Orden telefónica
A las 10 de la noche del 11 de agosto, el Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) de la dirección de Protección de Carreteras envió una inusual orden a todas sus dependencias en el país.
(De izquierda a derecha) El ministro del Interior, Óscar Valdés; el general PNP (r) Raúl Becerra; y el general PNP (r) Horacio Huivin.
Por Romina Mella.-
El encabezado del documento empezaba con un tono categórico y terminaba de manera ambigua. “Por disposición del Sr. General PNP director de Carreteras se comunica lo siguiente, para su conocimiento, debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar alguna novedad”.
Más abajo, en letras mayúsculas, figuraba el nombre de la empresa Corporación ADC S.A.C., cuya actividad comercial, de acuerdo con la orden policial, es la de transporte de carga por carretera a nivel nacional.
Casi al final del documento, y en una tipografía aún más grande, decía: “gerente general: Valdés Dancuart, Óscar Eduardo (actual ministro del Interior).
La orden, que pasó por la oficina de trámite documentario, donde fue registrada y sellada, fue transmitida por el suboficial PNP Franco Pérez (en el documento figura erróneamente como Pertez), quien ese día estaba de guardia en el Ceopol.
Según Registros Públicos, Valdés es director en Corporación ADC S.A.C., pero un día antes de juramentar como ministro del Interior dejó el cargo de gerente general.
¿Quién envió esa orden? El director de la Policía de Carreteras en esa fecha era el general PNP Horacio Huivin. IDL-R lo entrevistó y le preguntó qué quiso decir, qué quiso hacer y qué quiso lograr con esa inusual orden.
Sorpresivamente, Huivin negó haber dado la orden: “No. Yo no he mandado tácitamente [sic] un documento sobre ese particular. Yo no tengo porqué estar haciendo eso. La misión del personal de carreteras es garantizar la seguridad de la red vial nacional”.
La duda se convirtió en misterio: Si el general Huivin decía la verdad y no emitió la notoria orden, ¿quién lo hizo?
IDL-R buscó al ministro del Interior, Óscar Valdés y logró entrevistarlo por teléfono. A diferencia de Huivin, Valdés sí recordaba perfectamente el tema y la secuencia de hechos que relató.
El ministro dijo que supo de la orden policial a través del general PNP Raúl Becerra, entonces director general de la Policía. “Me lo trajo (el documento) Becerra. Él me dio cuenta. (…) Me dijo: mire ministro esto tiene doble intencionalidad. Yo le ordené a Becerra que comunicara a todos los puestos que eso era totalmente en contra de mi voluntad, y así fue. Eso se dijo, ya nunca más se tocó ese tema”.
Se tocó por lo menos una vez más y en esa misma ocasión. Según el relato de Valdés, el general Becerra llamó por teléfono a Huivin delante de él y lo amonestó duramente por haber emitido dicha orden. “(Becerra) Se enojó muchísimo. Se lo trató muy mal a Huivin por ese detalle”, agregó.
Ante esta evidente contradicción, IDL-R contactó nuevamente al general Huivin, cuya memoria empezó, según parece, a funcionar. Huivin admitió el episodio telefónico con el general Becerra, aunque con diferente versión. “Me preguntó si es que había dispuesto y yo le dije que en ningún momento había ordenado tal cosa”.
Si usted no dio la orden, ¿quién lo hizo? preguntó IDL-R a Huivin. “Eso había sido quizá obra del encargado del Ceopol”, respondió Huivin con un tono cercano al balbuceo.
¿Entonces tomaron falsamente su nombre en el Ceopol?
Han tomado mi nombre para dar esa disposición, en efecto.
¿Y usted ordenó una investigación? ¿El director de la Policía ordenó una investigación?
No, no. Hubo una conversación, una pregunta de parte del director general y ahí quedó. No dispuso una investigación.
Lo que sí se dispuso fue el pase al retiro de Huivin, el pasado 8 de octubre, dentro de la purga de 30 generales que se llamó ‘reingeniería’.
Uno de los que lo acompañó al retiro fue, precisamente el general Becerra. De tal manera que amonestador y amonestado dejaron de tener que ver con el asunto.
IDL-R intentó comunicarse hasta el cierre de edición con Becerra, pero éste ha logrado al parecer zambullirse con tanta eficacia en la vida civil, que resultó inubicable.
Así que, a menos que el Ministerio Público se interese en el tema, el asunto pareciera destinado a permanecer en el misterio.
IDL-R mostró la orden a varios altos jefes policiales, en actividad y en retiro. En casi todos los casos, los oficiales sonrieron con un cierto burlón disimulo mientras la leían.
Muchos dijeron que ese tipo de orden no es infrecuente, pero que “nunca se da por escrito”. Y a continuación, al referirse al presunto autor, algunos hicieron con las manos el gesto que se usa para indicar que algo está siendo pesado.
Camión de transporte de carga pesada es intervenido por la policía de Carreteras.
En cuanto al porqué de la orden, los oficiales se dividieron en dos posiciones:
Una, es que la orden, que fue recibida en todas las dependencias de la Policía de Carreteras en el Perú, fue dada para que esta le brinde una protección especial a los camiones de la compañía del ministro, a fin de ganarse sus indulgencias. “Puro soboneo”, según las fuentes.
La otra interpretación es menos caritativa: el documento sería un aviso a las unidades de carretera para que no extorsionen a los conductores de los camiones del ministro, dado que hacerlo hubiera significado un festival de cabezas cortadas unos días después.
La corrupción en la Policía de Carreteras es algo conocido, pero esta orden es, en todo caso, uno de los pocos casos que la documenta, aunque involuntariamente. Diversas fuentes policiales confirmaron a IDL-R que en varias direcciones departamentales, los policías pagan cantidades nada desdeñables por el cambio de colocación a esa unidad.
La expectativa es recuperar con cierta rapidez esa ‘inversión’, aunque está claro que hay un cierto número de camiones con iniciales de tres letras que no van a servir para hacerlo.
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