AFPs peligran: fujimoristas se alistan para saquearlas

 REACCIONES

Juan Sheput
(dirigente de Perú Posible) 
“Ya no solo hablamos del pasado, en el cual se utilizó mal y hubo corrupción en los fondos de pensiones, específicamente con la quiebra de la Caja Militar Policial y la estafa a la población; sino que durante el actual gobierno de García, la bancada fujimorista no ha hecho nada por defender al consumidor, pues las AFP cobran un monto altísimo en materia de comisiones. Por lo que, el desconocimiento del equipo económico que tendrá Keiko Fujimori, me genera dudas”.

Carmela Sifuentes
(presidenta de la CGTP) 
“Teniendo en cuenta que durante toda la campaña Keiko Fujimori no ha cesado en decir que todo lo hará como lo hizo su padre, no cabe duda que en un eventual gobierno suyo, puede usar el dinero de los fondos de pensiones, tal como en la década de los 90. Ella va a aplicar la misma política de usurpación de su padre, por lo tanto, es un peligro que el fujimorismo vuelva a tomar las riendas del país”.

Los riesgos de que los fondos de jubilación de los trabajadores que guardan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) sean desfalcados o manipulados con fines populistas por un hipotético gobierno de Keiko Fujimori son muy altos, advirtió ayer el economista Kurt Burneo.

Burneo declaró a LA PRIMERA que ese peligro está plenamente sustentado porque los operadores Fujimoristas que integraron el gobierno del padre de la candidata, que participaron en los saqueos de otros fondos previsionales como los de la Caja del Pescador, la Caja de Pensiones Militar Policial y malversaron los recursos del Fonavi; ahora forman parte del cogollo del equipo de gobierno de la candidata de Fuerza 2011.

“Ese es el riesgo (de una eventual manipulación de los fondos de las AFP); y viene a partir de los operadores que están con la señora Keiko Fujimori, y que son los mismos que trabajaron en la administración de su papá Alberto. Entonces, obviamente, si estamos hablando de los mismos operadores, entonces los riesgos también están concentrados por ese lado”, subrayó.

Burneo advirtió que la señora Fujimori está rodeada de colaboradores con antecedentes delincuenciales que también apoyaron el gobierno corrupto de su progenitor. En ese contexto el economista recordó la manera en la que el Fujimorismo manejó los recursos de las privatizaciones.

“A no ser que se piense que los dineros que se llevó y dispuso Vladimiro Montesinos; y que todos vimos en los vladivideos, cuando compraba congresistas o compraba medios de comunicación, etc, fueran de los negocios particulares del exasesor. Y lo que estaba claro era que: o era plata del Estado o era plata del narcotráfico”, puntualizó.

Hay sospechas Por su parte, el exdirector del Banco Central de Reserva (BCR), Gonzalo García Núñez, refirió que si bien sería muy difícil que un gobierno manipule los fondos previsionales de las AFP, por ser de carácter privado, los antecedentes del gobierno del padre de la candidata de Fuerza 2011, hacen que sea pasible de una razonable sospecha, en una hipotética administración suya.“Evidentemente, Keiko Fujimori arrastra el pasivo del gobierno de su padre, en materia de manejo de fondos pensionarios, y eso, aunque no le concierna directamente, puede resultarle una desventaja”, anotó.

Ella sabía del operativo mediático“Cuando la señora Fujimori firma el Pacto por el Perú de Pedro Pablo Kuczynski incluye dos agregados a los seis iniciales. Uno de los nuevos puntos se refiere al ahorro; lo que significa que sabía que se venía la campaña de hacer creer que dentro del Plan de Gobierno de Ollanta Humala hay alguna intención de utilizar los fondos de las AFP para atender Pensión 65”, dijo Marisol Espinoza, candidata de Gana Perú a LA PRIMERA vicepresidencia.

Espinoza sostuvo que Keiko Fujimori y sus aliados de la derecha, insistieron en este caso basado en la mentira, pese a que está claro que Pensión 65 no se financiará con los fondos de las AFP. “Nosotros creemos que las pensiones son propiedad privada, sagradas y no se van a tocar”, dijo.

“¿Por qué, precisamente, incluyen la palabra ahorro en ese pacto PPK-Fujimori? Porque precisamente venían preparando este psicosocial en contra de Ollanta Humala sobre las AFP para decir que se estaría destrozando el ahorro nacional. Pero lo vuelvo a reiterar: los derechos de los trabajadores están garantizados en el ahorro nacional y no se tocará ni un solo sol del dinero privado”, enfatizó.

“Adicionalmente, ahora (Keiko Fujimori) se proclama la defensora de los ahorros de los pensionistas. Yo me pregunto ¿dónde estaba ella cuando se flexibilizó todo y les quitaron sus pensiones a los mineros y a los jubilados que ahorita están en las puertas del Congreso, pidiendo desde hace 20 años, que se les reconozca su jubilación?”, remarcó.

“No vamos a tocar las aportaciones de población”El candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, reiteró ayer que no tocará los aportes de los afiliados a las AFP. “Nos comprometemos ante el pueblo peruano a que nosotros no vamos a tocar las aportaciones de la población, porque son sus aportaciones y defendemos el derecho a la propiedad, no solo la física, sino también la de sus ahorros, que es fundamental”, expresó en declaraciones a la prensa.

Al responder a las falsas imputaciones que se le hacen por un supuesto uso de los ahorros de las AFP en su eventual gobierno, Ollanta descartó esa posibilidad y señaló que de ser electo en segunda vuelta no se va producir un “shock” como el que impuso el fujimorato en los noventa.

“Otros gobiernos dijeron al pueblo que no harían un shock y cuando llegaron fue lo primero que hicieron. Un ex ministro (Juan Carlos Hurtado Miller), hoy detenido, decía incluso ‘que Dios nos ampare’. Eso no va a pasar en un gobierno nacionalista”, explicó a los periodistas.

En declaraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el líder nacionalista reiteró que el canon minero lo deben pagar íntegramente las empresas que explotan esos recursos, y no salir del Impuesto a la Renta.

“El llamado a pagar el canon es la empresa y no el Estado. Eso lo hemos señalado y ese canon debe quedarse en la región. Eso le permitirá al Estado tener el 100 por ciento del Impuesto a la Renta que pagan las mineras y del que hoy llega a la Sunat solo el 50 por ciento”, detalló, al señalar cómo pretende incrementar los ingresos fiscales.

Ollanta indicó que con esos recursos se pueden poner en marcha las políticas redistributivas propuestas por su agrupación, entre ellas el programa Pensión 65, que busca otorgar un subsidio a las personas mayores de 65 años que carecen de pensión.

“Le duela a quien le duela, Pensión 65 se va a dar”, manifestó, reiterando que no tocará a las AFP, sino que impulsará una reforma tributaria. Las personas mayores de 65 años tienen derecho a contar con una pensión, aunque “algunos grupos económicos no lo quieran”, dijo.

Humala advirtió que frente a esos planteamientos, él y su agrupación son objeto de una campaña que busca asustar a la población.

De otro lado, consideró que hay “tareas pendientes” en el país, como reforzar la lucha contra la corrupción, otorgar salud y Educación de calidad, crear los programas Cunamás y la construcción de un hospital en cada provincia.

Además, tenemos el reto de la masificación del gas con la construcción del gasosur que tiene que llegar a Tacna, ya que el tramo proyectado no va para esta región, que no debe ser discriminada, anotó.


Javier Soto
Redacción

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Padre de Keiko malversó fondos de trabajadores para programa asistencialista, recuerda presidenta de la CGTP.

Se levantaron el dinero del Fonavi 

La presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, afirmó que la dictadura de Alberto Fujimori saqueó y liquidó el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al utilizar los aportes de los trabajadores para desarrollar su política asistencialista. Además, dijo que Keiko Fujimori, al defender el modelo económico de su padre, significa un peligro para la clase trabajadora. “El gobierno de Alberto Fujimori fue el más nefasto para los trabajadores y tiene como una de sus perlas el incumplimiento de la devolución de los aportes al Fonavi, al darse leyes justamente para no resarcir aquellos aportes de los trabajadores”, comentó.

“Fujimori malversó ese dinero en la realización de su programa asistencialista y, no cabe duda, para engordar su cuenta corriente”, dijo Sifuentes a LA PRIMERA. El Fonavi, organismo de carácter comunitario y social, fue creado en abril de 1979, por Decreto Ley 22591, con la finalidad de construir viviendas a través de la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones (Enace) para los trabajadores públicos y privados que contribuían con 1% de su remuneración.

La finalidad estuvo bien orientada, pero durante el primer gobierno de Alan García, Enace era muy deficiente en su gestión, lo que empeoró con un aumento desmesurado de sus planillas y la corrupción que afectaba directamente los fondos recaudados.

El gobierno de Alberto Fujimori no hizo nada por reflotar ese importante fondo; por el contrario, desvió esos recursos para la implementación de proyectos sociales de distintos rubros, por lo que Fujimori decidió liquidarlo en agosto de 1998, mediante la Ley 26969.


Henry Campos
Redacción

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Fue una dictadura de ladrones

 El fujimorismo vendió más de cien empresas públicas, muchas de ellas de gran valor económico, obteniendo un ingreso final de alrededor de 11 mil millones de dólares (se ha calculado que el valor real era más o menos el triple y que en la subvaluación ya hubo actos de corrupción y comisiones bajo la mesa).

Fujimoristas asaltaron la Caja Policial Militar que ya venía débil, con el pretexto de “reorganizarla” y se apropiaron de los fondos de retiro de militares y policías para impulsar empresas constructoras y financieras conducidas por testaferros del poder, a los que luego compraban sus “participaciones” a precios sobrevaluados.

“Esto va a ser una hecatombe. Yo tengo grabados videos desde el 90. Están en Lima y son cerca de treinta mil”, fue lo que dijo Montesinos en la carceleta del Palacio de Justicia, luego de ser traído desde Caracas, donde había sido detenido en junio de 2001.

“Tengo videos en los que aparecen empresarios, diplomáticos norteamericanos, rusos, europeos, que si los saco se producirá una crisis internacional”, insistió el exasesor anticipándose a lo que luego se diría de los WikiLeaks de la diplomacia estadounidense.

“No voy a revelar dónde se encuentran los videos. Ellos son mi seguro de vida. Voy a mostrar los que me interesen, los que sean necesarios y me convengan para negociar la libertad de mi familia”. Y apuntó que fue “el mismo Fujimori quien le ordenó grabar todas las actividades que se realizaban en el Servicio de Inteligencia Nacional para que quedara registro de todo lo que pasaba allí… él estaba enterado de todo”.

Perú septiembre del 2000En las calles de Lima y provincias, miles de personas celebran el anuncio de Alberto Fujimori ante una cadena de estaciones de televisión informando que se irá por fin del poder al cumplir el primer año de su tercer período de gobierno y que convocará a nuevas elecciones, luego de conocerse el video Kouri-Montesinos que mostró al país cómo se formó la última mayoría parlamentaria del Fujimorismo. El mensaje concluía:

-Y está demás decir que en estas elecciones no participará quien habla.

Casi once años de protagonismo electoral de Alberto Fujimori llegaban a su fin en forma ignominiosa. Lo que no pudieron hacer los miembros del Tribunal Constitucional que declararon inaplicable la “interpretación auténtica” con la que el Congreso de Martha Chávez, Luz Salgado, Martha Hildebrandt, Chirinos Soto, Medelius, Siura, Torres y Torres Lara, y tantos otros, había consagrado que el segundo gobierno de Fujimori era en realidad el primero y que cabía una nueva reelección.

Lo que no lograron los jóvenes universitarios que tomaron las calles contra el abuso; lo que no se pudo resolver con la rebelión contra el fraude en el primer semestre de 2006 y la marcha de los Cuatro Suyos, se selló finalmente con una imagen filmada que el gobernante corrupto ya no pudo ocultar.

Pero ahí nomás ya estaba comenzando el operativo para separar a Fujimori de su asesor, y construir la nueva historia sobre la parte buena y la parte mala del régimen de los 90. Esa versión revisionista que ahora nos llega empaquetada en Keiko Fujimori, que era muy niña cuando el golpe; muy distraída cuando secuestraron a su madre; muy susurrante cuando le recomendó a su padre sacar a Montesinos, pero siguió en el gobierno; muy inocente cuando ayudó a preparar las maletas para la fuga final de su padre, y recibió el encargo de quedarse al frente de la dinastía político-familiar.

Pero la verdad histórica señala que Fujimori instauró por decisión propia un gobierno compartido con Montesinos, expulsado del Ejército por espía y abogado de pasillos que defendía narcos haciendo desaparecer expedientes y vendía información clasificada a los servicios de inteligencia.

Como pasó en otras satrapías, el tipo que recibió el inocuo título de asesor, escondía un ilimitado poder informal que solo podía existir tras una negociación y transacción con el poder formal. Era la manera de poder manejar decisiones que desbordaban los marcos de lo permitido y lograr evadir los sistemas de control y fiscalización.

Lo más grave era además que este sistema de poder de dos pisos, no era desconocido para nadie. Cada vez más el Fujimorismo fue asociando su supuesta eficiencia, su capacidad de alcanzar resultados, a los medios de “inteligencia” que empleaba.

El poder del Doc, estaba a la vista, y es por ello que desde el banquero más poderoso del país, los inversionistas extranjeros, los dueños de los medios de comunicación, los jueces y fiscales, los comandantes generales de los institutos armados, es decir toda la elite económica, política, social y militar lo visitaba y llegaba a acuerdo con él. Fue Dionisio Romero quien mejor sintetizó el porqué de esta atracción fatal:

-Todos sabíamos que conversando con él, lo estábamos haciendo con el poder real.

Y, claro, los bancos necesitan poder real. Por ejemplo para lograr que los interventores judiciales de la empresa Hayduk, cuyos propietarios estaban encausados por narcotráfico, fueran propuestos por el Banco de Crédito, al que la pesquera debía mucho dinero. Una gauchadita para tener un mejor lugar en el momento del pago de las deudas. Pero así son los negocios.

Es decir que si Romero tuvo una relación más que profunda con el gobierno de Fujimori, al punto de comprometerse a vivar por la re-reelección, el contacto para sacar cosas de ese gobierno era a través de Montesinos, que nunca hubiera podido tener un gramo de poder si alguna vez Fujimori hubiera querido ponerlo en su sitio.

SiamesesLo que sí quiso hacer el dictador con su asesor fue convertirlo en su igual, que era como decir que el país necesita dos presidentes, uno para los actos protocolares y otro para la guerra sucia. Pero iguales, al fin.

Eso es lo que nos transmitieron en la famosa entrevista con Álamo Pérez Luna en el año 1999, a la que acudieron con ternos y corbatas idénticas, hechas por el mismo sastre, con la finalidad de subrayar que nadie era más que el otro cuando estaban justos estos dos.

Años después Toledo y Bush se vestirían con ternos y corbatas de igual color para transmitir el mismo efecto, y García lo haría con Castañeda cuando lo proclamó su candidato favorito y lo quemó para toda la vida.

Pero la identidad en la vestimenta de Fujimori-Montesinos, no solo era una novedad cuando salió al aire, sino un mensaje clasificado, porque se trataba de alguien que si le reclamaban por algo era capaz de decir que no tenía cargo, no era funcionario y no cobraba sueldo establecido, pero al mismo tiempo podía hacer que se cierre el tráfico seis cuadras a la redonda y llegaba rodeado de una guardia mayor que el presidente. No era, pero era, que es una de las claves del Fujimorismo de los 90 y sigue siendo en el actual.

El secretismo y la trampa son las marcas distintivas del método Fujimorista. Y ese sistema está hecho para dominar y para cubrir los actos corruptos. El Fujimorismo vendió más de cien empresas públicas, muchas de ellas de gran valor económico, obteniendo un ingreso final de alrededor de 11 mil millones de dólares (se ha calculado que el valor real era más o menos el triple y que en la subvaluación ya hubo actos de corrupción y comisiones bajo la mesa).

Pero de todo lo que se obtuvo por privatización no hubo una sola inversión de largo plazo que pueda decirse para qué se vendió la empresa de teléfonos o la de electricidad, o se malbaratearon los pozos de PetroPerú.

En el momento que Fujimori se retiró del poder, los fondos de reserva por privatización no llegaban a 500 millones de dólares, pero eran producto de intereses acumulados y no gastados.

Los 11 mil millones se habían ido en la compra con sobreprecio de armas en mercados secundarios, con traficantes como intermediarios; en gasto social sin control con fines re-reeleccionistas, en pagos a comisionistas, estudios de abogados, bancos de inversión, etc.

Pero no se quedaron ahí. Compraron armamento chatarra con sobreprecio, a pesar de las tensiones militares que tuvimos en las fronteras norte y sur. Y su general victorioso purga veinte años de prisión tras haber confesado que su fortuna provenía de las coimas en la compra de armamento, lo que le salvó de ser condenado por presunta relación con el narcotráfico.

Asaltaron la Caja Policial Militar que ya venía débil, lo que aprovecharon para “reorganizarla” y usar los fondos de retiro para impulsar empresas constructoras y financieras conducidas por testaferros del poder, a los que luego le compraban sus “participaciones” a precios sobrevaluados.

Mafia bancariaConstruyeron una mafia bancaria con el grupo Wiese-Sudameris, el Banco República, el Banco de Comercio, el Banco Latino y otros, que movían cuentas de organismos del Estado para tener liquidez y hacer préstamos que luego se inflaban fraudulentamente y permitían arrebatar la propiedad ajena.

Es una tontería definir estos hechos como aislados, suceden en todos los gobiernos, o “fallas que no niegan las cosas buenas del gobierno”.

Lo que hubo en el Perú de Fujimori fue un poder mafioso que se articuló como una inmensa telaraña, y que como en la historia del arzobispo centroamericano, cuando llegaron los reemplazos y ordenaron investigar, descubrieron que la cosa era tan grave y tan profunda que mejor era quemar los papeles y pensar que la noche había acabado y que todo recuperaría su normalidad.

Pero no fue así. La corrupción que no es extirpada hasta la raíz, es como el Cáncer y vuelve a reaparecer. Lo estamos viendo. La mafia se propone regresar y hay poderosos intereses que prefieren el regreso del poder corrupto, antes que ponerse en la situación de tener que renegociar los inmensos privilegios de los que han gozado todos estos años y que son los que han creado la inmensa bolsa del descontento social que se manifestó en las elecciones. Esta historia continuará.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación 

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Saquearon Caja de Pensiones Militar Policial

El presidente de la Federación Nacional de Policías del Perú (Fenapol), Óscar Pedraza, recordó que la mafia fujimontesinista le hizo un gran daño a su institución al desvalijar la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), tras rechazar cualquier respaldo a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. “El Fujimorismo es el responsable de la crisis de la Policía Nacional y creer en Keiko Fujimori significaría una burla después de todo el robo hecho a nuestra institución por parte de ese seudopartido, que ella ahora representa. Con el Fujimorismo hubo diez años de robos y abandono a nuestra institución, lo que minó la moral de nuestros uniformados. Y ahora no le creemos a ella ni al mismo equipo que tiene en sus filas y que estuvo con su padre”, indicó. La Caja de Pensiones Militar Policial fue creada en 1974, para administrar las pensiones de los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional; y a inicios de la década del 90, tenía una liquidez del orden de los 124 millones de dólares, lo que provocó la codicia de Fujimori y Montesinos. “La Caja Policial fue la caja chica de la mafia de Fujimori y Montesinos. Así, a través de un directorio nombrado a dedo por esta mafia robaron cerca de 100 millones de dólares en préstamos a entidades insolventes e individuos corruptos como Hurtado Miller”, dijo. Pedraza sostuvo que el ahora procesado Miller, que cumple arresto domiciliario, es el caso emblemático, entre otros, de cómo se uso el dinero de los aportantes de la Caja Policial Militar, al haber obtenido ilícitamente y nunca devuelto un crédito por US$ 12 millones para su empresa Cimex S.A. 

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El Comando Sur nos vigila

Hace pocos días recibí, por vía confidencial, un documento que revela el grado de intromisión de Estados Unidos, y sobre todo de sus sectores más brutales, el Pentágono y la CIA, en la política y las elecciones del Perú, y la red antidemocrática que han tramado con las grandes empresas nacionales y transnacionales. El lector se percatará de que el imperio no sólo se preocupa de curules. Le interesa defender la teoría neoliberal, el sistema de la dependencia. En caso necesario, buscaría “vacar” la presidencia de la República y hasta llega a insinuar una eventual invasión del Perú. Mediante Chile.

El texto se abre con este preámbulo, que reafirma su seriedad:

“Siguiendo la metodología autoimpuesta, calificamos el documento como una ficción, cualquier semejanza con la realidad es coincidencia”.

El escrito da cuenta de reuniones del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. LA PRIMERA evaluó un informe del equipo de inteligencia encabezado por el archiconocido Luigi Einaudi respecto del resultado de las elecciones municipales de 2010.

En esa cita de inicios de noviembre, el Comando señaló la “disposición a corromperse de la casi totalidad de los que aspiran a cargos elegidos”, y sostiene que esa inclinación es necesaria para mantener la hegemonía de Estados Unidos”.

Dice enseguida:

“Es importante evaluar en las medidas futuras por adoptar, inicialmente se debe tomar en cuenta, que para la gran mayoría de peruanos no es preocupante la injerencia de los poderes extranjeros en la marcha política del país, tampoco se escandalizan frente a actos de corrupción, hay un acostumbramiento a lo abyecto, espectro real del momento político que se avecina y que se recomienda tomar en cuenta cuando se estudie el nuevo proceso electoral en ciernes”.

La reunión acordó crear un equipo que formulara, en el plazo de 15 días, un plan para las elecciones del 10 de abril. Una segunda cita ocurrió a fines de noviembre de 2010. Su resultado se sintetiza así:

“El Comando Sur se reúne para analizar las recomendaciones emitidas por el equipo de trabajo, entre otros términos manifiestan los comisionados las siguientes principales recomendaciones:

“Propiciar un acuerdo de estricto cumplimiento a la prensa escrita, radial y televisiva, para neutralizar las aspiraciones de cualquier candidato que no sea del sistema.

“Intervención de los miembros del Consejo de Washington, (Perú) para “organizar” el proceso electoral con las características particulares de los líderes políticos peruanos que no aceptan agruparse, con algunas excepciones.

“Hacer intervenir a los poderes económicos nacionales y extranjeros en el patrocinio de candidatos de todos los partidos que sean garantía del mantenimiento del sistema.

“Hacer participar en actividades económicas particulares a los aspirantes a cargos congresales en los diferentes partidos, aunque no sean los que patrocinan el sistema actual, de tal manera que se pueda ampliar la influencia hacia otros partidos, con miras a controlar un futuro Congreso.

Hubo una reunión final de coordinación que señaló:

Acuerda el Comando interesar a las corporaciones de Estados Unidos y Canadá (minería de oro) para patrocinar candidaturas afines al sistema, “para mantener hegemonía en el Congreso, en el supuesto de que arribe un off-sider a la presidencia”, “con miras a controlarlo, o en su defecto vacar la presidencia”.

“En base de lo acordado los representantes empresariales que se acercaron al lugar de reunión, probablemente la casa de Pérez de Cuéllar, contando con la presencia del Secretario de la Presidencia Nava, de los miembros del Consenso de Washington y el comisionado del Comando Sur, con la finalidad de informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior y conocer los avances alcanzados por todos los intervinientes, todo ello se puede resumir en que:

“La Sociedad de Minería y Petróleo, se inclinaría por PPK en 35%, otros 25% de sus recursos monetarios serían para Toledo y habrían captado a 42 futuros congresistas, en forma proporcional entre los cuatro grupos políticos que recomendó el comisionado del Comando Sur, incluyendo a dos de Fuerza Social.

“La Cámara Peruano Americana y la del Canadá, apoyan con el 45% de sus recursos a Toledo y 35% a PPK, habría captado 24 congresistas de las diferentes cuatro bancadas recomendadas”.

El documento se cierra con unas líneas redactadas en enero de este año, y que expresan:

“En este esfuerzo de control del aparato del estado, una vez que se asegure la participación de los futuros congresistas en mantener el sistema, utilizando métodos sensualizadores que la Comunidad de Inteligencia domina, el Comando Sur daría cuenta de “Tarea cumplida” el Perú seguirá siendo parte del esfuerzo neoliberal conformando con Colombia y Chile el eje del sistema neoliberal.

“Lo expresado en líneas arriba está directamente relacionado con las apreciaciones y análisis de los especialistas del Comando Sur del Ejército USA, esto es hasta el mes de enero del 2011. Daría la impresión que el interés de EE.UU, es asegurar una bancada congresal con elementos de probada lealtad a los principios del libre mercado y a la aceptación de la inversión extranjera sin control alguno.

“De esta manera conseguirían que todo siga igual, con la garantía de que al ocurrir algo fuera de lo planeado, como sería una insurgencia ante los excesos o hastío del pueblo frente a los actos del gobierno, los congresistas captados, estarían dispuestos a propiciar una intervención de Fuerzas Armadas extranjeras, que podrían ser de Chile, para restablecer la preeminencia del sistema”.

Conste que las reuniones fueron conocidas por Alan García. Luis Nava, secretario de Palacio, fue partícipe activo. 

 fuente

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/el-comando-sur-nos-vigila_84196.html

Los 351 millones de soles para la corrupción 

 De cómo Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial, transfirió fondos millonarios al Servicio de Inteligencia Nacional en forma secreta para financiar actividades ilegales. Además la historia del contralor contumaz de Fujimori.

Luego de la “entrega voluntaria” del prófugo Juan Carlos Hurtado Miller y su posterior devolución a su domicilio luego de 10 años de “clandestinidad” para no responder por la recepción de 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, queda aún saber por el destino de otros célebres reos contumaces, que no se sabe si aparecerán en medio de la actual primavera Fujimorista o si seguirán disfrutando en secreto del dinero mal habido. Uno de ellos es el excontralor Víctor Enrique Caso Lay, sin cuya participación no hubieran podido traspasarse fondos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos por un monto de 351 millones de soles en siete años.

A fines de febrero de este año, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, declaró que de ganar las elecciones fortalecería la Contraloría General de la República “para desterrar actos de corrupción en el Estado”. Extrañas palabras para la hija de un presidente que todavía tiene a su excontralor en la condición de reo contumaz, por no haber respondido a la acusación constitucional por violación de sus deberes constitucionales que le formuló su propia institución y por haber estado coludido en diversos delitos orientados a encubrir las dolosas transferencias de dinero que se hacían para que el asesor Vladimiro Montesinos pudiera disponer regularmente de importantes cantidades de dinero a través del llamado “régimen de ejecución especial”.

La propia Contraloría determinó en el año 2001 que entre el 27 de junio de 1993 y el 28 de junio de 2000, correspondiente a la gestión de Caso Lay, “la Contraloría… no ha llevado a cabo acción de control de ningún tipo en el Servicio de Inteligencia Nacional”. En este lapso se emitieron una resolución cada mes para “operaciones de inteligencia”, no fiscalizadas ni controladas, y que incluyen, entre otros, los siguientes gastos:

* Actividades del grupo Colina y otros similares;
* Actividades de infiltración en partidos políticos y sindicatos;
* Financiamiento de campañas electorales (como el pago a Hurtado Miller y los que se hacían a Carlos Raffo);
* Pago de la prensa chicha;
* Pago a dueños de canales de televisión, radio y periódicos;
* Compra de congresistas;
* Compra de jueces, fiscales, miembros del JNE, del Tribunal de Garantías Constitucionales y otros magistrados;
* Gastos personales de Vladimiro (casa de playa, viajes, ropa, amantes, etc.)
* Estudios de los hijos del presidente en el exterior, etc.

El cuadro adjunto muestra la forma como se desembolsaban estos dineros.
Contraloría¿Cuál era la responsabilidad del contralor? Una sola, actuar en nombre del Estado para verificar la aplicación de recursos para operaciones supuestamente reservadas, que si carecen de todo control se prestan para las peores arbitrariedades.

¿Cómo podría la señora Fujimori de Villanella encarnar una garantía de una Contraloría fortalecida que destierre la corrupción, si su padre instituyó una Contraloría encubridora que tapó diversos delitos, algunos de los cuales fueron en su propio beneficio?

En el año 1996, el congresista Javier Alva Orlandini requiere a la Contraloría de Caso Lay para que “remita información relativa a la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia Nacional durante los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, recibiendo como respuesta “que la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de presupuesto público...”, como si ignorara que su función es controlar todos los aspectos de la ejecución presupuestal.

En el proceso que le abre la Contraloría al excontralor, el 2001, se anota: “…demuestra negligencia, pasividad y complacencia, ocasionando la omisión e inacción de que ha facilitado el descontrol existente en el Servicio de Inteligencia Nacional, hechos que configuran indicios razonables de la comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes funcionales previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.

A sabiendasEl mismo informe indica que son agravantes a la inacción señaladas el hecho que existieran numerosas denuncias públicas a través de diversos medios de comunicación referidas a las irregularidades que se venían cometiendo en el SIN, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Justamente en relación a esto, el excontralor Caso Lay hace declaraciones los días 18 y 19 de diciembre de 1999 sosteniendo que: “La Contraloría no está facultada para investigar al ex asesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que percibe provienen del Estado”.

Frente a esta audacia, el congresista Javier Diez Canseco declaró en la misma fecha que “es vergonzoso que el contralor Caso Lay manifieste que no conoce si Vladimiro Montesinos es funcionario público, ya que los propios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, han admitido que Montesinos es funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional” (“Liberación” 18 de diciembre de 1999).

Efectivamente el asesor de Fujimori tenía desde 1992, el cargo de Asesor II, en condición ad honórem y el cargo de confianza de Asesor II, nivel F-5, en la alta dirección del SIN, conforme a Resolución del SIN del 91, y Resolución Suprema firmada por Fujimori, en 1996, respectivamente. Ambos documentos no podían ser desconocidos por quien ocupa el cargo de contralor.

denunciasOtro informe de Contraloría de octubre de 2001, advierte que en los registros de la institución se encuentran los archivos de un estudio de organización realizado por ESAN en el año 1998, para la actualización del Plan Estratégico Institucional, que recoge opiniones de los directivos y funcionarios que señalan que el despacho del contralor “concentra las decisiones”, “determina finalmente lo que se hace y lo que no se hace”, “tiene información privilegiada y orienta las acciones y opiniones dentro del contexto político”, “tiene una alta presión política para tomar decisiones sobre auditorías que queman”.

Es decir que había una dictadura interna en la entidad de control sujeta a alta presión política. ¿De quién? Obviamente del presidente y el asesor principal. Con esto la Contraloría se convirtió en una entidad muerta, pasiva e indolente como se advirtió después del cambio de gobierno. Algo más, ese estilo tramposo de manejo institucional no desapareció con el advenimiento de la democracia de los 2000. A fines de octubre del 2001, el presidente Toledo logró nombrar a Genaro Matute como nuevo contralor y recuperó la indolencia que facilita la arbitrariedad de los gobiernos. 

Detalles

Se utilizaron millones de soles de los fondos públicos para comprar congresistas, jueces, fiscales, portadas en los diarios, pago a los dueños de los canales de televisión y de radios. También para los gastos de Montesinos y los estudios de Keiko y sus hermanos entre otras cosas.

El electo fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales sostuvo que el arresto domiciliario concedido al exministro Juan Carlos Hurtado Miller es raro y benevolente, porque el exfuncionario fujimorista ha rehuido desde el comienzo la acción de la justicia. “Realmente no conozco los pormenores, pero llama la atención que la sala haya optado por una medida de esta naturaleza que a todas luces resulta muy benevolente, dado que ha habido una actitud renuente a presentarse al proceso”, declaró.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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Constitución se debe cambiar por razones políticas y morales

El debate sobre una necesaria reforma de la actual Constitución heredada del régimen Fujimorista será obligatorio en los días que restan para la segunda vuelta electoral. El constitucionalista Francisco Eguiguren aporta con sus opiniones y señala que por razones políticas y morales, la Carta del 93 debe ser cambiada por un nuevo texto.

-¿Es viable y posible un cambio constitucional?, ¿o es un sacrilegio como sostienen algunos?
-No, claro que noes un sacrilego. Plantear una reforma (constitucional) siempre es posible, sea total o parcial, y en el caso de la Carta del 93 yo estoy entre quienes siempre han creído que hay razones políticas y morales para cambiarla. Es una Constitución que estuvo muy ligada al golpe de Estado de Fujimori, además es una Constitución hecha para quedarse. La Constitución del 79, fue hecha cuando el gobierno militar ya se iba, porque en el 80’ se fue. Es una diferencia importante.

-Para entender bien, la Constitución del 79 fue una Constitución de transición hacia la vía democrática
-Fue una Constitución de transición porque era un gobierno militar que ya estaba de salida y de caída, se vio forzado a convocar el proceso. Me voy, pero previamente dejo una Constitución. Pero, en cambio, la Carta del 93 viene inmediatamente después del golpe del 92, es una Constitución para quedarse, porque tiene como una las partes fuertes por ejemplo el tema de la reelección inmediata. Me parece muy mal que 18 años después sigamos viviendo con la misma Constitución. Fue hecha por un Congreso Constituyente donde el Fujimorismo tenía mayoría absoluta. Es decir, sin necesidad de acordar nada con nadie pudo y podía poner en la Constitución lo que quisiera.

-Y lo hizo.
-Lo hizo efectivamente, y reflejaba demasiado una coyuntura política que no es la actual del país y lo que ha venido después. Hay una razón política para adecuar la Constitución a la correlación de fuerzas, la representación, los nuevos cambios que ha vivido el país. Entonces, no se le puede cerrar el camino. Lo que muchos objetan, dicen: es que no se puede llamar a una Asamblea Constituyente, la única forma de reformarla total o parcial es en el Congreso. Bueno, ¿y qué pasa cuando en el Congreso no se consiguen los dos tercios de los votos? Eso qué quiere decir, que si la mayoría del pueblo quiere darse una nueva Constitución , ¿va a estar impedida porque no tiene dos tercios de los votos en el Congreso?, Entonces la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constitituyente del 93 eran técnicamente inconstitucionales y nadie los discute. Lo que creo que no sería admisible que se violente el orden constitucional para realizar una reforma.

-Esa es precisamente lo que se cuestiona a la propuesta de Gana Perú, que implica una ruptura del orden constitucional
-Bueno, hay dos caminos, uno es, sin tocar nada, es decir aplicar el artículo 206 de la Constitución que permite una reforma total o parcial aprobada en el Congreso, en dos legislaturas, por dos tercios de los votos de los congresistas, fórmula que políticamente parece inviable. El camino dos que prevé el propio artículo constitucional: lo aprueba una mayoría calificada y va a un referéndum popular. Fórmula que tal vez podría ser, y que depende simplemente de que haya una mayoría y tener los votos para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esa puerta está cerrada? Es decir una mayoría de fuerzas políticas en el parlamento se opone a ello, ¿todo está perdido?. Yo sostengo que nadie puede negar el derecho de un pueblo a darse una nueva Constitución, porque eso se llama el poder constituyente originario y es la base del derecho constitucional de primer grado, y quien no sabe eso es un animal. Qué pasa por ejemplo si un grupo de ciudadanos, en el número exigido por la ley y la Constitución reúne las firmas…

-Como los fonavistas
-Igual que los fonavistas, y dice: quiero llevar a referéndum popular una propuesta de norma que diga lo siguiente: se aprueba reformar o dejar de lado la Constitución del 93 y redactar una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente. Si se juntan las firmas y se lleva a una consulta popular y mayoritariamente el pueblo, así como dijo devuélvanle a los fonavistas y nadie lo discute, dice: quiero una nueva Constitución, no cabría otra que se apruebe esa ley en referéndum y que se convoque a una asamblea constituyente. Claro que habría otro camino también, reformar el artículo 206 de la Constitución e instituir la Asamblea Constituyente como posibilidad para la reforma total.

-Pero eso también requeriría la mayoría calificada en el Congreso.
-Así es, por eso yo creo que desde el punto de vista doctrinario, conceptual, del derecho constitucional, no se puede cerrar esa posibilidad. Porque además la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Si no, sólo el Congreso podría reformar la Constitución y eso es inaceptable. Yo sé que la fórmula de la Asamblea Constituyente no está escrita en la Constitución, pero tampoco estaba en la del 79’ ni en la anterior. Pero si se hace a través de esta consulta, de un referéndum, que es una iniciativa ciudadana y si la mayoría del pueblo dice que no, allí acabó la historia. Pero si dice que sí, quién le puede negar el derecho al pueblo a darse una nueva Constitución a través de un órgano como una Asamblea Constituyente.

-Algunos ven un riesgo totalitario en la propuesta de Gana Perú para cambiar la Constitución, una reelección al estilo Chávez. ¿Se pueden establecer candados para disminuir este riesgo?
-Ese es el ejemplo que se quiere dar, pero hay que distinguir varias cosas. Un camino constitucional y un camino no constitucional. Es decir, de Fujimori nadie lo pensaba y terminó siendo un golpista. Más sospechas de autoritarismo y golpismo provienen del Fujimorismo y varios congresistas y postulantes al nuevo Congreso participaron del régimen de facto y allí están vivitos y coleando. Ahora, en el caso de Venezuela y Ecuador, no así en Bolivia que tiene un largo proceso de reforma constitucional, las situaciones eran, políticamente, totalmente diferentes. Hugo Chávez ganó limpiamente las primeras elecciones porque el sistema político y los partidos estaban en la ruina, tenía un amplio respaldo político y por eso pudo hacer lo que quiso. Como Fujimori, que dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, acabó con la Constitución y la mayoría de los peruanos lo respaldaba y por eso hizo todo lo que quiso, durante algunos años. No miremos a otros países. Si Ollanta Humala quiere repetir un esquema Fujimorista, golpista, de convocar a una constituyente con un procedimiento que viola la Constitución tendría que ser condenado. Pero la composición política peruana hoy del Congreso, las fuerzas políticas, el Tribunal Constitucional, no le va a permitir eso.

-¿Qué riesgos conlleva para el país mantener por más tiempo esta Constitución?
-De nuevo, también en la política y en lo jurídico hay que tener una lógica de lo posible; en la política de lo políticamente posible y en lo jurídico de lo que se puede hacer dentro del marco constitucional. No es lo que uno quisiera hacer abstractamente. Es evidente que en la actual situación no es factible, de acuerdo a las características del desarrollo mundial y la globalización, pensar en esquemas cerrados al exterior, totalmente estatistas. Eso no lleva a ningún sitio y por eso nadie lo plantea.

-¿Eso implica volver a la Constitución del 79’?
-No. La Constitución del 79 tenía un modelo pluralista que permitía que dentro de ella quepan un margen importante de opciones políticas que podían pisar más el acelerador o el freno sobre alguna intervención mayor o menor del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 93 que en lo económico es fundamentalistamente neoliberal, cierra toda posibilidad, porque le asigna al Estado un rol absolutamente subsidiario, le condiciona la posibilidad de que intervenga en la actividad económica, lo cual es un tema de dogmas. Frente al dogma de los estatistas, que no tiene sentido compartir hoy en día, hay que recusar también el dogma de los neoliberales fundamentalistas que también tienen el dogma del mercado que nunca satisface a los pobres, no acaba con la pobreza y sólo privilegia a los más fuertes.

-Alguien ha llegado a decir inclusive que la bonanza económica actual es producto de esta Constitución del 93.
-Bueno, en Chile siguen discutiendo, a pesar de los años que han pasado del régimen de Pinochet, si toda la prosperidad económica de Chile se la deben a Pinochet y a su Constitución. La Constitución de Chile ha tenido un conjunto de modificaciones y la Concertación y otros gobiernos han gobernado más de dos décadas y allí ha venido el crecimiento económico. El mayor crecimiento se viene dando en democracia.

-¿Esta búsqueda de consensos que está desarrollando Gana Perú lo están llevando a aceptar que hará sólo retoques a la Constitución Fujimorista?
-Yo creo que hay sectores que no quieren que se toque nada. Porque tienen miedo de que, abriendo la puerta, se revise lo que más les preocupa que es el régimen económico. A veces hay cierta miopía política y se paga. Porque es una miopía política no darse cuenta que se necesita por razones políticas y morales una nueva Constitución para tener 20 o 30 años tranquilos de democracia y, en el plano económico, revisar sus inequidades, sus deficiencias, sus carencias para vivir en un país más tranquilo. Dicen que si se reforma la Constitución vamos a espantar la inversión.

-Lo acaba de decir el presidente de la Confiep: peligran las inversiones.
-Eso es un cuento. Porque aún con cambios todavía sigue siendo ganancia permanecer en el país. Pero yo le digo, ¿qué pone más en riesgo la inversión?, ¿mantener unas normas formales que supuestamente les ofrecen el cielo y la tierra y que nada va a cambiar, con un mensaje del siglo XIX que es insostenible políticamente hoy? ¿Y al otro lado tenemos conflictos sociales a cada rato que paralizan la posibilidad de desarrollar un proyecto minero o energético y que al final hacen fracasar esa inversión? ¿Qué espanta más a la inversión? ¿La irresponsabilidad política de quienes quieren subastar el país a precio vil y a veces con corrupción o la mejor estabilidad y seguridad que se puede ofrecer a la inversión con reglas claras pero que además generan paz social?.

Difícil restaurar la de 1979

-¿ Si se cambia la Constitución actual se debe volver a la del 79 necesariamente? -No. Esa postura se sostuvo e incluso era parte de la propuesta del Apra. Decían que porque era una Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, una Constitución más progresista, más plural. Fue una de las tantas cosas que García cambió de la campaña, cuando llegó al gobierno. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que quienes han planteado en su momento volver a la Constitución del 79 lo hicieron como un gesto simbólico, pero momentáneo. Era volver a la del 79, pero actualizarla, porque la realidad del país y del mundo ha seguido cambiando. Treinta años después hay nuevos derechos, nuevas realidades económicas, internacionales. La Carta del 79 es un muy buen documento de base para actualizarlo y perfeccionarlo. Pero de lo que se trata es de tener una nueva Constitución que se nutra de lo mejor de la Carta del 79, de lo bueno que pueda haber en la del 93, pero que se haga una Constitución mejor para ahora y para 20 o 30 años más, y que sea producto de un acuerdo y consenso que no tuvo la del 93.

Esvieta Topovich
Redacción

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