"Soy comunista y eso no es un delito, quiero el mejor futuro para mi
pueblo y eso no es un crimen; salvo para los que mandan y oprimen que no
quieren verdadera paz, democracia y desarrollo, como yo sí lo busco,
con mis dichos y mis hechos." M.L.G
El momento del viraje hacia la dictadura popular
Punto Final
El texto que se publica en estas páginas corresponde al Nº 186 de “Punto Final” (19 de junio de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org
La situación política ha producido una coincidencia de hecho en los
planteamientos que formulan diversos partidos de Izquierda. El PS, MIR,
MAPU e Izquierda Cristiana, por ejemplo, en pronunciamientos públicos
emitidos en días recientes apuntan -en líneas esenciales- en una misma
dirección. Sostienen, por ejemplo, que la oposición reaccionaria ha
conseguido cerrar uno a uno los “resquicios legales” que daban
verosimilitud a la “vía chilena” hacia el socialismo. Añaden que hay una
convergencia entre los sectores opositores destinada a provocar -en
forma más o menos rápida- una crisis definitiva. Para el secretario
general socialista, Carlos Altamirano, por ejemplo, el Partido Nacional
busca el golpe inmediato, mientras el Demócrata Cristiano prepara
condiciones para agosto o septiembre.
Otra cuestión abordada de
manera muy parecida por los partidos de Izquierda es lo que se refiere a
la manera de encarar el peligro de una guerra civil. Expresan
coincidencia en cuanto a que ese riesgo -corolario de una lucha de
clases llevada a sus últimas consecuencias-, no será conjurado sino a
través de la movilización revolucionaria de las masas, ganando -por así
decirlo- la guerra antes que ella se desate, o por último en el curso
del enfrentamiento. Finalmente, esos partidos de Izquierda coinciden en
que el método correcto es desarrollar el poder revolucionario (o poder
popular) a través de organizaciones como los Comandos Comunales de
Trabajadores, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc.
Para el Partido Comunista “el peligro es tan evidente y próximo que no admite actitudes contemplativas ni indiferentes” ( El Siglo , 10-VI-73).
EL ARMA INSTITUCIONAL
PF ha venido analizando en sucesivas ediciones el empleo a fondo que
hace la burguesía de los instrumentos estatales que controla:
Parlamento, Tribunales de Justicia y Contraloría. El primero destituyó a
tres ministros y algunos intendentes en los últimos días, aprobando
además dos reformas constitucionales que impiden al programa de la
Unidad Popular avanzar en el terreno industrial y agrario. Los
Tribunales desconocieron toda autoridad del gobierno para meter en
cintura los desbordes de las radios de oposición y, de paso, declararon
reo y están sometiendo a proceso a otro ministro. La Contraloría, por su
parte, continuó emitiendo dictámenes para obligar a devolver industrias
requisadas.
Dentro de este cuadro parece un hecho que la
Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa
(“iniciar la construcción del socialismo”) si sigue apegada a las normas
del “Estado de derecho” de la burguesía.
El asunto de quién
rompe primero la legalidad actual -si el gobierno o la oposición-
aparece ahora como un sofisticado problema ético que la propia acción
opositora, desde sus bastiones en la institucionalidad, se ha encargado
de enervar. El quid de la cuestión es más bien una relación de fuerzas
que un problema jurídico. Tener “la razón constitucional” -a estas
alturas- no allegará a ninguno de los bandos más recursos humanos y
materiales que los que ya disponen. No se está librando una disputa
legal en procura del veredicto de un tribunal imparcial. Se está
desarrollando una lucha de clases que tiene como fin el dominio de una
clase por otra, la subordinación de una a otra clase, el reemplazo de
una dictadura por otra. Ese es ni más ni menos el asunto en juego. Ni la
burguesía, ni el proletariado, van a detener su lucha -aquélla por
recuperar el gobierno y éste por conquistar el poder- por un “quítame
allá estas pajas” más o menos legal.
Parece también ilusorio
que simples argumentos jurídicos y constitucionales -que sirven sólo
para malabarismos en la superestructura- vayan a inclinar el conjunto de
las fuerzas armadas hacia uno u otro campo. Es un hecho que ellas,
factor determinante en el problema, tendrán que entrar en la correlación
de fuerzas que establece la lucha de clases. En ese terreno la línea
divisoria no pasa por los Tribunales, la Contraloría o los debates
parlamentarios, sino por la mayor o menor capacidad dirigente, la
coherencia ideológica, firmeza de propósitos y homogeneidad de mando que
muestren las clases en pugna. El núcleo más importante de las fuerzas
armadas, seguramente, será arrastrado hacia el polo social y político
más enérgico y activo, operando en el seno de ellas las mismas
contradicciones de clase que tienen lugar en el resto de la sociedad.
LA VIA DEL GOLPE
La envoltura jurídica del conflicto social sólo tiene ahora cierto
grado de significación para la burguesía. No hay duda que al sector más
esclarecido de ella -como lo hemos venido sosteniendo en PF- le seduce
la idea de una “vía chilena hacia el golpe”. Se trata -como hemos dicho
varias veces- de llevar al gobierno del presidente Allende al desplome.
Producir su “muerte natural” para que incluso la intervención de las
fuerzas armadas, necesariamente inconstitucional e insólita en los
últimos cuarenta años, aparezca como un remedio necesario y transitorio
para una situación de caos.
En ese sentido la burguesía quiere
usar a las fuerzas armadas como un gendarme de sus intereses. Pero
tratando de evitar que el verdadero control político se escape de sus
manos. En los cálculos de la burguesía, seguramente, es un factor
inquietante pensar que sus públicos llamados a la intervención de las
fuerzas armadas se traduzca en un largo periodo de dictadura militar. La
“vía chilena al golpe”, por lo tanto, tiene que operar con los agentes
políticos, judiciales y administrativos de la burguesía encaramados
sobre las espaldas de las fuerzas armadas. El papel de éstas se
limitaría al de agente represivo del pueblo y del movimiento obrero por
cuenta de los burgueses y del imperialismo. Es muy difícil, claro está,
que el conjunto de las fuerzas armadas acceda a jugar ese rol.
Otra faceta de esta “vía chilena” hacia la restauración plena del
capitalismo -hasta ahora levemente tocado en el país-, es amarrar de
pies y manos al gobierno de la Unidad Popular, “perdonándole” la vida
hasta 1976, y aprovechando el inevitable deterioro económico de una
situación ambigua como la actual para tratar de dividir a la clase
trabajadora. Es la línea básica seguida por la Democracia Cristiana,
desde el “estatuto de garantías constitucionales” de 1970, hasta las
reformas de la Constitución introducidas por sus senadores en los
aspectos que atañen a la propiedad industrial y agraria. Todo ello
secundado por el impulso organizado a la “oposición desde la base”, que
es el plan más siniestro urdido por la burguesía y el imperialismo para
tratar de dividir al movimiento obrero.
EL FRACASO DE UNA LINEA
No obstante, el gobierno no puede aceptar quedar aprisionado en la
jaula de acero que le fabrica un sector de la burguesía agitando el
caramelo de una “tregua” hasta 1976. Ello significaría el quiebre de la
Unidad Popular y por lo tanto, un debilitamiento mayor del gobierno,
dejándolo a merced de su enemigo. Por otra parte, ya pasó la coyuntura
de un eventual entendimiento con un sector de la burguesía,
concretamente con aquel representado políticamente por la Democracia
Cristiana.
La tesis que dentro de la UP propugnaba ese
entendimiento ha perdido toda vigencia y se ha demostrado, en los
hechos, el fracaso del socialismo reformista. El PC parece venir de
regreso de esa línea equivocada, lo cual es un síntoma muy alentador
para la necesaria unidad del movimiento obrero. Pero la aplicación de la
política aprobada por la UP en Lo Curro, debilitó en forma considerable
el proceso y es uno de los factores que más pesan hoy, a la hora de
medir las fuerzas ante “el peligro evidente y próximo”.
Un
balance de la situación del área de propiedad social, hecho por el
actual vicepresidente de la Corporación de Fomento, Pedro Vuskovic,
señala: “Resta mucho por hacer para culminar los planteamientos
programáticos del gobierno sobre esta materia. Las áreas de propiedad
mixta distan aún de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida. Si
sólo se considera la industria manufacturera, de un total de 36.220
empresas existentes, 165 pertenecen a las áreas social y mixta y otras
120 están requisadas o intervenidas. El conjunto de la producción de
estas empresas del área social y las que están requisadas o intervenidas
representan aproximadamente un 22 por ciento del producto industrial y
un porcentaje todavía menor de la ocupación en el sector industrial (19
por ciento). De las 93 empresas industriales que el gobierno ha
reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las áreas
social y mixta, en la actualidad sólo ocho pertenecen a ella, mientras
que 48 están requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y
control privado” ( Ultima Hora , 7-VI-73). El análisis de
Vuskovic agrega que en determinadas ramas industriales, como cuero y
calzado por ejemplo, las áreas social y mixta “siguen siendo
inexistentes”. Son estas razones, anota con exactitud, “las que hacen
difícil el desarrollo planificado de la economía”.
La franqueza de Vuskovic provocó un insólito ataque personal del diario Puro Chile y una declaración de solidaridad con el afectado de la comisión política del Partido Socialista, partido al que pertenece.
NECESIDAD DE ROMPER EL CASCARON INSTITUCIONAL
Es evidente que la clase obrera ha avanzado poco sobre los auténticos
centros de poder (el área social sólo representa el 22 por ciento del
producto industrial y el 19 por ciento de la ocupación del sector). A la
vez es cierto que los agentes políticos de la burguesía, apoyados en la
institucionalidad y en la propaganda y en organizaciones abiertas y
legales, han caminado un largo trecho hacia su meta.
Pero
también es un hecho que a pesar de las debilidades mostradas por la
Unidad Popular, la conciencia revolucionaria de las masas ha crecido en
apreciable medida. La actitud de la clase trabajadora en el paro de
octubre de 1972, luego su rechazo al llamado ‘’proyecto Millas” y el
casi 44 por ciento volcado a la Izquierda en las elecciones
parlamentarias de marzo de 1973, son indicios claros.
Lo mismo
puede decirse del ánimo que lleva a sectores de vanguardia a realizar
los “prodigios de organización proletaria” que se traducen en los
Comandos Comunales, los Cordones Industriales, el abastecimiento
directo, las JAP, etc. No hay que equivocarse: es la propia masa la que
busca crear un poder revolucionario que sustituya al poder burgués. Por
eso la actitud de repliegue, atinando sólo a tratar de disuadir a la
burguesía para que no acuda al recurso extremo de la guerra civil, no
corresponde exactamente al estado de ánimo de las masas.
Algunos partidos de la Izquierda han interpretado correctamente la
situación, exigiendo al gobierno que adopte medidas enérgicas y
ejemplarizadoras. El propio secretario general de la CUT, Manuel
Dinamarca, reprochó en un mitin realizado en la Plaza de la Constitución
la blandura que llevó a levantar la clausura de una radioemisora
golpista.
Lenin observaba que “el entusiasmo revolucionario de
la clase avanzada puede mucho cuando la situación objetiva exige de todo
el pueblo la adopción de medidas extremas... Lo importante es
comprender que en tiempos de revolución, la situación objetiva cambia
tan rápida y bruscamente como corre la vida en general”. En el caso
chileno todo se aproxima a esa apreciación leninista.
La fuerza
del pueblo no utilizada -y que se desgasta en la medida que los
problemas sin solución y la propaganda enemiga van erosionándola- es
todavía muy grande. Pero cada vez se aproxima el instante del “demasiado
tarde”, cuando ya no hay caso de revertir la situación en favor de los
trabajadores.
“La historia enseña -dijo Fidel Castro el pasado
1° de mayo- que cuando los pueblos están decididos a defender sus
derechos, cuando los pueblos siguen un camino firmemente, no hay poderío
ni hay fuerza que sea capaz de apartarlos de ese camino”. La Revolución
Cubana no tiene por qué ser una excepción que el pueblo chileno no
pueda igualar y aún superar. Pero, sin vuelta de hoja, se ha llegado a
una situación que plantea medidas extremas. En este caso, romper el
cascarón de la institucionalidad burguesa es una cuestión de
vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar
formas relativamente pacíficas de transición al socialismo.
Los
“brotes” de socialismo que han despuntado en los Comandos Comunales y
Consejos Campesinos deben ser activamente estimulados para que crezca el
poder revolucionario. Ganar a los soldados para la causa de la clase
trabajadora, dándoles participación en los órganos de poder popular, es
una tarea de singular prioridad. Comenzar a ejercer formas de dictadura
popular es la única posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario
de las masas. Asegurar en la base la unidad de todos los sectores que
quieren el socialismo, aboliendo las prácticas sectarias, es un
requisito indispensable en esta tarea. Poner bajo dirección y control
obrero a toda la producción y distribución, consolidando el predominio
absoluto del área social, es el único modo de planificar y distribuir en
resguardo del interés popular.
DIRECCION DE CLASE
Poner bajo dirección proletaria la organización social del trabajo,
requiere un cierto grado de violencia. Pero ésta será menor, en nuestro
caso, en la medida que se logre crear desde ya un poder revolucionario
suficientemente fuerte y eficaz.
Está meridianamente claro que
persistir en la dirección que desea la burguesía, o sea ciñéndose al
esquema institucional creado por ella, conduce directamente al desastre.
Determinados sectores de Izquierda agitan con fuerza el
inminente peligro de una guerra civil. Pero no complementan esa
actividad con desplazamientos que podrían debilitar ahora al enemigo,
antes que entre en acción. Antes bien, se crea una imagen en que toda
acción de las masas organizadas para crear poder revolucionario aparece
como una provocación a la guerra civil. La debilidad que trae aparejada
esa campaña debe ser contrarrestada para evitar que se convierta en un
arma de doble filo.
Los sectores opositores, cuya agresividad
se ve estimulada por la propaganda burguesa, han llegado a un nivel de
enardecimiento en que cualquier salida, incluso la guerra civil, les
parece buena con tal de derrocar al gobierno de la UP. De modo que a
esos sectores la campaña contra la guerra civil no les hará mella. En
cambio los sectores populares, aliados del proletariado en un proyecto
revolucionario, pueden ser confundidos por esa campaña si no se le da un
contenido de clase bien preciso, tendiente a organizar a las masas en
nuevos términos. Nos referimos a la necesidad de organizarse en el marco
que exige la nueva realidad: para librar un combate por el poder.
La situación actual no puede, ni con mucho, calificarse de “normal”. O
sea, no bastan las organizaciones habituales. Hoy son necesarios
organismos como los Comandos Comunales, donde el proletariado pueda
ganar la conducción de todos los trabajadores y de todos los explotados.
Nuestro pueblo puede ejercer con sabiduría y firmeza una dictadura de
clase que oriente el proceso de construcción socialista. La clase
trabajadora chilena ha demostrado un nivel de madurez muy alto. Su
disciplina le ha permitido afrontar -y sigue haciéndolo- problemas
graves que siguen creciendo porque no se aplican medidas extremas como
las que reclama la clase obrera. Todo ello hace que tenga perfecto
derecho a tomar directamente en sus manos los órganos del poder del
Estado, apoyando su fuerza en el poder revolucionario de sus
organizaciones.
MANUEL CABIESES DONOSO
Editorial de PF 186
Hay que dar una buena respuesta al Congreso
Un Congreso Pleno, que no lo fue tanto ya que de él se retiraron todos
los parlamentarios de Izquierda, aprobó hace una semana una reforma
constitucional que prácticamente desbarató todas las conquistas que en
el proceso agrario habían ganado los campesinos. Fue otra de las
“gracias” montadas por la oposición, que tiene mayoría en las dos ramas
del Parlamento, para seguir en su obstrucción al gobierno y en su afán
de frenar la evolución económica y social que se ha intensificado en el
país desde el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970.
Ya a este Congreso no le han bastado las acusaciones a ministros e
intendentes, ni tampoco las verdaderas agresiones de que ha hecho
víctima a la clase trabajadora al negarse a legislar sobre el delito
económico, para detener la especulación y el mercado negro desatado
contra ella, y al obstaculizar el despacho de un justo reajuste de sus
ingresos. Ahora, ha remarcado más aún su carácter de clase y se ha
volcado totalmente en la defensa de los intereses de los latifundistas,
perjudicando todo cuanto habían adquirido los campesinos a través de la
aceleración que el gobierno popular había impreso a una reforma agraria
retardada por la administración anterior.
Esta actitud refleja
la desatada disposición de impedir por todos los medios a su alcance los
cambios que exigen los trabajadores. Nada detiene a la mayoría
opositora, ni siquiera la propia Constitución, que en el asunto de las
acusaciones ministeriales ha violado repetidamente. Esa prepotencia
aparece avalada además por otra que paralelamente ha surgido de los
Tribunales de Justicia, coludidos abiertamente con la oposición.
Una acción de este tipo está pidiendo a gritos una respuesta
consecuente. Para darla, el gobierno dispone del amplio respaldo de la
clase trabajadora que ha sabido crearse órganos de poder que, como los
Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, las JAP y sus
organizaciones de base, ven en el Congreso el freno insolente de todas
sus conquistas y el obstáculo para el camino al socialismo. Es de allí
de donde surge la petición de que se marche, sin compromisos, hacia un
régimen donde el pueblo diga e imponga su palabra, una real dictadura
popular que coloque el tapabocas que se merece esta corporación que
lesiona sus intereses.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 783, 14 de junio, 2013
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