Triple alianza frustra debate y derogatoria de decreto 1090, medida que esperaba Aidesep para levantar huelga indefinida.
Después de largas horas de debate en el pleno del Congreso, la mesa directiva de este poder del Estado, presidida por el aprista Javier Velásquez, tomó como pretexto una intervención del congresista nacionalista Werner Cabrera, considerada ofensiva por la bancada gobiernista, para patear el tablero y no votar la derogatoria del decreto legislativo inconstitucional 1090 y así frustrar el anhelo de los amazónicos y diversos sectores del país.
Cabrera en su intervención en el pleno dijo que así como se investiga al ex premier Jorge del Castillo por estar involucrado en los “faenones” del caso de corrupción de los petroaudios también debería ser investigado por el mismo caso el presidente García, y, luego de esto, a pedido de los legisladores apristas, que invocando el artículo 61º del Reglamento del Congreso reclamaron una retractación por lo que consideraban una ofensa, Cabrera retiró sus palabras, a lo que estaba obligado por esa norma.
Sin embargo, los parlamentarios apristas le exigieron, con prepotencia y a gritos en el caso de Velásquez, que además pida disculpas por haber dicho que el presidente García y el ex premier estaban involucrados en negociados.
Este requerimiento fue calificado por Cabrera como ajeno al reglamento, que sólo lo obliga a retirar lo dicho; ante lo cual la mesa directiva levantó la sesión y la votación se postergó una vez más hasta el miércoles próximo, cuando volverá a reunirse el pleno.
El Congreso inició el debate sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1090, con el manifiesto propósito de la mayoría formada por las bancadas aprista, fujimorista y de Unidad Nacional, de impedir su derogatoria, aprobada por la Comisión de Constitución y demandada por la población amazónica.
No hay voluntad
El congresista Cabrera dijo a LA PRIMERA que la triple alianza buscó un pretexto para no proseguir tratando la derogatoria del decreto 1090, cuya anulación es uno de los gestos que espera la población amazónica para levantar las medidas de protesta que realizan desde hace casi dos meses.
En el inicio del debate, el congresista Edgard Reymundo sustentó el dictamen de la Comisión de Constitución que dictaminó la inconstitucionalidad del citado decreto, mientras el parlamentario aprista Aurelio Pastor un dictamen minoritario en sentido contrario.
Una cuestión previa presentada por Mauricio Mulder para suspender el debate hasta que el Ejecutivo y los representantes de las comunidades nativas culminen el diálogo iniciado esta semana, fue rechazada por las bancadas del Partido Nacionalista y del Bloque Popular que exigieron votar la derogatoria en el día.
Reymundo señaló que el 1090 es inconstitucional porque vulnera el convenio 169 de la OIT –que obliga al gobierno a consultar con los indígenas las decisiones que, como la citada norma, los afecten- así como el artículo 55º de la Constitución que da rango de ley nacional a los acuerdos internacionales, como el citado convenio. Pastor dijo en cambio que el decreto se ajusta a la Carta Magna y que algunos de sus artículos fueron modificados para asegurar su legalidad.
Diversos congresistas rechazaron que sea una mesa de diálogo la encargada de dictaminar la constitucionalidad o no de los decretos amazónicos, tal como lo planteó el congresista Mulder. Los nacionalistas pidieron al Congreso no abdicar de sus funciones de legislar y ejercer en cambio el control político de las leyes.
“Están proponiendo que no sea el Congreso sino el primer ministro quien califique la legalidad del decreto1090. Eso es una vergüenza”, señaló el vocero nacionalista, Fredy Otárola.
Por su parte, la congresista Marisol Espinoza dijo que la mayoría legislativa pretende convertir al Congreso en una mesa de partes a la que lleguen las normas que corrija el primer ministro.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=39395
APRA impide solución
Después de largas horas de debate en el pleno del Congreso, la mesa directiva de este poder del Estado, presidida por el aprista Javier Velásquez, tomó como pretexto una intervención del congresista nacionalista Werner Cabrera, considerada ofensiva por la bancada gobiernista, para patear el tablero y no votar la derogatoria del decreto legislativo inconstitucional 1090 y así frustrar el anhelo de los amazónicos y diversos sectores del país.
Cabrera en su intervención en el pleno dijo que así como se investiga al ex premier Jorge del Castillo por estar involucrado en los “faenones” del caso de corrupción de los petroaudios también debería ser investigado por el mismo caso el presidente García, y, luego de esto, a pedido de los legisladores apristas, que invocando el artículo 61º del Reglamento del Congreso reclamaron una retractación por lo que consideraban una ofensa, Cabrera retiró sus palabras, a lo que estaba obligado por esa norma.
Sin embargo, los parlamentarios apristas le exigieron, con prepotencia y a gritos en el caso de Velásquez, que además pida disculpas por haber dicho que el presidente García y el ex premier estaban involucrados en negociados.
Este requerimiento fue calificado por Cabrera como ajeno al reglamento, que sólo lo obliga a retirar lo dicho; ante lo cual la mesa directiva levantó la sesión y la votación se postergó una vez más hasta el miércoles próximo, cuando volverá a reunirse el pleno.
El Congreso inició el debate sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1090, con el manifiesto propósito de la mayoría formada por las bancadas aprista, fujimorista y de Unidad Nacional, de impedir su derogatoria, aprobada por la Comisión de Constitución y demandada por la población amazónica.
No hay voluntad
El congresista Cabrera dijo a LA PRIMERA que la triple alianza buscó un pretexto para no proseguir tratando la derogatoria del decreto 1090, cuya anulación es uno de los gestos que espera la población amazónica para levantar las medidas de protesta que realizan desde hace casi dos meses.
En el inicio del debate, el congresista Edgard Reymundo sustentó el dictamen de la Comisión de Constitución que dictaminó la inconstitucionalidad del citado decreto, mientras el parlamentario aprista Aurelio Pastor un dictamen minoritario en sentido contrario.
Una cuestión previa presentada por Mauricio Mulder para suspender el debate hasta que el Ejecutivo y los representantes de las comunidades nativas culminen el diálogo iniciado esta semana, fue rechazada por las bancadas del Partido Nacionalista y del Bloque Popular que exigieron votar la derogatoria en el día.
Reymundo señaló que el 1090 es inconstitucional porque vulnera el convenio 169 de la OIT –que obliga al gobierno a consultar con los indígenas las decisiones que, como la citada norma, los afecten- así como el artículo 55º de la Constitución que da rango de ley nacional a los acuerdos internacionales, como el citado convenio. Pastor dijo en cambio que el decreto se ajusta a la Carta Magna y que algunos de sus artículos fueron modificados para asegurar su legalidad.
Diversos congresistas rechazaron que sea una mesa de diálogo la encargada de dictaminar la constitucionalidad o no de los decretos amazónicos, tal como lo planteó el congresista Mulder. Los nacionalistas pidieron al Congreso no abdicar de sus funciones de legislar y ejercer en cambio el control político de las leyes.
“Están proponiendo que no sea el Congreso sino el primer ministro quien califique la legalidad del decreto1090. Eso es una vergüenza”, señaló el vocero nacionalista, Fredy Otárola.
Por su parte, la congresista Marisol Espinoza dijo que la mayoría legislativa pretende convertir al Congreso en una mesa de partes a la que lleguen las normas que corrija el primer ministro.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=39395
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