Diario 16
Desde hace
alrededor de dos décadas, el sector boyante de universidades privadas se
ha convertido en un nicho milagroso multiplicador de dinero, y que goza
de la presencia de políticos y empresarios (estos últimos, cercanos a
políticos y jueces) entre sus directorios.
En cuanto me asomé ligeramente al tema, fui hallando tantos casos macabramente “irregulares” que tuve la sensación de estar presenciando un sector universitario que algún día fue entendido como una apetitosa torta a rebanar, y que hoy está invadido por abultadas garrapatas, engordadas por sus ansias de hacer de la educación un negocio; glotonerías permitidas por la desregulación estatal –en nombre de una malentendida autonomía– y la connivencia y ceguera intencionada de las supuestas autoridades autónomas que evalúan las casas superiores de estudio.
Desde hace dos décadas, las universidades privadas empezaron a multiplicarse como hongos tras semanas de lluvia. Tal vez exagere, pero mi sensación es que el único requisito para crear una universidad privada era ser político o ser amigo de uno. Algo así como que casi el único requisito para montar un carrito sanguchero, a finales de los 90, era aparecer en el programa de Laura Bozzo.
Mis cálculos –basados en documentos de la Asamblea Nacional de Rectores (principal ente regulador del sector universitario)– revelan que el crecimiento en número de universidades privadas desde inicios de los 90 hasta la fecha ha sido de un 330%. Tan solo en los últimos diez años, estas han pasado de ser alrededor de 40, para ascender a las 86 que hoy existen. Pero las intenciones de creación de universidades privadas poco habrían tenido que ver con los deseos de ampliar el acceso a la educación superior de los peruanos, y mucho más que ver con las ganancias que estas reportan.
Tan apetitoso parece ser el negocio que incluso el grupo Interbank decidió, en 2012, comprar la mayoría de acciones de una de estas casas de estudio, la Universidad Tecnológica del Perú, fundada por el excongresista fujimorista Roger Amuruz. Días atrás, el portal Corresponsales. pe denunció que Jonathan Golergant, director general de esta universidad, es a su vez miembro del directorio del CONEAU, si bien ostentar ambos cargos trasgrede la ley peruana (el CONEAU pertenece al SINEACE, ente autónomo evaluador de la calidad de la educación universitaria).
Pero casos como estos, que rezuman ilegalidad –donde todo queda en familia, y los controladores son los controlados–, parecen ser la regla y no la excepción. En octubre, el Ministerio de Educación –atado de pies y manos por carecer de competencias– solicitó al CONEAU la remoción de Jaime Zárate, cargo directivo en la Universidad Privada del Norte y, a la vez, presidente del directorio del CONEAU. En otra misiva dirigida al CONEACES, pidió la destitución de Luis Saldaña, cargo directivo en la Universidad San Martín de Porres y presidente del CONEACES (otro organismo regulador de la educación superior, dependiente del SINEACE). Al día de hoy, de acuerdo con lo que aparece en las páginas webs de las instituciones mencionadas, ninguno de estos dos personajes ha sido removido de sus puestos dobles.
Y aunque esto le suene escandaloso, le aseguro que es solo una minúscula parte de toda la podredumbre que se cuece detrás del sistema privado de educación universitaria.
Desde 1996 (cuando se aprueba la existencia de universidades privadas con fines de lucro), el número de estudiantes en universidades privadas ha pasado de ser 162 mil a 543 mil en 2012, según el INEI.
En cuanto me asomé ligeramente al tema, fui hallando tantos casos macabramente “irregulares” que tuve la sensación de estar presenciando un sector universitario que algún día fue entendido como una apetitosa torta a rebanar, y que hoy está invadido por abultadas garrapatas, engordadas por sus ansias de hacer de la educación un negocio; glotonerías permitidas por la desregulación estatal –en nombre de una malentendida autonomía– y la connivencia y ceguera intencionada de las supuestas autoridades autónomas que evalúan las casas superiores de estudio.
Desde hace dos décadas, las universidades privadas empezaron a multiplicarse como hongos tras semanas de lluvia. Tal vez exagere, pero mi sensación es que el único requisito para crear una universidad privada era ser político o ser amigo de uno. Algo así como que casi el único requisito para montar un carrito sanguchero, a finales de los 90, era aparecer en el programa de Laura Bozzo.
Mis cálculos –basados en documentos de la Asamblea Nacional de Rectores (principal ente regulador del sector universitario)– revelan que el crecimiento en número de universidades privadas desde inicios de los 90 hasta la fecha ha sido de un 330%. Tan solo en los últimos diez años, estas han pasado de ser alrededor de 40, para ascender a las 86 que hoy existen. Pero las intenciones de creación de universidades privadas poco habrían tenido que ver con los deseos de ampliar el acceso a la educación superior de los peruanos, y mucho más que ver con las ganancias que estas reportan.
Tan apetitoso parece ser el negocio que incluso el grupo Interbank decidió, en 2012, comprar la mayoría de acciones de una de estas casas de estudio, la Universidad Tecnológica del Perú, fundada por el excongresista fujimorista Roger Amuruz. Días atrás, el portal Corresponsales. pe denunció que Jonathan Golergant, director general de esta universidad, es a su vez miembro del directorio del CONEAU, si bien ostentar ambos cargos trasgrede la ley peruana (el CONEAU pertenece al SINEACE, ente autónomo evaluador de la calidad de la educación universitaria).
Pero casos como estos, que rezuman ilegalidad –donde todo queda en familia, y los controladores son los controlados–, parecen ser la regla y no la excepción. En octubre, el Ministerio de Educación –atado de pies y manos por carecer de competencias– solicitó al CONEAU la remoción de Jaime Zárate, cargo directivo en la Universidad Privada del Norte y, a la vez, presidente del directorio del CONEAU. En otra misiva dirigida al CONEACES, pidió la destitución de Luis Saldaña, cargo directivo en la Universidad San Martín de Porres y presidente del CONEACES (otro organismo regulador de la educación superior, dependiente del SINEACE). Al día de hoy, de acuerdo con lo que aparece en las páginas webs de las instituciones mencionadas, ninguno de estos dos personajes ha sido removido de sus puestos dobles.
Y aunque esto le suene escandaloso, le aseguro que es solo una minúscula parte de toda la podredumbre que se cuece detrás del sistema privado de educación universitaria.
Desde 1996 (cuando se aprueba la existencia de universidades privadas con fines de lucro), el número de estudiantes en universidades privadas ha pasado de ser 162 mil a 543 mil en 2012, según el INEI.
Cualquiera diría que en Perú se vive una verdadera revolución del
conocimiento, si no fuese porque existen escalofriantes indicios de la
baja calidad académica en la gran mayoría de estas “casas del
conocimiento”, deficiencia que responde al nulo control de la
proliferación y funcionamiento de los centros.
Esta semana, cinco estudiantes de la Universidad Telesup contactaron conmigo. Me aseguraron que su universidad carece de materiales básicos de enseñanza. Me comentaron la ausencia de sílabos e incluso la inexistencia de decanos en algunas de sus facultades. Además, me aseveraron que la Telesup continúa trasgrediendo la Ley Nº29917. Esta normativa –satanizada por la CONFIEP (confederación de empresas privadas peruanas, que parecen tener importantes “intereses” en la educación)– fue aprobada en 2012 y prohíbe a los centros de educación superior suspender a los alumnos que estén atrasados en sus mensualidades de dar exámenes.
Meses atrás, diario16 publicó una investigación demostrando que esta misma universidad incumplía el artículo 21º de la actual Ley Universitaria, que señala que la única modalidad de ingreso a universidades peruanas es “por concurso”. La Universidad Telesup aplicaba la modalidad regular de ingreso “por concurso”, y además tenía una modalidad de “ingreso directo” (previo desembolso sustancioso de dinero, claro está).
Pero ninguno de estos pisotones a la normativa le dio tanta fama a la Telesup como la oferta de trabajo discriminatoria que publicó en marzo de este año, en la que requerían recepcionistas de una altura mínima de 1.60 m y de “tez clara”. ¿Lo recuerdan? En aquel momento, incluso la ministra de la Mujer y el Ministerio de Cultura se pronunciaron exigiendo fuertes sanciones contra esta “casa del conocimiento”.
La Universidad Telesup, propiedad del congresista de Solidaridad Nacional José Luna –conocido por cobrar voluntariamente y literalmente un sol por su labor en el Poder Legislativo, además de recordado por haber sido acusado en 2002 de recibir 10 mil soles de manos de Montesinos–, fue fundada en 2009 y no aparece en ningún ranking de calidad de educación superior. Tal vez el único trabajo de investigación realizado por esta universidad fue la encuesta que publicó en 2010 dando el segundo puesto en las elecciones presidenciales a Luis Castañeda Lossio (candidato por Solidaridad Nacional).
El congresista Luna es también dueño de diversos institutos y es uno de los numerosos políticos peruanos que han hecho fortuna en el suculento y descontrolado “negocio” de la educación.
En ausencia de un órgano estatal efectivo que fiscalice estos y otros atropellos, el portal web Corresponsales.pe viene publicando desde hace más de dos años información reveladora sobre lo que sucede en el sistema universitario peruano.
Hace pocas semanas, Corresponsales.pe, acogiéndose a la Ley de Transparencia, inició la publicación de los estados financieros de algunas universidades privadas, hecho que no le gustó a la bancada fujimorista. El pasado 2 de diciembre, un grupo de congresistas de este partido exigió la conformación de una comisión en el Congreso para investigar a este medio digital por una supuesta violación de la reserva tributaria de las empresas (es decir, de las universidades privadas en cuestión). Lo que los congresistas parecían desconocer es que el portal web no violó ninguna ley, pues la información que dio a conocer es pública.
¿Será que hay congresistas fujimoristas que forman parte del boyante “negocio” de las universidades privadas?
Fuente: http://diario16.pe/columnista/
http://diario16.pe/columnista/
Esta semana, cinco estudiantes de la Universidad Telesup contactaron conmigo. Me aseguraron que su universidad carece de materiales básicos de enseñanza. Me comentaron la ausencia de sílabos e incluso la inexistencia de decanos en algunas de sus facultades. Además, me aseveraron que la Telesup continúa trasgrediendo la Ley Nº29917. Esta normativa –satanizada por la CONFIEP (confederación de empresas privadas peruanas, que parecen tener importantes “intereses” en la educación)– fue aprobada en 2012 y prohíbe a los centros de educación superior suspender a los alumnos que estén atrasados en sus mensualidades de dar exámenes.
Meses atrás, diario16 publicó una investigación demostrando que esta misma universidad incumplía el artículo 21º de la actual Ley Universitaria, que señala que la única modalidad de ingreso a universidades peruanas es “por concurso”. La Universidad Telesup aplicaba la modalidad regular de ingreso “por concurso”, y además tenía una modalidad de “ingreso directo” (previo desembolso sustancioso de dinero, claro está).
Pero ninguno de estos pisotones a la normativa le dio tanta fama a la Telesup como la oferta de trabajo discriminatoria que publicó en marzo de este año, en la que requerían recepcionistas de una altura mínima de 1.60 m y de “tez clara”. ¿Lo recuerdan? En aquel momento, incluso la ministra de la Mujer y el Ministerio de Cultura se pronunciaron exigiendo fuertes sanciones contra esta “casa del conocimiento”.
La Universidad Telesup, propiedad del congresista de Solidaridad Nacional José Luna –conocido por cobrar voluntariamente y literalmente un sol por su labor en el Poder Legislativo, además de recordado por haber sido acusado en 2002 de recibir 10 mil soles de manos de Montesinos–, fue fundada en 2009 y no aparece en ningún ranking de calidad de educación superior. Tal vez el único trabajo de investigación realizado por esta universidad fue la encuesta que publicó en 2010 dando el segundo puesto en las elecciones presidenciales a Luis Castañeda Lossio (candidato por Solidaridad Nacional).
El congresista Luna es también dueño de diversos institutos y es uno de los numerosos políticos peruanos que han hecho fortuna en el suculento y descontrolado “negocio” de la educación.
En ausencia de un órgano estatal efectivo que fiscalice estos y otros atropellos, el portal web Corresponsales.pe viene publicando desde hace más de dos años información reveladora sobre lo que sucede en el sistema universitario peruano.
Hace pocas semanas, Corresponsales.pe, acogiéndose a la Ley de Transparencia, inició la publicación de los estados financieros de algunas universidades privadas, hecho que no le gustó a la bancada fujimorista. El pasado 2 de diciembre, un grupo de congresistas de este partido exigió la conformación de una comisión en el Congreso para investigar a este medio digital por una supuesta violación de la reserva tributaria de las empresas (es decir, de las universidades privadas en cuestión). Lo que los congresistas parecían desconocer es que el portal web no violó ninguna ley, pues la información que dio a conocer es pública.
¿Será que hay congresistas fujimoristas que forman parte del boyante “negocio” de las universidades privadas?
Fuente: http://diario16.pe/columnista/
http://diario16.pe/columnista/
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