muy superior a la de
otros países europeos.
Partiendo de esta base, no parece
exagerado afirmar que el proceso de construcción europea ha provocado
una situación de naturaleza colonial, caracterizada por la hegemonía
alemana y la subordinación de las economías periféricas a partir de una
específica división del trabajo que convierte a los países pobres en una
reserva de mano de obra barata. Ciertamente, esta situación no se
deriva de una guerra de agresión, sino de una estrategia competitiva
encabezada por Alemania y plenamente aceptada por las clases dirigentes
de los países periféricos, que de este modo asumen su incapacidad de
afrontar un camino independiente para sus respectivos países. Sin
embargo, el resultado no ofrece lugar a dudas: una relación de
subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso
de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de
las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores.
En
este contexto, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido
Popular constituye un paso decisivo en la acelerada transición hacia el
subdesarrollo que ha comenzado en nuestro país. Este proceso, que supone
un importante retroceso en la protección legal de los trabajadores, se
desarrolla al margen del turnismo político mediante diversas fórmulas
legislativas: el abaratamiento del despido, la contratación temporal no
causal o la desarticulación de la negociación colectiva… Su objetivo es
elevar la tasa de beneficio incrementando la tasa de explotación de los
trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de
trabajo flexibilizando el empleo y eliminando controles administrativos y
sindicales. Se trata, en definitiva, de una violenta devaluación salarial
que se encuentra reflejada en los diferentes datos estadísticos y que
supone la consolidación del mercado de trabajo típico de los países
subdesarrollados.
Pues bien, la LOMCE se explica y cobra sentido
en este contexto económico y laboral. Recordemos que, entre otros
aspectos, la Ley reduce el número de asignaturas y limita la carga
lectiva a unos contenidos mínimos, orientando el sistema educativo hacia
la preparación de mano de obra barata, futuros trabajadores precarios
provistos de los conocimientos indispensables para desenvolverse
adecuadamente en el mercado laboral basura que les brinda el
capitalismo. Ignorando las verdaderas necesidades del alumnado, la
reforma alumbra un sistema educativo que se basa en la realización de
exámenes continuos, convirtiendo la educación en una carrera de
obstáculos en la que las condiciones económicas y familiares serán
determinantes para el éxito o el fracaso escolar. En una economía
periférica, el mercado laboral reclama mano de obra masiva y no
cualificada, como corresponde a una sociedad clasista que descarta la
igualdad de oportunidades. No es aventurado suponer que, tras la
aprobación de la LOMCE, los hijos de una familia trabajadora verán
disminuidas sus posibilidades de progresar socialmente y sufrirán las
consecuencias de la nueva división europea del trabajo.
En
coherencia con ello, la reforma apuesta decididamente por la segregación
clasista del alumnado, delineando un abanico de itinerarios formativos
que se inician a edad muy temprana y que pretenden eliminar de manera
progresiva la educación común durante la etapa obligatoria. Como ha
denunciado la comunidad científica, esta opción legislativa ignora y
vulnera las necesidades y motivaciones del alumnado, convirtiendo el
sistema educativo en una gigantesca agencia de formación y selección de
personal para satisfacer las necesidades de las empresas. Por si hubiera
alguna duda sobre la intención del legislador, el segundo borrador de
la Ley establecía que los alumnos que presenten una “situación
socioeconómica desfavorable” serían desviados a diversos programas de
formación profesional, evidenciando el futuro que el Ministro tiene
reservado a aquellos estudiantes que proceden de familias con menos
recursos.
Hace meses que la comunidad educativa viene alzando la
voz para desenmascarar las verdaderas intenciones de esta bárbara
reforma. Las masivas movilizaciones y protestas de la marea verde ponen
de relieve que este colectivo está unido en la defensa de la educación
pública. Pero más allá de la comunidad educativa, es la sociedad en su
conjunto la que debe rechazar esta reforma de manera contundente y
reclamar con toda firmeza la construcción de una alternativa, con
protestas por las vías tradicionales, con la reinvención de la
movilización y la acción social, desde estructuras ya establecidas y con
la creación de otras nuevas. No nos queda otra opción que reconquistar
nuestra independencia para detener el empobrecimiento de la población.
De lo contrario, la transición hacia el subdesarrollo se consolidará e
institucionalizará, convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano
de obra barata condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de
miseria.
La clave es una movilización de carácter general y
sostenida en el tiempo contra una nueva colonización dirigida por la
Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional) y consentida por régimen bipartidista. Todas las
resistencias deben confluir en un objetivo común, de mayor alcance,
construyendo una amplia alianza político-social alrededor de la
propuesta de impago de la deuda, la recuperación de la soberanía y el
rechazo a las reformas alevosamente impuestas a nuestro país. Las
recientes movilizaciones, protestas y malestar compartido demuestran que
no se trata de un brindis al sol: esta alianza existe de manera
potencial en nuestra sociedad y acabar de conformarla está en manos de
las personas que salimos a la calle en defensa de nuestra educación
pública, las que hemos salido y saldremos en defensa de nuestros
derechos. Pero ya no basta con repetir el ritual de protesta, hace falta
avanzar en los distintos caminos de organización y confluencia. La
transición está en marcha y el tiempo no corre a nuestro favor.
Héctor
Illueca, Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Adoración Guamán, Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.
La insurrección magisterial, la crisis del SNTE y la lucha por un sindicalismo democrático
La actual lucha
magisterial es el levantamiento docente más importante suscitado desde
1989 y una expresión concreta de la crisis de hegemonía que experimenta
el Estado mexicano: las clases dominantes y su régimen ya no pueden
seguir ejerciendo un control efectivo sobre los trabajadores con las
mismas estructuras políticas del pasado. La movilización inesperada de
las bases del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
no sólo resulta interesante por lo que representa para la organización
gremial más numerosa del país, sino sobre todo por la clase de
conclusiones que pueden extraerse al observar el agrietamiento de lo que
ha sido una de las principales piezas del control corporativo en
México.
En efecto, la inconformidad generada por la Reforma Educativa de Peña Nieto se extiende mucho más allá de las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues abarca actualmente a estados de la República y secciones del SNTE que tradicionalmente habían permanecido apáticas y bajo el control incuestionable de la burocracia. “El letargo se convirtió en llamarada”, resaltaba apenas hace unos días un reportaje de la revista Contralínea, donde se enfatiza que se han producido movilizaciones masivas de docentes no sólo en el Sur del país, sino también en el Norte, Noreste, Occidente y la costa del Golfo, llegando a contabilizar así 26 estados con un “movimiento contundente” [1]. Destaca a este respecto la situación gestada en estados como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas donde la lucha ha trastocado por completo el ambiente político de los estados, derivando en la toma de carreteras, presidencias municipales, centros turísticos y comerciales, así como en la ocupación de televisoras y radiodifusoras locales.
Por el ambiente de relativa calma que se respiraba en ésta y otras latitudes hasta antes de la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los observadores superficiales podrían haber afirmado que ningún acontecimiento de trascendencia iba a producirse. Sin embargo, de manera súbita la rabia acumulada por años de embustes brotó a la superficie y las bases de las secciones 25, 32 y 56 del SNTE desconocieron inmediatamente a sus secretarios generales, quienes habían ocultado la información sobre la la reforma y habían llamado a las bases a la calma. Existen por otra parte casos en extremo llamativos como los de Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México, regiones tradicionalmente conservadoras donde la inmovilidad de las bases siempre había dado margen de maniobra para que las cúpulas sindicales utilizaran la fuerza del gremio en interés del PRI, el PAN, el PANAL y los sectores empresariales. Basta recordar el cinismo con el que Elba Esther Gordillo pudo traficar con millones de votos durante la elección presidencial de 2006, movilizando para ello los recursos económicos y humanos del SNTE.
La situación general vivida en el magisterio resulta entonces extraordinaria. Más allá de las siempre combativas secciones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se ha producido un despertar generalizado que empieza a cuestionar la democracia interna del sindicato y los tradicionales cacicazgos. Es por tanto previsible que la lucha del magisterio contra una reforma de rango constitucional tenga un impacto significativo en en la estructura de dominación corporativa y en el futuro político de estados tradicionalmente conservadores.
A este respecto, bien vale la pena hacer embonar hechos que a primera vista parecieron inconexos, pero que vistos en su continuidad histórica nos muestran la forma en la que los reacomodos entre las clases sociales del país se han ido produciendo. El verdadero motivo por el que Peña Nieto decidió enviar a Elba Esther Gordillo a prisión en febrero pasado no fue el desvío de cuantiosos fondos del sindicato en interés personal y de sus allegados (situación que era perfectamente conocida y consentida desde muchos sexenios atrás), sino el haber declarado su oposición abierta al punto nodal de la Reforma Educativa, que facilita el despido injustificado y acaba con la estabilidad laboral de cientos de miles de profesores. Aunque con anterioridad Gordillo había apoyado el avance de la reforma neoliberal en otros ámbitos, como en la enmienda a las escuelas del nivel medio superior (RIEMS) y en la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de corte empresarial, no podía aceptar la introducción de una reforma que iba a agitar y movilizar a secciones sindicales controladas y tradicionalmente estáticas.
El enfrentamiento vivido a inicios de este año entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo no puede explicarse por lo tanto dentro de los estrechos márgenes de la disputa entre personalidades políticas (por muy poderosas que éstas lleguen a ser), ni entre la pugna existente entre los intereses de distintos sectores del establishment. De la misma forma que en su momento Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero José Hernandez Galicia “La Quina”, el conflicto entre Peña Nieto y el SNTE, refleja la crisis de una forma de dominación sindical. Por este motivo, pese a que Juan Díaz de la Torre tomó el control del sindicato una vez que Gordillo fue encarcelada, restableció la concordia con el gobierno federal, y aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por Peña Nieto, fue inevitable que la estructura del SNTE se cimbrara desde las bases, pues la disputa esencial de intereses no eran entre el presidente y la burocracia sindical, sino entre el régimen y las bases magisteriales.
El sindicalismo corporativo y gansteril fue durante muchas décadas uno de los principales soportes del Estado mexicano y una de las estructuras políticas que hizo posible la existencia de un sindicalismo fusionado al aparato estatal a través del PRI. Por estas razones, resulta hipócrita la cantaleta repetida una y otra vez en radio y televisión de que los maestros son los responsables de las fallas del sistema educativo, así como del despilfarro y corrupción de sus dirigentes, pues es bien sabido que éstos últimos vivieron durante muchos sexenios amparados por el poder mientras que la disidencia era ferozmente reprimida, tal y como denota el caso del profesor Misael Núñez Acosta, asesinado en 1981 por motivos políticos.
Por encima de todo, el régimen siempre tuvo especial cuidado en preservar el control de sectores que por su importancia estratégica podían paralizar el país si mantenían una posición independiente y democrática: este fue el caso de los trabajadores petroleros, de los mineros, de los electricistas, de los trabajadores de la salud y del magisterio, entre otros. No por casualidad fueron estos mismos sindicatos los que gozaron de las mejores prestaciones y contratos colectivos dentro de toda la clase trabajadora, en muchos casos, con un sistema propio de servicios médicos y seguridad social. Ahora bien, debemos distinguir aquí dos fenómenos distintos que la burguesía y sus intelectuales suelen revolver hipócritamente para sembrar divisiones y enfrentar a los trabajadores entre sí.
Los contratos colectivos y las prestaciones laborales no fueron concesiones bondadosas del régimen ni de las clases dominantes. Si por ellos hubiera sido, las condiciones de trabajo prevalecientes durante el porfiriato habrían quedado intactas. Los sindicatos, los contratos colectivos y las prestaciones son derechos que en México se consiguieron a través de muchas luchas obreras y de una revolución que dejó un saldo de un millón de muertos. Cosa distinta son los dirigentes charros, que como hemos explicado, sirvieron durante mucho tiempo al régimen para controlar a los sindicatos. Enrique Peña Nieto y las cúpulas empresariales iniciaron, como otras tantas veces en el pasado, una ofensiva contra las conquistas históricas de los trabajadores metiendo en el mismo saco a los corruptos líderes sindicales y las bases trabajadoras. Este discurso, utilizado con la misma efectividad durante la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, y durante la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, sólo pudo tener eco en un país que durante las últimas décadas ha avanzado como ningún otro en una cultura antisindical y patronal, y que ha promovido la idea de que el desarrollo del país será posible acabando con los derechos laborales de los pocos trabajadores que aún los preservan.
Recientemente el secretario de educación Emilio Chuayffet, amenazó con despedir a todos los docentes que vayan a paro y sustituirlos por nuevos mentores. En una entrevista radiofónica exigió de forma histérica la cancelación de salarios a los maestros que decidan suspender clases, advirtiendo que aquellos funcionarios que no acaten las disposiciones serán acreedores a sanciones. Y en efecto, el gobierno federal está decidido a utilizar la represión para detener las movilizaciones y atemorizar a los profesores. La pregunta aquí es si lo logrará y a qué costo. Peña Nieto y sus asesores saben que recurrir a la represión no es tan sencillo en un movimiento de alcance nacional que aún se encuentra en ascenso y que se presenta por primera vez en secciones que antes habían estado inmóviles. Tratándose de un asunto de esta naturaleza, el gobierno es consciente de que un uso desmedido de la fuerza en un momento inadecuado, lejos de aplacar los ánimos podría desencadenar el efecto contrario y arrastrar a la lucha a sectores que aún permanecen indecisos. Es por eso que la táctica gubernamental se está enfocando en estos momentos al acoso de la CNTE en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, centros de vanguardia de la lucha magisterial, donde la Procuraduría General de la República acaba de girar órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
La represión y la táctica de guerra sucia contra el movimiento magisterial, como la reciente agresión que sufrieron los profesores de la CNTE en el barrio de Tepito, por supuesto podría paralizar momentáneamente los ánimos de lucha, pero en ningún modo restituirá el consenso y la confianza de los maestros en el régimen. Todo lo contrario, profundizará las grietas de la oxidada estructura sindical corporativa y generará mayor descontento social. El intento del gobierno federal de reprimir a los sectores más combativos del magisterio puede evitarse sin embargo, si lejos de aislarse, los profesores de la CNTE hacen un llamado unitario a todas las secciones del SNTE a movilizarse contra la Reforma Educativa en una jornada de lucha unitaria. Esta táctica rendiría enormes frutos pues probaría a los secretarios generales de las distintas secciones del SNTE frente a las bases magisteriales, acelerando el proceso de diferenciación interna, y ayudándolas a tomar conciencia de que es necesario un cambio de fondo en el sindicato. Se abren entonces importantes oportunidades para que las bases del magisterio puedan democratizar a su sindicato y desconocer, como en Quintana Roo, a quienes han sido cómplices de la aprobación de una Reforma Educativa patronal y antilaboral.
Nota:
[1] Flor Goche, “La insurrección magisterial ya está en todo el país”, Contralínea, [En línea], 9 de octubre de 2013).
En efecto, la inconformidad generada por la Reforma Educativa de Peña Nieto se extiende mucho más allá de las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues abarca actualmente a estados de la República y secciones del SNTE que tradicionalmente habían permanecido apáticas y bajo el control incuestionable de la burocracia. “El letargo se convirtió en llamarada”, resaltaba apenas hace unos días un reportaje de la revista Contralínea, donde se enfatiza que se han producido movilizaciones masivas de docentes no sólo en el Sur del país, sino también en el Norte, Noreste, Occidente y la costa del Golfo, llegando a contabilizar así 26 estados con un “movimiento contundente” [1]. Destaca a este respecto la situación gestada en estados como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas donde la lucha ha trastocado por completo el ambiente político de los estados, derivando en la toma de carreteras, presidencias municipales, centros turísticos y comerciales, así como en la ocupación de televisoras y radiodifusoras locales.
Por el ambiente de relativa calma que se respiraba en ésta y otras latitudes hasta antes de la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los observadores superficiales podrían haber afirmado que ningún acontecimiento de trascendencia iba a producirse. Sin embargo, de manera súbita la rabia acumulada por años de embustes brotó a la superficie y las bases de las secciones 25, 32 y 56 del SNTE desconocieron inmediatamente a sus secretarios generales, quienes habían ocultado la información sobre la la reforma y habían llamado a las bases a la calma. Existen por otra parte casos en extremo llamativos como los de Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México, regiones tradicionalmente conservadoras donde la inmovilidad de las bases siempre había dado margen de maniobra para que las cúpulas sindicales utilizaran la fuerza del gremio en interés del PRI, el PAN, el PANAL y los sectores empresariales. Basta recordar el cinismo con el que Elba Esther Gordillo pudo traficar con millones de votos durante la elección presidencial de 2006, movilizando para ello los recursos económicos y humanos del SNTE.
La situación general vivida en el magisterio resulta entonces extraordinaria. Más allá de las siempre combativas secciones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se ha producido un despertar generalizado que empieza a cuestionar la democracia interna del sindicato y los tradicionales cacicazgos. Es por tanto previsible que la lucha del magisterio contra una reforma de rango constitucional tenga un impacto significativo en en la estructura de dominación corporativa y en el futuro político de estados tradicionalmente conservadores.
A este respecto, bien vale la pena hacer embonar hechos que a primera vista parecieron inconexos, pero que vistos en su continuidad histórica nos muestran la forma en la que los reacomodos entre las clases sociales del país se han ido produciendo. El verdadero motivo por el que Peña Nieto decidió enviar a Elba Esther Gordillo a prisión en febrero pasado no fue el desvío de cuantiosos fondos del sindicato en interés personal y de sus allegados (situación que era perfectamente conocida y consentida desde muchos sexenios atrás), sino el haber declarado su oposición abierta al punto nodal de la Reforma Educativa, que facilita el despido injustificado y acaba con la estabilidad laboral de cientos de miles de profesores. Aunque con anterioridad Gordillo había apoyado el avance de la reforma neoliberal en otros ámbitos, como en la enmienda a las escuelas del nivel medio superior (RIEMS) y en la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de corte empresarial, no podía aceptar la introducción de una reforma que iba a agitar y movilizar a secciones sindicales controladas y tradicionalmente estáticas.
El enfrentamiento vivido a inicios de este año entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo no puede explicarse por lo tanto dentro de los estrechos márgenes de la disputa entre personalidades políticas (por muy poderosas que éstas lleguen a ser), ni entre la pugna existente entre los intereses de distintos sectores del establishment. De la misma forma que en su momento Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero José Hernandez Galicia “La Quina”, el conflicto entre Peña Nieto y el SNTE, refleja la crisis de una forma de dominación sindical. Por este motivo, pese a que Juan Díaz de la Torre tomó el control del sindicato una vez que Gordillo fue encarcelada, restableció la concordia con el gobierno federal, y aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por Peña Nieto, fue inevitable que la estructura del SNTE se cimbrara desde las bases, pues la disputa esencial de intereses no eran entre el presidente y la burocracia sindical, sino entre el régimen y las bases magisteriales.
El sindicalismo corporativo y gansteril fue durante muchas décadas uno de los principales soportes del Estado mexicano y una de las estructuras políticas que hizo posible la existencia de un sindicalismo fusionado al aparato estatal a través del PRI. Por estas razones, resulta hipócrita la cantaleta repetida una y otra vez en radio y televisión de que los maestros son los responsables de las fallas del sistema educativo, así como del despilfarro y corrupción de sus dirigentes, pues es bien sabido que éstos últimos vivieron durante muchos sexenios amparados por el poder mientras que la disidencia era ferozmente reprimida, tal y como denota el caso del profesor Misael Núñez Acosta, asesinado en 1981 por motivos políticos.
Por encima de todo, el régimen siempre tuvo especial cuidado en preservar el control de sectores que por su importancia estratégica podían paralizar el país si mantenían una posición independiente y democrática: este fue el caso de los trabajadores petroleros, de los mineros, de los electricistas, de los trabajadores de la salud y del magisterio, entre otros. No por casualidad fueron estos mismos sindicatos los que gozaron de las mejores prestaciones y contratos colectivos dentro de toda la clase trabajadora, en muchos casos, con un sistema propio de servicios médicos y seguridad social. Ahora bien, debemos distinguir aquí dos fenómenos distintos que la burguesía y sus intelectuales suelen revolver hipócritamente para sembrar divisiones y enfrentar a los trabajadores entre sí.
Los contratos colectivos y las prestaciones laborales no fueron concesiones bondadosas del régimen ni de las clases dominantes. Si por ellos hubiera sido, las condiciones de trabajo prevalecientes durante el porfiriato habrían quedado intactas. Los sindicatos, los contratos colectivos y las prestaciones son derechos que en México se consiguieron a través de muchas luchas obreras y de una revolución que dejó un saldo de un millón de muertos. Cosa distinta son los dirigentes charros, que como hemos explicado, sirvieron durante mucho tiempo al régimen para controlar a los sindicatos. Enrique Peña Nieto y las cúpulas empresariales iniciaron, como otras tantas veces en el pasado, una ofensiva contra las conquistas históricas de los trabajadores metiendo en el mismo saco a los corruptos líderes sindicales y las bases trabajadoras. Este discurso, utilizado con la misma efectividad durante la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, y durante la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, sólo pudo tener eco en un país que durante las últimas décadas ha avanzado como ningún otro en una cultura antisindical y patronal, y que ha promovido la idea de que el desarrollo del país será posible acabando con los derechos laborales de los pocos trabajadores que aún los preservan.
Recientemente el secretario de educación Emilio Chuayffet, amenazó con despedir a todos los docentes que vayan a paro y sustituirlos por nuevos mentores. En una entrevista radiofónica exigió de forma histérica la cancelación de salarios a los maestros que decidan suspender clases, advirtiendo que aquellos funcionarios que no acaten las disposiciones serán acreedores a sanciones. Y en efecto, el gobierno federal está decidido a utilizar la represión para detener las movilizaciones y atemorizar a los profesores. La pregunta aquí es si lo logrará y a qué costo. Peña Nieto y sus asesores saben que recurrir a la represión no es tan sencillo en un movimiento de alcance nacional que aún se encuentra en ascenso y que se presenta por primera vez en secciones que antes habían estado inmóviles. Tratándose de un asunto de esta naturaleza, el gobierno es consciente de que un uso desmedido de la fuerza en un momento inadecuado, lejos de aplacar los ánimos podría desencadenar el efecto contrario y arrastrar a la lucha a sectores que aún permanecen indecisos. Es por eso que la táctica gubernamental se está enfocando en estos momentos al acoso de la CNTE en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, centros de vanguardia de la lucha magisterial, donde la Procuraduría General de la República acaba de girar órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
La represión y la táctica de guerra sucia contra el movimiento magisterial, como la reciente agresión que sufrieron los profesores de la CNTE en el barrio de Tepito, por supuesto podría paralizar momentáneamente los ánimos de lucha, pero en ningún modo restituirá el consenso y la confianza de los maestros en el régimen. Todo lo contrario, profundizará las grietas de la oxidada estructura sindical corporativa y generará mayor descontento social. El intento del gobierno federal de reprimir a los sectores más combativos del magisterio puede evitarse sin embargo, si lejos de aislarse, los profesores de la CNTE hacen un llamado unitario a todas las secciones del SNTE a movilizarse contra la Reforma Educativa en una jornada de lucha unitaria. Esta táctica rendiría enormes frutos pues probaría a los secretarios generales de las distintas secciones del SNTE frente a las bases magisteriales, acelerando el proceso de diferenciación interna, y ayudándolas a tomar conciencia de que es necesario un cambio de fondo en el sindicato. Se abren entonces importantes oportunidades para que las bases del magisterio puedan democratizar a su sindicato y desconocer, como en Quintana Roo, a quienes han sido cómplices de la aprobación de una Reforma Educativa patronal y antilaboral.
Nota:
[1] Flor Goche, “La insurrección magisterial ya está en todo el país”, Contralínea, [En línea], 9 de octubre de 2013).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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