Diversas organizaciones de Ayacucho, Arequipa y Puno harán paros durante protestas del 7, 8, 9 de julio.

La protesta avanza

Diversas organizaciones en distintas regiones del país se vienen preparando para participar en el paro andino, amazónico y popular convocado por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía para el 7, 8 y 9 de julio, en ocho regiones del país, mientras en Lima habrá el día 8 una movilización de protesta.

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, dijo a LA PRIMERA que las organizaciones que integran el bloque y sobre todo los gremios agrarios han ratificado su participación en el paro para exigir, entre otras cosas, que el premier Yehude Simon cumpla la promesa que hizo a esa región el 30 de junio.

“El cumplimiento de la Agenda Wari está pendiente desde hace dos años y no podemos esperar que termine este gobierno sin otorgarnos mejores carreteras”, indicó. Luego advirtió que si luego del paro el gobierno no da una respuesta clara, su gremio evaluará realizar una huelga indefinida.

A su vez, Ezequiel Méndez, presidente de la Federación de Nativos y Campesinos de la provincia de Huanta, garantizó la participación de su organización en las localidades de Sivia, Llochegua, Luricocha, Huamanquilla e Iguaín.

Eloy Robles, dirigente del Frente de Defensa de Huanta, dijo que las organizaciones sociales de Huanta están listas para participar en el paro.

En Arequipa
La Coordinadora Popular de la región Arequipa, cuyo dirigente principal es Jerónimo López, informó ayer que todas las organizaciones de transportistas, agrarios, ganaderos y trabajadores estatales de la referida región apoyarán la medida de lucha.

Arequipa exige, entre otras cosas, la construcción de una carretera transoceánica. “Las amenazas del premier Simon de desconocer las mesas de diálogo, es una forma de coaccionar a los arequipeños pero no lo van a lograr porque las regiones sólo buscan defender los recursos naturales ”, expresó.

Áncash
La Federación Agraria Departamental de Áncash, que agrupa más de 30 mil campesinos, también hará un paro de tres días. Esta región exige la derogatoria de la ley de recursos hídricos 29338, tal como lo informó el dirigente de la federación, Mardonia Jamanca.

El colaborador de este diario en Áncash, Estaban Lázaro, informó que los pequeños agricultores de la región también participarán del paro porque creen que el gobierno no apoya como debiera a este sector, traicionando las promesas electorales.

Puno
El la región Puno los pobladores participarán en el paro para exigir al gobierno mayor atención a esa zona. Según informes recogidos por este diario, los puneños saldrán a las calles desde el lunes 6 de julio. Las fuentes informaron que son más de 20 mil pobladores de los centros mineros de La Rinconada y Cerro Lunar en el distrito de Ananea (provincia de San Antonio de Putina). Las provincias puneñas de Sandia, Cuyo Cuyo, Putina y Huatasani también participarán en el paro.

Lina Godoy
Redacción
diario la primera

Una lucha, varios frentes

Una lucha, varios frentes

Una asamblea general de la CGTP ha acordado convocar una Jornada de Lucha para el 8 de julio, en vez del paro de tres días antes acordado en solidaridad con la Amazonía.

Es una decisión atinada, aunque estoy seguro de que no faltarán las críticas de quienes creen, o fingen creer, que la revolución está a la vuelta de la esquina y en el pico de una molotov.

En la poderosa marcha del 11 de junio, la más enérgica y caudalosa de la década, aparecieron personas que lanzaron bombas molotov.

Llamo la atención sobre provocadores peligrosos. La historia social registra muchas “hazañas” de ese tipo. En una época, el senderismo irrumpía con esas armas en los mítines de la izquierda; pero participaban también, sin duda, agentes de seguridad del Estado.

Desde los días de la lucha por las ocho horas en Estados Unidos, la policía sabe cómo lograr, mediante un dinamitazo, que se facilite la represión de trabajadores.

Debido a experiencias como ésa, los obreros peruanos de comienzos del siglo XX acompañaban sus huelgas y mítines con un cuerpo especial, los “comités pro marsa”, es decir, la fuerza de choque para controlar rompehuelgas e infiltrados.

La CGTP tuvo en otra época su guardia obrera, que en estos días de ascenso popular y de impulso represivo del régimen debería estar alerta para aislar, reducir e identificar a tales individuos.

Algunos de los conflictos actuales tienen carácter local, con gran apoyo ciudadano. El de Canchis es uno de los más graves. Sus reclamos han conducido a una multitudinaria marcha al Cusco. Se temió que pudiera frustrar la celebración del Inti Raymi.

Andahuaylas reclama, entre otros puntos, contra el Decreto Legislativo 1081, sobre Recursos Hídricos. El sector oficialista insiste en que este Decreto no privatiza el agua.

En diciembre del 2008 se publicó en Lima el libro Análisis de la Institucionalidad Ambiental en los Decretos Legislativos de la Implementación del TLC Perú-EE.UU. del especialista Alberto Barandiarán Gómez.

El autor señala que la Ley 29157, que concedió facultades legislativas al Ejecutivo, exige que los decretos legislativos se encuentren “estrictamente” vinculados con el TLC. Esto se ha incumplido en casi todos los casos.

En cuanto al Decreto sobre el agua, el autor recuerda que la tercera Disposición Complementaria del Reglamento de ese dispositivo precisa que la Autoridad Nacional del Agua puede encargar al sector público o privado no sólo estudios, proyectos y obras, sino también, donde no haya Juntas de Usuarios o Comisiones de Regantes, labores de operación y de mantenimiento, y hasta de recaudación (página 68).

Las acciones de lucha no son obra de agitadores. Son movimientos de masas, que deben ser respetados y atendidos.

Cesar Levano
diario la primera

Otro día de protesta popular en el centro

Miles de cesantes y jubilados del Estado, policías y militares marcharon para exigir nivelación de sueldos.

Otro día de protesta popular en el centro

Dos marchas diferentes pero con el mismo fin: buscar justicia ante las promesas. DETALLE Raúl Díaz Marín, presidente de la Asociación de Héroes por la Pacificación Nacional, reveló que a los combatientes de las Fuerzas Armadas del Valle del Río Ene y Apurímac (VRAE) no se les cumple con pagar sus beneficios correspondientes. Una nueva jornada de lucha contra los abusos del gobierno llenó las calles con miles de personas en dos marchas que remecieron el centro de Lima. La primera movilización fue convocada por la Confederación Nacional de Pensionistas del Perú (Conadepen) que exigieron al gobierno la derogación del Decreto Legislativo 817 y de la Ley 26835, considerados como antipensionarios, así como la nivelación de sus pensiones con los empleados en actividad. Fueron más de cinco mil jubilados y cesantes de todas las regiones del país que protestaron en la avenida Abancay rumbo al Congreso. “Es imprescindible la creación de un fondo que garantice incrementos anuales de pensiones. Son más de dos años que estamos luchando por la reposición de nuestros beneficios, pero el gobierno se justifica diciendo que no hay presupuesto”, declaró Jorge Salazar, presidente de Conadepen. La intención era llegar al Congreso para expresar su queja. Sin embargo, no les permitieron el ingreso, por lo que se dirigieron hacia la Defensoría del Pueblo para dejar su pliego de pedidos. De las FF.AA. Un numeroso contingente con representantes de 19 asociaciones de las Fuerzas Armadas y policiales protestaron también contra las políticas pensionarias del régimen y exigieron al presidente García Pérez que cumpla con la ejecución del decreto 213, dado en 1990 durante su primer gobierno, cuando él mismo ofreció darles bonificaciones, beneficios y pensiones al personal policial y militar, en actividad y retiro. La concentración, en el Campo de Marte, contó con la presencia de cuatro congresistas fujimoristas que les expresaron su respaldo a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales. Irónicamente, esta fue la bancada que les quitó la mayoría de los derechos por los que hoy salen a las calles. Por su parte, la Asociación de Héroes por la Pacificación Nacional planteó que se dé una bonificación mensual a quienes quedaron discapacitados por la lucha contra el terrorismo. tomado de: diario la primera

CHILE: EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO

Paro nacional para rechazar la Ley General de Educación

Unión de profesores y estudiantes

El Mostrador

Ya no sólo son los secundarios y universitarios los que están en pie de guerra contra el proyecto que se tramita en el Parlamento para reformar la LOCE. Ahora serán los profesores los que presionarán al Gobierno para que retire la iniciativa que se gestó luego de un acuerdo entre el oficialismo y la Alianza . La decisión la tomó la Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio de Profesores, que considera que la iniciativa, tal como está planteada, ‘’profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa actualmente vigente y de esta manera, las causas de la situación actual del sistema’’.

La Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio Nacional de Profesores resolvió este viernes convocar a un paro “de advertencia” el próximo miércoles 4 de junio, en rechazo a la Ley General de Educación (LGE) y para demandar que la iniciativa sea retirada ‘’de inmediato’’ del Parlamento.

La irrupción de los docentes refuerza la posición que en las últimas semanas han expresado las organizaciones de estudiantes secundarios y las federaciones universitarias en contra del proyecto, que surgió del trabajo del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, pero posteriormente de un acuerdo celebrado entre La Moneda y la Alianza por Chile.

El Magisterio informó en una declaración pública que la Asamblea “ha reafirmado lo que planteara en enero, respecto a rechazar el proyecto de Ley General de Educación que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Ésta no resuelve los graves problemas de segmentación social del sistema educativo ni de calidad de la educación. Por el contrario, en opinión del Colegio de Profesores de Chile, esta ley en trámite profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa actualmente vigente y de esta manera, las causas de la situación actual del sistema”.

Agregó que por esta razón, “y considerando de la gravedad de la crisis, la nula voluntad del gobierno de quitarle la urgencia al mencionado proyecto, la oposición que ha despertado la LGE entre padres y apoderados, estudiantes secundarios y universitarios, académicos, incluso parlamentarios de la alianza de gobierno y también entre los profesores, nuestra Asamblea Nacional ha resuelto realizar un paro de advertencia el próximo día miércoles 4 de junio

Precisó que la movilización “ya no solamente en solidaridad con nuestros estudiantes; desde este momento, el Colegio de Profesores asume un rol protagónico en la lucha por la defensa de la educación pública y en contra de la LGE junto a ellos. Hacemos extensivo este llamado a otras organizaciones del mundo de la educación y manifestamos nuestra voluntad inequívoca de unidad y lucha en las actuales circunstancias”.

Es así como adelantó que impulsará, junto a otras organizaciones que confluyen en ANDE, “una campaña de recolección de firmas de rechazo a la LGE. Si el gobierno insiste de manera intransigente, como ha sido hasta ahora, en la aprobación de este proyecto de ley, volveremos a paralizar y nos movilizaremos -junto a todos quienes lo rechazan y están comprometidos con la educación pública- al Congreso Nacional en Valparaíso el día que se ponga en sala.

Los profesores de Chile desplegaremos toda nuestra creatividad y audacia para manifestar de diferentes formas nuestra oposición a este atentado en contra del Derecho a la Educación”.

Finalmente, los profesores no descartaron una paralización indefinida. “Lo que está en juego es la superación de la nefasta herencia de un sistema mercantilista o retroceder al siglo XIX, cuando la educación era una responsabilidad de las familias y no del Estado. Si la institucionalidad política antidemocrática impide dar cumplimiento al Derecho Humano fundamental a la educación, y las autoridades de Gobierno no asumen su rol, no queda más alternativa que asumir nosotros, las organizaciones sociales, la responsabilidad que las autoridades eluden”, concluyó.

FUENTE: REBELION.ORG