El lunes a las 9:00 a.m., delegados de todo el país se reunirán en el puerto piurano para coordinar acciones de protesta por la cuestionada venta.
Las federaciones de trabajadores, estibadores, transportistas y agencias de aduanas anunciaron una huelga general indefinida en demanda de la nulidad del contrato de concesión por 30 años, firmado con la empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) de capitales portugueses y ligado a intereses chilenos. Los trabajadores exigirán además la suspensión de la política de privatización de los puertos con esa modalidad.
“Nosotros responsabilizamos de todos los perjuicios que ocasione esta huelga al presidente Alan García, quien es la cabeza de todo lo que ha ocurrido en la entrega corrupta de Paita”, señaló Gustavo Gutiérrez Vigil, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Fentenapu), quien habló en nombre de las demás organizaciones participantes en el movimiento.
Indicó que la paralización será acatada por todos los trabajadores a nivel nacional de la empresa de puertos, a los que se sumarán también los estibadores, transportistas, almaceneros y otros sectores que conforman la comunidad portuaria.
La interrupción de los servicios en los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Matarani, Ilo, Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, ocasionará millonarias pérdidas a importadores y exportadores, así como a las administraciones portuarias, pues impedirá descargar la carga de los buques y paralizará el transporte y la actividad en los almacenes.
El secretario general del Sindicato de Enapu Callao, Augusto Chávez Torres, manifestó a LA PRIMERA que los trabajadores del puerto chalaco en su conjunto se encuentran totalmente indignados con la entrega de Paita al consorcio portugués TPE, con vinculaciones chilenas, en condiciones denunciadas como ilegales y, sobre todo, “a espaldas del pueblo”.
No más Mataranis
“No vamos a permitir que se repita lo del puerto de Matarani. Nosotros impedimos con una huelga de 40 días que Fujimori venda los puertos, mientras Alan García estaba en Francia”, señaló el dirigente.
Indicó que el terminal portuario arequipeño fue el único en ser rematado en el año 1999 a un precio de nueve millones de dólares, a pesar que previamente Enapu invirtió cinco millones de dólares en modernizar las instalaciones. En aquella oportunidad, la concesión fue entregada, igualmente por un período de 30 años, al grupo Romero, que previamente había negociado Dionisio Romero en la salita del SIN con Vladimiro Montesinos.
En el año 2002, la comisión parlamentaria investigadora de los delitos económicos del fujimorismo que presidió Javier Diez Canseco, afirmó en sus conclusiones que en esta concesión se verificaron incongruencias y contradicciones.
El secretario general de la Fentenapu, Gutiérrez Vigil, anunció que su federación también denunciará penalmente a la directora de ProInversión, Cayetana Aljovín, así como a los principales directivos de la Autoridad Nacional de Puertos y de Enapu por haber avalado la venta de Paita. Pedirá igualmente la nulidad del contrato por la vía civil y presentará acusaciones constitucionales contra los ministros Enrique Cornejo y Luis Carranza.
Criticaron las irregularidades cometidas a lo largo de todo el proceso desarrollado por ProInversión, pero además condenaron que se haya ocultado que hay capitales chilenos detrás de la concesionaria TPE, pues una de las empresas que integra el consorcio, Cosmos Agenda Marítima S.A. está vinculada, según afirman, a Neptunia S.A., del grupo chileno Von Appen, con interés en los puertos de la región.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=46023
Se viene ola de protestas contra concesión de Paita
“No había necesidad de vender Paita, pues sólo se requería una inversión de seis millones 800 mil soles para modernizarlo. Ahora el puerto ha sido entregado a una empresa que en los primeros dos años no está obligada a entregarle nada al Estado peruano”.
Las federaciones de trabajadores, estibadores, transportistas y agencias de aduanas anunciaron una huelga general indefinida en demanda de la nulidad del contrato de concesión por 30 años, firmado con la empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) de capitales portugueses y ligado a intereses chilenos. Los trabajadores exigirán además la suspensión de la política de privatización de los puertos con esa modalidad.
“Nosotros responsabilizamos de todos los perjuicios que ocasione esta huelga al presidente Alan García, quien es la cabeza de todo lo que ha ocurrido en la entrega corrupta de Paita”, señaló Gustavo Gutiérrez Vigil, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Fentenapu), quien habló en nombre de las demás organizaciones participantes en el movimiento.
Indicó que la paralización será acatada por todos los trabajadores a nivel nacional de la empresa de puertos, a los que se sumarán también los estibadores, transportistas, almaceneros y otros sectores que conforman la comunidad portuaria.
La interrupción de los servicios en los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Matarani, Ilo, Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, ocasionará millonarias pérdidas a importadores y exportadores, así como a las administraciones portuarias, pues impedirá descargar la carga de los buques y paralizará el transporte y la actividad en los almacenes.
El secretario general del Sindicato de Enapu Callao, Augusto Chávez Torres, manifestó a LA PRIMERA que los trabajadores del puerto chalaco en su conjunto se encuentran totalmente indignados con la entrega de Paita al consorcio portugués TPE, con vinculaciones chilenas, en condiciones denunciadas como ilegales y, sobre todo, “a espaldas del pueblo”.
No más Mataranis
“No vamos a permitir que se repita lo del puerto de Matarani. Nosotros impedimos con una huelga de 40 días que Fujimori venda los puertos, mientras Alan García estaba en Francia”, señaló el dirigente.
Indicó que el terminal portuario arequipeño fue el único en ser rematado en el año 1999 a un precio de nueve millones de dólares, a pesar que previamente Enapu invirtió cinco millones de dólares en modernizar las instalaciones. En aquella oportunidad, la concesión fue entregada, igualmente por un período de 30 años, al grupo Romero, que previamente había negociado Dionisio Romero en la salita del SIN con Vladimiro Montesinos.
En el año 2002, la comisión parlamentaria investigadora de los delitos económicos del fujimorismo que presidió Javier Diez Canseco, afirmó en sus conclusiones que en esta concesión se verificaron incongruencias y contradicciones.
El secretario general de la Fentenapu, Gutiérrez Vigil, anunció que su federación también denunciará penalmente a la directora de ProInversión, Cayetana Aljovín, así como a los principales directivos de la Autoridad Nacional de Puertos y de Enapu por haber avalado la venta de Paita. Pedirá igualmente la nulidad del contrato por la vía civil y presentará acusaciones constitucionales contra los ministros Enrique Cornejo y Luis Carranza.
Criticaron las irregularidades cometidas a lo largo de todo el proceso desarrollado por ProInversión, pero además condenaron que se haya ocultado que hay capitales chilenos detrás de la concesionaria TPE, pues una de las empresas que integra el consorcio, Cosmos Agenda Marítima S.A. está vinculada, según afirman, a Neptunia S.A., del grupo chileno Von Appen, con interés en los puertos de la región.
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