La minería en territorio indígena

El oro del Cenepa

En tiempos de huelga indígena amazónica presentamos un informe sobre la penetración de empresas mineras extranjeras en la zona de frontera, en el escenario de la guerra del Cenepa donde muchos peruanos, entre ellos numerosos miembros de las etnias awajum y wampis, a los que García y su mayoría parlamentaria quieren tratar como intrusos, murieron empuñando la bandera peruana.

Año 1981: los peruanos vemos por televisión las imágenes de la rápida y contundente victoria de las tropas peruanas en las alturas selváticas del departamento de Amazonas. El punto denominado Falso Paquisha dentro de territorio peruano ha sido recuperado luego de duros combates y el presidente Belaunde llega hasta ese lugar para izar la bandera. Pero ese año ocurría otro hecho menos difundido: En plena frontera, en una zona conocida como Chinchipe- Nambija, se inician los estudios de antiguas vetas de oro. En marzo de 1987, el presidente García anuncia, como uno de los milagros de su primer gobierno, el descubrimiento de un extraordinario potencial aurífero en la Cordillera del Cóndor, pero dice también que por la sensibilidad del área, el Estado se reserva la zona y no admite denuncios, mientras sobre la cordillera el control permanece en manos del ejército. El territorio investigado correspondía al nacimiento del río Cenepa y a los territorios tradicionales de la etnia aguaruna.

En 1993, en pleno fujimorato y abiertas las puertas a invertir donde sea, grupos privados empiezan a realizar denuncios en la frontera (la Constitución fujimorista permite a nacionales que exploten recursos del subsuelo dentro de los 50 Km. de la línea de frontera y a extranjeros, “en caso de necesidad nacional”, establecida mediante decreto supremo). El denuncio más firme y duradero es el que hace Metales y Finanzas SA (Metalfin), empresa del grupo Hochschild. Ese mismo año, al lado ecuatoriano se halló oro en el proyecto Pachicutza del ejército de ese país con la canadiense TX Gold.

Entre enero y marzo de 1995 se incendia la frontera con la llamada guerra del Cenepa, en la que son reclutados numerosos indígenas de la zona como soldados, guías y elementos de apoyo logístico. El conflicto, como se sabe, concluye en forma dudosa y por primera vez Ecuador reclama una victoria militar frente a los peruanos. El desenlace, sin embargo, favorece un acuerdo de paz que llega tres años después, con la cesión peruana de un kilómetro cuadrado en Tiwinza. Pero en junio de 1995, tres meses después del fin de hostilidades, la empresa Metalfin anuncia sus planes de explotación minera. Poco después se transforma en Minera Afrodita, representada por Jorge Bedoya Torrico.

La reserva natural y la minería
A instancias del Inrena, en 1999 se crea el Parque Nacional de la Cordillera del Cóndor, que incluye una reserva nacional de 1 millón 642 mil 567 has. Dos años después, Minera Afrodita solicita a Inrena autorización para explorar y explotar 39 concesiones en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina, pero ese organismo opina que la minería es incompatible con las condiciones naturales del área protegida, por la fragilidad e inestabilidad del ecosistema, y asegura que las perforaciones implicarían la destrucción de la cobertura vegetal y daños a la calidad del agua.

Luego de ser rechazada, Minera Afrodita recurre a los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores para que avalen sus proyectos. El plan binacional de desarrollo de fronteras del 2004 indica que se debe promover la inversión minera en la zona de la Cordillera del Condor y casi a continuación el ministerio de Energía y Minas aprueba el inicio de tres de sus proyectos: Campana 1; Comaina 1 y Comaina 2. Ese mismo año se inicia una dura controversia con las comunidades. Mientras Inrena y los dirigentes indígenas firman un acta para la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, Reserva Tuntanai y la titulación y ampliación de las comunidades del Cenepa y Santiago; Minera Afrodita arranca acciones de extracción informal de oro en complicidad con mineros ecuatorianos.

A lo largo del 2005 se desarrolla un conflicto entre Afrodita, apoyada por el Ministerio de Energía y Minas, e Inrena, secundado por las comunidades. En algún momento, Bedoya Torrico llega a decir que Inrena está trabajando para intereses ecuatorianos, presentando la inversión minera como un soporte patriótico, que permitirá producir ingresos para las fuerzas armadas. Finalmente, los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Energía y Minas, concuerdan tras varias reuniones con el propietario de Afrodita, al exigir a Inrena opinar favorablemente a la explotación. A comienzos del 2006 le doblan el brazo y logran que apruebe los proyectos. Y en mayo de ese mismo año, la empresa peruana se asocia con la canadiense Goldmarca Limited, la misma que mantiene un contrato vigente con el ejército ecuatoriano al otro lado de la frontera. A fines del 2006 empieza hablarse del inminente recorte de la extensión del Parque Nacional a favor de la actividad minera.

El abuso
En enero de 2007, se cumple la amenaza de recortar el Parque Nacional en 69,829.48 has. En julio, con el visto bueno de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Minería, se da por aceptado el nuevo metraje, en medio de la protesta de las comunidades. En abril de 2007, se constituye Dorato Perú SAC, subsidiaria de una corporación canadiense que incluye como socios locales a Carlos Ballón Barraza, representante de otros denuncios mineros en la zona del Cenepa, y miembro del grupo asesor para minería del Plan de Gobierno del APRA para las elecciones del 2006, dirigido por Abel Salinas.

En agosto del 2007, se recorta también el Parque Nacional Ichigkat Muja en la zona de los denuncios de Ballón que habían pasado a ser de propiedad de Dorato. En octubre del 2008, Dorato Peru SAC adquiere 100% acciones de Afrodita y sus 7 concesiones (registradas a su nombre o de Jorge Bedoya T.) por cien millones de dólares. Se firma contrato privado simultáneamente a contrato público. El contrato establece que las partes conocen que las concesiones están comprendidas dentro de los 50 km. de la frontera donde extranjeros no pueden “adquirir ni poseer, por título alguno, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, entre otros bienes, minas y tierras bajo pena de perder el beneficio del Estado, el derecho así adquirido, excepto en caso de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros”.

Acuerdan que “en caso que” Dorato Peru decida incorporar a capitales extranjeros a su accionariado o contratar con personas naturales o jurídicas extranjeras, haciéndose pasible de la aplicación de la restricción constitucional, quedaría obligada a “realizar o causar que se realicen oportunamente” los trámites para la expedición del decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hasta el presente el Ministerio de Energía y Minas no reconoce la situación violatoria del mandato constitucional que representa la presencia de la canadiense Dorato en la frontera peruana, con intereses también en el Ecuador.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación
diario la primera