PETRO-CHUPONEO-GATE: ¿QUE TRATAN DE OCULTAR?
ACTO OMINOSO 1:
El Presidente de la República convoca a la plana mayor de su partido y los compañeros salen en conferencia de prensa a decir que van a crear una comisión investigadora en el Congreso sobre la venta de Petrotech. Luego Alan señala que hay más irregularidades que investigar. Pero, a la semana siguiente, el Presidente le dice al Congreso que ya no puede investigar la venta.
Conclusión 1: Lo de Petrotech ha sido una de las más grandes cortinas de humo de este gobierno. Una gran treta. Y, a estas alturas, no tengo dudas que ha sido para amedrentar a una periodista.
ACTO OMINOSO 2:
Una supuesta secretaria judicial fabrica dos hábeas corpus para liberar a un par de narcotraficantes. Hasta allí, una perla más de nuestro Poder Judicial. Pero el escándalo es mayúsculo cuando uno de ellos tiene este perfil:
Christian Motte Ramírez es socio e hijo de Carlos Motte Picone, gerente general de la empresa Soclar, representante en Lima de la compañía israelí Elbit, que recientemente le ha vendido equipos de comunicación al Ejército por cinco millones de dólares.
Además, Soclar fue la empresa escogida por Rómulo León Alegría y Fortunato Canáan para representar a Fortluck, la compañía con la que ambos planificaron incursionar en el Perú en la construcción y abastecimiento de hospitales.
La relación de León Alegría con Soclar, Motte Piccone y Elbit aparecen mencionada en reiterados mensajes que las autoridades encontraron en el correo del ex ministro aprista Rómulo León Alegría.
“El viernes con los documentos correspondientes me reuniré con el representante formal de Fortluck, Carlos José Motte Picone, (…) para iniciar el proceso de inscripción en Consucode, Registros Públicos y en el Registro de Contribuyentes, previo reconocimiento de los documentos consulares…”, escribió León Alegría en una misiva que envió a Fortunato Canáan el 15 de enero del 2008.
En tanto, en otras misivas cursadas entre León Alegría y el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, aparece que el ex ministro aprista recomendó a los israelíes ante el actual ministro de Defensa.
Pero, además, la otra hija de Rómulo, Cecilia León Romero, es socia de Motte papá en una empresa. Todo queda en familia.
Conclusión 2: Los Motte saben demasiado. Y alguién les ha hecho el favor. ¿Quién y porqué?
ACTO OMINOSO 3:
Nuevos mails de Rómulo sobre hospitales. No ahondaré en ellos, porque Marco Sifuentes ha hecho un buen resumen de los mismos. solo me queda mencionar dos cuestiones adicionales:
1. Quien debería comenzar a cantar es Hernán Garrido Lecca. A estas alturas, luego de ver lo que ha sido su actuación en el tema hospitales, no cabe duda que estaba enteradísimo y compartía varias de las ayudas dadas a Canaán y Rómulo. Y está metido en varios de los negocios conexos a todo este asunto: Cemento, Banca, Petróleo y Hospitales. Si salen los audios grabados en la suite de Canaán, la situación de “Llanta Baja” realmente se complica.
2. Los otros cantarines deberían ser Luis Nava y Luis Alva Castro. El primero ha negado hasta la saciedad su relación con Rómulo y Canaán, pero a estas alturas, con mails, audios e incluso el estudio de su hijo asesorando a una de las empresas del faenón, su situacion es bastante complicada. En el caso de Alva Castro, los negocios de hospitales y patrulleros lo han vuelto a poner en la picota pública, luego de su desastrosa gestión en el Ministerio del Interior.
Conclusión 3: Aun faltan varios por caer.
ACTO OMINOSO 4:
El otro gran acto de ocultamiento del día, lo cuenta El Comercio:
Fue sorpresivo y lo decidió el pasado viernes 13, como para darle la razón a quienes creen que existen días nefastos. María Martínez Gutiérrez, encargada del 34 Juzgado Penal de Lima, paralizó la investigación que realizaba el Ministerio Público para localizar a las personas y empresas que dieron la orden para que Business Track (BTR) interceptara de forma ilegal las comunicaciones de Rómulo León, Alberto Quimper y otros personajes públicos.
Fuentes judiciales revelaron a El Comercio que la magistrada emitió una resolución con este propósito —de una sola página— cuando Walter Milla, titular de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, se disponía a ver el abundante material informático incautado en la casa de Giselle Giannotti Grados, una de las directivas de BTR.
Pero eso no ha sido lo peor, porque la jueza Martínez también dispuso la nulidad de todas las diligencias realizadas desde el 30 de enero, las cuales apuntaban a descubrir quiénes fueron los contratistas.
Lo curioso es que el 30 de enero la misma magistrada autorizó que la fiscalía continuara con la investigación.
Varias cuestiones aquí: La magistrada Martinez es una jueza provisional desde el 2004, por tanto, suceptible de cualquier tipo de presiones para mantenerse en el puesto, como en la época de Fujimori. Y si bien el Código Procesal Penal la puede amparar legalmente en su decisión, lo cierto es que la magistrada procede con una lógica totalmente formalista.
Es decir, para tratar de ocultar a los clientes de BT, es decir, los que mandaron a chuponear, se van a emplear los términos legales, formalistas y procedimentales de nuestro Poder Judicial.
Conclusión 4 y final: Aquí se viene negociando ocultar a importantes intereses.
fuente:desdeeltercerpiso
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