Dos vídeos de periodistas independientes muestran la represión de la policía peruana contra los indígenas
10 junio 2009
Colmillos del perro del hortelano
Colmillos del perro del hortelano
La República
Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar –a sangre y fuego– a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.
Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.
Ahora, psicóticamente, es un complot, hasta internacional, una manipulación de nativos ignorantes. Pero García había advertido sus planes a las comunidades y pequeños propietarios rurales en “El Perro del Hortelano”. En octubre del 2007, identificó modernidad y progreso con gran inversión y transnacionales. Señaló: La inversión “necesita propiedad segura (de tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”. Fue categórico: “La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú”. Y recalcó: “…en todo el Perú (hay) tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Más claro ni el agua: la propiedad de los pobres “es aparente” e inútil por falta de capital. La propiedad real, que el Estado debe imponer: la gran propiedad.
Con las facultades legislativas que el Congreso le delegó para “adecuar la legislación al TLC-EEUU”, inescrupuloso y mañoso, creyó encontrar la oportunidad para imponer su visión revelada. Lanzó una ofensiva contra las comunidades y la Amazonía con decretos legislativos (DL) inconsultos (violando el Convenio 169 de la OIT y otros) y provocó la reacción de los pueblos amazónicos. El afán de negociación fue inútil hasta que en agosto del 2008, con una huelga, arrancaron la derogatoria de dos DL y la revisión de otros. Regresaron la mecedora y el engaño. El 9 de abril se desató la segunda huelga. Pero ahora, el Congreso jugó con García y frustró la discusión y aprobación de sus mismos dictámenes por derogar los DL antiamazónicos. Entre tanto, Simon jugaba al “diálogo” y la mecedora, buscaba desconocer a los líderes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y preparaba la represión.
El gobierno sabía que mucha gente de la zona era ex combatiente del Cenepa, reservista o rondero. Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida, aunque no querían violencia. Movilizados masivamente, buscaron negociaciones diversas e infructuosas. Pero García presionaba al gabinete y a Cabanillas para acabar la protesta. Así nació la torpe operación del “día del medioambiente” –ahora supuesta respuesta a un complot– que, con las primeras muertes, desató las iras más hondas, los resentimientos más profundos y una cruenta y cruel sucesión de muertos y heridos. La condenable e inaceptable ejecución de policías detenidos y maniatados en la Bomba #6 revela que hay sectores que –sin dirección– pueden dar rienda suelta a toda clase de demonios.
Se persigue y descabeza la dirección de las comunidades nativas, Aidesep, lo que agudizará el caos y la respuesta desarticulada, mientras el mismo Presidente de la Corte Suprema denuncia la presión política sobre el PJ.
La situación ha convocado una Jornada Nacional de Lucha el 11 de junio y varios paros y movilizaciones regionales. Urge una salida: 1) El gobierno debería declarar temporalmente inaplicables (“vacatio legis”) los DL objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria; 2) El Congreso debiera colocar los temas en agenda y resolver, sin evadir su responsabilidad; 3) El gabinete Simon-Cabanillas debe irse y asumir su responsabilidad política en esta sangría; 4) Convocar a una investigación internacional de lo ocurrido, dadas las denuncias de Villa Stein sobre las presiones politicas al PJ, la ilegitimidad del Congreso y del Ejecutivo; 5) Nombrar una Comisión mediadora: quizás la defensora del Pueblo, los obispos amazónicos y Salomón Lerner (CVR); 6) Cesar la persecución a los dirigentes indígenas nacionales en Lima y levantar el Estado de Emergencia y toque de queda.
García, el gran responsable –que repite su brutal manejo de la revuelta de los penales de junio 1986–, debe irse. Y nosotros refirmarnos en una Constituyente que reconozca al Perú plurinacional y defienda sus recursos naturales, entre otros cambios, para refundarlo.
http://www.larepublica.pe/contracorriente/08/06/2009/colmillos-del-perro-del-hortelano
Foro de la ONU califica de “masacre” lo ocurrido en la amazonía peruana
Foro de la ONU califica de “masacre” lo ocurrido en la amazonía peruana
La Prensa
La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui calificó de masacre la matanza de más de 50 personas en el enfrentamiento de la región amazónica, situada a 1.400 kilómetros al norte de Lima. “El accionar del gobierno de (Alán) García se traduce en masacre, esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los derechos humanos” agregó Canqui.
Por su lado la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Victoria Tauli pidió al presidente del Perú que se pongan fin a todos los actos de violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas. Además solicitó una “urgente e inmediata” atención médica para los heridos y ayuda para las familias de las víctimas.
En enfrentamiento entre policías e índigenas que se dió a cabo en el cerro “Cruz del Diablo”, para desbloquear una carretera dejó al menos 50 personas muertas, de las cuáles 9 policías fueron ajusticiados hoy de los 58 rehenes que tenían los campesinos.
http://www.laprensa.com.bo/noticias/06-06-09/ultimas.php?n_a_c=internacional_060609_194618.inc&seccion=1&titulo=Foro_de_la_ONU_califica_de_%E2%80%9Cmasacre%E2%80%9D_lo_ocurrido_en_la_amazon%C3%ADa_peruana
09 junio 2009
!BAGUA¡ ¿OTRO CAYARA? ¿OTRO FRONTÓN? VER IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO
!BAGUA¡ ¿OTRO CAYARA? ¿OTRO FRONTÓN? VER IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO
Fuente: http://caobac.blogspot.com
Por cielo y tierra fueron bombardeados los nativos. Según todos los informes que llegan, los nativos muertos en su mayoría no son encontrados, otros son hallados incinerados, al más puro estilo fascista hitleriano. Un verdadero holocausto.Mientras en Lima y Chiclayo el megalómano Alan García declara en el colmo de la incoherencia que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase”, no tenían ningún derecho a decirle al resto “tú no tienes derecho de venir aquí”. En Chiclayo lamentó el fallecimiento de los policías, de quienes dijo: “murieron en el cumplimiento de su deber”. (¿Asesinar es su deber?)Y en el colmo del delirio dice que los nativos están manipulados desde el extranjero ¡Claro! Cada manipulado cree que todos son de su misma condición. Porque García es un Títere de EEUU y sólo cumple el Manual Psicosocial de ese país. Especialistas en crear cortinas de humo.
Los capitalistas liberales nunca han hecho fortuna sin cebarse con la sangre de los trabajadores, hoy con los nativos, para ellos la población pobre sólo es una mercancía en determinado momento: AYER FUE EL FRONTÓN Y CAYARA HOY ES BAGUA. También les culparon a las víctimas, también dijeron que estuvieron armados. Alan García no pagó por estos crímenes; ¿lo mismo sucederá ahora con los crímenes de Bagua?
Por decencia moral deberían renunciar a sus cargos los tres principales responsables: Alan García, Yeude Simon y Mercedes Cabanillas. ¿Tendrán moral los que asesinan indirectamente?
La prensa camaleona no se queda atrás, como fieles sirvientes del capitalismo liberal, sólo ven muertos en la policía, sólo hablan patéticamente de enfrentamientos, como si fueran dos ejércitos armados en disputo, cuando en realidad hay un solo atacante: El gobierno aprista y sus Fuerzas Armadas y Policiales.
El gobierno aprista se está pasando por encima de todos los peruanos, se ha sobrepasado el límite del derecho que dicen defender. Están asesinando vilmente a la población indefensa, no sólo con armas, sino con hambre y pobreza como es el caso de los niños de la sierra sur.
La población de Perú, nuestro pueblo no debe estar impasible frente a estos hechos. LA SOLUCIÓN PASA POR LA DEROGATORIA DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS, (especialmente del DL 1090) QUE LESIONAN LOS DERECHOS DE LOS NATIVOS. NO HAY OTRA.
VER MÁS ímágenes EN: http://blog.dhperu.org
Leer más. Analizar y difundir http://caobac.blogspot.com
CONGRESO MACRO REGIONAL NORTE
“POR UNA LÍNEA SINDICAL CLASISTA”
SUTE REGIONAL LAMBAYEQUE
RES.DIV.N°134-2005-G.R-LAMB/DRTPE-DRGDL-GAT
SUTE REGIONAL LAMBAYEQUE
RES.DIV.N°134-2005-G.R-LAMB/DRTPE-DRGDL-GAT
EXITOSO PARO REGIONAL DEL 4 DE JUNIO DEL 2009!
¡¡VIVAN LAS BASES CLASISTAS DE CAYALTI, PRESENTES EN ESTE ROTUNDO TRIUNFO DEL SUTER LAMBAYEQUE!!
>¡ABAJO EL BOICOT TRAIDOR DE LOS SEGUIDORES DE LOS VENDEHUELGAS Y USURPADORES(PATRIA ROJA, MDM Y LOS CONVERGENTES) DEL CEN DEL SUTEP!
¡¡VIVAN LAS BASES CLASISTAS DE CAYALTI, PRESENTES EN ESTE ROTUNDO TRIUNFO DEL SUTER LAMBAYEQUE!!
>¡ABAJO EL BOICOT TRAIDOR DE LOS SEGUIDORES DE LOS VENDEHUELGAS Y USURPADORES(PATRIA ROJA, MDM Y LOS CONVERGENTES) DEL CEN DEL SUTEP!
¡¡VIVA
¡¡VIVA EL CONGRESO MACRO REGIONAL A REALIZARCE LOS DIAS 26,27,28 DE JUNIO CON
El decreto de la discordia
El decreto legislativo 1090 y sus graves consecuencias para la selva.
Dicen que los críticos de los decretos legislativos, en particular del Decreto Legislativo 1090, no han hecho sino pedir la derogatoria, sin fundamentar ni explicar sus objeciones. No ha sido así, pero para ayudar a entender lo que está en debate entregamos aquí un recuento de las críticas a este dispositivo.
El presidente Alan García escribió “El Perro del Hortelano”, el 28 de octubre de 2007: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…” / “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”. / “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”
El antecedente general del decreto legislativo 1090, es la ley fujimorista 27308, orientada a abrir la selva a las inversiones en explotaciones hasta de 5 mil hectáreas, dictada a finales de ese gobierno y que el gobierno de Toledo no empujó en su aplicación. En el 2007, García lanzó sus famosos artículos del “Perro del Hortelano”, donde uno de los principales perros eran los pueblos indígenas de la selva que conservaban tierras, ríos y madera sin explotar, basados en principios distintos a los del mercado.
El tercer antecedente es el Proyecto de Ley 840, llamado la “Ley de la Selva”, con el que se buscaba “poner en valor” los recursos selváticos a través de grandes concesiones (hasta de 40 mil hectáreas), que fue fuertemente criticado y se entrampó en el Congreso.
El problema de constitucionalidad
El DL 1090 es un regreso por la ventana de las medidas de implementación del TLC, de la cuestionada “Ley de la Selva”, pero esta vez aparece articulada con un conjunto de otras normas que agrava la tendencia a la concentración de tierras y a la alteración profunda de las condiciones de vida de la población selvática, en particular de las comunidades nativas.
Sobre las violaciones constitucionales del decreto se pueden mencionar específicamente tres: (a) desborda ampliamente el marco de facultades otorgadas, legislando sobre asuntos no vinculados al TLC con Estados Unidos; (b) por su naturaleza abarca temas propios de una ley orgánica de recursos naturales, que sólo pueden ser aprobados directamente por el Congreso; (c) incumple el principio constitucional de respeto a los Convenios Internacionales, en este caso incumple el Convenio 169, OIT, que obliga a consultar toda decisión que afecte los territorios de pueblos indígenas. Un dato interesante al respecto es que la ley forestal colombiana fue derogada, precisamente, por no haber cumplido con este requisito.
Críticas al contenido
Pueden resumirse en tres puntos: (a) el DL 1090 recorta la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera de protección a unos 45 millones has. de tierras con capacidad forestal, es decir, el 60% de los bosques. (b) los recursos forestales se otorgarán por concesión privada, hasta por 40 años, en extensiones de hasta “40 mil hectáreas“. (c) finalmente se autoriza el cambio de uso original de las tierras, que podrán pasar a condición agrícola para formar plantaciones de cultivos especializados.
Estos problemas se relacionan, además, con los alcances de otros decretos como el 1064, que amplía el concepto de tierras eriazas y la capacidad del Estado de disponer de ellas en procesos de concesión, y el 1089 que fuerza un tipo de titularización de predios rurales que apunta a reducir los espacios comunales. El gobierno responde a las críticas insistiendo en que la selva es grande y que 55 millones de hectáreas quedarían protegidas como tierras comunales, reservas, parques y zonas de protección, y que “sólo” se busca afectar unos 8 millones de hectáreas. Esconde además, el proceso de reducción sistemática de las reservas que se viene llevando a cabo para facilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.
Otro tema de discusión es el de los recursos del subsuelo, que el gobierno arguye que por constitución le pertenecen al Estado, para entregarlos en concesión, y que las comunidades interpretan como una invasión de sus derechos. Es obvio que sólo en teoría se puede separar lo que está arriba de lo que se encuentra abajo, pero este intríngulis constitucional está sirviendo para desalojar pueblos de sus espacios ancestrales.
El DL 1090 implicaría un daño al 15% a los bosques de selva y un nuevo golpe al hábitat del mundo indígena. Basta ver las imágenes desoladoras de las plantaciones que varios grupos económicos, entre ellos la familia Romero, vienen haciendo sobre territorios de la selva baja. La esencia del problema es acentuar la ruptura de los equilibrios ecológicos y la relación hombre naturaleza, con consecuencias no sólo locales, sino nacionales y hasta mundiales. Puede verse al respecto los efectos de deforestación en el Brasil que abarcan superficies del tamaño de nuestro país.
La lucha contra el DL 1090 es enteramente principista y nada tiene de caprichosa. Y es evidente que no se resolverá sino con su derogatoria.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/el-decreto-de-la-discordia_40030.html
El decreto de la discordia
Dicen que los críticos de los decretos legislativos, en particular del Decreto Legislativo 1090, no han hecho sino pedir la derogatoria, sin fundamentar ni explicar sus objeciones. No ha sido así, pero para ayudar a entender lo que está en debate entregamos aquí un recuento de las críticas a este dispositivo.
El presidente Alan García escribió “El Perro del Hortelano”, el 28 de octubre de 2007: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán…” / “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”. / “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”
El antecedente general del decreto legislativo 1090, es la ley fujimorista 27308, orientada a abrir la selva a las inversiones en explotaciones hasta de 5 mil hectáreas, dictada a finales de ese gobierno y que el gobierno de Toledo no empujó en su aplicación. En el 2007, García lanzó sus famosos artículos del “Perro del Hortelano”, donde uno de los principales perros eran los pueblos indígenas de la selva que conservaban tierras, ríos y madera sin explotar, basados en principios distintos a los del mercado.
El tercer antecedente es el Proyecto de Ley 840, llamado la “Ley de la Selva”, con el que se buscaba “poner en valor” los recursos selváticos a través de grandes concesiones (hasta de 40 mil hectáreas), que fue fuertemente criticado y se entrampó en el Congreso.
El problema de constitucionalidad
El DL 1090 es un regreso por la ventana de las medidas de implementación del TLC, de la cuestionada “Ley de la Selva”, pero esta vez aparece articulada con un conjunto de otras normas que agrava la tendencia a la concentración de tierras y a la alteración profunda de las condiciones de vida de la población selvática, en particular de las comunidades nativas.
Sobre las violaciones constitucionales del decreto se pueden mencionar específicamente tres: (a) desborda ampliamente el marco de facultades otorgadas, legislando sobre asuntos no vinculados al TLC con Estados Unidos; (b) por su naturaleza abarca temas propios de una ley orgánica de recursos naturales, que sólo pueden ser aprobados directamente por el Congreso; (c) incumple el principio constitucional de respeto a los Convenios Internacionales, en este caso incumple el Convenio 169, OIT, que obliga a consultar toda decisión que afecte los territorios de pueblos indígenas. Un dato interesante al respecto es que la ley forestal colombiana fue derogada, precisamente, por no haber cumplido con este requisito.
Críticas al contenido
Pueden resumirse en tres puntos: (a) el DL 1090 recorta la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera de protección a unos 45 millones has. de tierras con capacidad forestal, es decir, el 60% de los bosques. (b) los recursos forestales se otorgarán por concesión privada, hasta por 40 años, en extensiones de hasta “40 mil hectáreas“. (c) finalmente se autoriza el cambio de uso original de las tierras, que podrán pasar a condición agrícola para formar plantaciones de cultivos especializados.
Estos problemas se relacionan, además, con los alcances de otros decretos como el 1064, que amplía el concepto de tierras eriazas y la capacidad del Estado de disponer de ellas en procesos de concesión, y el 1089 que fuerza un tipo de titularización de predios rurales que apunta a reducir los espacios comunales. El gobierno responde a las críticas insistiendo en que la selva es grande y que 55 millones de hectáreas quedarían protegidas como tierras comunales, reservas, parques y zonas de protección, y que “sólo” se busca afectar unos 8 millones de hectáreas. Esconde además, el proceso de reducción sistemática de las reservas que se viene llevando a cabo para facilitar proyectos mineros y de hidrocarburos.
Otro tema de discusión es el de los recursos del subsuelo, que el gobierno arguye que por constitución le pertenecen al Estado, para entregarlos en concesión, y que las comunidades interpretan como una invasión de sus derechos. Es obvio que sólo en teoría se puede separar lo que está arriba de lo que se encuentra abajo, pero este intríngulis constitucional está sirviendo para desalojar pueblos de sus espacios ancestrales.
El DL 1090 implicaría un daño al 15% a los bosques de selva y un nuevo golpe al hábitat del mundo indígena. Basta ver las imágenes desoladoras de las plantaciones que varios grupos económicos, entre ellos la familia Romero, vienen haciendo sobre territorios de la selva baja. La esencia del problema es acentuar la ruptura de los equilibrios ecológicos y la relación hombre naturaleza, con consecuencias no sólo locales, sino nacionales y hasta mundiales. Puede verse al respecto los efectos de deforestación en el Brasil que abarcan superficies del tamaño de nuestro país.
La lucha contra el DL 1090 es enteramente principista y nada tiene de caprichosa. Y es evidente que no se resolverá sino con su derogatoria.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/el-decreto-de-la-discordia_40030.html
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