Los resultados de estos Informes indican que nuestros jóvenes no tienen los mejores resultados de la UE, pero apuntan igualmente que las inversiones en Cataluña en el ámbito de la educación están a la cola de Europa, que el nivel cultural de la población adulta en nuestro país es de los más bajos de la UE y que en los países donde se dan los mejores resultados escolares –como, por ejemplo, Finlandia- el 97% (¡el 97%!) de las escuelas son públicas. Teniendo en cuenta todo ello, puede afirmarse que la educación en Cataluña, dadas las circunstancias, es “la mejor posible”· y que el trabajo del profesorado en las aulas compensa muchos déficits estructurales de nuestro sistema educativo.
Es obvio que es necesario mejorar nuestro nivel educativo, pero, desgraciadamente, las bases que ha presentado la Conselleria de Educación catalana no aportan soluciones reales a los problemas que hoy existen en las aulas. Más bien todo lo contrario. De hecho, la LEC es una ley que no parte de ningún análisis pedagógico, que no ha efectuado ningún diagnóstico de las necesidades reales y que no propone medida alguna para mejorar. La ley habla nada más que de gestión y privatización, proponiendo un modelo escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos, abriendo vías para la gestión privada de las escuelas públicos y priorizando la oferta de los centros concertados.
Las propuestas de la nueva Ley de Educación tampoco han sido discutidas ni consensuadas con el profesorado. Ni tan siquiera son originales. Conceptos como “autonomía de centros”, “direcciones profesionalizadas”, “gestión privada de los centros públicos”, “evaluación”, “municipalización”, son fórmulas que surgen de las directrices del Banco Mundial, de la UE y de la OMC, con el objetivo de poner la educación bajo las leyes del mercado, mercantilizándola, con la finalidad de favorecer las empresas privadas. Este es un modelo que ya se ha aplicado en algunos países (Gran Bretaña, Bélgica, EEUU). Su aplicación no sólo no ha mejorado la educación sino que ha creado una mayor desigualdad.
Qué proponen las Bases de la Ley de Educación para Catalunya
La Ley abre la puerta para que entidades privadas puedan gestionar los centros públicos. Una situación que ocasionaría enorme daño para a las familias como a los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos. Todos sabemos que cuando un servicio público se privatiza (tal como está pasando ya con las guarderías, la sanidad y otro servicios públicos) los resultados son siempre los mismos: un peor servicio para los usuarios y unas peores condiciones de trato (precarización) para sus trabajadores. Es imposible una gestión privada que no priorice el beneficio económico. Además de abrir esta nueva vía, la ley también hace una clara apuesta por los centros privados concertados, estimulando la oferta que derivará más dinero público para centros gestionados por patronales privadas (en su mayor parte religiosas).
Se propone, por otra parte, una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y funciones de las direcciones que podrán tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las AMPAS (las Asociaciones de madres, padres y tutores) y de los consejos escolares. Es evidente que una gestión en que las direcciones hagan funciones propias de la patronal, supondrá ir hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminará la participación y dificultará el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Caminar hacia este sistema exigirá cambios en la estructura actual de los centros públicos, cambios que acabarán definitivamente con su gestión democrática.
Con la excusa de obtener unos resultados pedagógicos tan buenos, la LEC, la ley de educación de Cataluña, propone algunas medidas como, por ejemplo, que las direcciones seleccionen a su profesorado. Esta medida pretende cargar la responsabilidad del fracaso escolar únicamente sobre el profesorado y, además, de hecho, es la que ya se aplica en los centros privados y no ha sido demostrado en ningún caso ninguna mejora en los resultados. La verdad es que los resultados escolares, tal como señalan todos los informes conocidos, depende mucho más de otros factores que el señor consejero Maragall pretende obviar: la realidad social y económica, el entorno social del alumnado que fracasa y la ausencia de inversión suficiente en la enseñanza pública catalana.
Se propone también que cada centro pueda establecer su propio curriculum. Pero entonces la variedad de la oferta de los centros públicos aumentará y, como consecuencia, se consolidará la desigualdad entre ellos. La educación es un derecho para todos y no una mercancía que se puede comprar dependiendo del dinero que se tenga. La responsabilidad de la Administración Pública es asegurar que este derecho lo pueda disfrutar toda la ciudadanía, con independencia de su condición económica, social o de cualquier otro tipo. Nada más de esta manera la educación podrá cumplir una de sus funciones primordiales: la de contribuir a nivelar las diferencias sociales de origen y, en consecuencia, garantizar una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Las bases de la Ley no dicen sobre aumentar la inversión pública en el ámbito de la educación y pretenden que los centros puedan buscar vías de autofinanciamiento, lo que puede dar pie también a más diferencias, ya que dependerá de las posibilidades que tenga cada centro para conseguir ese financiamiento privado. El barrio donde esté situado, los tipos de instalaciones que posea, las posibilidades de padres, madres y tutores de pagar cuotas extraordinarias, serán determinantes. Pero es razonable pensar que es la Administración Pública la que ha de asegurar el financiamiento necesario para todos los centros públicos y, para hacerlo, es necesario aumentar los presupuestos destinados a educación y destinar más recursos, humanos y materiales, en aquellos centros que escolaricen al alumnado con más dificultades.
Se propone también una evaluación externa de los centros que permita establecer una puntuación y una escala en función de los resultados escolares. Una evaluación que serviría para dotar de más recursos a los centros que mejores resultados obtengan y no, en cambio, a los centros que tengan mayores necesidades. Estos son los puntos que el conseller Maragall oculta y trata de enmascarar cuando explica su modelo de autonomía de centro ante los medios de comunicación y en sus intervenciones públicas.
El profesorado de la enseñanza pública de Cataluña hará huelga el día 14 de febrero.
Dada la imposibilidad de dialogar con la Consejería de Educación y ante la negativa del Señor Conseller a retirar las bases de la ley, todos los sindicatos de educación catalanes han convocado una huelga para exigir tal retirada, para oponerse a la privatización de la enseñanza pública y para defender las condiciones laborales de los enseñantes.
Empero, esta ley no afecta sólo al profesorado sino que va más allá, es realmente una verdadera cuestión social, ciudadana: una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión social es condición necesaria para una sociedad democrática. Si el sistema público se desmantela y privatiza la sociedad en su totalidad se verá perjudicada.
* Rosa Cañadell es Psicóloga. Profesora de Secundaria y portavoz de USTEC·STEs
