Una visión fallida del gobierno hacia nuestros hermanos de la selva y el Ande. Quisieron acabar la protesta a balazos y abrieron heridas profundas entre los peruanos.
Los cuatro años del segundo gobierno de Alan García se han caracterizado también por la visión discriminatoria del Ejecutivo hacia las comunidades indígenas y por el aumento de la persecución de dirigentes y los conflictos sociales; y ninguna medida concreta ha sido emitida para solucionar esta situación.
El gobierno realizó, entre los años 2006 y 2007, modificaciones al Código Penal bajo el argumento de “mantener la paz, la seguridad pública y el orden constitucional”. Las protestas pasaron a ser castigadas como delito de extorsión. Las condenas fueron aumentadas para quienes cometan disturbios y fue endurecida la pena para el delito de apología a la violencia.
Perro del Hortelano
El Decreto Legislativo 982 coronó las medidas adoptadas para frenar y acallar las protestas sociales. Esa norma determina que ningún miembro de la Policía y las Fuerzas Armadas puede ser enjuiciado por causar lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber. El gobierno acusó, además, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a algunos integrantes de la Iglesia Católica de azuzar los conflictos sociales.
García presentó su teoría de “El Perro del Hortelano”, mediante la cual pretendió justificar la entrega de gran parte de la selva y la sierra del país a capitalistas principalmente extranjeros, bajo el argumento que las comunidades indígenas son dueñas del suelo donde viven, mas no del subsuelo, donde existen recursos naturales como gas y minerales preciosos.
Emitió un paquete de normas legales y promovió la concesión de extensas áreas, sin haber consultado a las poblaciones, vulnerando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esas normas produjeron protestas, más conflictos y violentas represiones.
El Baguazo
De todos los conflictos y enfrentamientos, el que dejó peor saldo fue el Baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009. Las comunidades nativas protestaron en toda la Amazonía contra las pretensiones del gobierno de entregar las tierras donde ellos viven, a transnacionales petroleras y mineras. En Bagua, los nativos bloquearon la carretera Fernando Belaunde, a la altura de la “Curva del Diablo”. Luego de casi 50 días de protestas, el gobierno decidió desbloquear la vía utilizando la fuerza desmedida en una operación improvisada y mal planificada.
La madrugada de aquel 5 de junio policías al mando de los generales Luis Muguruza y Javier Uribe iniciaron la represión, pese a que existía el compromiso de los nativos para desalojar la vía cuando amanezca. El saldo fue 33 muertos, entre policías y nativos. El mayor Felipe Bazán Caballero desapareció durante el Baguazo, y no aparece hasta el momento.
Persecución judicial
Las investigaciones y los juicios tras el Baguazo y otras manifestaciones han recaído sobre las cabezas visibles, apus, dirigentes de organizaciones sociales, periodistas e incluso religiosos, quienes son víctimas de hostigamiento y persecución judicial. Actualmente existen casi 2 mil dirigentes sociales enjuiciados por manifestarse en defensa de la naturaleza, la tierra y los derechos humanos.
El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, salió del país. Permaneció asilado un año en Nicaragua. Regresó hace un mes y fue detenido, pero luego liberado y ahora afronta sus procesos en libertad condicional.
Ley de Consulta
Un año después del Baguazo, el Congreso aprobó la Ley de Consulta Previa para las comunidades indígenas, para obligar al Estado a implementar la consulta a las comunidades antes de permitir el inicio de las actividades de exploración o explotación y, en general, tomar cualquier medida política, económica y administrativa que las afecte. El Ejecutivo debía velar para que se llegue a un acuerdo, un consentimiento.
Sin embargo, el presidente Alan García observó la norma y la devolvió al Parlamento. Las comisiones de Pueblos Andinos y Amazónicos y de Medio Ambiente del Congreso insistieron en la ley, pero la Comisión de Constitución se allanó a las observaciones.
Está pendiente un nuevo debate de los informes de esas comisiones en el pleno del Congreso. Las comunidades nativas no pierden la esperanza de que la ley se apruebe, pero tampoco descartan realizar nuevas protestas para hacer respetar sus derechos.
fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=67112
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