Carta de un general (parte II)

Carta de un general

El 20 de febrero de este año el mayor general de la Fuerza Aérea Peruana Carlos Ordóñez Velázquez le dirigió una segunda carta al presidente de la república Alan García. No conozco el contenido de LA PRIMERA, pero el de esta segunda misiva podría llegar a ser histórico. He considerado que vale la pena ceder hoy esta página a la valentía inusual de un hombre de armas retirado. He aquí un resumen de la carta.



Sr. presidente:

Hace unos días le dirigí una carta abierta en la que le hacía ver -en forma sencilla- que a pesar de ser el Jefe Supremo de las FFAA y PNP, tal como lo establece la Constitución, sus afirmaciones sobre el reajuste de salarios del personal de las FF.AA. y de la Policía Nacional habían ido cambiando errática y demagógicamente.

Lamentablemente, no me equivoqué, pues, con su proceder, usted sigue desdiciéndose de los planes y promesas hechas cuando se encontraba en campaña electoral.

Esta bonificación que ha dispuesto para las FF.AA. y la PNP, mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2010, es solamente un minúsculo paliativo, sobre todo para el personal subalterno.

Además, como dispone el artículo 4º del dispositivo arriba citado, dicho bono será financiado con cargo a los presupuestos de Defensa y del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Si esto es así, le pregunto: ¿Por qué al anunciar su otorgamiento dijo usted que había dispuesto su entrega “después de un minucioso estudio del presupuesto nacional y de las obras públicas… habiendo hecho reserva de recursos y postergando algunas inversiones”?

Yo se lo puedo decir: Lo hizo utilizando el arte de la demagogia y del engaño. Un discurso que pretende hacerle creer al pueblo que se están postergando obras como carreteras, postas médicas, escuelas, etc., y todo por darles un bono a los militares, no es más que una vieja táctica suya, la de enfrentar a unos con otros para obtener réditos políticos.

Pero el pueblo no es tonto, presidente. El pueblo peruano se ha dado cuenta de esta burda maniobra y está apoyando a sus Fuerzas Armadas y a su policía.

Además, presidente, esto ha sido tomado por la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas como una burla y como un signo inequívoco del profundo desprecio ancestral que tiene usted por las Fuerzas Armadas y la Policía. Es decir, además de mantener diezmada la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, ahora afrenta usted la moral del personal militar. ¡Craso error, señor García! Tener equipamiento inadecuado e inoperativo ya es malo, pero ahondar esta situación burlándose del personal, no tiene nombre. Usted no se da cuenta, pero esto le va a reventar en la cara.

Lo peor que ha hecho usted es crear diferencias donde no las hay. Al disponer que el bono llamado: “Compensación por Defensa, seguridad Nacional y Orden Interno”, se entregue (por única vez) sólo al personal en situación de actividad a partir del grado de Comandante hasta el de Suboficial de Tercera (o equivalentes) y al personal lisiado o discapacitado en combate, así como a las viudas, no hace sino confirmar su absoluta ignorancia de lo que es la naturaleza de la labor militar.

O acaso, ¿usted cree que el personal en retiro no tiene iguales o mayores necesidades que el personal en actividad? ¿Por qué hace usted esa diferencia?

No puede usted negar que su propósito es crear desunión y enfrentamiento entre sus miembros. Pero, no se equivoque: el personal en situación militar de retiro nunca va a ver mal que a sus compañeros en actividad se les entregue ese bono, aunque sea una ínfima cantidad. Lo que sí vemos mal, pero muy mal, es su accionar, señor presidente, el que haga usted esas distinciones. Diferencias que no pueden ni deben presentarse. Sino veamos:

-El personal en retiro ha dado también su cuota de sacrificio en su momento. Muchos de ellos han sido vencedores en Falso Paquisha, mientras usted estaba bien acomodado en su curul.

-Muchos de ellos también combatieron en la Guerra del Cenepa, en inferioridad de condiciones, entre otros motivos – y cito el libro “Pájaros de alto vuelo”, de Carlos Malpica, – por la venta, bajo oscuras condiciones, de doce (12) aviones Mirage 2000 y todo su armamento. Dicha venta fue anunciada por usted al tomar el mando en 1985.

-El personal que se encuentra en retiro actualmente, también es aquél que peleó y GANÓ en la lucha contra el terrorismo en los momentos más duros de la demencial arremetida del senderismo entre 1980 y 1995. ¿Pero mientras tanto, qué hacía usted, señor presidente? Se lo vuelvo a recordar: usted destrozaba la economía nacional y llevaba al país, del 85 al 90, a la inflación más grande de su historia.

Por otro lado, es indudable que el personal que sufrió mutilaciones y las viudas de aquellos que resultaron muertos en combate requieren de una atención de parte del Estado en agradecimiento a su enorme sacrificio. Eso no está en discusión. El problema está en la discriminación que usted hace.

En ese sentido, yo le pregunto, presidente García: Aquellos que no tuvieron la “suerte” de perder una pierna, un brazo, un ojo (o ambos), o los que no murieron en combate, ¿deben ser ignorados acaso? ¿Se trata de un castigo para aquellos que, ganando una guerra, regresaron a casa ilesos?

Usted se ha olvidado del principio constitucional que dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.

Por eso, esta disposición del Ejecutivo, contrariamente a lo calculado por usted, no va a ser aplaudida por el personal en actividad y menos por los lisiados y las viudas, pues, además de tratarse de un “caramelito” que se diluirá rápidamente, ellos saben que se está cometiendo una injusticia con sus camaradas de armas.

Por otro lado, ha anunciado usted que se va a conformar una comisión encargada de estudiar y proponer la reestructuración del sistema remunerativo y de pensiones de las FF.AA. y de la Policía Nacional; sin embargo, vemos que esa comisión está integrada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del ministerio de Economía y Finanzas, del ministerio del Interior y del ministerio de Defensa, es decir, por un equipo de personas dependientes todas del Ejecutivo, además de una Secretaría Técnica encargada a una persona de reconocido prestigio. Esperemos que no se trate de algún prestigioso miembro del partido del pueblo.

En este punto debo resaltar lo siguiente: Cuando paralizaron los gremios de transportes, las comisiones de alto nivel del gobierno se reunieron con ellos y llegaron a un acuerdo. Cuando el turno le correspondió al gremio de construcción civil, igualmente, y en forma reactiva, han tenido que llegar a acuerdos con sus directivos. Y así lo han hecho con todos los gremios y con las comunidades campesinas y nativas de la selva, logrando inclusive derogar leyes o decretos legislativos que consideraban nocivos o injustos para sus intereses.

La pregunta lógica sería: ¿Por qué no conforman esta comisión también los directamente afectados? La respuesta cae por su propio peso: porque los militares y policías no pueden hacer huelga, ni hacer paros, ni tomar carreteras ni otras medidas de fuerza. Es por eso que este gobierno abusivo mira despectivamente a los miembros de las fuerzas del orden y no los considera para asuntos tan trascendentales como este.

En lo que respecta al Sistema de Pensiones, su novel ministra de economía ha afirmado que se trata de un “sistema quebrado”, mencionando la posibilidad de cambiar la administración previsional de la Caja de Pensiones Militar Policial, por una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Por ese motivo me veo en la necesidad de aclararle a usted y a su ministra aspectos que, al parecer, no son de su conocimiento o donde ambos están pésimamente asesorados, lo cual, al tratarse de una segunda administración, en su caso, señor, es imperdonable.

¿Por qué el sistema de pensiones debe funcionar como lo establece la ley 19846 y no a través de una AFP, tal como lo ha propuesto la ministra Aráoz?

La ministra debería saber que la Tasa de Siniestralidad para el caso de personal de las fuerzas del orden se encuentra, en el último quinquenio, en una cifra de alrededor del 27%. Esa tasa de siniestralidad es producto de la naturaleza de las operaciones militares y policiales, un régimen y modalidad de trabajo diferente a otros regímenes públicos o privados. Con dicha tasa ninguna AFP podría sostener un sistema de carácter solidario, es decir un sistema de reparto y capitalización colectiva como lo es la CPMP y como lo son los sistemas pensionarios del personal militar tanto de los países de la región como de países de otras latitudes cuyos gobernantes sí entienden el tema.

El sistema de AFP’s no es solidario. Funciona a través de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI), por lo cual un suboficial u oficial que, en sus primeros grados, sufra un siniestro o muera en acto o con ocasión del servicio, tendría una CCI muy baja que no permitiría cubrir sus requerimientos o los de su familia.

Como segundo punto es necesario hacer saber a la opinión pública el porqué de la actual situación caótica de la CPMP; situación que es de su conocimiento, pero que por falta de decisión o por cálculo político permanece en ese estado:

Al comenzar este sistema, en enero de 1973, la Tasa de Aporte era del 6%, correspondiéndole 3% al miembro aportante y 3% al Estado. Esta tasa debía haberse actualizado conforme iba ingresando más personal al sistema y de acuerdo a estudios actuariales que debían formularse cada cinco (05) años.

En el año 1979, y después del estudio actuarial respectivo, se incrementó la tasa de aporte al 12%, correspondiéndole 6% al aportante y 6% al Estado. A partir de ese año comenzaron los problemas, pues el aporte correspondiente del Estado dejó de pagarse por inexplicables razones (o por desidia o indiferencia de los sucesivos gobiernos).

A la fecha, la tasa de aporte debería estar (de acuerdo a cálculos actuariales) en el orden del 27 al 30%, lo cual no es novedad, pues diferentes países de la región tienen su sistema previsional militar en porcentajes similares, sino veamos:

En Argentina, la tasa de aporte asciende a 36%, correspondiéndole 11% al miembro aportante y 25% al Estado.

En Colombia, la tasa de aporte asciende a 27%, correspondiéndole 8% al miembro aportante y 19% al Estado.

En Venezuela, la tasa de aporte asciende a 30%, correspondiéndole 5% al miembro aportante y 25% al Estado.

Pero como usted puede decir que en Venezuela existe un gobierno cuasi militarizado, entonces le presento a continuación el enfoque de Chile, país que usted considera un ejemplo a seguir:

En Chile, la tasa de aporte asciende a 26%, correspondiéndole 7% al miembro aportante y 19% al Estado. A esta situación debe agregarse que, sólo en el presente año, la Presidenta Bachelet ha aumentado los salarios del personal de sus Fuerzas Armadas y carabineros hasta en un 12,7% adicional. Y es que los gobernantes Chilenos son estadistas que consideran que sus Fuerzas Armadas son un seguro para su supervivencia como Estado y para proteger sus inversiones.

Es bueno saber que el incumplimiento del aporte estatal que le corresponde según ley, ha causado que, al mes de enero del 2010, la deuda del Estado con la Caja ascienda a la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NUEVOS SOLES (S/.1,300´453,000.00, según datos de la Gerencia de Pensiones de la CPMP).

Señor presidente, admítalo: tanto usted (en sus dos administraciones), como los otros presidentes en las dos últimas décadas, han incumplido el pago que están obligados a hacer y que, actualmente, es la principal causa del desfinanciamiento de La Caja. ¡Ordene usted el pago de la deuda, presidente!

Presidente, está usted a tiempo de rectificarse.

Mayor General FAP

Carlos Ordóñez Velázquez

DNI: 43314159

fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/carta-de-un-general_57929.html

Cuentos chinos en Gamarra

Cuentos chinos en Gamarra

El Tratado de Libre Comercio con China que Alan García ha negociado personalmente, con fines particulares sin duda, clava una puñalada por la espalda a la industria peruana y, por tanto, al empleo y a la paz social.

García defiende su Tratado con un argumento ridículo: cuando uno entra a un mercado de 1,300 millones de personas se crean oportunidades para unos y perjuicios para otros. Olvidó un pequeño detalle: los gobernantes tienen el deber de prever cuántos serán los afectados y cuántos los favorecidos, y hacer el balance. También omitió algo más importante aún: en qué medida ese Tratado ayuda o no al progreso productivo del país.

El pretexto de los 1,300 millones de chinos compradores de productos peruanos repite el sofisma que durante meses pregonó Jaime de Althaus: había que firmar el TLC con Estados Unidos porque nos abría la entrada a un mercado de 310 millones de personas.

Hasta ahora estamos esperando esos compradores voluminosos. La verdad tangible es lo que han denunciado los industriales, en particular los textiles. Presentan éstos algunos datos abrumadores. José Luis Peroni, presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, informa que las importaciones de prendas de vestir provenientes de China crecieron entre el 2003 y el 2009 en 5,446 por ciento.

Lo que China practica respecto de la industria peruana se llama dumping en economía política. Dump, dumping, quiere decir en inglés vender al exterior bienes excedentes a bajo precio. Ningún otro nombre merece el hecho de que un terno para caballeros llegue de China al precio de 31 soles.

¿Qué fábrica textil, cuál agricultor que produce algodón, qué sastrería puede competir con esa cotización?

¡Nadie!

Eso significa que la industria textil peruana puede desaparecer de un plumazo, y con ella los 473 mil empleos directos que existen en esa rama de la producción. Tres millones de peruanos del sector manufacturero, incluido el emporio de Gamarra, están bajo amenaza de desempleo y hambre.

La política neoliberal nos impuso un rumbo antiindustrial. En Lima recordamos los años en que las avenidas Argentina y Colonial estaban repletas de fábricas, que volcaban miles de trabajadores a los puestos de desayuno, almuerzo y cena que ahí proliferaban.

García aplica la estocada final a la industria peruana, sea de textiles, calzados o plásticos. Quiere lanzar a la calle a millones de trabajadores urbanos, así como coloca en riesgo de quiebra al sector agrario peruano imposibilitado de competir con un agro como el de Estados Unidos y Europa, subsidiado con mil millones de dólares diarios.

El Tratado con China debería ser debatido en el Congreso, en aplicación del artículo 56 de la Constitución, puesto que modifica tarifas arancelarias.

César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com

Al hilo del pacto educativo

Al hilo del pacto educativo

Colectivo afilalápiz

Rebelión

No hace falta ser un lince para deducir que el terreno educativo ha sido un campo de batalla de la política con minúscula. En él se ha abonado la idea que los dos partidos mayoritarios tenían concepciones antagónicas e irreconciliables.

El proceso de pacto puesto en marcha responde a los acercamientos previos. Quizás la rentabilidad política inmediata ya no está en resaltar lo que separa sino lo que une. Aquello de la escuela pública al servicio de la equidad y la igualdad, de la educación para la ciudadanía, de la participación como principio básico, de la transversalidad , de la comprensividad ....se han convertido en estandartes que pueden guardarse para otros momentos.

Si los intereses de estrategia política marcan el corto plazo, las que son determinantes a medio y largo plazo son las necesidades del actual modelo de sistema productivo. En el inexorable camino hacia la sociedad del conocimiento, el sistema educativo tiene la misión social de conformar y formar conciencias, manos y cerebros para unos tiempos de trasiego geográfico en un mercado de trabajo cada vez más desregulado.

Con esta visión de alcance, empujado por los malos resultados de las evaluaciones externas, y con una crisis considerable del modelo productivo, no queda más remedio que intentar diseñar una vía que no haga aguas por los intereses más inmediatos.

Cualquier acuerdo significa por definición la cesión de posiciones en aras al consenso. Los temas más espinosos se dejan aparcados o se redactan en términos ambiguos que más tarde permitirán un elenco de interpretaciones. Nuestro borrador de pacto educativo no es una excepción.

Desde la redacción de la Constitución y en las diversas leyes orgánicas educativas las claves de las tensiones han girado en torno a unos pocos núcleos: lo público, la financiación, la presencia de la iglesia y del concordato, la comprensividad y la cohesión social del sistema.

Como se comentaba anteriormente, para llegar a un pacto alguien tiene que ceder en lo que puede considerar más accesorio para preservar lo fundamental. Con relación a los temas citados tenemos la impresión que quienes más ceden de entrada sobre sus supuestas posiciones son las fuerzas progresistas. Se mantiene el discurso de las competencias como eje fundamental del sistema educativo y de su trascendente papel en el futuro mundo productivo a cambio de ceder o ser ambiguos en preservar lo público.

Es posible que el desgaste y la gestión nublen las entendederas. Pero el ofrecimiento del pacto contempla elementos dignos de ser resaltados. Se perpetua el sistema de conciertos, renunciando a la supeditación de lo privado a la planificación pública . Se abre la puerta a la presencia de las empresas en la universidad y en la Formación Profesional. En este último caso se adorna con un discurso de la necesidad de conexión con la sociedad y se permite la utilización de unos medios públicos en la investigación que pagarán y por lo tanto determinarán las grandes empresas.

Algunas de las medidas para poner de relieve la Formación Profesional son contradictorios con el objetivo que se anuncia. La aparición de una subtitulación en la F., que no está contemplada ni en las titulaciones ni en las equivalencias profesionales, puede torpedear aún más el mercado de trabajo. El torticero camino que uno puede recorrer para alcanzar el grado medio de F.P va en la dirección contraria a lo que en su día supuso la dignificación de la Formación profesional. Se ha cedido en la comprensividad con una alternativa al cuarto de la ESO que es un camino en forma de embudo, por el que orientaremos a empujones a una parte del alumnado. Los que han fracasado ya tienen la salida más cercana, una vez acabado el tercero de la ESO. El problema de estas medidas está en la mesura de su aplicación y en la profunda injusticia social que determina que sean los de siempre los que recorren el mismo camino por la puerta de atrás, consagrando así la desigualdad social.

En resumen el pacto será posible. Recoge las aspiraciones de la derecha política y sociológica en cuanto a abrir puertas a la privatización de lo público. Mas conciertos, mas subvenciones y utilización del espacio público para fines privados. Responde a las necesidades del sistema productivo y recorta la democratización del sistema . Es cierto que aparecen otras medidas pero habrá que ver hasta que punto dejan de ser intenciones . Las mas notorias son el compromiso de financiación del sistema en relación a la media europea del gasto educativo, la autonomía de los centros y el desbloqueo del estatuto docente. Lo cierto es que las propuestas de una educación pública de calidad basada en la igualdad y equidad quedan muy, pero que muy diluidas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Diez años después... ¡La huelga vive!

Sobre el décimo aniversario del movimiento que detuvo la privatización de la UNAM

Diez años después... ¡La huelga vive!

Los Brigadistas-UNAM

Rebelión

Del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000, el movimiento estudiantil desarrolló en la UNAM una imponente huelga que, contra viento y marea, defendió el derecho a la educación de los que menos tienen enarbolando la bandera de la gratuidad de la universidad pública.

La batalla no fue fácil, ni estuvo exenta de errores. Pero una característica que la marcó de principio a fin fue la decisión de miles de estudiantes de bajos recursos de poner en juego todo, incluso la libertad o la vida, por defender un derecho para los que venían detrás. Esa histórica huelga plebeya fue encabezada por un sector de estudiantes a los que no pudieron detener las autoridades prometiéndoles que las medidas que se pretendían imponer no les serían aplicadas a ellos. Esos estudiantes no pelearon por un beneficio para ellos mismos; no estaban dispuestos a permitir que sus hermanos, sus vecinos, sus hijos, en una palabra: los suyos, fueran expulsados de una vez y para siempre de la UNAM. Contra una concepción de universidad que ve la educación superior como un privilegio sólo para los más capaces, se defendió con fuerza una idea muy distinta: una universidad para hacer más capaces a todos.

El inicio de la huelga

El 15 de marzo de 1999, Francisco Barnés de Castro, rector de la universidad, se fue a esconder con su Consejo Universitario al hospital de Cardiología para aprobar el aumento de cuotas en la UNAM. Desde febrero, la comunidad estudiantil había venido manifestando su repudio a esta medida realizando asambleas, marchas, paros y convocando al rector a un debate público. Barnés y el resto de la derecha universitaria, ignoraron el llamado al diálogo porque pensaron que podrían doblegarlos. Tras la imposición del aumento de cuotas, los estudiantes organizaron consultas, discusiones salón por salón y asambleas para decidir la huelga, y se prepararon para dar la batalla. El 20 de abril a las cero horas, estalló la huelga en defensa de la gratuidad en la UNAM y se conformó el Consejo General de Huelga (CGH).

Las demandas del movimiento

Desde la rectoría, Barnés había avanzado en la imposición de varios aspectos del proyecto neoliberal en la UNAM. En 1997 impuso la restricción del pase automático de bachillerato a licenciatura y la aplicación de un límite de tiempo para terminar cada ciclo escolar, dando de baja a quienes no lo cumplieran. Esta medida expulsaría de la UNAM más del 60% de los estudiantes, sobre todos a aquellos cuya situación económica y social les dificulta estudiar. Además se impusieron cobros ilegales por servicios en las escuelas y la UNAM se había sumado a la estrategia de control de acceso a la educación media y superior a través de un organismo privado, el CENEVAL. En otro terreno, Barnés construyó y fortaleció un fuerte aparato de espionaje político y de represión en la UNAM, que incluía cámaras en diversos lugares de CU y en las patrullas universitarias con la finalidad de grabar la actividad política de los estudiantes. El aumento de cuotas de inscripción fue la gota que derramó el vaso.

Todo lo anterior dio lugar a las demandas de la huelga: 1. Derogación del Reglamento General de Pagos y establecimiento de la gratuidad de la educación, 2. Derogación de las reformas de 1997, 3. Desmantelamiento del aparato policíaco de espionaje y represión, 4. Desvinculación total de la UNAM con el CENEVAL. 5. Congreso democrático para la transformación de la universidad, 6. Reposición en el calendario escolar de los días que durara la huelga.

El CGH

En las asambleas se nombraron representantes de cada escuela y facultad para construir una instancia representativa de dirección de la huelga. El 20 de abril nace el CGH en un combativo acto masivo en el auditorio Che Guevara. El CGH sería, a partir de ese momento, la instancia reconocida por los huelguistas para la toma de decisiones, donde se daban las polémicas acerca de la táctica y el único interlocutor válido para resolver el conflicto en la UNAM.

Durante los primeros 4 meses de huelga, las autoridades de hecho, no reconocieron al CGH y negociaron con una de las posiciones presentes en esa instancia, conocida como los moderados, brazo estudiantil del PRD Universidad. Ellos fueron desde el principio de la huelga, los defensores de los planteamientos de rectoría al seno del CGH. Las reuniones en lo oscurito entre moderados y autoridades, contribuyeron al alargamiento de la huelga, pero dentro del CGH no convencían a nadie.

El desarrollo de la huelga

Uno de los pilares que sostuvieron la huelga estudiantil, fue el apoyo de los de abajo. Los estudiantes con sus brigadas, su propaganda, sus marchas zonales y sus grandes movilizaciones centrales, lograron crear una inmensa valla invisible para proteger su movimiento: la valla del respaldo popular. Durante 9 meses y medio, los estudiantes recorrieron diariamente con sus volantes y su palabra, colonias populares, zonas fabriles, vagones del metro, micros y camiones, mercados, etc. Las máquinas de impresión trabajaban noche y día, las comisiones de prensa y propaganda discutían y redactaban los volantes para responder al gobierno, haciendo frente a la sucia campaña de desprestigio de los medios.

El otro pilar de la huelga, fue la discusión política permanente en reuniones y asambleas en cada escuela o facultad y en el CGH. Los estudiantes seguían de cerca las maniobras del gobierno, polemizaban con él en su propaganda, lo desenmascaraban y lo denunciaban ante la población, desbarataban sus calumnias y evaluaban constantemente cuál era la mejor forma de cerrarle el paso a sus agresiones.

El rompimiento de la huelga

El gobierno no pudo doblegar la resistencia estudiantil pero tampoco estaba dispuesto a aceptar su derrota. Optó por romper la huelga y encarcelar a casi mil universitarios. Para preparar las condiciones que le permitieran esa represión, Zedillo puso a De la Fuente en la rectoría y se apoyó en un sector de investigadores y profesores de tiempo completo de las facultades, en el que confluían la derecha y el PRD Universidad.

El 1 de febrero de 2000, el gobierno montó una provocación en Prepa 3 y detuvo a 300 estudiantes. El brazo derecho de De la Fuente, José Narro, actual rector de la universidad, le puso un ultimátum al CGH: o entregaba de inmediato las instalaciones, sin ningún compromiso de la rectoría respecto a las demandas del movimiento, o se atenía a las consecuencias. El CGH dijo NO.

En los siguientes días, los estudiantes discutieron cómo enfrentar la inminente represión. Se prepararon para continuar la lucha aun fuera de las instalaciones universitarias y muchos de ellos decidieron defender su movimiento permaneciendo en las guardias.

El 6 de febrero a las 6 am, la Policía Federal Preventiva entró a la UNAM y detuvo a todos los representantes al CGH que se encontraban en reunión plenaria y a los estudiantes que estaban en las guardias. En los operativos del 1 y el 6 de febrero fueron detenidos 998 universitarios.

El desenlace

El movimiento estudiantil nunca se rindió. El 14 de febrero los estudiantes regresan a CU en una numerosa y combativa marcha, una vez que la PFP se había retirado. Tras un periodo de desconcierto, el CGH se levantó de nuevo. Las brigadas estudiantiles acosaban a De la Fuente, a Narro, y a cuanto director se les ponía enfrente. Los funcionarios optaron por huir cada vez que aparecían los cegeacheros. No pasaba un día sin un acto de repudio a una autoridad, una toma de dirección, un mitin o un cierre de rectoría.

Multitud de activistas optaron por no volver a clases mientras uno sólo de sus compañeros estuviera en la cárcel. En las escuelas se toman locales y máquinas de impresión para reorganizar la propaganda y los boletines de prensa. Hay un evidente clima de ingobernabilidad que dura hasta que todos los cegeacheros son liberados.

Es verdad que el gobierno rompió la huelga del CGH, pero el costo político de esa acción lo obligó a aceptar y respetar las demandas del movimiento porque el pueblo no le perdonó que reprimiera a sus mejores hijos. Las cuotas no aumentaron y en ese momento se echaron abajo los cobros ilegales, las reformas del 97 se suspendieron, la UNAM se desvinculó del CENEVAL, el CGH desmontó las cámaras espías y fueron destituidos los dos principales organizadores de porros y del espionaje político (Brígido Navarrete y Gerardo Dorantes) .

¿Qué habría pasado en la UNAM si el CGH no detiene al gobierno?

Las cuotas aprobadas en Cardiología por Barnés eran de $680 para bachillerato y $1 020 para licenciatura. No representaban un aumento significativo en los ingresos de la universidad. Lo importante para ellos era romper la gratuidad, lo demás vendría después. Esas cuotas no permanecerían fijas, irían aumentando cada año, hasta que cada estudiante pagara el costo real de la educación universitaria. ¿Cuánto crees que tendría que pagar un estudiante hoy? ¿Tú estarías en la UNAM?

La huelga del CGH cambió la correlación de fuerzas dentro de la universidad. Gracias a ello, a 10 años se mantienen proyectos estudiantiles que buscan brindar mejores condiciones de ingreso y permanencia en la UNAM para hijos de los trabajadores. Entre ellos: el comedor de la Facultad de Ciencias manejado por estudiantes, que brinda comida nutritiva, higiénica, barata y sin lucro; el proyecto Eduktodos que distribuye libros baratos digitalizados; los cursos gratuitos que se dan en el CCH Oriente cada año preparar a jóvenes aspirantes al bachillerato y el grupo en resistencia de Economía formado por un puñado de estudiantes a los que no se les permitió ingresar a la licenciatura el año pasado, que recibieron todas las clases de primer semestre.

Hoy hasta Narro declara que las propuestas de aumentar cuotas son “ideas trasnochadas” y todos los aspirantes a la rectoría hablan de mantener la gratuidad. Hoy resulta difícil imaginar el ambiente represivo que se vivía en la UNAM en la época de Barnés.

Pero ni el gobierno, ni sus representantes en la UNAM han renunciado a la idea de cobrar. En cada escuela y facultad, de acuerdo a la correlación de fuerzas local, han ido reimponiendo los cobros ilegales, llegando a extremos como cobrar $5000 semestrales en algunos posgrados.

¡Ahora nos toca a los nuevos estudiantes retomar las banderas del CGH y continuar esa lucha!

Encuesta de la Universidad Católica indica rechazo mayoritario a gestión de ministro de Educación.

Chang desaprobado

La mayoría de ciudadanos de Lima metropolitana rechaza la gestión del ministro de Educación, José Antonio Chang, según los resultados de una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), publicados ayer. La encuesta tuvo el objetivo de medir la percepción de los limeños respecto a la realidad de la Educación actual del país.

La muestra de febrero de este año indica que el 39% de los limeños desaprueba la gestión del ministro Chang, contra un 37% que sí la aprueba. Un 43% de varones y un 36% de mujeres lo desaprueban, mientras que un 38% de varones y un 36% de mujeres lo aprueban.

Asimismo, 46% de ciudadanos del nivel socioeconómico A-B, 36% del C y 46% del D-E desaprueban la gestión actual de la cartera de Educación.

A la pregunta, “¿de quién debería ser la principal responsabilidad de fiscalizar la calidad de la enseñanza en los colegios”, el 62% respondió que el ministerio de Educación es el indicado. Un 15% responsabilizó a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa), mientras que un 8% hizo lo propio con los directores de colegios.

Paradójicamente, respecto a la calidad del sistema educativo peruano, el 52% de la población piensa que la Educación ha mejorado, comparándola con la de hace 10 años. El 19% piensa que sigue igual, mientras que un 27% refiere que ha empeorado.

Además, el 65% de los encuestados piensa que la calidad de la Educación mejorará, el 19% dice que permanecerá igual y el 7% refiere que empeorará.


fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=57629

El gran dinero

El gran dinero

Mientras los políticos discuten sobre cosas menores, el señor García sigue empeñado en saquear al país cobrando comisiones por cada gran proyecto (cosa que se probará cuando algunas de sus víctimas decidan, en el próximo gobierno, hablar a cambio de inmunidad; de allí la imperiosa necesidad, para el doctor García Pérez, de que sean Castañeda o Keiko quienes lo sucedan).

Para mejor vender enormes extensiones de bosques y parajes, de humedales y colinas, García ha enviado al Congreso, donde gobierna el novio platónico de Fabiola de la Cuba, un proyecto de ley con su firma.

En ese texto García le pide al señor Alva Castro, o sea a su fiel y seguro servidor, que por favor le dé importancia debida al proyecto en cuestión, que tiene un título de aspecto inocente: “Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28223, Ley sobre los Desplazamientos Internos...”

El asunto de fondo tiene que ver con Bagua y sus consecuencias: la irreductible oposición, ambientalista y política, a los proyectos contaminadores y desfigurantes de la gran minería y de las empresas de exploración y explotación petrolera.

García, que no puede cobrar comisiones si no brinda una contraprestación, está desesperado: el gobierno empieza a terminársele y todavía hay mastodónticos proyectos a la espera de que el gobierno “facilite las cosas a la inversión”, que es lo que exige el lobismo corporativo.

¿Qué hacer, entonces? ¿Qué hacer para seguir cobrando?

Pues presentar proyectos como el que en estas líneas comentamos.

La modificación propuesta reza así:

“Si el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para

autorizar dicho desplazamiento será el Titular del ministerio de la Mujer y Desarrollo-MIM-DES...”

O sea que García aparta al ministerio del Ambiente de un manotazo y le entrega al ministerio de la Mujer (¿? ) la potestad de “autorizar” la expulsión de sus tierras nativas de quienes, por diferentes razones que van de la posesión inocente a la oposición activa, pueden llegar a ser un obstáculo para la inversión foránea.

¿“Proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primodial”?

¿Y quién determinará cuándo el interés público es superior o primordial?

¿No son los derechos de los peruanos que viven en la sierra y selva parte de un interés público superior? ¿No es primordial defender el medio ambiente de la voracidad tóxica de la gran minería o de la invasión geológica de los grandes faenones?

García, aconsejado por sus Piñeras, quiere optar por la solución Chilena: crear las condiciones que hagan posible declarar ilegales a quienes defienden sus tierras ancestrales y los viejos derechos de la naturaleza.

Creo haber dicho en alguna parte que aquel día de la entrevista de seis horas a Haya de la Torre lo que más me impresionó fue la frugalidad de su vida, la sobriedad de esa casa llena de libros y tesoros culturales, esa casa donde lo único que brillaba eran los años de sabiduría acumulados y algunos objetos que decían mucho de esa vejez amenazada por la pobreza: un piano de cola desafinado, una caja de laca comprada en Kyoto, un busto romano donado por una familia millonaria. Y afuera, en el jardín apenas cuidado y lleno de calvas, unos perros chuscos y hermosos que Haya quería más que a nadie.

A pesar de la difamación crónica de la que era víctima, Haya fue un hombre de clase media al que nunca le interesó hacer fortuna. Sabía que venimos de la fugacidad y que hacia ella vamos y que sólo un espíritu malogrado por la codicia podía dejarse seducir por lo material.

García, que pretendió ser su discípulo pero que de Haya sólo tiene la locuacidad, siempre pensó que Haya fue un tonto y que, al final de su vida, se expuso a las pellejerías de la escasez cuando hubo de ser examinado en Texas y fue necesario hacer una colecta entre amigos del partido para que ese viaje inútil se produjera.

Para curarse en salud y prevenirse de miserias García se ha vuelto rico, espléndidamente rico, podridamente rico, sin haber jamás trabajado. Todos sabemos cómo es que ha construido su fortuna.

Pero al presidente de la república le sucede lo que a muchos ricos les pasa: nada le es suficiente, nada calma su miedo al futuro.

Por eso, entre otras muchas cosas, presenta este proyecto de ley que hace más fácil la erradicación y el desalojo de tribus nativas o comunidades centenarias cuando la gran minería y el gran petróleo –y el gran dinero- estén de por medio. Porque de eso se trata, como en la novela de Dos Passos: del gran dinero.

César Hildebrandt Columnista

No hay justicia para indígenas de Bagua

Perú

No hay justicia para indígenas de Bagua

Ángel Páez

IPS

Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías, durante los enfrentamientos ocurridos entre pobladores y fuerzas de seguridad en junio en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.

Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.

En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el "baguazo", como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.

Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.

Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos "Curva del Diablo" y "Estación 6", abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.

Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos encausados por el homicidio de los policías en el "baguazo", interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.

La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos Cahuasa y López.

"No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados", dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) "Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos", precisó.

El abogado aseguró que "todo el caso está plagado de irregularidades" y citó entre ellas que" no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes".

"Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación", apuntó Quispe.

El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.

Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el "baguazo". Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.

"Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente, sin embargo subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso", manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).

"Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos", adujo.

Campos detalló que "hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados"

Pero el pedido fue rechazado, "así que hemos apelado", añadió Campos, antes de explicar que "estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso".

La fiscalía (acusación) penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el "baguazo", denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.

Los generales son el ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al ex jefe policial de Bagua, Javier Uribe.

La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.

"Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon", señaló Quispe.

Sin embargo, "ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados", afirmó.

A juicio de Quispe, "esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo".

Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.

El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.

Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

"Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte", arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo.

Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con Comisedh, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.

"Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del ex primer ministro Yehude Simon y la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas", aseguró Jugo.

Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.

Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, convocó una movilización para el lunes 22.

La convocatoria también busca denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el "baguazo".

La comisión multipartidaria del Congreso legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las diez "leyes de la selva".

Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.

Pero la derogación de la totalidad de las "leyes de la selva" todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94712