Los 351 millones de soles para la corrupción 

 De cómo Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial, transfirió fondos millonarios al Servicio de Inteligencia Nacional en forma secreta para financiar actividades ilegales. Además la historia del contralor contumaz de Fujimori.

Luego de la “entrega voluntaria” del prófugo Juan Carlos Hurtado Miller y su posterior devolución a su domicilio luego de 10 años de “clandestinidad” para no responder por la recepción de 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, queda aún saber por el destino de otros célebres reos contumaces, que no se sabe si aparecerán en medio de la actual primavera Fujimorista o si seguirán disfrutando en secreto del dinero mal habido. Uno de ellos es el excontralor Víctor Enrique Caso Lay, sin cuya participación no hubieran podido traspasarse fondos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos por un monto de 351 millones de soles en siete años.

A fines de febrero de este año, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, declaró que de ganar las elecciones fortalecería la Contraloría General de la República “para desterrar actos de corrupción en el Estado”. Extrañas palabras para la hija de un presidente que todavía tiene a su excontralor en la condición de reo contumaz, por no haber respondido a la acusación constitucional por violación de sus deberes constitucionales que le formuló su propia institución y por haber estado coludido en diversos delitos orientados a encubrir las dolosas transferencias de dinero que se hacían para que el asesor Vladimiro Montesinos pudiera disponer regularmente de importantes cantidades de dinero a través del llamado “régimen de ejecución especial”.

La propia Contraloría determinó en el año 2001 que entre el 27 de junio de 1993 y el 28 de junio de 2000, correspondiente a la gestión de Caso Lay, “la Contraloría… no ha llevado a cabo acción de control de ningún tipo en el Servicio de Inteligencia Nacional”. En este lapso se emitieron una resolución cada mes para “operaciones de inteligencia”, no fiscalizadas ni controladas, y que incluyen, entre otros, los siguientes gastos:

* Actividades del grupo Colina y otros similares;
* Actividades de infiltración en partidos políticos y sindicatos;
* Financiamiento de campañas electorales (como el pago a Hurtado Miller y los que se hacían a Carlos Raffo);
* Pago de la prensa chicha;
* Pago a dueños de canales de televisión, radio y periódicos;
* Compra de congresistas;
* Compra de jueces, fiscales, miembros del JNE, del Tribunal de Garantías Constitucionales y otros magistrados;
* Gastos personales de Vladimiro (casa de playa, viajes, ropa, amantes, etc.)
* Estudios de los hijos del presidente en el exterior, etc.

El cuadro adjunto muestra la forma como se desembolsaban estos dineros.
Contraloría¿Cuál era la responsabilidad del contralor? Una sola, actuar en nombre del Estado para verificar la aplicación de recursos para operaciones supuestamente reservadas, que si carecen de todo control se prestan para las peores arbitrariedades.

¿Cómo podría la señora Fujimori de Villanella encarnar una garantía de una Contraloría fortalecida que destierre la corrupción, si su padre instituyó una Contraloría encubridora que tapó diversos delitos, algunos de los cuales fueron en su propio beneficio?

En el año 1996, el congresista Javier Alva Orlandini requiere a la Contraloría de Caso Lay para que “remita información relativa a la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia Nacional durante los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, recibiendo como respuesta “que la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de presupuesto público...”, como si ignorara que su función es controlar todos los aspectos de la ejecución presupuestal.

En el proceso que le abre la Contraloría al excontralor, el 2001, se anota: “…demuestra negligencia, pasividad y complacencia, ocasionando la omisión e inacción de que ha facilitado el descontrol existente en el Servicio de Inteligencia Nacional, hechos que configuran indicios razonables de la comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes funcionales previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.

A sabiendasEl mismo informe indica que son agravantes a la inacción señaladas el hecho que existieran numerosas denuncias públicas a través de diversos medios de comunicación referidas a las irregularidades que se venían cometiendo en el SIN, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Justamente en relación a esto, el excontralor Caso Lay hace declaraciones los días 18 y 19 de diciembre de 1999 sosteniendo que: “La Contraloría no está facultada para investigar al ex asesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que percibe provienen del Estado”.

Frente a esta audacia, el congresista Javier Diez Canseco declaró en la misma fecha que “es vergonzoso que el contralor Caso Lay manifieste que no conoce si Vladimiro Montesinos es funcionario público, ya que los propios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, han admitido que Montesinos es funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional” (“Liberación” 18 de diciembre de 1999).

Efectivamente el asesor de Fujimori tenía desde 1992, el cargo de Asesor II, en condición ad honórem y el cargo de confianza de Asesor II, nivel F-5, en la alta dirección del SIN, conforme a Resolución del SIN del 91, y Resolución Suprema firmada por Fujimori, en 1996, respectivamente. Ambos documentos no podían ser desconocidos por quien ocupa el cargo de contralor.

denunciasOtro informe de Contraloría de octubre de 2001, advierte que en los registros de la institución se encuentran los archivos de un estudio de organización realizado por ESAN en el año 1998, para la actualización del Plan Estratégico Institucional, que recoge opiniones de los directivos y funcionarios que señalan que el despacho del contralor “concentra las decisiones”, “determina finalmente lo que se hace y lo que no se hace”, “tiene información privilegiada y orienta las acciones y opiniones dentro del contexto político”, “tiene una alta presión política para tomar decisiones sobre auditorías que queman”.

Es decir que había una dictadura interna en la entidad de control sujeta a alta presión política. ¿De quién? Obviamente del presidente y el asesor principal. Con esto la Contraloría se convirtió en una entidad muerta, pasiva e indolente como se advirtió después del cambio de gobierno. Algo más, ese estilo tramposo de manejo institucional no desapareció con el advenimiento de la democracia de los 2000. A fines de octubre del 2001, el presidente Toledo logró nombrar a Genaro Matute como nuevo contralor y recuperó la indolencia que facilita la arbitrariedad de los gobiernos. 

Detalles

Se utilizaron millones de soles de los fondos públicos para comprar congresistas, jueces, fiscales, portadas en los diarios, pago a los dueños de los canales de televisión y de radios. También para los gastos de Montesinos y los estudios de Keiko y sus hermanos entre otras cosas.

El electo fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales sostuvo que el arresto domiciliario concedido al exministro Juan Carlos Hurtado Miller es raro y benevolente, porque el exfuncionario fujimorista ha rehuido desde el comienzo la acción de la justicia. “Realmente no conozco los pormenores, pero llama la atención que la sala haya optado por una medida de esta naturaleza que a todas luces resulta muy benevolente, dado que ha habido una actitud renuente a presentarse al proceso”, declaró.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/los-351-millones-de-soles-para-la-corrupcion_84059.html

Constitución se debe cambiar por razones políticas y morales

El debate sobre una necesaria reforma de la actual Constitución heredada del régimen Fujimorista será obligatorio en los días que restan para la segunda vuelta electoral. El constitucionalista Francisco Eguiguren aporta con sus opiniones y señala que por razones políticas y morales, la Carta del 93 debe ser cambiada por un nuevo texto.

-¿Es viable y posible un cambio constitucional?, ¿o es un sacrilegio como sostienen algunos?
-No, claro que noes un sacrilego. Plantear una reforma (constitucional) siempre es posible, sea total o parcial, y en el caso de la Carta del 93 yo estoy entre quienes siempre han creído que hay razones políticas y morales para cambiarla. Es una Constitución que estuvo muy ligada al golpe de Estado de Fujimori, además es una Constitución hecha para quedarse. La Constitución del 79, fue hecha cuando el gobierno militar ya se iba, porque en el 80’ se fue. Es una diferencia importante.

-Para entender bien, la Constitución del 79 fue una Constitución de transición hacia la vía democrática
-Fue una Constitución de transición porque era un gobierno militar que ya estaba de salida y de caída, se vio forzado a convocar el proceso. Me voy, pero previamente dejo una Constitución. Pero, en cambio, la Carta del 93 viene inmediatamente después del golpe del 92, es una Constitución para quedarse, porque tiene como una las partes fuertes por ejemplo el tema de la reelección inmediata. Me parece muy mal que 18 años después sigamos viviendo con la misma Constitución. Fue hecha por un Congreso Constituyente donde el Fujimorismo tenía mayoría absoluta. Es decir, sin necesidad de acordar nada con nadie pudo y podía poner en la Constitución lo que quisiera.

-Y lo hizo.
-Lo hizo efectivamente, y reflejaba demasiado una coyuntura política que no es la actual del país y lo que ha venido después. Hay una razón política para adecuar la Constitución a la correlación de fuerzas, la representación, los nuevos cambios que ha vivido el país. Entonces, no se le puede cerrar el camino. Lo que muchos objetan, dicen: es que no se puede llamar a una Asamblea Constituyente, la única forma de reformarla total o parcial es en el Congreso. Bueno, ¿y qué pasa cuando en el Congreso no se consiguen los dos tercios de los votos? Eso qué quiere decir, que si la mayoría del pueblo quiere darse una nueva Constitución , ¿va a estar impedida porque no tiene dos tercios de los votos en el Congreso?, Entonces la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constitituyente del 93 eran técnicamente inconstitucionales y nadie los discute. Lo que creo que no sería admisible que se violente el orden constitucional para realizar una reforma.

-Esa es precisamente lo que se cuestiona a la propuesta de Gana Perú, que implica una ruptura del orden constitucional
-Bueno, hay dos caminos, uno es, sin tocar nada, es decir aplicar el artículo 206 de la Constitución que permite una reforma total o parcial aprobada en el Congreso, en dos legislaturas, por dos tercios de los votos de los congresistas, fórmula que políticamente parece inviable. El camino dos que prevé el propio artículo constitucional: lo aprueba una mayoría calificada y va a un referéndum popular. Fórmula que tal vez podría ser, y que depende simplemente de que haya una mayoría y tener los votos para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esa puerta está cerrada? Es decir una mayoría de fuerzas políticas en el parlamento se opone a ello, ¿todo está perdido?. Yo sostengo que nadie puede negar el derecho de un pueblo a darse una nueva Constitución, porque eso se llama el poder constituyente originario y es la base del derecho constitucional de primer grado, y quien no sabe eso es un animal. Qué pasa por ejemplo si un grupo de ciudadanos, en el número exigido por la ley y la Constitución reúne las firmas…

-Como los fonavistas
-Igual que los fonavistas, y dice: quiero llevar a referéndum popular una propuesta de norma que diga lo siguiente: se aprueba reformar o dejar de lado la Constitución del 93 y redactar una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente. Si se juntan las firmas y se lleva a una consulta popular y mayoritariamente el pueblo, así como dijo devuélvanle a los fonavistas y nadie lo discute, dice: quiero una nueva Constitución, no cabría otra que se apruebe esa ley en referéndum y que se convoque a una asamblea constituyente. Claro que habría otro camino también, reformar el artículo 206 de la Constitución e instituir la Asamblea Constituyente como posibilidad para la reforma total.

-Pero eso también requeriría la mayoría calificada en el Congreso.
-Así es, por eso yo creo que desde el punto de vista doctrinario, conceptual, del derecho constitucional, no se puede cerrar esa posibilidad. Porque además la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Si no, sólo el Congreso podría reformar la Constitución y eso es inaceptable. Yo sé que la fórmula de la Asamblea Constituyente no está escrita en la Constitución, pero tampoco estaba en la del 79’ ni en la anterior. Pero si se hace a través de esta consulta, de un referéndum, que es una iniciativa ciudadana y si la mayoría del pueblo dice que no, allí acabó la historia. Pero si dice que sí, quién le puede negar el derecho al pueblo a darse una nueva Constitución a través de un órgano como una Asamblea Constituyente.

-Algunos ven un riesgo totalitario en la propuesta de Gana Perú para cambiar la Constitución, una reelección al estilo Chávez. ¿Se pueden establecer candados para disminuir este riesgo?
-Ese es el ejemplo que se quiere dar, pero hay que distinguir varias cosas. Un camino constitucional y un camino no constitucional. Es decir, de Fujimori nadie lo pensaba y terminó siendo un golpista. Más sospechas de autoritarismo y golpismo provienen del Fujimorismo y varios congresistas y postulantes al nuevo Congreso participaron del régimen de facto y allí están vivitos y coleando. Ahora, en el caso de Venezuela y Ecuador, no así en Bolivia que tiene un largo proceso de reforma constitucional, las situaciones eran, políticamente, totalmente diferentes. Hugo Chávez ganó limpiamente las primeras elecciones porque el sistema político y los partidos estaban en la ruina, tenía un amplio respaldo político y por eso pudo hacer lo que quiso. Como Fujimori, que dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, acabó con la Constitución y la mayoría de los peruanos lo respaldaba y por eso hizo todo lo que quiso, durante algunos años. No miremos a otros países. Si Ollanta Humala quiere repetir un esquema Fujimorista, golpista, de convocar a una constituyente con un procedimiento que viola la Constitución tendría que ser condenado. Pero la composición política peruana hoy del Congreso, las fuerzas políticas, el Tribunal Constitucional, no le va a permitir eso.

-¿Qué riesgos conlleva para el país mantener por más tiempo esta Constitución?
-De nuevo, también en la política y en lo jurídico hay que tener una lógica de lo posible; en la política de lo políticamente posible y en lo jurídico de lo que se puede hacer dentro del marco constitucional. No es lo que uno quisiera hacer abstractamente. Es evidente que en la actual situación no es factible, de acuerdo a las características del desarrollo mundial y la globalización, pensar en esquemas cerrados al exterior, totalmente estatistas. Eso no lleva a ningún sitio y por eso nadie lo plantea.

-¿Eso implica volver a la Constitución del 79’?
-No. La Constitución del 79 tenía un modelo pluralista que permitía que dentro de ella quepan un margen importante de opciones políticas que podían pisar más el acelerador o el freno sobre alguna intervención mayor o menor del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 93 que en lo económico es fundamentalistamente neoliberal, cierra toda posibilidad, porque le asigna al Estado un rol absolutamente subsidiario, le condiciona la posibilidad de que intervenga en la actividad económica, lo cual es un tema de dogmas. Frente al dogma de los estatistas, que no tiene sentido compartir hoy en día, hay que recusar también el dogma de los neoliberales fundamentalistas que también tienen el dogma del mercado que nunca satisface a los pobres, no acaba con la pobreza y sólo privilegia a los más fuertes.

-Alguien ha llegado a decir inclusive que la bonanza económica actual es producto de esta Constitución del 93.
-Bueno, en Chile siguen discutiendo, a pesar de los años que han pasado del régimen de Pinochet, si toda la prosperidad económica de Chile se la deben a Pinochet y a su Constitución. La Constitución de Chile ha tenido un conjunto de modificaciones y la Concertación y otros gobiernos han gobernado más de dos décadas y allí ha venido el crecimiento económico. El mayor crecimiento se viene dando en democracia.

-¿Esta búsqueda de consensos que está desarrollando Gana Perú lo están llevando a aceptar que hará sólo retoques a la Constitución Fujimorista?
-Yo creo que hay sectores que no quieren que se toque nada. Porque tienen miedo de que, abriendo la puerta, se revise lo que más les preocupa que es el régimen económico. A veces hay cierta miopía política y se paga. Porque es una miopía política no darse cuenta que se necesita por razones políticas y morales una nueva Constitución para tener 20 o 30 años tranquilos de democracia y, en el plano económico, revisar sus inequidades, sus deficiencias, sus carencias para vivir en un país más tranquilo. Dicen que si se reforma la Constitución vamos a espantar la inversión.

-Lo acaba de decir el presidente de la Confiep: peligran las inversiones.
-Eso es un cuento. Porque aún con cambios todavía sigue siendo ganancia permanecer en el país. Pero yo le digo, ¿qué pone más en riesgo la inversión?, ¿mantener unas normas formales que supuestamente les ofrecen el cielo y la tierra y que nada va a cambiar, con un mensaje del siglo XIX que es insostenible políticamente hoy? ¿Y al otro lado tenemos conflictos sociales a cada rato que paralizan la posibilidad de desarrollar un proyecto minero o energético y que al final hacen fracasar esa inversión? ¿Qué espanta más a la inversión? ¿La irresponsabilidad política de quienes quieren subastar el país a precio vil y a veces con corrupción o la mejor estabilidad y seguridad que se puede ofrecer a la inversión con reglas claras pero que además generan paz social?.

Difícil restaurar la de 1979

-¿ Si se cambia la Constitución actual se debe volver a la del 79 necesariamente? -No. Esa postura se sostuvo e incluso era parte de la propuesta del Apra. Decían que porque era una Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, una Constitución más progresista, más plural. Fue una de las tantas cosas que García cambió de la campaña, cuando llegó al gobierno. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que quienes han planteado en su momento volver a la Constitución del 79 lo hicieron como un gesto simbólico, pero momentáneo. Era volver a la del 79, pero actualizarla, porque la realidad del país y del mundo ha seguido cambiando. Treinta años después hay nuevos derechos, nuevas realidades económicas, internacionales. La Carta del 79 es un muy buen documento de base para actualizarlo y perfeccionarlo. Pero de lo que se trata es de tener una nueva Constitución que se nutra de lo mejor de la Carta del 79, de lo bueno que pueda haber en la del 93, pero que se haga una Constitución mejor para ahora y para 20 o 30 años más, y que sea producto de un acuerdo y consenso que no tuvo la del 93.

Esvieta Topovich
Redacción

 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/constitucion-se-debe-cambiar-por-razones-politicas-y-morales_84106.html

FUJIMORI RECORTÓ LOS SUELDOS A LOS MAESTROS CON EL D.S. 051-91-PCM. KEIKO DEFENDIÓ EL DESPOJO DE LOS DERECHOS Y DE LOS SUELDOS DEL MAGISTERIO

FUJIMORI RECORTÓ LOS SUELDOS A LOS MAESTROS CON EL D.S. 051-91-PCM. KEIKO DEFENDIÓ EL DESPOJO DE LOS DERECHOS Y DE LOS SUELDOS DEL MAGISTERIO

El gobierno del dictador Alberto Fujimori recortó los sueldos de los maestros con el decreto supremo Nº 051-91-PCM, sin embargo, este mamotreto legal, hasta la fecha, no ha sido derogado y sigue regulando las remuneraciones de funcionarios y servidores públicos. Esta medida recorta derechos de la ley del profesorado y violenta el estado de derecho.

El gobierno de Toledo y luego de Alan García, a pesar de llamarse democráticos, gobernaron con leyes de la dictadura fujimorista, aplicando en forma ilegal y congelando los sueldos estipulados en la ley del profesorado 24029 y su modificatoria 25212.

El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM divide en 2 partes la Remuneración: una como “Remuneración Total Permanente”(Remuneración Principal, Bonificación Personal, familiar, Refrigerio y Movilidad y Transitoria para Homologación) y otra como “Remuneración Total” (Remuneración Total permanente mas los otros conceptos otorgados por normas expresas) , en efecto esto representa LA FUENTE DE LOS MONTOS IRRISORIOS QUE PERCIBEN LOS MAESTROS Y SECTORES DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN GENERAL.

En el caso del pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, según la Ley del Profesorado se calcula en base al 30% de la remuneración total, sin embargo con el D.S.051, dado durante el gobierno de Fujimori y su Premier Jaime Yoshiyama, el calculo se hace en base a la remuneración total permanente. Si el sueldo total de un maestro es 1000 soles, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación debería ser de 300 soles, sin embargo gracias al dictador Fujimori se paga un promedio de 20 soles. Por lo tanto las deducciones de las demás bonificaciones como son el Subsidio por Luto, los Gastos de Sepelio y la Bonificación por 20, 25 y 30 años se reducen al mínimo.

La actual candidata del Fujimontesinismo, Keiko Fujimori, siendo la Primera dama (en reemplazo de su madre) nunca alzó su voz de protesta ante el recorte de los sueldos de los maestros, sin embargo ahora que se encuentra en campaña nos viene a decir que DUPLICARÁ LOS SUELDOS A LOS MAESTROS Y QUE DEFENDERÁ NUESTROS DERECHOS. Durante la dictadura de su padre y de su socio Montesinos nunca protestó ante los excesos y la violación a los derechos laborales de los trabajadores.

Fuente: Sute 17

MAESTROS NO VOTAR POR CONGRESISTAS QUE VAN A LA REELECCIÓN Y TRAICIONARON A LOS MAESTROS AL APROBAR LA LEY DE LA CARRERA MAGISTERIAL 29062

Mientras los maestros luchabamos en las calles contra el proyecto de ley de la nueva Carrera Pública Magisterial, en la huelga nacional indefinida del 2007, un grupo de Congresistas de la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobaban la nefasta Ley 29062 que arrasaba de un plumazo los derechos laborales.

Lo más indignante fue que la espúrea ley 29062 se aprobó, a espaldas del magisterio, el mismo Día del Maestro (06-julio-2007); el acto condenable fue la felonía más execrable cometido por un grupo de congresistas al servicio de las implementación de políticas neoliberales en el campo de la educación, cuya receta -la flexibilización laboral- busca arrebatar los derechos laborales de los maestros.

Ha llegado el momento de pasarle la factura a estos traidores que buscan su reelección para el Congreso, en las próximas Elecciones del domingo 10 de abril.

La gran mayoría de maestros, cerca de 300 000, nos oponemos a esta nefasta Ley de la Carrera Pública Magisterial, pues sólo se han incorporado el 5% a la ley 29062 -casi nada-, y nuestras familias que alcazarían al millón y medio de votos no vamos a reelegir a esta lacra que traicionaron a los maestros.

A continuación le alcanzamos la relación de congresistas que votaron a favor de la nefasta Ley de la Carrera Pública Magisterial, traicionando los derechos de los maestros y de sus familias; por lo tanto ningún maestro debería votar por estos sinverguenzas:

La lista de los 78 fujimoristas sentenciados ¡NO A KEIKO!

La lista de los 78 fujimoristas sentenciados ¡NO A KEIKO!

Según Caretas son 78.

Según el ex Pocurador Ronald Gamarra serían 270 los fujimoristas sentenciados!!!

Sin contar a Hurtado Miller y su "arresto domiciliario"

78 fujimoristas fueron sentenciados por corrupción y crímenes de derechos humanos, según caretas. El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostiene que la cifra suma 207 sin incluir a quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Casi la totalidad de la cúpula militar y policial del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se encuentra en prisión y con sentencias por delitos de corrupción y flagrante violación a los derechos humanos. A ellos se suma, además, gran parte del gabinete ministerial del fujimorismo.

Según la publicación de la revista Caretas, son 78 los fujimoristas que han sido procesados por la justicia por los referidos delitos.

A la cabeza, el propio Alberto Fujimori debe cumplir una condena de 25 años por los crímenes de lesa humanidad, mientras que su otrora asesor Vladimiro Montesinos afronta, además de estos, dos condenas por delitos contra la administración pública.

Se recuerda también a los ex jefes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general EP Julio Salazar Monroe, quien afronta una pena por 25 y 35 años, y a Humberto Rosas Bonucelli, que purgará una pena de 6 y 4 años por delitos contra la administración pública.

Tal igual como los anteriores, personajes como el ex jefe del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, el ex comandante General de la Marina Antonio Ibárcena y el ex director PNP Juan Dianderas, quienes formaron parte del engranaje del régimen fujimorista, finalmente fueron procesados y sentenciados.

Integrantes del gabinete

Integrantes de los distintos gabinetes que gobernaron el país entre 1990 y el 2000 no se escapan de la lista. Entre los personajes sentenciados se ubican a los ex ministros de Economía Carlos Boloña, de Industria Víctor Joy Way y de Agricultura Absalón Vásquez.

Asimismo, los ex titulares de Defensa César Saucedo Sánchez, del Interior Juan Briones Dávila, y los viceministros de Hacienda Alfredo Jalilie y del Interior Edgar Solís Cano. Se recuerda además a la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán y a los integrantes del grupo Colina como Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe y Jesús Sosa Saavedra.

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostuvo que solo contando a los condenados con sentencia firme, suman 207 personas, los que precisó no incluyen a los que se acogieron a colaboración eficaz y recibieron condenas.

El dato

Poder judicial. Se da cuenta de miembros del Poder Judicial que participaron del régimen fujimontesinista, como los ex vocales supremos Nelson Reyes, Alejandro Rodríguez Medrano, Adalberto Seminario y los ex fiscales supremos Ángel Fernández y Elías Lara Chienda.

Noticia tomada de La República

Aquí les dejo la lista que acaba de publicar Caretas, leála bebiendo un buen antiácido

Fuente del gráfico: CARETAS.

Peruanos pagaron por concesión de Camisea 

 El ex parlamentario Javier Diez Canseco declaró que gran parte del capital invertido en la concesión de gas de Camisea proviene de la emisión de bonos que realizó Hun Oil y no de inversión extranjera.

El ex congresista Javier Diez Canseco denunció que las inversiones que se necesitaron para continuar con la concesión del gas de Camisea por la empresa americana Hunt Oil, empresa que forma parte del Consorcio Camisea y Perú LNG, provinieron del bolsillo de todos los peruanos.

“El Presidente Toledo (durante su gestión) anunciaba con bombos y platillos, que llegaban a nuestro país US$ 1,000 millones de capitales extranjeros, lo que no se ha contado es que el grueso de esa plata fue recogida en el Perú, simplemente usando la concesión que les entregó el gobierno de Toledo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el ex ministro de energía y minas Jaime Quijandría a Hunt Oil sin arriesgar un dólar”, indicó el postulante al Congreso por Gana Perú.

Recordó que la empresa americana Hunt Oil usó varias estrategias con el propósito de captar fondos peruanos, es así que colocó bonos corporativos en la Bolsa de Valores de Lima por un total de US$ 500 millones a bajos intereses. Además, consiguió un crédito del Banco de Crédito del Perú por US$ 160 millones. Finalmente, usó la misma concesión que le dio el gobierno a cero costo para conseguir US$ 325 millones por la venta del 20% de sus acciones a la transnacional Repsol.

“Con el gobierno de Toledo, PPK, hoy empeñado en ser el primer norteamericano candidato a la Presidencia del Perú, argumentó que para la concesión de Camisea se necesitaba de un gran inversionista extranjero, por ser un negocio de alto riesgo, sobre todo cuando según él se iba a invertir más de mil millones de dólares”, afirmó Diez Canseco.

Según el candidato al Congreso, Kuczynski fundamentó que era necesario cambiar las leyes y exportar el gas que estaba reservado para garantizar el consumo nacional porque era una inversión que exigía mucho capital extranjero.

“Se comprobó que la empresa a la que asesoró – PPK- “invirtió” US$ 985 millones pero fundamentalmente proveniente del mercado de capitales peruano y vendiendo un porcentaje de la misma concesión que no le costó nada, es decir, a costa nuestra”, sentenció.

Diez Canseco cuestionó que cuando se entregó la concesión del gas a Hunt Oil, la empresa no tenía mayor experiencia, sin embargo a pesar de su condición pasó a ser la responsable de la mayor fuente de gas en el Perú.

Para el postulante al Congreso, esto evidenciaba las preferencias y los intereses que existían de por medio. Según Diez Canseco a pesar que en ese momento, Kuczynski no era ministro de Toledo, utilizó su influencia política para conseguir la concesión de Camisea, para beneficiar a Ray Hunt y para la cual también había trabajado, generándole cientos de millones de dólares en ganancia.

Agregó que ya como ministro de Economía, junto a Jaime Quijandría, PPK dirigió un lobby promoviendo la legislación energética a favor de las exportaciones, consiguiendo cambios normativos que beneficiaron a Hunt Oil, ya no solo para la explotación del gas sino también para su exportación.

 

 fuente

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/peruanos-pagaron-por-concesion-de-camisea_83020.html

Una región extranjera 

 Pedro Pablo Kuczynski anunció hace unos días que ha pedido ante la embajada de Estados Unidos que se acepte su renuncia a la nacionalidad estadounidense. Esto es una confesión inaudita: confirma que todavía es un ciudadano extranjero, como el Departamento de Estado lo señaló anteayer, y que todo este tiempo ha estado engañando a los peruanos.

Hay quienes, para encubrir a PPK, dicen que él tiene doble nacionalidad. No es cierto. En el juramento de lealtad (Oath of allegiance) que prestó en Estados Unidos para naturalizarse estadounidense expresó: “absoluta y enteramente renuncio y abjuro (renounce and abjure) a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberano para el cual he sido antes de ahora súbdito o ciudadano”.

Ese párrafo indica que PPK ya no es peruano, aunque haya nacido en el Perú, y que es un estadounidense ciento por ciento. Para remachar la verdad, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado emitió el martes 29 un comunicado que quizá precipitó la “renuncia” de PPK a su condición de extranjero.

Queda claro que la Constitución del Perú dice que los candidatos a la presidencia de la República deben haber nacido en el Perú; pero en ninguna parte autoriza a que un extranjero gobierne el país.

Veamos el aplastante (aplastante para PPK y sus homólogos) documento del Departamento de Estado.

Señala el texto que PPK y Javier Serra Casavilca, Kilder Fuentes Bermúdez, David Chang Wong Kcomt y Norberto Curitomi, naturalizados estadounidenses, al candidatear en el Perú, están violando el juramento de lealtad a Estados Unidos. Traducimos un párrafo central:

“El principio de que un ciudadano estadounidense debe ser leal a Estados Unidos y a ningún otro país o poder político es un principio moral y constitucional del más elevado orden en nuestro país. Cuando los inmigrantes se convierten en ciudadanos estadounidenses prestan un juramento solemne de ‘renunciar absoluta y enteramente’ a toda lealtad política previa. Su lealtad al ‘viejo país’ es transferida a Estados Unidos”.

Al parecer nadie ha visto de cerca el texto de la “renuncia” de PPK. peruanos residentes en Estados Unidos sugieren que a lo mejor sólo ha pedido permiso para postular. Hay un antecedente, me indican. Hace algunos años, un político de Serbia naturalizado estadounidense fue propuesto para el premierato de su país, y pidió permiso a Washington.

“Los gringos no se lo iban a negar”, comentan nuestros paisanos. “A Estados Unidos conviene tener su gente o sus aliados en todo sitio”.

PPK se enfrenta a un grave problema. ¿Qué pasa si el Departamento de Estado de su patria adoptiva le niega la renuncia o el permiso? ¿Seguiría manteniendo el descaro de ser candidato a presidente teniendo calidad de extranjero?

Ser o no ser estadounidense, ese es su dilema.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/una-region-extranjera_83001.html

Cambio constitucional, viejo anhelo de partidos y juristas

Cambio constitucional, viejo anhelo de partidos y juristas 

Propuesta constitucional de Gana Perú recoge consenso elaborado hace 10 años por comisión creada por el Gobierno de Transición, con participación de actuales integrantes de Perú Posible, Solidaridad Nacional y Alianza por el Gran Cambio.

Bastó que el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, ocupara el primer lugar en las encuestas para que sus principales contendores enfilaran sus baterías contra él con diversos ataques, como el que atribuye contenidos y propósitos antidemocráticos a su posición crítica hacia la Constitución Fujimorista de 1993.

Los ataques de sus rivales sostienen que Ollanta quiere una nueva Carta Magna para cambiar el tema económico e incluir políticas estatistas y hasta quiere utilizarla como plataforma para reelegirse indefinidamente, lo que ha sido tajantemente rechazado por Gana Perú.

Lo cierto es que la propuesta de una Nueva Constitución que motiva los iracundos ataques, coincide con el informe final de la “Comisión de estudio de las bases de la reforma constitucional del Perú”, documento publicado el 26 de julio de 2001 en las postrimerías del Gobierno de Transición a cargo de Valentín Paniagua.

El informeEl jurista y catedrático universitario Hugo Rosas Villanueva declaró a LA PRIMERA que el citado informe registró el consenso alcanzado para declarar la nulidad de la actual Constitución y restituir de manera íntegra la Carta Magna de 1979, para lo cual propuso tres alternativas:


Primera alternativa:
a. Declarar la nulidad de la Constitución de 1993 y declarar vigente la Constitución de 1979.

b. En el mismo acto reconocer los resultados de las elecciones.

c. En el mismo acto reconocer los tratados internacionales sobre derechos humanos.

d. Simultáneamente declarar convalidadas todas las acciones, compromisos y actos de gobierno sobre aspectos tributarios, administrativos y judiciales, con reserva de su revisión posterior. (Esta última es la alternativa y la respuesta ante quienes afirman que un cambio constitucional produciría caos y un vacío porque supuestamente estaría en suspenso todo lo actuado entre el 93 a la fecha).

e. Reconocer lo actuado por las instituciones: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, defensoría; ello en respeto al principio de seguridad jurídica.

f. Denominar al Congreso Cámara de Diputados.

g. Convocatoria a elecciones para Asamblea Constituyente.


Segunda alternativa:
Utilizar los mecanismos de la Constitución del 93, teniendo en cuenta:

a. Efectuar la reforma constitucional integral con el texto de la Constitución del 79.

b. Seguidamente introducir reformas a la Constitución del 79.

Tercera alternativa:

Aprobar una ley de referéndum para consultar al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y para que apruebe la convocatoria a Asamblea Constituyente y posterior referendo para que apruebe el texto de la nueva Constitución.

Rosas Villanueva señaló que en resumidas cuentas, lo que propone el programa de Gana Perú en materia constitucional actualmente es el resumen o la síntesis de las “Bases de la reforma constitucional” que elaboró esa comisión. “La postura de Toledo de salir en defensa de la Constitución del 93 ha sido una humillación para Borea, además de un agravio a la memoria de Paniagua, que fue quien impulsó la comisión y las bases de la reforma constitucional”, indicó.

Por su parte, el plan de gobierno de Gana Perú, tras plantear la necesidad de transformar el Estado y construir una comunidad política para todos, recogiendo lo mejor de nuestra tradición constitucional peruana para concertar una nueva carta política, señala que “sea cual fuere el camino que se escoja para llegar a una nueva Constitución, el punto de partida debe ser la nulidad del texto de 1993 y la declaración de la vigencia de la Constitución de 1979 en todos sus efectos para, a partir de allí, proceder a los cambios necesarios”.

“Los dos caminos para llegar a una nueva Constitución son: La Asamblea Constituyente y la reforma integral por vía del Congreso de la República. En ambos casos sería de la mayor importancia que un referéndum diera la aprobación definitiva al nuevo texto constitucional”, agrega, coincidiendo con la Comisión formada en el 2001.

ConstitucionalistasEn la elaboración del documento participaron 28 expertos de alto nivel e insospechables de totalitarismo, como Domingo García Belaunde, Samuel Abad, Javier de Belaunde, Francisco Eguiguren, Carlos Blancas, Raúl Ferrero Costa, Jorge Santisteban de Noriega y Diego García Sayán, este último a la sazón ministro de Justicia de Paniagua, impulsor de la iniciativa.

También estuvieron juristas que nada tienen de extremistas, como Enrique Bernales, Jorge Danós Ordóñez, Jorge Avendaño y Martín Belaunde Moreyra, este último cabeza de lista al Congreso de Solidaridad Nacional y todos ellos vinculados a la organización liderada por Luis Castañeda, aunque el primero ya no participa en la citada agrupación.

En el grupo de expertos estuvieron también Baldo Kresalja, ex ministro de Justicia toledista y actual miembro del equipo de gobierno de Toledo, así como Alberto Borea, asesor legal de Perú Posible y uno de los más enconados detractores de la Constitución Fujimorista.

La posición de Borea, incluso, fue en 2001 muy radical respecto a la actual Constitución, a la que calificó como el “documento del 93”, restándole validez jurídica porque nació con vicio de nulidad, debido a que fue concebida en época de dictadura y sirvió para convalidar las tropelías del autócrata Alberto Fujimori.

Por ello, Borea, junto a cinco mil ciudadanos, plantearon una demanda de nulidad ante el Tribunal Constitucional, que resolvió encargar al Congreso una reforma sustancial de la Carta Magna, que nunca se realizó por razones políticas.

En el grupo de juristas estuvo, además, Javier Alva Orlandini, expresidente del Tribunal Constitucional y alto dirigente de Acción Popular, agrupación aliada con Perú Posible en estas elecciones y que el 2010 hizo un planteamiento de reformar la Constitución (ver recuadro).

Pese a las destempladas declaraciones de Toledo en contra de una nueva Constitución, la propuesta de 2001 también tuvo el respaldo de Henry Pease, exparlamentario de Perú Posible, quien nuevamente tienta su elección congresal y que como presidente de la Comisión de Constitución luchó de manera infatigable por aplicar las recomendaciones del grupo técnico creado por el presidente Paniagua.

AP coincide con la propuesta constitucional de Gana PerúEl dirigente histórico de Acción Popular, Javier Alva Orlandini, señaló que la propuesta de Gana Perú de modificar la Constitución o cambiarla coincide con la planteada por su partido, actual socio político de Perú Posible.

En declaraciones a LA PRIMERA, Alva Orlandini indicó que en enero del año pasado, la Comisión Política de Acción Popular se pronunció por convocar a una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Magna que sea expresión auténtica de la voluntad popular.

El también expresidente del TC sostuvo que la propuesta acciopopulista, al igual que la de Gana Perú, recoge las recomendaciones del informe final de la “Comisión de estudio de las bases de la reforma constitucional del Perú”.

También recordó que el planteamiento de Acción Popular toma los aportes del Tribunal en las diferentes sentencias que evacuó respecto a la actual Carta Magna, una de ellas planteada ante el máximo intérprete constitucional por el hoy miembro de Perú Posible, Alberto Borea Odría.

Alva recordó que según lo ordenado por el TC, la reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente era políticamente conveniente si se realizaba el último trimestre de 2005, pues la coexistencia con el Congreso en cualquier otro período ponía en riesgo la confrontación de poderes.

Como no se produjo en aquella oportunidad, Acción Popular planteó el 2010 que la Asamblea Constituyente debería realizarse en el último tramo de ese año junto a las elecciones regionales y municipales. “Lamentablemente la propuesta no pasó en el Congreso”, concluyó.

Juristas que querían dar de baja a la Constitución del 93
- Samuel Abad, exdefensor del Pueblo
- Javier Alva Orlandini, expresidente del TC
- Jorge Avendaño, exdecano del CAL
- Martín Belaunde Moreyra, candidato de Solidaridad Nacional
- Enrique Bernales, ex Solidaridad Nacional
- Alberto Borea, integrante de Perú Posible
- Carlos Blancas, exministro de Justicia
- Ernesto Blume, integrante del PPC
- Roger Cáceres Velásquez, excongresista.
- Jorge Danós, regidor de Solidaridad Nacional
- Patricia Donayre, jurista
- Ernesto de la Jara, abogado de IDL
- Javier de Belaunde, constitucionalista
- Francisco Eguiguren, constitucionalista
- Eloy Espinoza-Saldaña, jurista
- Gerardo Eto Cruz, integrante del TC
- Carlos Fernández Sessarego, jurista
- Raúl Ferrero Costa, jurista
- Magdiel Gonzales, exintegrante del TC
- Domingo García Belaunde, jurista
- Baldo Kresalja, miembro de plan de gobierno de Perú Posible
- César Landa, expresidente de TC
- Beatriz Merino, exdefensora del Pueblo
- Sigisfredo Orbegoso, jurista
- Víctor Ortecho, jurista
- Jorge Santisteban, exdefensor del Pueblo
- César Valega, constitucionalista
- Armando Zolezzi, jurista


Helio RamosRedacción diario la primera 01/04/2011