Con la aprobación de
la LOMCE, el sistema público de enseñanza quedará tan debilitado que
podría ser el principio de su final de mantenerse la actual relación de
fuerzas entre quienes promueven la ley y sus opositores. Frente al
proyecto –que se encuentra en trámite en el Senado- las principales
asociaciones de la comunidad educativa han llamado a la huelga el 24-10:
desde casi todos los sindicatos de enseñantes, a las asociaciones de
padres y madres, sindicatos de estudiantes, asociaciones, marea verde,
etc., muy diferentes en cada caso, se han puesto de acuerdo uniendo sus
voces en defensa del sistema público de enseñanza; pero, ¿qué respuesta
darán los sectores implicados?
En los últimos años, tanto desde el Gobierno central como desde los gobiernos autonómicos, han sido brutales los recortes presupuestarios que afectaron al conjunto del sistema y a los todos los colectivos implicados: despidos, disminución de salarios, aumento de jornada lectiva, reducción de becas, encarecimiento de matrículas, etc. Y como colofón de todo ello es el proyecto de la LOMCE recientemente aprobado en el Congreso de los diputados por la mayoría parlamentaria del PP. Presumiblemente, por la arremetida contra el sistema y la cantidad de colectivos afectados, la huelga debería ser un éxito. Sin embargo, sobre los claustros planea cierto escepticismo.
Entre los trabajadores/as de la enseñanza, ciertamente, el descontento es generalizado. Pero dos interrogantes pesan sobre buena parte de ellos. El primero es que a la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, que se aproxima al 30 % del salario, se une el descuento en nómina de la jornada de huelga. También, entre un buen número de profesores/as, se presentan ciertas dudas sobre la eficacia de la huelga. Habría que decir que, en la mayoría de los casos, lo segundo se emplea como cortina sobre el verdadero motivo para no secundar la huelga: la pérdida de dinero que supone la participación.
Puede ser que, excepcionalmente, haya algún caso en que cobrar un día menos suponga alguna dificultad para la economía familiar, comprometida con gastos que ajustan en exceso el sueldo mensual. Pero esa excepcionalidad, la de perder menos de un 0,3 % en términos anuales, es una ridiculez comparado con el 30 % acumulado de pérdidas que arrastra el profesorado. Como lo es también comparado con lo que supone la congelación salarial (el poder adquisitivo cae lo que sube el coste de la vida (puede ser alrededor del 2,5 %), la eliminación de una paga extraordinaria (un 7 % aproximadamente) o los complementos de las mismas. La respuesta, por tanto, al enorme deterioro salarial tendría que establecerse con tal rabia, que debería volver insignificante expresarla a costa de un 0,3 % de incremento de la pérdida.
Entonces, entre parte de estos trabajadores/as, se arguye con el conocido mecanismo de formación de preferencias adaptativas (como en la fábula del zorro y las uvas): “total, como no se va a conseguir nada con la huelga…”. Es así, porque nunca darán un argumento razonable en el que se sustentarse. Y la psicología humana encuentra ese viejo mecanismo. Saben que las conquistas sociales y el Estado de bienestar han sido posibles por decenas de años de contestación social. Como saben que cuando decae el control y la vigilancia sobre derechos conquistados, estos se van paulatinamente perdiendo. Y en situaciones en la que los poderes económicos y financieros, como la actual, se encuentran fortalecidos y disponen de un poder cono nunca antes en la historia han tenido, cualquier ajuste de política económica que realicen los gobiernos en el marco del diseño neoliberal de las estructuras y mercados de la UE, recaerá sobre el sector al que es más fácil reducir su peso económico: el sector de los servicios públicos y de los trabajadores/as de los mismos. No se equilibran cuentas por la vía del aumento de los ingresos con políticas fiscales progresivas, sino recortando gastos en servicios y salarios de quienes consienten con su silencio, de quienes una y otra vez callaron cada vez que se anunciaba un nuevo recorte. Se trata de ir exprimiendo mientras haya aceptación y silencio.
Nadie ignora que el desmantelamiento del Estado de bienestar es el objetivo que persiguen los poderes económicos y financieros. Si las pensiones públicas son un apetitoso fondo para la especulación, el sistema público de enseñanza, como el sanitario, son nichos de negocio para los capitales que dejaron atrás el ladrillo y no acaban de encontrar acomodo en la situación actual (salvo especular con la deuda). Esto es bien sabido. Y aquí no quedan más alternativas, o resistencia o el sistema se muere. Y sus actuales profesionales, los trabajadores/as de la enseñanza y los derechos adquiridos hasta ahora, mueren con él.
Pueden argumentarse variaciones en la estrategia de resistencia y mostrar la insuficiencia de reducir la protesta a una jornada de huelga. Hasta ahí la duda razonable. Pero para eso se promueve el debate y la participación, las asambleas en los centros educativos. Ese es el momento de que cada cual tendrá que proponer qué continuidad habrá que darle a la movilización, qué otras acciones son necesarias. Y entonces, nadie podrá decir, como el zorro de la fábula, que “de todas formas… las uvas estaban verdes”.
En los últimos años, tanto desde el Gobierno central como desde los gobiernos autonómicos, han sido brutales los recortes presupuestarios que afectaron al conjunto del sistema y a los todos los colectivos implicados: despidos, disminución de salarios, aumento de jornada lectiva, reducción de becas, encarecimiento de matrículas, etc. Y como colofón de todo ello es el proyecto de la LOMCE recientemente aprobado en el Congreso de los diputados por la mayoría parlamentaria del PP. Presumiblemente, por la arremetida contra el sistema y la cantidad de colectivos afectados, la huelga debería ser un éxito. Sin embargo, sobre los claustros planea cierto escepticismo.
Entre los trabajadores/as de la enseñanza, ciertamente, el descontento es generalizado. Pero dos interrogantes pesan sobre buena parte de ellos. El primero es que a la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, que se aproxima al 30 % del salario, se une el descuento en nómina de la jornada de huelga. También, entre un buen número de profesores/as, se presentan ciertas dudas sobre la eficacia de la huelga. Habría que decir que, en la mayoría de los casos, lo segundo se emplea como cortina sobre el verdadero motivo para no secundar la huelga: la pérdida de dinero que supone la participación.
Puede ser que, excepcionalmente, haya algún caso en que cobrar un día menos suponga alguna dificultad para la economía familiar, comprometida con gastos que ajustan en exceso el sueldo mensual. Pero esa excepcionalidad, la de perder menos de un 0,3 % en términos anuales, es una ridiculez comparado con el 30 % acumulado de pérdidas que arrastra el profesorado. Como lo es también comparado con lo que supone la congelación salarial (el poder adquisitivo cae lo que sube el coste de la vida (puede ser alrededor del 2,5 %), la eliminación de una paga extraordinaria (un 7 % aproximadamente) o los complementos de las mismas. La respuesta, por tanto, al enorme deterioro salarial tendría que establecerse con tal rabia, que debería volver insignificante expresarla a costa de un 0,3 % de incremento de la pérdida.
Entonces, entre parte de estos trabajadores/as, se arguye con el conocido mecanismo de formación de preferencias adaptativas (como en la fábula del zorro y las uvas): “total, como no se va a conseguir nada con la huelga…”. Es así, porque nunca darán un argumento razonable en el que se sustentarse. Y la psicología humana encuentra ese viejo mecanismo. Saben que las conquistas sociales y el Estado de bienestar han sido posibles por decenas de años de contestación social. Como saben que cuando decae el control y la vigilancia sobre derechos conquistados, estos se van paulatinamente perdiendo. Y en situaciones en la que los poderes económicos y financieros, como la actual, se encuentran fortalecidos y disponen de un poder cono nunca antes en la historia han tenido, cualquier ajuste de política económica que realicen los gobiernos en el marco del diseño neoliberal de las estructuras y mercados de la UE, recaerá sobre el sector al que es más fácil reducir su peso económico: el sector de los servicios públicos y de los trabajadores/as de los mismos. No se equilibran cuentas por la vía del aumento de los ingresos con políticas fiscales progresivas, sino recortando gastos en servicios y salarios de quienes consienten con su silencio, de quienes una y otra vez callaron cada vez que se anunciaba un nuevo recorte. Se trata de ir exprimiendo mientras haya aceptación y silencio.
Nadie ignora que el desmantelamiento del Estado de bienestar es el objetivo que persiguen los poderes económicos y financieros. Si las pensiones públicas son un apetitoso fondo para la especulación, el sistema público de enseñanza, como el sanitario, son nichos de negocio para los capitales que dejaron atrás el ladrillo y no acaban de encontrar acomodo en la situación actual (salvo especular con la deuda). Esto es bien sabido. Y aquí no quedan más alternativas, o resistencia o el sistema se muere. Y sus actuales profesionales, los trabajadores/as de la enseñanza y los derechos adquiridos hasta ahora, mueren con él.
Pueden argumentarse variaciones en la estrategia de resistencia y mostrar la insuficiencia de reducir la protesta a una jornada de huelga. Hasta ahí la duda razonable. Pero para eso se promueve el debate y la participación, las asambleas en los centros educativos. Ese es el momento de que cada cual tendrá que proponer qué continuidad habrá que darle a la movilización, qué otras acciones son necesarias. Y entonces, nadie podrá decir, como el zorro de la fábula, que “de todas formas… las uvas estaban verdes”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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