¡INAPLICABILIDAD DE LEY Nº29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL; PAGO INMEDIATO DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION!

Para tener Presente

"Los Maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa sólo el pago de nuestros servicios profesionales, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe "callar, obedecer y trabajar", están en un error, y cometen un insulto a la dignidad humana... ". José Antonio Encinas

¿REFORMA EDUCATIVA?

¿Reforma educativa para mejorar la calidad académica? Es posible esto sin atender el rezago educativo en materia de infraestructura en zonas marginales, con estudiantes mal alimentados y desnutridos, sin planes de estudio acorde a las necesidades de la población.

Evaluar a los maestros, ¿Quiénes, las instituciones corruptas del Estado? ¿La Ministra Bachiller que no sabe quien proclamó la independencia del Perú? ¿Los intelectuales “expertos” de la televisión? ¿Los periodistas mercenarios asalariados de la gran empresa?


ley de reforma magisterial y la destitucion por inasistencia y tardanza

27 agosto 2015

La contraofensiva global de la derecha





América latina ha sido el escenario privilegiado de ofensivas de la derecha, porque es la región del mundo donde la derecha ha quedado más desplazada. Ha perdido sucesivas elecciones en los países con gobiernos progresistas y pasó a apelar a intentos de desestabilización política valiéndose de su elemento más fuerte: el monopolio privado de los medios de comunicación.
Cuando llegan las elecciones, la derecha se juega por entero intentando ganar, como fueron los casos recientes de Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, y como ocurre actualmente en Argentina y en Venezuela. Acumulando nuevas derrotas, la derecha pasa a poner en práctica planes de desestabilización política, como son los casos actuales en Brasil, Ecuador y Bolivia.
La oposición brasileña ha intentado, hasta donde pudo, cuestionar la reelección de Dilma Rousseff, haciendo que el primer año de su segundo mandato sea un período de crisis, de amenazas de ingobernabilidad y de resistencia de parte del gobierno y del movimiento popular. Hasta que esa operación se agota, pero el gobierno sale de ella debilitado, presionado por las fuerzas de centroderecha hacia un pacto conservador a cambio de la recuperación de la gobernabilidad.
En Bolivia, una región –Potosí– constituyó un comité cívico y, con una plataforma de reivindicaciones locales, hizo una huelga regional y organizó una marcha belicosa hacia la capital. El gobierno alega que ha concedido las principales reivindicaciones, pero los huelguistas lo niegan, aunque finalmente suspenden su movida, con amenazas de retomarla.
En Ecuador, dos medidas tributarias que el gobierno envió al Congreso, que recaen sobre el dos por ciento más rico de la población, llevaron a que la oposición –sumándose, una vez más, sectores de la ultraizquierda con la derecha– desatara una reacción amplia y violenta, que algunos llamaron un “levantamiento” en contra del gobierno. Apoyada en sectores minoritarios del movimiento indígena y sindical, se chocaron con grandes movilizaciones populares de apoyo al gobierno de Rafael Correa.
Pero no es sólo en América latina que se da esa contraofensiva. Como Grecia y España aparecían como países en donde surge una nueva izquierda en Europa, con el agotamiento de los partidos tradicionales, reducidos todos a la política de austeridad, ahí también la derecha retomó su ofensiva. Syriza y Podemos han pasado a cuestionar la austeridad y a capitalizar el descontento generalizado de la población.
En Grecia, la derecha tuvo que actuar más duramente, porque era inminente el riesgo de que un gobierno cuestionará concretamente a la austeridad. La Unión Europea ha actuado con toda su brutalidad para derrotar y humillar al nuevo gobierno griego e intenta demostrar a toda Europa que fuera de la austeridad no habría vida posible.
Esa línea de acción tiene los ojos puestos en el resto de Europa, pero especialmente sobre España, donde Podemos se apoyaba en la experiencia griega como vía posible de superación de la austeridad. Contra el ascenso de Podemos se ha desatado una estrategia combinada en varios planos. En primer lugar, los medios han fabricado mecanismos de rechazo de la nueva organización, mezclando denuncias sobre el comportamiento de algunos de sus dirigentes y organizando una nueva agrupación de centroderecha –Ciudadanos–, para que dispute con Podemos los efectos del desgaste del bipartidismo, con Podemos volviéndose el blanco principal de la actuación de los dos partidos tradicionales –PP y PSOE–, ambos en pánico, actuando juntos para poner limites a la ascenso de Podemos.
El fracaso del intento de Syriza de romper con la austeridad vino a completar la operación de contención de Podemos y de mantener la bipolaridad española, condición indispensable para el mantenimiento de la austeridad. El PP juega su suerte a la posibilidad de incorporar a Ciudadanos a una alianza que le permita seguir gobernando, como si nada hubiera pasado en España. Caso contrario, tendría que apelar al abrazo de ahogado con el Psoe, reabriendo caminos para que Podemos vuelva a cuestionar la bipolaridad con todavía mas fuerza.
Todo lo que se hace en Grecia y en España representa el capítulo europeo de la contraofensiva conservadora global, que tiene en América latina su epicentro, porque es en esa región que el modelo neoliberal es más fuertemente cuestionado. Frente a la fragilidad del modelo neoliberal, la derecha reacciona con intentos de desestabilización de gobiernos que ponen en jaque a su modelo, pero también con bloqueos a las nuevas posibilidades de construcción de alternativas. Pero al no presentar propuestas renovadoras de su modelo, la contraofensiva de la derecha a escala global revela su corto aliento.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Las raíces del mal

En el mundo moderno la política y la empresa son actividades de caudillos que difieren en los objetivos que buscan. Mientras los caudillos políticos anhelan el honor y la gloria, los caudillos empresariales persiguen la riqueza y el poder económico. Los objetivos distintos los obligan a buscar medios específicos que los llevan por rutas diferentes. En algún momento de su recorrido, los caminos se cruzan y se produce lo que Max Weber llamó afinidad electiva, esto es, un encuentro fortuito pero productivo.
 
Los empresarios descubren que los políticos pueden ofrecerles seguridades de diverso tipo (jurídica, coercitiva, etc.) para continuar su aventura y los políticos encuentran una mina de oro: los empresarios pueden financiar sus actividades políticas y ofrecer una base material a sus ambiciones. Desde ese momento el encuentro fortuito se transforma en una relación estructural: No hay empresa capitalista sin las seguridades que le ofrecen los políticos y el Estado moderno ni hay partidos ni Estado sin el financiamiento de las empresas vía impuestos a la renta o la canalización del impuesto al trabajo y  del IGV. Esta es la tesis central del historiador  Otto Hintze, discípulo de Max Weber. 
 
A pesar de los esfuerzos que se hacen por mantener la diferencia y la distancia entre las actividades empresariales y la esfera política, la relación estructural es contaminante porque muchas veces las confunde y las superpone generando lo que Michael Walzer ha llamado intercambios bloqueados, esto es, injusticias. Se compra poder político con dinero y se paga el financiamiento de las empresas con favores políticos. Se ingresa de ese modo al núcleo de la corrupción política y económica y a la mercantilización de la política que eleva enormemente los costos de esta y, sobre todo, de las campañas electorales.
 
Las empresas financian legalmente las campañas electorales de los políticos que, una vez en el gobierno, pagan a los financistas con políticas públicas que los favorecen. Esta modalidad es injusta e irregular, pero aparece cubierta de una cierta legalidad y, en todo caso, no genera mucho escándalo porque es, más o menos, “transparente”. En cambio, es escandaloso y sancionado penalmente el financiamiento empresarial a través de coimas que constituyen una especie de pago ilegal a los gobernantes por los favores políticos recibidos (licitaciones amañadas, políticas públicas a favor de empresas y leyes con nombre propio). Este es el caso de Lava Jato de Brasil que se irradia a casi toda AL, además de los casos locales de cada país.
 
El delito mayor es, sin embargo, la narcopolítica que asume varias modalidades: el financiamiento de los políticos y sus campañas electorales con dinero del narcotráfico, el ingreso de narcotraficantes a la política, etc.  Los medios hacen escarnio sobre todo del financiamiento externo de las campañas electorales, en particular si proviene del chavismo, olvidando el financiamiento social-demócrata o el socialcristiano. Las derechas buscan afanosamente en las agendas de Nadine la plata de Chávez. Los financiamientos con fondos provenientes del asalto al fisco (caso de Fujimori) parecen interesarles poco o nada.
 
La lucha contra la corrupción pasa parcialmente por la dación de una ley que limite en forma drástica el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales.

Sinesio López

http://larepublica.pe/impresa/opinion/698975-las-raices-del-mal

13 agosto 2015

¿Por qué debemos estudiar la reforma educativa en Ecuador?

Escuela Dilma Acosta de Alvarez 012 / Transbarca en Imágenes / CC BY-NC-SA 2.0.

Por Pablo Cevallos Estarellas*
Cuando se habla de reformas educativas recientes en países de América Latina, no es muy común mencionar la experiencia ecuatoriana. Ecuador, una república sudamericana de aproximadamente 15 millones de habitantes, ha intentado, desde 2007, hacer una profunda reforma de su sistema escolar, y ha cosechado algunos logros interesantes, pero es una de las reformas menos observadas e investigadas en América Latina. Sin embargo, el caso ecuatoriano debería ser estudiado porque todos podríamos aprender de él, al menos por tres razones.
  1. Ecuador constituye un caso insólito de un país latinoamericano que pasó abruptamente de tener el sector educación casi abandonado a convertirlo en un elemento central de la gestión pública. Entre 2006 y 2013 se triplicó el presupuesto para educación no universitaria y —aprovechando una rara estabilidad política y económica— se aplicaron de manera sostenida ciertas políticas de reforma educativa integral que en líneas generales coinciden con el consenso internacional sobre lo que debería hacer un país para mejorar la calidad de su sistema escolar.
  2. Los resultados preliminares del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo en América Latina (TERCE, en 2013) de UNESCO, en comparación con los de la segunda evaluación de aprendizajes (SERCE, en 2006), sugieren que Ecuador está entre los países que más rápidamente mejoraron en calidad educativa dentro de la región, en términos de aprendizajes estudiantiles (UNESCO, 2015). En resumen, Ecuador pasó de estar entre las últimas posiciones en SERCE a estar cerca de la media en TERCE: fue el segundo país de la región que más mejoró en lectura de tercer grado, el cuarto que más mejoró en matemática de tercer grado, y el segundo que más mejoró en matemática de sexto grado.
  3. Ecuador es uno de los pocos países latinoamericanos con gobierno “progresista” o de izquierda que han demostrado cierto éxito educativo en la última década, en un contexto discursivo de reconceptualizar la educación como un derecho y no como una mercancía, de recuperar la escuela pública y de revalorizar la profesión docente, de oponerse a la privatización o la descentralización del sistema escolar y de apostar por la calidad educativa con equidad. Esto puede ser significativo porque constituye una alternativa diferente de otros modelos mejor conocidos de reforma educativa que se centran en procesos de privatización y desregulación de los sistemas escolares, más acordes con las prescripciones “neoliberales”.
En este artículo me concentro exclusivamente en las políticas educativas ideadas e implementadas en el lapso de 2007 a 2013, es decir, las administraciones de los ministros Raúl Vallejo y Gloria Vidal, puesto que entre ambos períodos hubo suficientes elementos comunes como para identificar una continuidad de aplicación de políticas educativas, las cuales empezaron a cambiar a partir de 2014, con la administración del ministro Augusto Espinosa. En esta última administración se han introducido algunos cambios en la implementación de las políticas, pero probablemente sería demasiado prematuro valorarlos.
¿Qué ocurrió en el sistema escolar ecuatoriano entre 2007 y 2013, que debe saberse? En los siguientes párrafos intentaré resumir lo esencial de una historia que tomaría mucho más espacio explicar con algo de detalle (puede leerse una versión más detallada en Cevallos Estarellas & Bramwell, 2015). La historia empieza en 2006, cuando Ecuador acababa de pasar la década más inestable de su historia reciente: entre 1996 y 2006, tres gobiernos democráticos habían sido derrocados y siete personas ocuparon la presidencia de la república. En ese año, la situación del sistema escolar ecuatoriano se podía sintetizar así:
  1. Ausencia de rectoría del Estado, con un Ministerio de Educación altamente burocratizado.
  2. Marco legal desactualizado, divorciado de las necesidades de la comunidad educativa.
  3. Baja prioridad para el financiamiento de la educación.
  4. Acceso limitado e inequitativo a la educación.
  5. Condiciones físicas inadecuadas e insuficientes del sistema educativo ante una demanda creciente.
  6. Servicio educativo privatizado y mercantilizado.
  7. Baja calidad de los aprendizajes estudiantiles, poca pertinencia del currículo y ausencia de un sistema de evaluación educativa y de rendición de cuentas.
  8. Profesión docente desvalorizada.
En 2006, el equipo del Ministerio de Educación del gobierno del presidente Alfredo Palacio (el inmediatamente anterior al gobierno actual) impulsó, junto con organizaciones de la sociedad civil, la convocatoria a un referéndum sobre políticas educativas. En la consulta popular del 26 de noviembre de ese año, se pusieron a consideración de la ciudadanía ocho políticas educativas, las cuales fueron aprobadas por más del 66% de los votantes, y por lo tanto se convirtieron en políticas nacionales de educación. He aquí las políticas aprobadas, que dieron lugar a lo que desde entonces se conoció como el Plan Decenal de Educación (PDE) para el decenio 2006-2015:
  1. Universalización de la Educación Inicial a personas de 0 a 5 años de edad.
  2. Universalización de la Educación General Básica (personas de 6 a 15 años).
  3. Incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la población en edad correspondiente (personas de 16 a 18 años).
  4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos.
  5. Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las instituciones educativas.
  6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector.
  7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.
  8. Aumento de 0,5% anual en participación del sector educativo de inicial, básica y bachillerato en el PIB hasta alcanzar al menos el 6% para inversión en el sector.
En enero de 2007 se inauguró la presidencia de Rafael Correa, y de conformidad con el PDE el gobierno empezó a aplicar tres grupos de políticas educativas que intentaré explicar sumariamente en los siguientes párrafos:
  1. Políticas tendientes a la recuperación de la rectoría del Estado en el sistema escolar.Hasta 2006, el Estado ecuatoriano carecía de un control efectivo de lo que ocurría en las escuelas del país, y el Ministerio de Educación se limitaba a administrar centralizadamente un sistema escolar, así como a pagar sueldos de maestros y otros funcionarios, pero no generaba ni gestionaba políticas públicas. Por consiguiente, en este ámbito se ejecutaron acciones tales como (a) reconfigurar el Ministerio de Educación como rector de políticas educativas (y no como mero administrador del sistema); (b) reordenar el sistema educativo ecuatoriano en 9 zonas, 140 distritos y 1.142 circuitos educativos mediante un nuevo modelo de gestión desconcentrada; (c) formular un nuevo marco legal educativo (desde la Constitución hasta la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento) que reconceptualiza la educación como derecho y como servicio público; (d) aumentar la participación del sector educativo en el PIB en un 0,5% anual (aunque todavía no se ha alcanzado la meta del 6%, pues el porcentaje logrado en 2009 fue del 3,68%; para 2013, el porcentaje había subido al 4,5% del PIB); y (e) triplicar el presupuesto dedicado a educación no universitaria, que pasó de USD 1.094,6 millones en 2006 a 2.908,4 millones en 2012.
  1. Políticas tendientes a la universalización de la cobertura del servicio educativo. En 2006, la oferta del servicio educativo público era limitada en comparación con las crecientes demandas de la población, especialmente en el año de preescolar y los seis años de la secundaria, todos los cuales se habían vuelto parte de la escolarización obligatoria a partir de la Constitución de 2008. En este ámbito se aplicaron dos tipos de políticas: (i) dirigidas a estimular la demanda educativa, y (ii) dirigidas a incrementar la oferta educativa. Entre las primeras se ejecutaron acciones tales como (a) garantizar la gratuidad de la educación pública mediante la eliminación de los cobros que eran comunes en las escuelas públicas hasta 2006, (b) condicionar la entrega del Bono de Desarrollo Humano (de USD 50 mensuales, que reciben las personas que están debajo de la línea de pobreza) a que sus hijos asistan a la escuela, y (c) eliminar barreras de acceso al sistema escolar, mediante la entrega de libros de texto a todos los estudiantes, y uniformes escolares y alimentación a los estudiantes más necesitados. Entre las políticas para incrementar la oferta educativa se ejecutaron acciones tales como las siguientes: (a) aumentar (y mejorar) la infraestructura escolar, los equipos y los materiales, especialmente en áreas remotas o para poblaciones históricamente desatendidas, (b) incrementar el número de docentes en el sistema educativo público, y (c) construir nuevos centros escolares, sobre todo en niveles y modalidades cuya oferta era insuficiente para satisfacer la demanda.
  1. Políticas tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio educativo. En Ecuador, como en la mayoría de los países de la región, haber llegado a la cuasi-universalización de los servicios educativos no ha garantizado de ninguna manera que esos servicios sean de excelente calidad, especialmente para los sectores más vulnerables, que suelen ser los usuarios de la educación pública. Por lo tanto, un objetivo independiente de la política educativa es mejorar la calidad de ese servicio ofrecido por la escuela pública, para llegar a garantizar igualdad de oportunidades educativas para todos. Con este propósito se aplicaron tres políticas:
  • Redefinir el propósito general del sistema educativo, apuntando a la igualdad de oportunidades. Para cumplir esta política se ejecutaron acciones tales como las siguientes: (a) se reformaron los currículos nacionales de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado; (b) se formularon estándares educativos de tres tipos: de aprendizaje escolar, de desempeño profesional (para docentes y directivos) y de gestión escolar (para guiar el trabajo de las escuelas); y (c) se supervisó la publicación de nuevos libros de texto para que correspondieran con los currículos y los estándares.
  • Revalorizar la carrera docente y mejorar el talento humano educativo. En cumplimiento de esta política se ejecutaron las siguientes acciones: (a) se establecieron mecanismos rigurosos de selección de nuevos y futuros docentes (en este contexto, se introdujeron pruebas de ingreso rigurosas, y también se establecieron mínimos en pruebas de ingreso a la universidad para acceder a carreras de educación); (b) se buscó mejorar la formación inicial docente, para lo cual se diseñaron perfiles profesionales de docentes, y se creó la Universidad Nacional de Educación (UNAE) operada por el Gobierno, que recién empezó a funcionar plenamente en 2015; (c) se establecieron sistemas de evaluación de docentes en ejercicio con los cuales se pudo diagnosticar necesidades de formación continua, y se armaron los correspondientes sistemas de formación remedial y/o desarrollo profesional continuo, mediante un sistema llamado SIPROFE, y (d) se implementaron estrategias para retener a los mejores docentes en la profesión, entre las que se destaca el incremento del salario mensual de ingreso para un docente con licenciatura, que pasó de USD 396 en 2006 a USD 817 en 2012. También se introdujo con la nueva ley orgánica un escalafón meritocrático, así como una carrera profesional con más opciones laborales.
  • Cambiar la arquitectura institucional del sistema escolar, y superar la dinámica tradicional de intervenciones del Estado, para lograr que los centros escolares se conviertan en los principales agentes del cambio educativo. En este ámbito se aplicaron acciones tales como las siguientes: (a) se eliminó la supervisión educativa y en su lugar se creó un sistema de apoyo y seguimiento educativo, con dos nuevas figuras profesionales (asesores y auditores), encargados de apoyar y evaluar a las escuelas, respectivamente; (b) se fortaleció el rol del directivo del centro escolar, como líder pedagógico, al que se le adjudicó por primera vez un salario proporcional a sus responsabilidades profesionales; y (c) se estableció un sistema de evaluación educativa integral, obligado a dar constante retroalimentación a los centros escolares, para permitirles diagnosticar fortalezas y debilidades.
En conclusión, el panorama general de la educación cambió radicalmente en Ecuador durante estos años, en términos de recuperación de la rectoría, de acceso al sistema escolar y de calidad del servicio educativo. En cuanto a lo primero, el Estado adquirió rectoría sobre el sistema escolar, a través del Ministerio de Educación, el cual fue rediseñado para generar política pública y supervisar su ejecución en el territorio. En cuanto a lo segundo, los resultados manifestados en las estadísticas disponibles muestran un aumento sostenido en la cobertura escolar a partir de 2007, que llegó a la virtual universalización de la Educación General Básica en 2012, con una tasa neta del 95,4%, después de haber sido del 91,2% en 2006. Por su parte, la tasa neta de bachillerato pasó de 47,9% a 62,1% en el mismo período. Sin embargo, lo más significativo es que los grupos étnicos históricamente excluidos —indígenas y afro-ecuatorianos— son los que mostraron mayor crecimiento en asistencia al sistema escolar, al punto que las tasas de ambos grupos son equiparables a la media nacional.
Finalmente, con respecto al objetivo de mejorar la calidad educativa, los resultados son menos concluyentes, pues hasta el momento la única evidencia disponible de que ha habido mejoramiento en este ámbito está en los resultados de las pruebas TERCE de 2013, que muestran que los estudiantes ecuatorianos mejoraron de manera significativa en los resultados de aprendizaje en comparación con resultados similares en las pruebas SERCE de 2006. Frente a esto se puede argumentar que los resultados obtenidos por los estudiantes ecuatorianos en TERCE siguen siendo mediocres, dado que se encuentran aproximadamente alrededor de la media de América Latina, de lo que se sigue que, si bien ha habido una mejoría, hay todavía mucho por hacer para mejorar la calidad educativa en Ecuador. Esto, sin embargo, no tiene nada de sorprendente, pues es sabido que los cambios cualitativos en educación ocurren a muy largo plazo, siempre y cuando haya continuidad en la aplicación de ciertas políticas públicas. Por eso, sería interesante determinar en qué medida las políticas aplicadas a partir de 2014 en Ecuador representan continuidad con las aplicadas entre 2007 y 2013, pero eso sería tema para otro artículo.
*Pablo Cevallos Estarellas es Profesor e Investigador de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Previamente fue Viceministro de Educación de Ecuador. Puedes contactarlo por email (pablo.cevallos.estarellas@gmail.com) y seguirlo en Twitter (@patriotaultimo)
Referencias
Cevallos Estarellas, P., & Bramwell, D. (2015). Ecuador, 2007-2014: Attempting a radical educational transformation. En S. Schwartzman (ed.), Education in South America (pp. 329-361). Londres: Bloomsbury Academic.
UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. (2015). Resumen ejecutivo. Informe de resultados: Logros de aprendizaje TERCE. Santiago, Chile: Autor. Recuperado dehttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Cuadernillo2.pdf

http://blogdepreal.org/2015/08/11/por-que-debemos-estudiar-la-reforma-educativa-en-ecuador/

La reforma educativa desapareció derechos laborales de los docentes

Evaluación a profesores, violación implícita y explícita de sus garantías: 
 Advierten abogados democráticos que las modificaciones transgreden principios constitucionales
 Nadie dice nada de las condiciones precarias de miles de planteles en el país, indica Manuel Fuentes
Foto
Las reformas estructurales: energética, educativa y laboral, fueron tema de análisis de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos para festejar el Día del Abogado. Asistieron: Lauro Sol Orea, María Luisa Campos, Karla Michel, Lucía Lagunes y Manuel FuentesFoto Francisco Olvera
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 11 de julio de 2015, p. 3
Con un llamado a continuar en la defensa jurídica de los más vulnerables, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) festejó ayer el Día del Abogado.
Integrantes de este grupo analizaron las recientes reformas estructurales y advirtieron que hay una transgresión a principios constitucionales, en particular al sentido federalista del país.
¿Cómo dignificamos nuestra profesión? A través del trabajo de todos los días. Nuestra organización sigue luchando por las causas más justas de este país: la defensa de los trabajadores, los mineros, las costureras, entre muchos otros, pero también la asociación está en la lucha en contra de los megaproyectos que destruyen el medio ambiente y las comunidades. Nos oponemos no sólo desde el activismo, sino de la defensa jurídica, dijo Karla Michel Salas, presidenta de la ANAD.
Derechos laborales
En el caso de la enmienda en materia educativa, Manuel Fuentes Muñiz, miembro de la ANAD, advirtió de una violación implícita y explícita a los derechos laborales de los maestros, en el contexto de la evaluación a la que están siendo sometidos.
Si se les obliga a renunciar a sus plazas, con el pretexto de la reforma educativa, se están vulnerando los derechos laborales, dijo.
Ante miembros de esta asociación, precisó que se cumplieron 892 días de la reforma educativa (instaurada el 26 de febrero de 2013) y hay unaexpulsión de profesores por diversas vías, motivo por el cual cada día 300 maestros optan por la jubilación, lo cual hace prever que hacia finales del sexenio se habrá retirado un millón de trabajadores de ese sector.
Lo que no se dice, explicó, es que tras la reforma la Secretaría de Educación Pública recibe menos recursos, alrededor de 8 mil millones de pesos de merma; tampoco se dice nada de las condiciones precarias de miles de escuelas en el país y del déficit en general de los planteles.
Acciones lesivas
A ello se suman otras acciones lesivas en sectores como el energético y laboral; en esta última hay afectaciones a los derechos de los trabajadores, especialmente la estabilidad en el empleo; lo mismo ocurre con la reforma en telecomunicaciones y hacendaria, incluso el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que serán improcedentes todos los amparos contra las reformas constitucionales.
“La reforma educativa ha sido la más severa de los pasados cien años, sobre todo porque –más allá de la laboral que contiene los contratos temporales y la legalización deloutsourcing–, porque trajo como consecuencia la desaparición de los derechos laborales docentes, como la anulación del derecho sindical, la bilateralidad y la estabilidad del empleo.”, señaló.
Durante el encuentro de miembros de la ANAD se hizo un homenaje a la abogada Adela Salazar, quien en vida, junto con su esposo Armando Castillejos Ortiz forjaron frentes de defensa de obreros y sindicatos independientes y tuvieron una destacada participación en la formación partidista, así como en el trabajo en el servicio público, en el sector laboral.
También se hizo un reconocimiento a Alfredo Sánchez Alvarado, decano de la Facultad de Derecho y ejemplo de probidad, por su aportación a la academia, especialmente en la cátedra de derecho del Trabajo.
Igualmente se enviaron los mejores deseos para la pronta recuperación de dos importantes miembros de la ANAD: Néstor de Buen y Jesús Campos Linas, actualmente disminuidos en su salud.
En el encuentro participaron María Luisa Campos Aragón, secretaria de Finanzas de este colectivo; Luis Frías, Óscar Alzaga y Lauro Sol Orea, entre otros.





http://www.jornada.unam.mx/2015/07/11/politica/003n1pol

14 julio 2015

DURO REVÉS AL MINEDU: Directores y subdirectores cesados deberán ser repuestos por mandato judicial.



Resolución. Sala Laboral de Lima aceptó medida cautelar que ordena a Ministerio de Educación reposición de más de 11 mil directores y subdirectores.
El Ministerio de Educación está obligado a reponer a nivel nacional a más de 11 mil directores y subdirectores, quienes fueron retirados de sus plazas, este año, luego que no resultaran ganadores del concurso excepcional de directores y subdirectores que realizó el ministerio el 2014.

El retorno de estos maestros se concreta luego que la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima aceptara el pasado 30 de junio la medida cautelar interpuesta por el Sindicato Nacional de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas (Sindep).

Los maestros cuestionaron en su demanda que la evaluación excepcional del 3 de agosto del 2014, que realizó el Ministerio de Educación, nunca debió realizarse, porque la misma no estaba contemplada en la Ley de Reforma Magisterial 29944.

El secretario general del Sindep en Arequipa, Manuel Del Carpio Ponce, explicó que ante la resolución judicial, el ministerio, las direcciones y gerencias de Educación, además de las Ugel, deben disponer el retorno de los maestros a sus cargos de directores y subdirectores que ostentaban hasta diciembre de 2014. “Esta demanda se interpuso el 2013. En ese entonces el Poder Judicial nos da la razón, pero el Ministerio apela el fallo. Cuando ocurre ello, nosotros interponemos una medida cautelar que haga respetar la plaza de los maestros mientras no concluya el proceso judicial. Recién el 30 de junio de este año se acepta la medida cautelar y se está ordenando la reposición”.

Contra los plazos
El Poder Judicial otorgó cinco días hábiles para que se cumpla la medida cautelar y los maestros retornen a sus centros de trabajo. El último miércoles venció este plazo y todavía el ministerio no notifica a las direcciones y gerencias de Educación, así como a las Ugel para que cumplan con la disposición.




12 julio 2015

GOBIERNO ARREMETE CONTRA EL MAGISTERIO QUE REALIZO HUELGA : Cesarán a maestros que falten a clases por más de 3 días

LUEGO  DE QUE LAS BASES DEL MAGISTERIO REALIZARAN UNA HUELGA EN DISTINTAS REGIONES, EL GOBIERNO HA RESPONDIDO CON UNA NORMA LEGAL QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY  DE REFORMA MAGISTERIAL  29944.

El docente que abandone injustificadamente su centro de labores por más de tres días consecutivos o cinco discontinuos, dentro de un período de dos meses, será cesado temporalmente en su cargo, según  el DECRETO SUPREMO Nº 007-2015-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial publicado en el El Peruano.
La separación también se dará cuando el profesor maltrate física o psicológicamente al estudiante. Asimismo, por hostigamiento sexual, cuando concurra en estado de ebriedad o tenga denuncia por violación, apología al terrorismo, corrupción, etc.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Modifican artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED
DECRETO SUPREMO Nº 007-2015-MINEDU
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en adelante la Ley, tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada; asimismo, regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, se aprobó el Reglamento de la Ley, cuyo Capítulo IX del Título III regula lo concerniente a las faltas, la investigación de las denuncias, la Comisión Permanente y Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y el proceso administrativo disciplinario;
Que, el artículo 44 de la Ley establece que la medida de separación preventiva se aplica al profesor cuando exista una denuncia administrativa o judicial por los presuntos delitos previstos en dicho artículo. Asimismo, los artículos 48 y 49 de la Ley disponen que los profesores son retirados de la institución educativa cuando hayan incurrido en las faltas previstas en los literales a), b), y del d) al h) de dichos artículos, respectivamente;
Que, no obstante, el artículo 86 del Reglamento de la Ley establece que la medida de separación preventiva se aplica de oficio a los profesores que prestan servicio en las instituciones educativas, desde el inicio del proceso investigatorio hasta la conclusión del proceso administrativo disciplinario tanto en el caso de denuncia administrativa o judicial por los presuntos delitos señalados en el artículo 44 de la Ley, como en el caso de denuncias por presuntas faltas graves y muy graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 y los literales del d) al h) del artículo 49 de la Ley, respectivamente;
Que, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley, la investigación de denuncias por las faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda; se encarga, por acuerdo de la Comisión, a uno de sus miembros como ponente, quien elabora su respectivo informe, pronunciándose sobre la instauración o no de proceso administrativo disciplinario, y lo presenta para su aprobación a los demás miembros; lo cual dilata injustificadamente esta etapa y dificulta el desarrollo de la investigación;
Que, de acuerdo con el principio de tipicidad previsto en el artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria;
Que, el literal e) del artículo 48 de la Ley establece que se considera falta grave, pasible de cese temporal, abandonar el cargo injustificadamente, sin especificar la forma en que se configura esta falta;
Que, en tal sentido, resulta necesario modificar el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, con la finalidad de especificar cuando se configura la falta grave prevista en el literal e) del artículo 48 de dicha Ley; regular lo concerniente a las medidas preventivas, el retiro, y la calificación e investigación de las denuncias por las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios; así como precisar las funciones y atribuciones de la Comisión Permanente y Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes; a fin de lograr una adecuada determinación de responsabilidad administrativa en que incurran los profesores y el óptimo desarrollo del proceso administrativo disciplinario;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;
DECRETA:
Artículo 1.- Incorporar el numeral 82.4 al artículo 82 y modificar el artículo 86, los numerales 90.1, 90.2 y 90.3 del artículo 90, y los literales a) y b) del artículo 95 del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, en los términos siguientes:
“Artículo 82.- Cese temporal
(…)
82.4 El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un período de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal.”
“Artículo 86.- Medidas preventivas y retiro
86.1 El Director de la Institución Educativa, bajo responsabilidad funcional, aplica de oficio la medida de separación preventiva al profesor, cuando exista una denuncia administrativa o judicial, por los supuestos descritos en el artículo 44 de la Ley, dando cuenta al titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces.
En caso el Director de Institución Educativa no efectúe dicha separación, el Titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, efectuará la separación preventiva.
86.2 El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, previa recomendación de la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes supuestos:
  1. a) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la Ley.
  2. b) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la Ley.
86.3 La medida de separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida, no constituye sanción ni demérito.
Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones.
Durante el periodo de la separación preventiva o retiro, el Jefe o Especialista Administrativo de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, debe garantizar la prestación del servicio en la institución educativa.”
“Artículo 90.- Calificación e investigación de la denuncia por las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes
90.1 La investigación de las faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, la que califica las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que no constituyan falta grave o muy grave, para su evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso.
90.2 La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, podrá realizar actos de investigación antes de emitir el informe preliminar, con la finalidad de recabar evidencias sobre la veracidad del hecho denunciado.
90.3 La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se pronunciará, en el plazo de treinta (30) días de recibida la denuncia, bajo responsabilidad funcional, sobre la procedencia o no de instaurar proceso administrativo disciplinario a través de un informe preliminar. Una vez aprobado dicho informe, la Comisión lo remite al Titular de Instancia de Gestión Educativa Descentralizada correspondiente.
(…)”
“Artículo 95.- Funciones y atribuciones
La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones siguientes:
  1. a) Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas.
  2. b) Recomendar el retiro del denunciado en el ejercicio de su función.
(…)”
Artículo 2.- Dejar sin efecto el numeral 90.6 del artículo 90 del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de julio del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

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