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En los últimos años
ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos
socioambientales en todo el territorio por la continuidad,
profundización, intensificación y expansión de proyectos encaminados al
control, extracción, explotación y mercantilización de bienes comunes
naturales. Este es un análisis en profundidad de este proceso y de las
resistencias al mismo.
Lo que está ocurriendo es un énfasis en
las actividades primarias de la economía, que va de la mano del
desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera,
portuaria y enclaves turísticos. A esto debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales,
a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales. En
suma, se trata de actualizadas y renovadas estrategias de despojo de los bienes comunes naturales.
El carácter de las políticas extractivistas de nuevo cuño está anclado al proyecto histórico colonial que ha marcado a América Latina desde hace más de 500 años. No obstante, ahora hablamos de una reconfiguración en las formas de acumulación del capital y de explotación de la naturaleza, que podemos identificar de la siguiente manera: 1) la vertiginosa aproximación hacia el umbral de agotamiento de bienes naturales no renovables, tales como el petróleo, el gas, y los minerales tradicionales; 2) el salto cualitativo en el desarrollo de las técnicas de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas para el medio ambiente–, que está permitiendo el descubrimiento y extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales raros, disputados mundialmente por su formidable valor estratégico en los planos económico y geopolítico; 3) la progresiva transformación de los bienes naturales renovables básicos –tales como el agua dulce, la fertilidad del suelo, los bosques y selvas, etc.–, en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos, dado que se han constituido en los nuevos objetos privilegiados del (neo)extractivismo o en sus insumos fundamentales (Acosta, 2001); y, por último 4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, esto es, un tipo de activos financieros que conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de lucro que movilizan “mercados futuros”, en tanto responsables directos del aumento ficticio de los precios de los alimentos y de las materias primas registrado en el mercado internacional.
Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y con la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Es de resaltar el aumento de asesinatos de activistas ligados a la defensa de la tierra y el territorio en los últimos cinco años, como es el lamentable caso de Noé Vázquez del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre contra la Presa el Naranjal en Veracruz, quien fue brutalmente asesinado hace algunos días –el 2 de agosto para ser precisos-, en el marco del X Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en Amatlán de los Reyes, Veracruz.
En suma, las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:
1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. Con ello se busca desconocer y disimular el vital aporte de las economías de sustento en la producción de alimentos, así como en la conservación de bienes comunes naturales, para el resto de la población. Al respecto, un claro ejemplo es el señalado por Silvia Ribeiro en cuanto a la alimentación mundial: “Mientras que la agricultura industrial (con agrotóxicos, híbridos, transgénicos) ocupa en el mundo 80% de la tierra arable, lo que produce llega sólo a 30% de la población mundial, con un volumen casi igual de desechos, usando 70% del agua y combustibles de uso agrícola. Al otro extremo, las y los campesinos y productores en pequeña escala ocupan cerca de 20% y junto a la pesca artesanal, huertas urbanas y recolección en bosques, alimentan a 70% de la población mundial” (Ribeiro, 2013).
Así, los proyectos de despojo han aumentado los niveles de presión sobre la extracción de recursos naturales, intensificando la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y, en general se han agravado de manera alarmante los niveles de deterioro ambiental. No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. Según la investigación de María Fernanda Paz (2012), hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.
Al respecto, los casos más destacados son el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota en Guerrero , que después de más de diez años de resistencia, han logrado la cancelación definitiva de dicho emprendimiento; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que lograron detener la construcción del aeropuerto en Texcoco; o el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde que exitosamente han logrado frenar la construcción de una hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca; o los habitantes de Cherán que a través de un férreo proceso de organización han conseguido detener la destrucción de sus bosques y defenderse de los talamontes; o las decenas de comunidades indígenas y campesinas que se niegan a sembrar maíz transgénico y a usar los paquetes tecnológicos promovidos por los gobiernos, y continúan produciendo la milpa e intercambiando semillas autóctonas, lo que fortalece la autonomía y soberanía alimentaria de sus comunidades; o la comunidad de Cabo Pulmo y las organizaciones afines que lograron detener el devastador megaproyecto turístico. Y qué decir de las experiencias que han desarrollado proyectos productivos para la autogestión , y otras más, como es el caso de Capulálpam de Méndez en Oaxaca, que ha logrado expulsar a las empresas papeleras de sus territorios y logrado el control de sus bienes forestales, de la mano de una serie de alternativas puestas en marcha por la comunidad, entre las que destacan sus propias empresas, basadas en el ecoturismo y en el aprovechamiento sustentable de sus bienes naturales.
Sin lugar a dudas, lo más importante de estas experiencias es que han logrado alumbrar aspectos cruciales de la crítica al desarrollo capitalista y de las alternativas posibles para enfrentar la crisis ambiental. A este respecto, hay una multiplicidad de voces y experiencias que desde diversas latitudes apuntan a fortalecer los entramados colectivos y los esfuerzos de recomposición comunitaria en espacialidades urbanas y rurales para la producción, gestión y recreación de lo común. Y es que en definitiva, la supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, la cual puede seguir y potencialmente estar a cargo de sujetos comunitarios, a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios frenos y controles al mal uso de los recursos. Se trata de experimentar modalidades comunitarias que, mediante la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la comunicación hagan posible la gestión de lo común sobre la base de una relación sostenible con la naturaleza. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.
En las siguientes colaboraciones de esta columna trataremos con mayor detalle algunos de los temas que aquí mencionamos. Se trata de un aporte quincenal para la comprensión de las estrategias múltiples del despojo, y de las posibilidades que desde abajo se cultivan para la resistencia, organización y construcción de alternativas.
Fuentes consultadas:
ACOSTA, Alberto: “Extractivismo y neoextractivimo: dos caras de la misma maldición”, en La línea de Fuego, 23/12/2011. Disponible en:http://lalineadefuego.info/2011/12/23/extractivismo-y-neoextractivismo-dos-caras-de-la-misma-maldicion-por-alberto-acosta/
PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012.
http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221
RIBEIRO, Silvia: “Contra el robo de la palabra”, en La Jornada, 10/08/2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/08/10/opinion/022a1eco
Mina Lorena Navarro. Socióloga y Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa en el Laboratorio Multimedia para la Investigación Social. Integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa.
Fuente: http://otramerica.com/temas/conflictos-socioambientales-mexico-despojo-dominacion-resistencias/2966
El carácter de las políticas extractivistas de nuevo cuño está anclado al proyecto histórico colonial que ha marcado a América Latina desde hace más de 500 años. No obstante, ahora hablamos de una reconfiguración en las formas de acumulación del capital y de explotación de la naturaleza, que podemos identificar de la siguiente manera: 1) la vertiginosa aproximación hacia el umbral de agotamiento de bienes naturales no renovables, tales como el petróleo, el gas, y los minerales tradicionales; 2) el salto cualitativo en el desarrollo de las técnicas de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas para el medio ambiente–, que está permitiendo el descubrimiento y extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales raros, disputados mundialmente por su formidable valor estratégico en los planos económico y geopolítico; 3) la progresiva transformación de los bienes naturales renovables básicos –tales como el agua dulce, la fertilidad del suelo, los bosques y selvas, etc.–, en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos, dado que se han constituido en los nuevos objetos privilegiados del (neo)extractivismo o en sus insumos fundamentales (Acosta, 2001); y, por último 4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, esto es, un tipo de activos financieros que conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de lucro que movilizan “mercados futuros”, en tanto responsables directos del aumento ficticio de los precios de los alimentos y de las materias primas registrado en el mercado internacional.
Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y con la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Es de resaltar el aumento de asesinatos de activistas ligados a la defensa de la tierra y el territorio en los últimos cinco años, como es el lamentable caso de Noé Vázquez del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre contra la Presa el Naranjal en Veracruz, quien fue brutalmente asesinado hace algunos días –el 2 de agosto para ser precisos-, en el marco del X Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en Amatlán de los Reyes, Veracruz.
En suma, las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:
1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. Con ello se busca desconocer y disimular el vital aporte de las economías de sustento en la producción de alimentos, así como en la conservación de bienes comunes naturales, para el resto de la población. Al respecto, un claro ejemplo es el señalado por Silvia Ribeiro en cuanto a la alimentación mundial: “Mientras que la agricultura industrial (con agrotóxicos, híbridos, transgénicos) ocupa en el mundo 80% de la tierra arable, lo que produce llega sólo a 30% de la población mundial, con un volumen casi igual de desechos, usando 70% del agua y combustibles de uso agrícola. Al otro extremo, las y los campesinos y productores en pequeña escala ocupan cerca de 20% y junto a la pesca artesanal, huertas urbanas y recolección en bosques, alimentan a 70% de la población mundial” (Ribeiro, 2013).
Así, los proyectos de despojo han aumentado los niveles de presión sobre la extracción de recursos naturales, intensificando la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y, en general se han agravado de manera alarmante los niveles de deterioro ambiental. No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. Según la investigación de María Fernanda Paz (2012), hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.
Al respecto, los casos más destacados son el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota en Guerrero , que después de más de diez años de resistencia, han logrado la cancelación definitiva de dicho emprendimiento; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que lograron detener la construcción del aeropuerto en Texcoco; o el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde que exitosamente han logrado frenar la construcción de una hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca; o los habitantes de Cherán que a través de un férreo proceso de organización han conseguido detener la destrucción de sus bosques y defenderse de los talamontes; o las decenas de comunidades indígenas y campesinas que se niegan a sembrar maíz transgénico y a usar los paquetes tecnológicos promovidos por los gobiernos, y continúan produciendo la milpa e intercambiando semillas autóctonas, lo que fortalece la autonomía y soberanía alimentaria de sus comunidades; o la comunidad de Cabo Pulmo y las organizaciones afines que lograron detener el devastador megaproyecto turístico. Y qué decir de las experiencias que han desarrollado proyectos productivos para la autogestión , y otras más, como es el caso de Capulálpam de Méndez en Oaxaca, que ha logrado expulsar a las empresas papeleras de sus territorios y logrado el control de sus bienes forestales, de la mano de una serie de alternativas puestas en marcha por la comunidad, entre las que destacan sus propias empresas, basadas en el ecoturismo y en el aprovechamiento sustentable de sus bienes naturales.
Sin lugar a dudas, lo más importante de estas experiencias es que han logrado alumbrar aspectos cruciales de la crítica al desarrollo capitalista y de las alternativas posibles para enfrentar la crisis ambiental. A este respecto, hay una multiplicidad de voces y experiencias que desde diversas latitudes apuntan a fortalecer los entramados colectivos y los esfuerzos de recomposición comunitaria en espacialidades urbanas y rurales para la producción, gestión y recreación de lo común. Y es que en definitiva, la supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, la cual puede seguir y potencialmente estar a cargo de sujetos comunitarios, a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios frenos y controles al mal uso de los recursos. Se trata de experimentar modalidades comunitarias que, mediante la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la comunicación hagan posible la gestión de lo común sobre la base de una relación sostenible con la naturaleza. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.
En las siguientes colaboraciones de esta columna trataremos con mayor detalle algunos de los temas que aquí mencionamos. Se trata de un aporte quincenal para la comprensión de las estrategias múltiples del despojo, y de las posibilidades que desde abajo se cultivan para la resistencia, organización y construcción de alternativas.
Fuentes consultadas:
ACOSTA, Alberto: “Extractivismo y neoextractivimo: dos caras de la misma maldición”, en La línea de Fuego, 23/12/2011. Disponible en:http://lalineadefuego.info/2011/12/23/extractivismo-y-neoextractivismo-dos-caras-de-la-misma-maldicion-por-alberto-acosta/
PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012.
http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221
RIBEIRO, Silvia: “Contra el robo de la palabra”, en La Jornada, 10/08/2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/08/10/opinion/022a1eco
Mina Lorena Navarro. Socióloga y Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa en el Laboratorio Multimedia para la Investigación Social. Integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa.
Fuente: http://otramerica.com/temas/conflictos-socioambientales-mexico-despojo-dominacion-resistencias/2966
