Los primeros en manifestarse solidariamente con los estudiantes asesinados y detenidos desaparecidos de la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, México, fueron los militantes de la Izquierda Popular Estudiantil (IPE), quienes el 3 de noviembre ocuparon pacíficamente la embajada de México, “producto del silencio y la indolencia de las autoridades chilenas con respecto al secuestro de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero, México, y los sucesos que ocurren en Latinoamérica, en especial frente a la horrible situación que deben enfrentar las familias de los estudiantes normalistas”, señalaron.Tras varios días de silencio, el jueves 12 de noviembre, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), convocó un mitin y velatón en el frontis de la embajada de México, “condenando enérgicamente la desaparición forzada de personas por parte de cualquier institución del Estado”. “Solidarizamos -agregó la Fech- con los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales, porque en el día a día brindan una lucha contra el desinterés del Estado por la educación pública y contra sus esfuerzos de privatización o debilitamiento. Solidarizamos con el dolor y la incertidumbre de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Para ellas exigimos justicia. Condenamos la colusión entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico e instituciones del Estado, así como también la falta de premura y carácter errático que instituciones del Estado mexicano han demostrado al conducir la investigación. Este hecho es un crimen de Estado y como tal debe ser juzgado”.
El jueves 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, los estudiantes de Izquierda Popular Estudiantil y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central convocaron una multitudinaria marcha que se inició en el frontis de la Universidad de Santiago, a la que adhirió el Confech, el Congreso de la Educación para los Pueblos, la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), el Colectivo 119, el Colectivo de Mujeres por los DDHH Venda Sexy, el Comité de Defensa de Palestina, Jóvenes por Palestina (JOP), el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), el Movimiento de Pobladores Ukamau, y el Partido Igualdad, entre otros. El jueves 20, se desarrollaron múltiples acciones solidarias en apoyo a la marchaVivos se los llevaron, vivos los queremos, en Santiago y regiones del país. Ese mismo día, en México se realizó un paro nacional demandando la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, y se llevó a cabo la tercera manifestación mundial exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y 6 asesinados por policías del municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
La convocatoria de la Izquierda Popular Estudiantil exige que el gobierno de Chile llame a consulta al embajador en México, y agrega: “Recordamos que el Estado chileno en el último tiempo ha propiciado acuerdos estratégicos y geopolíticos con México en la llamada Alianza del Pacífico, instancia que ha guardado silencio respecto de la realidad que viven los pueblos en el territorio mexicano. Exigimos un pronunciamiento claro por parte de la presidenta Michelle Bachelet. Además, que el gobierno de Chile impulse ante Naciones Unidas una demanda en contra del Estado mexicano por el ‘genocidio culposo’ que según organizaciones sociales y de derechos humanos cifran en 120 mil personas los asesinados, 200 mil desaparecidos, 78 mil detenidos desaparecidos y 81 periodistas asesinados en México. La masacre de los estudiantes de Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg de más de treinta años de terrorismo de Estado bajo completa impunidad”.
ESTUDIANTES SE ORGANIZAN
Izquierda Popular Estudiantil es una organización a nivel nacional, que une diferentes colectivos de Santiago, Arica, La Serena y Puerto Montt. “Colectivos que trabajaban de manera independiente en distintas universidades y liceos. En julio realizamos un encuentro en Casa Bolívar de Santiago. Fue el encuentro fundacional de esta nueva organización que creímos necesaria. Hoy tenemos presencia en la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, con dos secretarías, la de medioambiente y la de derechos humanos; y en la secretaría general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central”, dice Cristian Orellana Álvarez, vocero de la IPE en la Región Metropolitana. “Comprendimos que era necesaria una organización que en su ideología tuviera un interés latinoamericano, bolivariano y revolucionario. Faltaba una organización que mirara y se proyectara más allá de las puertas de este país. Para nosotros ningún cambio es real ni puede ser duradero si no es a través de una lucha continental y de una coordinación de los movimientos sociales y las distintas organizaciones y expresiones de Latinoamérica. Por eso, nuestra organización es bolivariana y apoyamos firmemente la reivindicación de mar para Bolivia con soberanía. Desde ahí nos planteamos”, dice.
IPE tiene contactos con organizaciones estudiantiles latinoamericanas. Se plantean constituir un bloque de organizaciones estudiantiles latinoamericanas, donde estarían hasta el momento representados los estudiantes de Bolivia, Argentina y México; y están en conversaciones con compañeros uruguayos y venezolanos. Se reúnen en Casa Bolívar, en el barrio Brasil, del centro de Santiago. “Discutimos y planeamos acciones respecto al tema estudiantil, y apoyamos y trabajamos, a nivel sindical, con la Unión Clasista de Trabajadores (UCT). También somos parte de las Organizaciones Clasistas y Populares (OCP). A nivel barrial trabajamos con las casas Bolívar: la de San Luis, Peñalolén; la del barrio Brasil, en Santiago; la de La Serena; y se está viendo la posibilidad de abrir otras en Lo Espejo y Conchalí. La idea es fortalecer la organización”, agrega.
“Invitamos a Chile al periodista mexicano ‘Alberto Buitre’, para que nos expusiera lo que está sucediendo en México, y lanzara su libro Oficio Rojo, que relata el terrorismo del narco-Estado. ‘Alberto Buitre’ es premio nacional de periodismo alternativo en su país y expuso lo que viene ocurriendo en México en los últimos treinta años. Se realizó una charla en la Casa Bolívar donde lanzó su libro, junto al Centro de Estudios Francisco Bilbao y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR). Y como Izquierda Popular Estudiantil (IPE) presentamos al periodista en las Universidades Arcis y Central, donde participó en charlas y foros que organizamos, explicando lo sucedido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Para IPE, la actual reforma educacional “no toca para nada la estructura del modelo neoliberal ni mucho menos va en camino de combatir el verdadero problema de la educación en Chile, que no es otro que su mercantilización”. Han participado junto a los profesores del Movimiento 50/50, apoyando sus demandas y movilizaciones. “Participamos de las marchas por la exigencia de educación gratuita y de calidad, y en apoyo a la comunidad triestamental de la Universidad Arcis. Trabajamos en base a colectivos en cada espacio universitario y de estudiantes secundarios. En Arcis somos Colectivo Acción Rebelde Arciana (CARAS), y hemos estado desde el principio en la lucha de la comunidad universitaria por evitar el cierre de la Universidad, y que se establezcan responsabilidades en la crisis que enfrentan. Somos parte de la Asamblea triestamental, donde trabajamos junto al Sindicato Nº1 y los Profesores Autoconvocados. También tenemos presencia entre los estudiantes secundarios. Somos parte del Centro de estudiantes del Liceo Polivalente Agustín Edwards, y tenemos la vocería del Liceo de Aplicación, en la nocturna. Nuestra perspectiva es, además de construir organización, ganar las Federaciones en las universidades donde tenemos presencia, y en el ámbito secundario, crecer aún más. Fortalecer la organización de base en los sectores donde estamos trabajando, y desde una fuerza propia forzar unidad con los otros sectores en lucha. En estos momentos nos horroriza que en las elecciones estudiantiles se presenten listas separadas de colectivos que deberían estar unidos luchando, y que le dan espacio, principalmente a las Juventudes Comunistas y la Nueva Mayoría, para ganar federaciones y controlar la Confech. No estamos de acuerdo con la política de la Nueva Mayoría ni del Partido Comunista. No confiamos en que hagan transformaciones, al contrario. En nuestra acta fundacional nos planteamos no trabajar con ningún sector que esté en la Nueva Mayoría ni haga alianzas con ellos. Entendemos que lo que hicieron en la ‘transición a la democracia’ fue un pacto para profundizar el modelo neoliberal que impuso la dictadura, dar pie a todas las privatizaciones, desmantelar la educación pública, y eso precisamente es lo que nos tiene como estamos ahora, pidiendo educación gratuita. No podemos pretender que los cambios lleguen desde gobiernos que han tenido el objetivo político de profundizar el modelo de Pinochet y no cambiar nada. Vinieron a hacer lo que Pinochet no podía: legitimar el modelo”, agrega.
DETENCIÓN ILEGAL
“La ocupación de la embajada de México y la solidaridad con los 43 estudiantes secuestrados es parte vital de nuestra política. Los compañeros de La Serena hicieron una intervención en su Universidad. En la Universidad Arcis se pintó un mural el día después de que se informó del secuestro. Permanentemente estamos informándonos de lo que pasa en Latinoamérica, porque creemos que eso es justamente lo que hace falta. La Nueva Mayoría y en especial las Juventudes Comunistas intentan desarticular el movimiento estudiantil que venía en alza desde el 2006, justamente en el momento en que Camila Vallejo tomó la presidencia de la Fech, es decir, bajar las demandas como la nacionalización del cobre, el fin de las AFPs, demandas que eran fundamentales para el movimiento popular, y particularizarlas en: ‘Lo que nos importa es la educación’. Ese fue justamente el argumento con el que nos desmovilizaron. Nosotros creemos en la necesidad de una organización fuerte que desde su génesis e ideología miré más allá, pues no entendemos ningún cambio por educación gratuita ni asamblea constituyente, ni ningún otro, inclusive la renacionalización del cobre, si esa soberanía no es a nivel latinoamericano. Para nosotros, hoy existe una agresión imperialista directa. Los intereses capitalistas se expresan a nivel mundial, entonces, no vemos cómo se puedan generar cambios reales desde un país aislado del resto de Latinoamérica, siendo que padecemos de una opresión común y hay luchas que son muy similares. Nuestros pueblos tienen la capacidad de luchar por asuntos más grandes que simples reformas. Por eso decidimos crear la Izquierda Popular Estudiantil, una herramienta bolivariana”, dice Cristian Orellana.
Unos diez militantes de IPE ocuparon pacíficamente la embajada de México, este 3 de noviembre, y leyeron una declaración en apoyo a los estudiantes normalistas. Habían participado en la campaña internacional Vivos se los llevaron, vivos los queremos, manifestaciones artísticas, de organizaciones de derechos humanos y otras actividades de solidaridad. “Pero vimos que en algún momento el movimiento estudiantil chileno se quedó callado y la acción de solidaridad solamente continuó por las redes sociales. De ahí no pasó”, dice Cristian Orellana. Agrega que las acciones de solidaridad las sienten como propias: “Para nosotros la integración y la solidaridad latinoamericana son fundamentales. Por eso, pensamos cuál podría ser la acción más fuerte mediática y políticamente para exigirle al Estado chileno que hiciera un pronunciamiento claro respecto de los 43 estudiantes desaparecidos, y que el embajador de México en Chile solicitara esa declaración. Creemos que lo que ha sucedido en Ayotzinapa es terrorismo de Estado. La colusión que existe entre la policía, los cárteles de drogas y las autoridades políticas no son solo particularidades en pequeños sectores pobres de México. Esta corrupción y colusión lleva muchos años y tiene directa relación con las autoridades políticas. Queremos que el Estado mexicano someta su inocencia al escrutinio internacional. Y eso parte por las declaraciones públicas de los países latinoamericanos condenando lo ocurrido. El Estado mexicano tiene responsabilidades políticas, y se tendrán que investigar las responsabilidades judiciales. Por eso, decidimos ocupar la embajada. Tras media hora de nuestro ingreso, un personero se nos presentó como ‘autorizado por el embajador para dialogar’. Le expresamos cuáles eran nuestras exigencias, y que para deponer la ocupación pedíamos conversar con alguien de la embajada y poder leer una declaración cuando llegara la prensa. En un primer momento, nos dijo que ingresarían efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros si no nos íbamos, que autorizarían un desalojo y presentarían acciones judiciales por haber ‘violado el espacio diplomático’. Le dijimos que si tenía que pasar eso estábamos dispuestos, pero que nos dijeran que el embajador había sido quien autorizaba el ingreso de la policía, que para nosotros era muy importante saber quien autorizaría nuestra detención, por el gesto político de que se lleven detenidos a estudiantes por protestar por la desaparición de otros estudiantes. Después de ese diálogo, el funcionario subió a hablar con el embajador. Y, luego, bajó con otra actitud completamente distinta. Nos dijo que el embajador ‘autorizaba la ocupación mientras se mantuviera el carácter pacífico y permitiéramos el libre ingreso al Consulado’, hasta que llegara la prensa y pudiéramos retirarnos. Que ellos ‘no iban a presentar ningún tipo de orden en nuestra contra’. Y le dijo a Carabineros, que ya estaban al interior de la embajada, que salieran porque no estaban autorizados por el embajador a permanecer en suelo mexicano. Luego de eso, llegó la prensa. Nos llamaron en directo de las radios Bío Bío y Cooperativa, y concurrieron Telesur y El Rodriguista. Pudimos leer nuestra declaración y comenzamos a salir. Pero inmediatamente fuimos ‘detenidos’ por Carabineros, por un supuesto control de identidad. Había un retén móvil en la esquina, pero nos dijeron que por orden del sargento -no nos especificaron quién-, nos llevarían a la 17ª Comisaría de Las Condes. Estuvimos ocho horas detenidos. Nunca nos dijeron el motivo. No nos golpearon pero nos encerraron en un calabozo. Nos quitaron nuestras pertenencias y nos incomunicaron. Fuimos tratados como detenidos sin estarlo. No nos leyeron nuestros derechos, ni nada. La embajada de México envió una declaración condenando la detención y pidiendo nuestra liberación inmediata. Enviaron una carta a la Fiscalía de Las Condes, diciendo que la embajada no presentaría ninguna acción legal en nuestra contra, y que por ende no había ninguna razón para nuestra detención. Estuvimos ocho horas detenidos de forma completamente ilegal. Nos dimos cuenta que ningún Carabinero quería firmar nuestra liberación para no responsabilizarse. Así estuvieron unas dos horas diciéndonos que nos íbamos y que no. El coronel y el comisario no nos querían soltar, a pesar que tuvieron la orden del fiscal varias horas antes. ¿Por qué? No tenemos idea”, concluye Cristian Orellana.
El jueves 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, los estudiantes de Izquierda Popular Estudiantil y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central convocaron una multitudinaria marcha que se inició en el frontis de la Universidad de Santiago, a la que adhirió el Confech, el Congreso de la Educación para los Pueblos, la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), el Colectivo 119, el Colectivo de Mujeres por los DDHH Venda Sexy, el Comité de Defensa de Palestina, Jóvenes por Palestina (JOP), el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), el Movimiento de Pobladores Ukamau, y el Partido Igualdad, entre otros. El jueves 20, se desarrollaron múltiples acciones solidarias en apoyo a la marchaVivos se los llevaron, vivos los queremos, en Santiago y regiones del país. Ese mismo día, en México se realizó un paro nacional demandando la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, y se llevó a cabo la tercera manifestación mundial exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y 6 asesinados por policías del municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
La convocatoria de la Izquierda Popular Estudiantil exige que el gobierno de Chile llame a consulta al embajador en México, y agrega: “Recordamos que el Estado chileno en el último tiempo ha propiciado acuerdos estratégicos y geopolíticos con México en la llamada Alianza del Pacífico, instancia que ha guardado silencio respecto de la realidad que viven los pueblos en el territorio mexicano. Exigimos un pronunciamiento claro por parte de la presidenta Michelle Bachelet. Además, que el gobierno de Chile impulse ante Naciones Unidas una demanda en contra del Estado mexicano por el ‘genocidio culposo’ que según organizaciones sociales y de derechos humanos cifran en 120 mil personas los asesinados, 200 mil desaparecidos, 78 mil detenidos desaparecidos y 81 periodistas asesinados en México. La masacre de los estudiantes de Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg de más de treinta años de terrorismo de Estado bajo completa impunidad”.
ESTUDIANTES SE ORGANIZAN
Izquierda Popular Estudiantil es una organización a nivel nacional, que une diferentes colectivos de Santiago, Arica, La Serena y Puerto Montt. “Colectivos que trabajaban de manera independiente en distintas universidades y liceos. En julio realizamos un encuentro en Casa Bolívar de Santiago. Fue el encuentro fundacional de esta nueva organización que creímos necesaria. Hoy tenemos presencia en la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, con dos secretarías, la de medioambiente y la de derechos humanos; y en la secretaría general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central”, dice Cristian Orellana Álvarez, vocero de la IPE en la Región Metropolitana. “Comprendimos que era necesaria una organización que en su ideología tuviera un interés latinoamericano, bolivariano y revolucionario. Faltaba una organización que mirara y se proyectara más allá de las puertas de este país. Para nosotros ningún cambio es real ni puede ser duradero si no es a través de una lucha continental y de una coordinación de los movimientos sociales y las distintas organizaciones y expresiones de Latinoamérica. Por eso, nuestra organización es bolivariana y apoyamos firmemente la reivindicación de mar para Bolivia con soberanía. Desde ahí nos planteamos”, dice.
IPE tiene contactos con organizaciones estudiantiles latinoamericanas. Se plantean constituir un bloque de organizaciones estudiantiles latinoamericanas, donde estarían hasta el momento representados los estudiantes de Bolivia, Argentina y México; y están en conversaciones con compañeros uruguayos y venezolanos. Se reúnen en Casa Bolívar, en el barrio Brasil, del centro de Santiago. “Discutimos y planeamos acciones respecto al tema estudiantil, y apoyamos y trabajamos, a nivel sindical, con la Unión Clasista de Trabajadores (UCT). También somos parte de las Organizaciones Clasistas y Populares (OCP). A nivel barrial trabajamos con las casas Bolívar: la de San Luis, Peñalolén; la del barrio Brasil, en Santiago; la de La Serena; y se está viendo la posibilidad de abrir otras en Lo Espejo y Conchalí. La idea es fortalecer la organización”, agrega.
“Invitamos a Chile al periodista mexicano ‘Alberto Buitre’, para que nos expusiera lo que está sucediendo en México, y lanzara su libro Oficio Rojo, que relata el terrorismo del narco-Estado. ‘Alberto Buitre’ es premio nacional de periodismo alternativo en su país y expuso lo que viene ocurriendo en México en los últimos treinta años. Se realizó una charla en la Casa Bolívar donde lanzó su libro, junto al Centro de Estudios Francisco Bilbao y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR). Y como Izquierda Popular Estudiantil (IPE) presentamos al periodista en las Universidades Arcis y Central, donde participó en charlas y foros que organizamos, explicando lo sucedido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Para IPE, la actual reforma educacional “no toca para nada la estructura del modelo neoliberal ni mucho menos va en camino de combatir el verdadero problema de la educación en Chile, que no es otro que su mercantilización”. Han participado junto a los profesores del Movimiento 50/50, apoyando sus demandas y movilizaciones. “Participamos de las marchas por la exigencia de educación gratuita y de calidad, y en apoyo a la comunidad triestamental de la Universidad Arcis. Trabajamos en base a colectivos en cada espacio universitario y de estudiantes secundarios. En Arcis somos Colectivo Acción Rebelde Arciana (CARAS), y hemos estado desde el principio en la lucha de la comunidad universitaria por evitar el cierre de la Universidad, y que se establezcan responsabilidades en la crisis que enfrentan. Somos parte de la Asamblea triestamental, donde trabajamos junto al Sindicato Nº1 y los Profesores Autoconvocados. También tenemos presencia entre los estudiantes secundarios. Somos parte del Centro de estudiantes del Liceo Polivalente Agustín Edwards, y tenemos la vocería del Liceo de Aplicación, en la nocturna. Nuestra perspectiva es, además de construir organización, ganar las Federaciones en las universidades donde tenemos presencia, y en el ámbito secundario, crecer aún más. Fortalecer la organización de base en los sectores donde estamos trabajando, y desde una fuerza propia forzar unidad con los otros sectores en lucha. En estos momentos nos horroriza que en las elecciones estudiantiles se presenten listas separadas de colectivos que deberían estar unidos luchando, y que le dan espacio, principalmente a las Juventudes Comunistas y la Nueva Mayoría, para ganar federaciones y controlar la Confech. No estamos de acuerdo con la política de la Nueva Mayoría ni del Partido Comunista. No confiamos en que hagan transformaciones, al contrario. En nuestra acta fundacional nos planteamos no trabajar con ningún sector que esté en la Nueva Mayoría ni haga alianzas con ellos. Entendemos que lo que hicieron en la ‘transición a la democracia’ fue un pacto para profundizar el modelo neoliberal que impuso la dictadura, dar pie a todas las privatizaciones, desmantelar la educación pública, y eso precisamente es lo que nos tiene como estamos ahora, pidiendo educación gratuita. No podemos pretender que los cambios lleguen desde gobiernos que han tenido el objetivo político de profundizar el modelo de Pinochet y no cambiar nada. Vinieron a hacer lo que Pinochet no podía: legitimar el modelo”, agrega.
DETENCIÓN ILEGAL
“La ocupación de la embajada de México y la solidaridad con los 43 estudiantes secuestrados es parte vital de nuestra política. Los compañeros de La Serena hicieron una intervención en su Universidad. En la Universidad Arcis se pintó un mural el día después de que se informó del secuestro. Permanentemente estamos informándonos de lo que pasa en Latinoamérica, porque creemos que eso es justamente lo que hace falta. La Nueva Mayoría y en especial las Juventudes Comunistas intentan desarticular el movimiento estudiantil que venía en alza desde el 2006, justamente en el momento en que Camila Vallejo tomó la presidencia de la Fech, es decir, bajar las demandas como la nacionalización del cobre, el fin de las AFPs, demandas que eran fundamentales para el movimiento popular, y particularizarlas en: ‘Lo que nos importa es la educación’. Ese fue justamente el argumento con el que nos desmovilizaron. Nosotros creemos en la necesidad de una organización fuerte que desde su génesis e ideología miré más allá, pues no entendemos ningún cambio por educación gratuita ni asamblea constituyente, ni ningún otro, inclusive la renacionalización del cobre, si esa soberanía no es a nivel latinoamericano. Para nosotros, hoy existe una agresión imperialista directa. Los intereses capitalistas se expresan a nivel mundial, entonces, no vemos cómo se puedan generar cambios reales desde un país aislado del resto de Latinoamérica, siendo que padecemos de una opresión común y hay luchas que son muy similares. Nuestros pueblos tienen la capacidad de luchar por asuntos más grandes que simples reformas. Por eso decidimos crear la Izquierda Popular Estudiantil, una herramienta bolivariana”, dice Cristian Orellana.
Unos diez militantes de IPE ocuparon pacíficamente la embajada de México, este 3 de noviembre, y leyeron una declaración en apoyo a los estudiantes normalistas. Habían participado en la campaña internacional Vivos se los llevaron, vivos los queremos, manifestaciones artísticas, de organizaciones de derechos humanos y otras actividades de solidaridad. “Pero vimos que en algún momento el movimiento estudiantil chileno se quedó callado y la acción de solidaridad solamente continuó por las redes sociales. De ahí no pasó”, dice Cristian Orellana. Agrega que las acciones de solidaridad las sienten como propias: “Para nosotros la integración y la solidaridad latinoamericana son fundamentales. Por eso, pensamos cuál podría ser la acción más fuerte mediática y políticamente para exigirle al Estado chileno que hiciera un pronunciamiento claro respecto de los 43 estudiantes desaparecidos, y que el embajador de México en Chile solicitara esa declaración. Creemos que lo que ha sucedido en Ayotzinapa es terrorismo de Estado. La colusión que existe entre la policía, los cárteles de drogas y las autoridades políticas no son solo particularidades en pequeños sectores pobres de México. Esta corrupción y colusión lleva muchos años y tiene directa relación con las autoridades políticas. Queremos que el Estado mexicano someta su inocencia al escrutinio internacional. Y eso parte por las declaraciones públicas de los países latinoamericanos condenando lo ocurrido. El Estado mexicano tiene responsabilidades políticas, y se tendrán que investigar las responsabilidades judiciales. Por eso, decidimos ocupar la embajada. Tras media hora de nuestro ingreso, un personero se nos presentó como ‘autorizado por el embajador para dialogar’. Le expresamos cuáles eran nuestras exigencias, y que para deponer la ocupación pedíamos conversar con alguien de la embajada y poder leer una declaración cuando llegara la prensa. En un primer momento, nos dijo que ingresarían efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros si no nos íbamos, que autorizarían un desalojo y presentarían acciones judiciales por haber ‘violado el espacio diplomático’. Le dijimos que si tenía que pasar eso estábamos dispuestos, pero que nos dijeran que el embajador había sido quien autorizaba el ingreso de la policía, que para nosotros era muy importante saber quien autorizaría nuestra detención, por el gesto político de que se lleven detenidos a estudiantes por protestar por la desaparición de otros estudiantes. Después de ese diálogo, el funcionario subió a hablar con el embajador. Y, luego, bajó con otra actitud completamente distinta. Nos dijo que el embajador ‘autorizaba la ocupación mientras se mantuviera el carácter pacífico y permitiéramos el libre ingreso al Consulado’, hasta que llegara la prensa y pudiéramos retirarnos. Que ellos ‘no iban a presentar ningún tipo de orden en nuestra contra’. Y le dijo a Carabineros, que ya estaban al interior de la embajada, que salieran porque no estaban autorizados por el embajador a permanecer en suelo mexicano. Luego de eso, llegó la prensa. Nos llamaron en directo de las radios Bío Bío y Cooperativa, y concurrieron Telesur y El Rodriguista. Pudimos leer nuestra declaración y comenzamos a salir. Pero inmediatamente fuimos ‘detenidos’ por Carabineros, por un supuesto control de identidad. Había un retén móvil en la esquina, pero nos dijeron que por orden del sargento -no nos especificaron quién-, nos llevarían a la 17ª Comisaría de Las Condes. Estuvimos ocho horas detenidos. Nunca nos dijeron el motivo. No nos golpearon pero nos encerraron en un calabozo. Nos quitaron nuestras pertenencias y nos incomunicaron. Fuimos tratados como detenidos sin estarlo. No nos leyeron nuestros derechos, ni nada. La embajada de México envió una declaración condenando la detención y pidiendo nuestra liberación inmediata. Enviaron una carta a la Fiscalía de Las Condes, diciendo que la embajada no presentaría ninguna acción legal en nuestra contra, y que por ende no había ninguna razón para nuestra detención. Estuvimos ocho horas detenidos de forma completamente ilegal. Nos dimos cuenta que ningún Carabinero quería firmar nuestra liberación para no responsabilizarse. Así estuvieron unas dos horas diciéndonos que nos íbamos y que no. El coronel y el comisario no nos querían soltar, a pesar que tuvieron la orden del fiscal varias horas antes. ¿Por qué? No tenemos idea”, concluye Cristian Orellana.
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