Las protestas y movilizaciones de los maestros en buena parte del país han demostrado que las reformas impulsadas por Peña Nieto están generando un enorme descontento entre buena parte de la población, poniendo a prueba al sistema político. El regreso del PRI a Los Pinos reconfiguró la dinámica política, regresándola a los tiempos en que el poder ejecutivo subordinaba sin miramientos a los otros dos poderes así como a los gobernadores y en general, a todos los actores políticos institucionales. En los viejos tiempos, el PRI controlaba el congreso marginando a la oposición partidista; hoy el control se da por medio de pactos, como el pacto por México, en el cual la oposición se subordina al proyecto presidencial pero manteniendo una imagen de pluralidad, muy útil para legitimar el desmantelamiento del viejo estado de bienestar y mostrarlo como un avance en el desarrollo político del país.
La
embestida contra el magisterio para reducir sus derechos laborales
evidencian tres procesos que apuntan a reconfigurar el autoritarismo
"democrático" en México, a saber: las soluciones policiacas y militares
para la contención del descontento, el crecimiento de la brecha entre
gobernantes y gobernados y el mantenimiento del charrismo sindical como
fórmula para mantener el control sobre los trabajadores organizados.
El autoritarismo estuvo siempre apuntalado en las fuerzas armadas pero
en nuestros días se puede apreciar un cambio cualitativo. En los viejos
tiempos, el ejército permanecía en los cuarteles y seguía siendo visto
por los políticos como una amenaza a su poder -herencia de los
conflictos posteriores al fin de la revolución de 1910 que provocó gran
inestabilidad política y social, como consecuencia de las continuas
rebeliones y asonadas militares- mientras que hoy han salido de sus
cuarteles y los gobernantes dependen cada vez más de ellos. El reciente
desfile para conmemorar la independencia nacional tuvo un actor
privilegiado: el ejército, que desfiló, disfrazó efectivos de civiles
para medio llenar el zócalo y además, coordinó las labores de represión
en todo el país. Las fiestas nacionales han perdido poco a poco su
carácter civil y la parafernalia militar gana terreno. La participación
del ejército como prólogo a un encuentro de fútbol de la selección
nacional es otra muestra clara del militarismo rampante.
Al
mismo tiempo, y en estrecha relación con la anterior, los gobernantes
muestran sistemáticamente su desprecio por las demandas de las mayorías,
confiados en su alianza con las fuerzas armadas, en los enormes
recursos económicos que perciben y en los aplausos (¿sobornos?) que
reciben de los organismos internacionales, la banca internacional y los
gobiernos de los países ricos. El conflicto magisterial ha sido objeto
de toda clase de descalificaciones y trampas burdas por parte de los
políticos y sus partidos. Arropados por los medios de comunicación,
diputados, senadores, gobernadores, ediles y empresarios insisten en que
no hay otra ruta que la suya y lo que se espera de la población es su
apoyo en lugar de protestas y movilizaciones. Su desprecio por las leyes
y la dignidad de las personas parece no tener límites. Las recientes
inundaciones que le han costado la vida a cientos y el patrimonio a
decenas de miles son un escaparate privilegiado para confirmar el
argumento. En lugar de actuar para minimizar los daños, la burocracia
política estaba más preocupada por los festejos patrios y la represión
de las protestas.
Por su parte, el charrismo sindical
representa hoy una vieja fórmula política, reciclada por el estado para
mantener el control sobre sus trabajadores y los de las empresas
privadas. La burocracia sindical fue por mucho tiempo un actor político
central en el equilibrio del sistema político tradicional pero su
declive (que probablemente inició con la muerte de Fidel Velázquez, el
charro mayor y sobre todo con el cambio en el modelo económico) no se ha
detenido en las últimas décadas. El conflicto magisterial ha debilitado
enormemente el férreo control del SNTE sobre los maestros del país. Se
podría pensar que el estado ha dejado a su suerte al sindicato de
maestros para fragmentar la representación sindical en aras de un mayor
control. El encarcelamiento de su líder histórica, Elba Esther Gordillo,
puede entenderse hoy como parte de la ofensiva y antecedente directo de
la reforma. Muchos de sus miembros se preguntan si las reformas
hubieran pasado en el caso de que la maestra estuviese libre y en
control del sindicato. Sin embargo, el estado no pretende renunciar a su
control sino reforzarlo, debilitando y fragmentando a las
organizaciones de trabajadores.
Por todo lo anterior, las
luchas de los maestros resultan fundamentales para contener la
reconfiguración del sistema político. En la medida en que las demandas
magisteriales se trasladen a la defensa y democratización de sus
sindicatos, sin menospreciar las demandas originales, la reconfiguración
del autoritarismo -sostenida por la democracia electoral y la
militarización- enfrentará obstáculos eventualmente infranqueables. La
recuperación de las organizaciones sindicales -condición necesaria para
recuperar sus derechos perdidos con las reformas- representa hoy un
elemento indispensable para abrir nuevos horizontes a la historia de
México e impedir el afianzamiento del autoritarismo "democrático". Tal
vez por eso estudiantes, desempleados, amas de casa, padres y madres de
familia y la población en general los han apoyado. Presienten que lo que
hay en juego va más allá que la defensa de los derechos laborales del
magisterio. Y en eso tienen toda la razón.
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